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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46061 del 04-05-2016

EmisorSala de Casación Penal
Sentido del falloDECLARA IMPROCEDENTE / REVOCA / CONDENA / DECLARA NULIDAD PARCIAL
Fecha04 Mayo 2016
Número de expediente46061
Tribunal de OrigenTribunal Superior Sala Penal Justicia y Paz de Medellín
Tipo de procesoSEGUNDA INSTANCIA
Número de sentenciaSP5831-2016
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

L.A.H. BARBOSA

Magistrado Ponente

SP5831-2016

Radicación 46061

Aprobado Acta No. 141

Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil dieciséis (2016).

VISTOS:

La Corte resuelve los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia parcial proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín el 2 de febrero de 2015, respecto del postulado R.V.M., comandante del Bloque Mineros de las AUC.

ANTECEDENTES FÁCTICOS:

Con el propósito de facilitar el cabal entendimiento de las conductas objeto de juzgamiento en este proceso, su gravedad e incidencia en las comunidades afectadas por ellas, antes de adoptar la decisión correspondiente, la Corte estima indispensable referirse al marco histórico en el cual tuvieron desarrollo.

Para ello recurrirá a lo establecido, de manera general por la Sala en anteriores oportunidades sobre la génesis y desarrollo de los denominados grupos paramilitares[1]. En lo particular, es decir en lo atinente al Bloque Mineros, se apoyará en lo consignado por el Tribunal de instancia en el fallo recurrido, con fundamento en la actuación donde se origina.

Inicio de las autodefensas

Si bien el fenómeno de violencia en Colombia es bastante anterior, diferentes estudios sobre la evolución del paramilitarismo[2], coinciden en ubicar como punto de partida de este tipo de organizaciones, la expedición del Decreto Legislativo 3398 de 1965, destinado a organizar la defensa nacional, preceptiva expedida por el Gobierno como respuesta al surgimiento de grupos subversivos durante la década de 1960 y a su constante y perturbador accionar.

Entre las motivaciones dadas a este decreto, adoptado como legislación permanente por la Ley 48 de 1968, se consignaron: la ausencia de un instrumento legal para articular la seguridad interior y exterior de la nación; la obligación estatal de procurar el bienestar y protección de los asociados; la necesidad de unir los órganos del poder público y «las fuerzas vivas de la nación» para enfrentar la acción subversiva de grupos extremistas y la importancia de enterar a la población colombiana de la movilización y la defensa civil, temas que, por su trascendencia, no incumbían de manera exclusiva a las Fuerzas Armadas.

Los artículos 25 y 33 del decreto mencionado, concluyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 5 de julio de 2004 (caso 19 comerciantes contra Colombia), prohijaron la aparición de los llamados Grupos de Autodefensa, en tanto el primero de ellos permitía al Gobierno Nacional utilizar ciudadanos, no comprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio, en actividades tendientes a reestablecer la normalidad, mientras el segundo facultó al Ministerio de Defensa Nacional para amparar como de propiedad particular, cuando lo estimara conveniente, armas consideradas como de uso de las Fuerzas Armadas.

El efecto de tales disposiciones, dijo esa Corte, se tradujo en que particulares ajenos a las instituciones militares, podían utilizar armas de uso privativo, es decir, las destinadas a efectuar operaciones de ataque, no sólo de defensa y, adicionalmente, cumplir funciones de seguridad.

En vigencia del decreto citado, surgieron diferentes grupos con el propósito inicial de protegerse de las acciones de la guerrilla, entre ellos la Asociación de Campesinos y Ganaderos del M. Medio, ACDEGAM, creada en 1984, cuya influencia se extendió a los municipios de Puerto Boyacá, Puerto Berrío y Cimitarra. Esta organización, además de defenderse de la subversión, estructuró todo un sistema orientado a atacarla militarmente con la pretensión de erradicarla y, luego, a través del Movimiento de Renovación Nacional, M., trató de extender su experiencia como ideología política[3].

Sólo unos años antes, en 1981, se había constituido el MAS, — Muerte a Secuestradores —, movimiento fundado por miembros de los carteles del narcotráfico como P.E.G. y G.R.G., para defenderse del secuestro[4]. ACDEGAM replicó el modelo del MAS, para ese momento trasladado por sus creadores al M. medio con el fin de proteger sus propiedades, adquiridas en forma masiva en esa zona, donde fundaron los primeros grupos armados, particularmente en Puerto Boyacá[5], destino de mercenarios israelíes e ingleses traídos para entrenar militarmente a sus miembros.

De la mano del narcotráfico, el esquema de estas organizaciones, que adoptaron el nombre de Autodefensas, llegó a otras zonas del país y, así, se entronizó en Urabá y en el sur de Córdoba bajo la dirección de F.C.G., quien convirtió su finca «Las Tangas», ubicada en Valencia, Córdoba, en centro de entrenamiento de su grupo armado, reconocido luego bajo el nombre de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU[6].

La estrategia de paz implementada por el Gobierno Nacional, entre 1982 y 1986, consistente en los diálogos y negociaciones con las fuerzas insurgentes, no impidió la multiplicación de los grupos de autodefensa, cuyas numerosas y cruentas acciones, muchas de ellas dirigidas contra ex integrantes de la guerrilla que habían sido indultados, determinaron en abril de 1989, la expedición, al amparo del estado de sitio, del Decreto 0815 a través del cual se suspendió la aplicación de los artículos 25 y 33, parágrafo 3°, del Decreto Legislativo 3398 de 1965.

Esta decisión fue justificada en la existencia de bandas de sicarios, escuadrones de la muerte, grupos de autodefensa o de justicia privada, paramilitares, responsables de actos perturbadores del orden público.

''>Además, se dijo, al interpretar esas normas surgió en algunos sectores de la opinión pública confusión en torno a su alcance y finalidades, en tanto «…se pueden llegar a tener como una autorización legal para organizar grupos civiles armados que resulten actuando al margen de la Constitución y las leyes…»>, proceder reprochado por el Gobierno Nacional.

De igual forma, se enfatizó, los operativos orientados a restablecer el orden público son función exclusiva del Ejército, la Policía Nacional y los organismos de seguridad del Estado.

En sentencia N° 022 del 25 de mayo de 1989, la Sala Plena de esta Corporación declaró la inconstitucionalidad del parágrafo 3° del Decreto 3398 de 1965, al considerar que se oponía al monopolio de las armas de guerra deferido por el Ordenamiento Superior al Gobierno Nacional, responsable de mantener el orden público y restablecerlo cuando es turbado, «…fórmula que tenía un sentido histórico y que ahora adquiere una renovada significación ante los problemas que suscitan las diversas formas de la actual violencia».

No obstante, en 1994, mediante el Decreto 356 se autorizó la creación de las Asociaciones Comunitarias de Seguridad Rural, CONVIVIR, cuyo propósito era colaborar con la Fuerza Pública acopiando información para prevenir las actividades de la insurgencia; además, propendía por organizar las comunidades como cooperativas, juntas de acción comunal o empresas comunitarias, con el fin de proporcionar la vigilancia y la seguridad privada a sus miembros o asociados en el área donde la respectiva comunidad tuviera su sede[7].

La proliferación de este tipo de organizaciones fue inmediata, de manera que para abril de 1997, 507 nuevas CONVIVIR tenían la aprobación de la Superintendencia de Vigilancia Privada y existían, además, cerca de 300 empresas de seguridad particular, cuya justificación era permitir que civiles prestaran servicios especiales de vigilancia, contando para ello con armas de uso restringido de las Fuerzas Militares. Esta situación facilitó a los grupos paramilitares aumentar su poder y control territorial en zonas como Córdoba, Urabá, M. Medio, Sucre, Sur de Bolívar, P., Cauca, Meta y Caquetá[8].

Para ese momento, en lo atinente al tema de esta sentencia, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU,...

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