SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2018-04088-00 de Consejo de Estado (SECCION SEGUNDA) del 17-01-2019
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Fecha | 17 Enero 2019 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Número de expediente | 11001-03-15-000-2018-04088-00 |
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - No configuración / FACTORES SALARIALES A TENER EN CUENTA PARA LA RELIQUIDACIÓN DE PENSIÓN A DOCENTE - Los cotizados al sistema durante el último año de servicios / APLICACIÓN DE LA LÍNEA JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Al revisar el contenido de la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Nariño, en segunda instancia, se observa que, consideró que es procedente la pretensión del accionante de reliquidar su pensión de vejez con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, siempre y cuando se hubieren realizado y acreditado los respectivos aportes de los mismos. En este punto, la S. encuentra que el Tribunal accionado resolvió incluir en la reliquidación pensional pretendida por el accionante, solamente, aquellos factores percibidos por él percibidos durante el último año de servicios (lapso que nunca estuvo en discusión), respecto de los cuales se haya realizado el aporte al sistema de seguridad social en pensiones, en atención a lo dispuesto en el Acto Legislativo No.01 de 2005, que adicionó el artículo 48 superior, y lo resuelto en las sentencias SU-395 de 2017 y T-039 de 2018 de la Corte Constitucional; ello, sin contar con que motivó el por qué dicha S. de decisión se aportó del precedente del Consejo de Estado, acogiéndose al establecido por el Alto Tribunal Constitucional. Además, del contenido de la decisión acusada, se observa que, contrario al decir de la parte actora, el Tribunal accionado en ningún momento desconoció que el [actor] perteneciera a un régimen exceptuado. Diferente es, que en lo que tiene que ver con los factores a tener en cuenta en la liquidación de su mesada pensional, solo se reconocieran aquellos frente a los cuales se realizaron aportes a seguridad social en pensión, ello en acatamiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional. (…) Así las cosas, en el caso debatido se presenta un razonamiento eminentemente interpretativo por parte del juez, lo cual obedece a la autonomía judicial y la aplicación de las normas y jurisprudencia pertinente, que no da lugar a que se configure una decisión ilegítima, de tal forma que la providencia acusada no adolece de desconocimiento del precedente ni defecto alguno, por el contrario, las razones que la fundan son plausibles en un todo.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de enero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-04088-00(AC)
Actor: S.A.H.C.
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
La S. decide la acción de tutela[1] interpuesta por el señor S.A.H.C., a través de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Nariño, con ocasión de la sentencia de 25 de abril de 2018, que confirmó la decisión de 26 de mayo de 2016, por medio de la cual el Juzgado Quinto Administrativo de Pasto había negado la pretensión de reliquidación pensional elevada; decisión que presuntamente transgrede sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia.
EL ESCRITO DE TUTELA
Para una mejor comprensión del asunto, la S. se permite resumir de la siguiente forma los supuestos fácticos y jurídicos planteados por la parte demandante[2]:
Informó que el señor S.A.H.C. prestó sus servicios a la docencia oficial por más de 20 años. Que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, mediante Resolución 3652 de 12 de noviembre de 2004, le reconoció la pensión de jubilación pero sin incluir la totalidad de los factores devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus de pensionado; por lo que elevó solicitud de reliquidación de dicha prestación en tal sentido, siendo ésta resuelta de manera desfavorable a través de Resolución 0597 de 3 de agosto de 2012.
Señaló que, previo agotamiento de la vía gubernativa, incoó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de cuestionar los citados actos administrativos, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Quinto Administrativo de Pasto que, a través de sentencia de 26 de mayo de 2016, negó las pretensiones elevadas.
Indicó que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual fue desatado por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia de 25 de abril de 2018, en el sentido de confirmar la decisión del a quo.
Adujo que la decisión acusada se encuentra incursa en desconocimiento de precedente, en tanto se hizo caso omiso a i) la condición de docente del accionante y, ii) a los diferentes pronunciamientos que sobre la materia ha proferido el alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo[3].
Pretensiones:
Consecuencia de la situación fáctica expuesta, la parte actora solicita, en amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia, se deje sin efecto la sentencia de 25 de abril de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, y en su lugar, se le ordene emitir una nueva con fundamento en los pronunciamientos del Consejo de Estado
ACTUACIÓN PROCESAL DE INSTANCIA
Mediante auto de 6 de noviembre de 2018[4], la Magistrada Ponente del asunto admitió la acción de tutela de la referencia, y ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo de Nariño, asimismo, ordenó notificar al Juzgado Quinto Administrativo de Pasto y a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, en calidad de terceros interesados, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 y concordantes del Decreto 2591 de 1991.
INFORMES RENDIDOS EN EL PROCESO
Juzgado Quinto Administrativo de Pasto[5].
La Juez titular del despacho vinculado en calidad de tercero interesado[6], mediante escrito de 28 de noviembre de 2018, solicitó su desvinculación del asunto, además, señaló que la decisión acusada no se encuentra incursa en vicio alguno que conlleve a dejarla sin efecto, reiterando las consideraciones expuestas en la misma.
Ministerio de Educación Nacional[7] y La Fiduprevisora[8].
Las entidades solicitaron que se nieguen las pretensiones de la parte actora, al señalar que la decisión acusada no se encuentra incursa en ninguna de las causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y, además, se presenta falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto el llamado responder, de acuerdo con las pretensiones de la parte actora, es el Tribunal Administrativo de Risaralda.
CONSIDERACIONES
Atendiendo a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: la competencia para decidir el recurso de amparo; procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; determinación del problema jurídico y, resolución de los cargos propuestos.
Competencia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto 1983 de 2017[9], en cuanto estipula que «Las acciones de tutela dirigidas contra […] Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada», esta S. es competente para conocer de la presente acción constitucional contra el Tribunal Administrativo de Nariño.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.-
Sobre el particular, tanto la Corte Constitucional[10] como esta Corporación[11], inicialmente consideraron que la acción de tutela no procedía contra providencias judiciales. Posición que fue variada por la Corte al aceptar la procedencia excepcional y restringida del referido mecanismo constitucional de comprobarse la existencia de una vía de hecho y de un perjuicio irremediable[12], y por parte de algunas Secciones del Consejo de Estado, cuando se evidenciara la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia[13]. Posteriormente, en la Sentencia C-590 de 2005[14] la Corte Constitucional[15] reiteró la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, pero supeditada ya no a la existencia de una vía de hecho, sino a la verificación de unos requisitos de forma[16] y de procedencia material[17] fijados[18] por la misma Corte[19]. Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012, con ponencia de la C.M.E.G.G.[20], finalmente aceptó que la acción de tutela es procedente contra una providencia judicial, «cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales».
...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba