SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002017-00461-00 del 09-03-2017
| Sentido del fallo | NIEGA TUTELA |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA |
| Número de expediente | T 1100102030002017-00461-00 |
| Fecha | 09 Marzo 2017 |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA |
| Número de sentencia | STC3292-2017 |
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada Ponente
STC3292-2017
Radicación n° 11001-02-03-000-2017-00461-00
(Aprobado en sesión de ocho de marzo de dos mil diecisiete)
Bogotá, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).
Decídese la acción de tutela instaurada por Javier Elías Arias Idarraga en frente de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, y la Defensoría del Pueblo Regional Caldas.
ANTECEDENTES
1.- El gestor depreca la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y «acceso a la administración de justicia», presuntamente vulnerados por las autoridades encartadas.
2.- Arguyó, como base de su reclamo, en síntesis, lo siguiente:
2.1.- Dentro de la acción popular con radicación 2015-00152 que le instauró a Audiofarma, el fallo de primer grado estimó sus pretensiones; de ahí que su contraparte lo apeló.
Por tanto, la colegiatura querellada, «revoca la sentencia del juzgador a quo, aduciendo de manera ingenua e infantil [sic] que la accionada no está obligada a cumplir lo pedido en [su] acción popular, ya que no presta servicio al público ninguno, olvidando que entrega medicamentos a los ciudadanos afiliados a las EPS, IPS [con] que Audiofarma tiene convenio», aparte que deja de lado jurisprudencia que enseña que «las personas con discapacidad física […] son ciudadanos con protección constitucional reforzada». Entonces, acota, lo condenó en «costas».
2.2.- De otra parte, alude que la Regional Caldas de la Defensoría del Pueblo viola su deber función al negarse a impetrar tutelas a su nombre, incumpliendo su deber legal.
3.- Solicita, conforme a lo relatado, «se orden al tutelado de manera inmediata dar aplicación de la tutela T-010 de 2011 de la Corte Constitucional y se revoque la sentencia de acción popular, en su lugar se confirme lo decidido por la a quo», y le otorgue a su favor las «costas de 2 instancia».
Aparte, se «tramite [su] pretensión contra la Defensora del Pueblo de Caldas».
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS
La Defensoría del Pueblo Regional Caldas, luego de reseñar las múltiples acciones de amparo instauradas por el petente en punto de las mismas razones aquí expuestas, deprecó se deniega la protección instada dada la «temeridad» evidenciada.
La colegiatura acusada guardó silencio.
CONSIDERACIONES
1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en línea de principio, que este amparo no es la senda idónea para censurar decisiones de índole judicial; sólo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinación «con ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure ‘vía de hecho’», y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un término razonable a formular la queja, y de que «no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo» (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).
El concepto de «vía de hecho» fue fruto de una evolución pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el ámbito jurídico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noción de «Estado Social de Derecho» y la ordenación contemplada en el artículo 4 de la Carta Política. Así hoy, bajo la aceptación de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectación siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: «a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto...
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