SENTENCIA nº 08001-23-33-000-2012-00420-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 13-08-2020 - Jurisprudencia - VLEX 847836225

SENTENCIA nº 08001-23-33-000-2012-00420-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 13-08-2020

EmisorSECCIÓN CUARTA
PonenteMILTON CHAVES GARCÍA
Sentido del falloNIEGA
Normativa aplicadaLEY 1437 DE 2011 (CPACA) – ARTÍCULO 212 / DECRETO 1000 DE 1997 - ARTÍCULO 11 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 2536 / LEY 788 DE 2002 - ARTÍCULO 59
Número de expediente08001-23-33-000-2012-00420-01


Radicación: 08001-23-33-000-2012-00420-01 (21358)

Demandante: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.


PRUEBAS EN APELACIÓN DE SENTENCIA - Oportunidad. Solicitud extemporánea / SOLICITUD DE PRACTICA DE DICTAMEN PERICIAL EN SEGUNDA INSTANCIA - Rechazada. Por no solicitarse de forma oportuna


La Sala advierte que dicha solicitud no procede debido a que de acuerdo con el artículo 212 del CPACA, las partes tenían la oportunidad de solicitar pruebas en segunda instancia en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso de apelación. Sin embargo, la solicitud de la actora es posterior a los alegatos de conclusión en segunda instancia, por lo que es extemporánea. En consecuencia, se rechaza la solicitud de práctica de pruebas.


FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 (CPACA) – ARTÍCULO 212


DEVOLUCION DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS - Improcedencia / DEVOLUCIÓN DEL PAGO EN EXCESO – Término para solicitarla


La Sala advierte, que como lo determinó la sentencia de primera instancia, hay lugar a inaplicar en el caso concreto el artículo 495 del Decreto Ordenanzal 823 de 2003 debido a que contradice lo establecido en el artículo 11 del Decreto 1000 de 1997, el cual ordena que el término para solicitar devoluciones y pagos en exceso es el de prescripción de la acción ejecutiva de 5 años prevista en el artículo 2536 del Código Civil.


FUENTE FORMAL: DECRETO 1000 DE 1997 - ARTÍCULO 11 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 2536 / LEY 788 DE 2002 - ARTÍCULO 59


FALSA MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS - Circunstancias en las que procede. Reiteración de jurisprudencia


Esta Sala en sentencia de 12 de octubre de 2017, explicó respecto a la falsa motivación de los actos administrativos, lo siguiente: “En términos de la doctrina, la causal de “falsa motivación” puede consistir en que la ley exija unos motivos precisos para tomar una decisión, pero el funcionario la expide sin que esos motivos se presenten, caso en el cual se habla de la inexistencia de motivos legales o falta de motivos, como también en que los motivos invocados no han existido realmente, desde el punto de vista material o jurídico, caso en el cual se habla de inexistencia de los motivos invocados, de motivos erróneos o de error de hecho o de derecho en los motivos.” (Subraya la Sala) De acuerdo con el criterio expuesto, la falsa motivación de un acto administrativo puede presentarse por no aplicar de forma adecuada los motivos exigidos en una norma para tomar una decisión. Pese a que en el presente caso, se estableció la inaplicación de los artículos 495 y un aparte del artículo 496 del Decreto Ordenanzal 823 de 2003, la Sala observa que los actos demandados no se encuentran viciados por falsa motivación, ya que la norma que originó el rechazo de la devolución fue la interpretación del artículo 589 del Estatuto tributario.


NOTA DE RELATORÍA: Sobre la falsa motivación de los actos administrativos consultar sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 12 de octubre de 2017, Exp. 11001-03-27-000-2013-00007-00(19950) C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto


PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL - Alcance. No aplicación al caso concreto. Reiteración de jurisprudencia


Esta Sala en sentencia de 5 de febrero de 2019, explicó respecto a la aplicación del precedente judicial lo siguiente: “3.3 Ahora bien, se observa que el apelante señaló que la providencia proferida por esta Sección y utilizada por parte del Tribunal Administrativo de Bolívar no puede considerarse como precedente por no tratarse de una sentencia de unificación jurisprudencial. Al respecto esta Sala se pronunció también una oportunidad anterior y manifestó, con fundamento en la Sentencia C-621 de 2015 de la Corte Constitucional, que así el precedente jurisprudencial no sea de obligatoria aplicación por los jueces, si es razonable y aplicable a los casos, es una herramienta para dar fortaleza a la decisión judicial, contribuyendo a la seguridad jurídica y al derecho a la igualdad. […]” En el presente caso, la Sala observa que la sentencia con radicado 16527 de 3 de diciembre de 2009 y la sentencia con número de radicado 16198 de 28 de enero de 2010, expedidas por esta Corporación e invocadas por la actora son proferidas en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento que resuelven situaciones jurídicas particulares y concretas. Además, la actora pretende a partir de dichas sentencias solicitar devolución de situaciones jurídicas consolidadas. (…) [P]or no tener situaciones fácticas y jurídicas similares entre las sentencias invocadas por el actor y el presente caso, no es razonable su aplicación, por lo que no está demostrada la existencia del enriquecimiento sin causa o pago de lo no debido alegado por la demandada.


NOTA DE RELATORÍA: Sobre la aplicación del precedente judicial consultar sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 5 de febrero de 2019, Exp. 13001-23-33-000-2013-00427-01(22441). C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez


VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO POR FALTA DE VALORACIÓN DE PRUEBAS APORTADAS - Improcedencia. Reiteración de jurisprudencia


En cuanto a la valoración de pruebas, esta Sala en sentencia de 11 de julio de 2019, explicó lo siguiente: “Sobre la naturaleza de los procedimientos fiscales, la Corte Constitucional, al referirse al registro establecido en el artículo 779-1 del Estatuto Tributario, precisó que «la filosofía de la investigación tributaria no es la de sancionar una conducta penalmente reprochable sino la de evidenciar el cabal cumplimiento del deber de tributar, por lo que el registro está planteado como un instrumento que se dirige a verificar la conducta del contribuyente, esto es, a facilitar la búsqueda de la prueba que permite la comprobación de la declaración tributaria en los libros y documentos del contribuyente, pues es allí en donde se plasma su realidad económica», y agregó que, «no corresponde a una función de policía judicial, sino que es un mecanismo dirigido a obtener las pruebas que le permitan a la DIAN verificar la veracidad de la declaración tributaria y de la conducta del contribuyente, lo cual corresponde a la actividad investigadora de la administración recaudadora, que se fundamenta en el poder tributario del Estado».” (Subraya la Sala) De acuerdo con el criterio de esta Sala, las pruebas deben ser valoradas con el fin de determinar el valor de los impuestos y demostrar la realidad económica de los contribuyentes. La Sala advierte que no existió violación al debido proceso por las razones expuestas por la demandante, debido a que el estudio de la determinación del valor del impuesto al consumo procedía si de acuerdo con la discusión normativa se tenía como efecto el análisis del valor del impuesto al consumo pagado por la actora. En el presente caso, desde la expedición de los actos administrativos demandados se determinó que no procedía la devolución del valor que la actora consideró que pagó en exceso por razones normativas, en consecuencia, no se requirió el cálculo del impuesto o el estudio de las pruebas. Adicionalmente, se advierte que la relación con tornaguías y valor pagado del impuesto al consumo y al deporte solo fue presentado por la actora con ocasión al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia.


NOTA DE RELATORÍA: Sobre la valoración de pruebas consultar sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 11 de julio de 2019, Exp. 08001-23-33-000-2014-00253-01(22045) C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto



CONSEJO DE ESTADO


SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO


SECCIÓN CUARTA


Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA


Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinte (2020)


Radicación número: 08001-23-33-000-2012-00420-01(21358)


Actor: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.


Demandado: DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



FALLO



La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante en contra de la sentencia del 31 de enero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda1.



ANTECEDENTES


El 31 de marzo de 2011 la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. – COTABACO S.A., presentó ante la Secretaría de Hacienda Departamental del Atlántico, solicitud de devolución por pago en exceso o de lo no debido por concepto de impuesto al consumo y deporte, por los siguientes periodos2:


Primera quincena de julio de 2005

Primera quincena de agosto de 2005

Primera quincena de septiembre de 2005

Segunda quincena de octubre de 2005

Primera quincena de diciembre de 2005

Segunda quincena de diciembre de 2005

Primera quincena de febrero de 2006

Segunda quincena de marzo de 2006

Primera quincena de mayo de 2006

Segunda quincena de mayo de 2006

Segunda quincena de junio de 2006

Segunda quincena de agosto de 2006

Segunda quincena de septiembre de 2006

Primera quincena de octubre de 2006

Segunda quincena de octubre de 2006

Primera quincena de noviembre de 2006

Segunda quincena de noviembre de 2006

Segunda quincena de diciembre de 2006

Primera quincena de marzo de 2007

Segunda quincena de marzo de 2007

Segunda quincena de abril de 2007

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