Sentencia Nº 500013105001 2018 00241 01 del Tribunal Superior de Villavicencio Sala Civil - Familia - Laboral, 06-04-2022 - Jurisprudencia - VLEX 904956016

Sentencia Nº 500013105001 2018 00241 01 del Tribunal Superior de Villavicencio Sala Civil - Familia - Laboral, 06-04-2022

Sentido del falloMODIFICA PARCIALMENTE
EmisorSala Civil - Familia - Laboral (Tribunal Superior de Villavicencio de Colombia)
Número de registro81618608
Fecha06 Abril 2022
Número de expediente500013105001 2018 00241 01
Normativa aplicada1. art.151 CPTSS en conc. arts.488 y 489 CST
MateriaTESIS: ".... 2.1.- EXISTENCIA DEL CONTRATO DE TRABAJO Y PRUEBA DE LA CONDICIÓN DE TRABAJADOR OFICIAL. LUZ MARINA LEÓN REY solicita se declare la existencia de un unico contrato de trabajo celebrado entre las partes de este proceso, vínculo laboral que se mantuvo vigente desde el 1º de febrero de 2008 al 31 de enero de 2013, mientras la Empresa Social del Estado demandada, en forma categórica, se opone a su declaración. Según las previsiones del artículo 83 de la Ley 489 de 1998, las Empresas Sociales del Estado creadas por la Nación o por las entidades territoriales para la prestación de servicios de salud, se sujetan al régimen jurídico previsto en la ley 100 de 1993, la ley 344 de 1996 y demás normas que las complementan, sustituyan o adicionen; se encuentran adscritas al Ministerio de la Protección Social, están dotadas con personería jurídica, tienen autonomía administrativa y patrimonio propio. Los artículos 195 de la ley 100 de 1993 y 26 de la ley 10 de 19901 estatuto que reorganizó el Sistema Nacional de Salud y modificó la naturaleza de la vinculación de las personas al servicio de las entidades que integran ese sistema, precisaron en su artículo 26 parágrafo que “Son trabajadores of iciales, quienes desempeñen cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta f ísica hospitalaria, o de servicios generales, en las mismas instituciones. ” De acuerdo con este precepto, los servidores de las Empresas Sociales del Estado, son empleados públicos, salvo aquellos que laboren en el mantenimiento de la planta física y/o en servicios generales que serán trabajadores oficiales. Sobre el mantenimiento de la planta física hospitalaria, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral en sentencia 36668 del 9 de junio de 2011 estableció que: “comprende el conjunto de actividades orientadas a mejorar, conservar, adicionar o restaurar la planta física de los entes hospitalarios destinados al servicio público esencial de salud, tales como electricidad, carpintería, mecánica, jardinería, pintura, albañilería, vigilancia o celaduría”; Respecto de la prestación de servicios generales, ha dicho la mencionada corporación, que ellos comprenden las: “actividades cuyo propósito es el de atender las necesidades que le son comunes a todas las entidades, tales como cocina, ropería, lavandería, costura, transporte, traslado de pacientes, aseo en general y las propias del servicio doméstico”; En sentencia del 13 de octubre de 2004 radicación No. 22.858, asentó: “…dentro del concepto de servicios generales a que alude la disposición ya citada, han de involucrarse, a manera solamente de ejemplo, aquellas actividades relacionadas con el aseo, v igilancia y alimentación, mas no las que correspondan a servicios médicos y paramédicos”. Así, en atención a la naturaleza de la entidad demandada, es cuestión primordial establecer la calidad que ostentó la demandante dentro del Hospital enjuiciado. Por ello, tal y como se desprende de la constancia expedida por la Unidad Funcional de Talento Humano2, y los demás documentos allegados al informativo, que dicen contener contratos de prestación de servicios3, se aprecia que está acreditado que, entre el 1° de febrero de 2008 hasta el 31 de enero de 2013, desempeñando el cargo de auxiliar de servicios generales, LUZ MARINA LEÓN REY efectivamente prestó sus servicios a la ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO. El cargo que ocupaba la accionante se encuadra en actividades de servicios generales - aseo - desinfección, lo que la ubica dentro de aquellas personas que tienen la calidad de trabajadores oficiales, entendimiento que le da competencia a esta jurisdicción para conocer del asunto. Definido lo anterior, seguidamente, se pasa a resolver el problema jurídico relacionado con la existencia del contrato de trabajo. El artículo 1° del Decreto 2127 de 1945 define el Contrato de Trabajo como la relación jurídica existente entre trabajador y empleador, en virtud de la cual quedan obligados recíprocamente, el primero, a ejecutar una o varias obras o labores, o a prestar personalmente un servicio intelectual o material en beneficio del segundo, actividad realizada bajo continuada subordinación y dependencia, y este último a pagarle una remuneración, técnicamente denominada salario. A su vez, el artículo 2 ibídem, señala sus elementos esenciales, sin los cuales no puede predicarse su existencia: a) La actividad personal del trabajador . b) La continuada subordinación o dependencia. c) Un salario como retribución del servicio. Reunidos estos tres elementos, el contrato de trabajo no deja de serlo, por razón del nombre que se le dé, ni por otras condiciones o modalidades que se le agreguen, primando entonces, cuando se den esos supuestos fácticos, la existencia del denominado contrato realidad, artículo 3º. El artículo 20 del Decreto 2127 de 1945, preceptúa que se presume la existencia de contrato de trabajo entre quien presta un servicio personal y quien lo recibe o aprovecha, correspondiendo a este último, si aspira a que no le sea aplicada, desvirtuar tal presunción. Así, para reconocer la existencia válida de un contrato de trabajo de trabajo, es necesario que concurran los tres elementos al inicio referidos, pues de no ser así, indefectiblemente se estaría en presencia de otra clase de contrato, no sujeto por consiguiente a las leyes de nuestra normatividad laboral. De la misma manera debe recalcarse que, conforme el mencionado artículo 20 ibídem, basta con que se demuestre la prestación personal del servicio para que se presuma, legalmente, que la relación es subordinada y corresponderá al demandado infirmar esa deducción del legislador, con prueba que acredite que el servicio no tuvo esa característica, sino que se ejecutó con independencia jurídica. Por su parte, el artículo 32 de la ley 80 de 1993, define como contrato de prestación de servicios aquellos que celebran las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad y sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. Impone la ley para ellos, por ser una forma de contratación excepcional, que esa clase de vinculación se celebre por el término de duración “estrictamente indispensable”, lo que conlleva a que no se pueden prorrogar indefinidamente, o por un lapso tal que lo haga perder su finalidad, porque de lo contrario se debe acudir a las modalidades de contratación normales: vinculación por medio de acto administrativo que establezca su específica situación legal y reglamentaria o vinculación contractual que contiene como característica, la independencia o autonomía que desde el punto de vista técnico y científico tiene el contratista, modalidad que supone cierta discrecionalidad, pero de todas formas se encuentra sujeto al cumplimiento de las cláusulas pactadas. Siguiendo los presupuestos legales antes referidos, corresponde decidir ¿si los servicios que a la demandada prestó la actora, estuvieron regidos por un contrato de trabajo o si, por el contrario, estos se ejecutaron en la realización de actividades propias de órdenes y contratos de prestación de servicios? como ésta lo sostiene. En el presente caso no se discute que, tal como se acreditó con la certificación expedida por el Profesional Especializado de la Unidad Funcional de Talento Humano del HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO4, mediante la celebración de órdenes y contratos de prestación de servicios, la demandante cumplió labores y prestó sus servicios personales a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO, desempeñándose como AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES - ASEO - DESINFECCIÓN. La referida certificación, además de especificar las órdenes de prestación de servicios celebradas, también determinó la remuneración percibida por la actora, la labor desempeñada en beneficio de la entidad demandada, informando que como remuneración mensual durante la relación laboral se le cancelaron los siguientes valores, año 2008 y 2009 $1.000.000, en el año 2010 un monto de $1.050.000, 2011 - 1.092.000 y para los años 2012 y 2013 la suma de $1.146.000. En cuanto a la efectiva prestación personal del servicio de la actora en favor de la ESE demandada, se recibieron los testimonios de las siguientes personas: (..) . Aclarado lo anterior y con los medios de convicción referidos precedentemente se encuentra probado que los servicios que la actora prestó a la demandada, los realizó de manera personal, continua y subordinada; no en forma autónoma, independiente y de simple coordinación con la entidad contratante, como esta lo adujo; pues en criterio de esta corporación, se encuentra acreditado que la relación que sostuvieron las partes, en realidad, estuvo regida por un contrato de trabajo. Es pertinente señalar que las labores de auxiliar de servicios generales - aseo y desinfección - ejecutadas por la demandante, no son actividades que demanden trabajo en equipo, ni es labor que deba coordinarse en su preparación y ejecución para obtener determinado resultado, sino que corresponden a tareas específicas asignadas por la entidad contratante al trabajador demandante, por intermedio del Jefe de Supervisión de dicha ESE, que para el caso correspondía al señor Héctor Mogollón, para que las realizara de manera personal en los horarios y turnos establecidos por el HOSPITAL, a través de los cronogramas e instructivos de turno, y con los elementos suministrados por ésta y bajo su supervisión directa, labores para las que, no fueron contratadas en razón a la experiencia, capacitación y formación técnico-científica o profesional en determinada materia, tampoco hacen relación a actividades que el Hospital requiriera de manera temporal, sino que , por el contrario, son quehaceres diarios y permanentes que deben desarrollarse en la ESE, tal y como lo expuso el deponente el señor Mogollón, labores que no permiten el ejercicio de la labor autónoma e independiente que caracteriza los contratos de prestación de servicios profesionales , así como en un tiempo estrictamente indispensable. Según las previsiones de la Ley 10 de 1990 , de lo expuesto se concluye que la prestación personal del servicio que para el Hospital demandado, de manera subordinada, prestó la señora LUZ MARINA LEÓN REY, en los períodos indicados en la referida certificación, como Auxiliar de servicios generales - aseo y desinfección- es de aquellas que debió ser desarrollada por un trabajador oficial, debiéndose tener a la ESE demandada como verdadera empleadora de la actora, responsable directa de la atención de sus derechos laborales. Al haberse acreditado la prestación personal del servicio por parte de la demandante en favor del HOSPITAL demandado, éste tenía la carga de desvirtuar la presunción de subordinación consagrada en el artículo 20 del Decreto 2127 de 1945 y, por ende, la presunción de existencia de contrato de trabajo con el accionante, designio que no logró pues no existió esfuerzo probatorio por parte de ésta tendiente a infirmar la presunción del contrato, además, el argumento de la contestación que en el informativo obran los documentos que expresan contener los contratos y órdenes de prestación de servicios celebrados por las partes, su veracidad se evapora frente a la realidad de los hechos ocurridos y demostrados en juicio, no surtiendo los efectos requeridos de desvirtuar el nexo laboral invocado en la demanda, documentos que fueron el fundamento de la defensa de la accionada, encontrándonos así frente a la existencia de una verdadera relación laboral, y es que, según el principio superior, que impera en materia laboral, de primacía de la realidad sobre las formas, artículo 53 de CP., en caso de discrepancia entre lo que surge de los documentos y lo que se origina en los hechos, estos han de prevalecer. Así, conforme lo expuesto, se confirmará la sentencia apelada y consultada. 2.2.- EXTREMOS TEMPORALES Declaró el fallador de primer grado la existencia de un único contrato entre la demandante y la encartada con vigencia de 1° de febrero de 2008 al 31 de enero de 2013, conforme a la certificación expedida por el Profesional Especializado de la Unidad Funcional de Talento Humano del HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO, supuesto que en esta ocasión avala la corporación independientemente que entre algunos contratos existan interrupciones que no superan más de un mes, toda vez que acogiendo la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia entre otras en sentencia SL 981 de 2019, se satisfacen los presupuestos para la declaratoria en tales términos, como el hecho de no ser superior a un mes y que exista similitud de funciones entre uno y otro contrato, exigencia que, se da en el caso examinado habida cuenta que la demandante siempre laboró en el cargo de auxiliar de servicios generales de aseo y desinfección, por lo que en tales términos se confirmará la decisión de primer grado...(..). 2.4.- EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN Por cuestión metodológica, previo a estudiar las condenas impuestas en primera instancia, la colegiatura se detendrá a analizar la eventual configuración del medio exceptivo de prescripción propuesto, fenómeno jurídico que se encuentra regulado en el artículo 151 del CPT y SS en consonancia con lo previsto en los artículos 488 y 489 del CST, disposiciones que establecen que las acciones correspondientes a los derechos que emanen de las leyes sociales, por regla general prescriben en tres años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, término que se interrumpe por una única vez cuando se presenta al empleador la correspondiente reclamación o, a voces del artículo 94 del CGP, cuando se le notifica de la demanda, dentro del término de un año, contado a partir del día siguiente a la notificación al actor del auto admisorio de la demanda. Así como la demandante no elevó reclamación de sus derechos en vigencia de la relación laboral, pero sí lo hizo entre la fecha de terminación del contrato de trabajo y la fecha de radicación de este proceso, más exactamente con la petición que elevó el 4 de junio de 20145, solicitando el reconocimiento de sus derechos, es claro, que la interrupción de la prescripción se dio con dicho acto, consideración que aunado al hecho que una vez instaurada la demanda, que ocurrió el 11 de diciembre de 20156 su notificación se tuvo por conducta concluyente mediante auto de 25 de abril de 2019, noticiado en estado el 26 del mismo mes y año7, esto es, dentro del año siguiente a su admisión que lo fue el 1° de febrero de 2019, publicada en estado el 4 del mismo mes y año8, en dicha calenda se interrumpió el fenómeno extintivo (..). De igual manera, como quiera que su causación inicia a la terminación del contrato de trabajo10, acertó el primer grado en cuanto al término de prescripción de las cesantías, y dado que éste finalizó el 31 de enero de 2013, respecto de ellas, no opera el referido fenómeno. Ahora, tratando el tema de la prescripción de las vacaciones durante la vigencia contractual y de la compensación en dinero de las vacaciones al finalizar el contrato de trabajo: “…al no existir regla especial, la prescripción se rige por la regla general de 3 años, contados a partir de la exigibilidad de este derecho”. Distinto es, que “…de acuerdo con el artículo 187 del Código Sustantivo del Trabajo, una vez causadas las vacaciones, corre un periodo de gracia de un año durante el cual el empleador debe señalar su época de disfrute «de of icio o a petición del trabajador»; lo que significa que al finalizar dicho lapso el derecho es exigible.” “Paralelamente, ha de enseñar la Sala que la compensación judicial en dinero de las vacaciones no revive periodos vacacionales prescritos, como lo entendió el Tribunal, al ordenar la compensación de todas las vacaciones exigibles en vigencia del contrato de trabajo, sin tener en cuenta el fenómeno extintivo de las obligaciones. En rigor, las únicas exigibles a la terminación del contrato de trabajo son las vacaciones proporcionales (art. 1° L. 995/2005), pues las causadas y exigibles durante su vigencia prescriben paulatinamente conforme a lo explicado en el párrafo anterior.” “De acuerdo con lo expuesto, precisa la Corte que la compensación en dinero de las vacaciones no impide aplicar el fenómeno de la prescripción frente a las vacaciones exigibles en desarrollo del contrato de trabajo, pues según las reglas generales de los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, los derechos laborales «prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible» …” Conforme el criterio jurisprudencial citado en sentencia de la Corte Suprema de Justicia, 71281 de 6 de febrero de 2019 reiterada en la sentencia de la Sala de Descongestión Laboral No. 1 de la CSJ, SL3812-2021 del 24 de agosto de 2021, Radicación No. 80178 se infiere que la causación de las vacaciones es anual, razón por la cual al terminar el contrato de trabajo, es viable exigir la compensación de las correspondientes a los últimos 4 años, toda vez que las causadas por lapsos anteriores se encuentran afectadas por el fenómeno extintivo, entonces como el a quo declaró respecto de las iniciales al 4 de junio de 2010, acertó en la forma como las determinó, por lo que se confirmará en tal aspecto la sentencia apelada. 2.5.- DE LAS CONDENAS IMPUESTAS POR EL A QUO 2.5.1.- PRIMA DE VACACIONES La Sala advierte su improcedencia y por tanto decretará su revocatoria, toda vez que, teniendo en cuenta que tal prestación no está jurídicamente consagrada para los trabajadores oficiales del orden territorial de las entidades del sector descentralizado por servicios, no existe soporte legal para su imposición. Así lo estableció la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sin modificación posterior de ese criterio, en sentencias con Radicación 2816 del 26 de junio de 1989 y del 17 de mayo de 2004, reiterada ésta en la con Radicación 26605 del 18 de octubre del 2006, en las que precisó que tales trabajadores no tienen derecho a prima de vacaciones, por no estar consagradas para ellos en el ordenamiento legal, por lo que, conforme lo expresado, se revocará parcialmente el ordinal tercero de la sentencia apelada para en su lugar absolver a la entidad demandada de la condena impartida por éste concepto, suerte igual que correrá la condena de indexación impuesta en primer grado. 2.5.2.- AUXILIO DE CESANTÍA De conformidad con lo dispuesto en la Ley 6a de 1945, Decreto 1160 de 1947 artículo 6, Decreto 3118 de 1968, Ley 344 de 1996, procede la Sala al estudio de esta pretensión por los extremos de la relación laboral 1º de febrero de 2008 a 31 de enero de 2013 y una vez realizadas las operaciones aritméticas, cuadro que hará parte integrante de esta decisión, se obtiene un valor total de $5.398.780 suma inferior a la determinada por el a quo, razón por la que, en virtud del grado jurisdiccional de consulta que se surte en favor de la demandada, se dispone modificar parcialmente el ordinal tercero de la sentencia. 2.5.3.-COMPENSACIÓN EN DINERO DE LAS VACACIONES Esta prestación asciende a quince días de salario por cada año de servicio (artículos 8° del D. L. 3135, 43 del D. R. 1848 de 1969 y 8° del D. L. 1045 de 1978), para cuya liquidación el factor a tomar en cuenta es la última asignación básica mensual (artículo 10 del D. L. 3135 de 1968). Acorde con lo expresado, atendiendo el fenómeno de la prescripción que, como antes se expuso se generó respecto de las eventuales acreencias causadas anteriores al 5 de junio de 2010, efectuadas las operaciones aritméticas pertinentes, se determina que la suma a reconocer al actor por este concepto, asciende a $1.524.023, suma superior a la que fue determinada por el fallador de primer grado pero, no obstante lo cual, al no haber sido objeto de censura, se mantendrá incólume la decisión en este aspecto. 2.5.4.- PRIMA DE NAVIDAD De conformidad con el artículo 32 del decreto 1045 de 1978, el valor de esa prestación equivale a un mes del salario que corresponda a 30 de noviembre de cada año, pagadero en la primera quincena del mes de diciembre, o, con base en el último salario devengado, en proporción al tiempo servido durante el año a razón de una doceava parte por cada mes completo de servicio. Efectuadas las operaciones aritméticas, aplicando el fenómeno extintivo resulta la suma de $1.767.150 como prima de navidad, monto inferior a la determinada en la primera instancia, razón por la que, en virtud del grado jurisdiccional de consulta que se surte en favor de la demandada, se dispone modificar parcialmente el ordinal tercero de la sentencia. 2.5.5.- APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES. Condenó el a quo a la demandada al pago de aportes al sistema de seguridad en pensiones; toda vez que, de conformidad con lo establecido en los artículos 22 de la Ley 100 de 1993 y 25 del Decreto Reglamentario 692 de 1994, es al empleador a quien le corresponde asumirlos; sin embargo, como quiera que de conformidad con las pruebas recaudadas, se probó que para el pago de su salario, a la demandante se le exigía, la cancelación de aportes a su seguridad social, se declarará que sí, con ocasión de las órdenes de prestación de servicios celebradas entre las partes, realizadas con los ingresos base de cotización correspondientes al contrato, al demandante LUZ MARINA LEÓN REY, o la demandada ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO, hubiesen efectuado el pago de aportes a la seguridad social en pensión, no tendrá aplicación la condena impuesta por el fallador de primer grado, puesto que en tal caso, el Sistema de Seguridad Social ya percibió las cotizaciones derivadas de los vínculos laborales declarados a favor de la actora. De haberse consignado los aportes por montos inferiores a los salarios realmente devengados, estos deberán hacerse por los valores faltantes. Así las cosas, se modificará parcialmente el ordinal cuarto de la sentencia apelada, para en su lugar adicionarlo con la anterior precisión, no sin antes señalar, que de haberse cancelado dichos aportes por la demandante, el derecho que le asistiría, sería la devolución en el porcentaje que correspondiera cubrir a la entidad, pero en tal caso, para poder determinar sobre que valores se debía hacer el reintegro de éstos, la demandante debía haber allegado los recibos que acreditaran su pago lo que no aconteció . 2.5.6.- INDEMNIZACIÓN MORATORIA El artículo 1o. del decreto 797 de 1949, cuyo texto en su alcance ha sido asimilado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia al contenido del artículo 65 del CS del T, dispone que sí, dentro de los noventa días siguientes a la terminación de un contrato de trabajo, la administración no cancela los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que le adeude al trabajador o no hubiere efectuado el depósito ante autoridad competente, se le sancionará con un día de salario por cada día de retardo en el pago y que para efectos de exonerarla, ha de tener en cuenta, cuando sean razonables y se acredite de esta manera que ha actuado de buena fe, los motivos aducidos por la entidad oficial que la ha llevado a la mora. Como el contrato de trabajo finalizó 31 de enero de 2013 y la ESE empleadora contaba con noventa (90) días hábiles subsiguientes para efectuar el pago de la liquidación de los salarios y prestaciones debidas al actor, término que venció el día 17 de junio de 2013, y transcurrió sin haberle cancelado esos emolumentos, ni mediar justificación válida para ello, no pudiéndose considerar que su actuar estuvo revestido de buena fe, ya que, no obstante haber vinculado al demandante por aparentes órdenes o contratos de prestación de servicios regulados por la Ley 80 de 1993, en la realidad mantuvo con éste, vínculo de trabajo subordinado, luego entonces, era plenamente conocedora, o por lo menos debía serlo, de que durante la relación y finalmente, a la terminación del contrato de trabajo, con el plazo de gracia de los noventa (90) días, erogación que no realizo, tenía el deber de cancelar las prestaciones de ley a la trabajadora demandante, sin justificación para válida tal omisión. Por ello, como el a quo condenó al reconocimiento de esta indemnización a partir del 18 de junio de 2013, día hábil después al cumplimiento de los 90 días que tenía para efectuar el pago de los derechos laborales, se confirmará la sentencia consultada en este aspecto. 2.5.7.- SANCIÓN POR NO CONSIGNACIÓN DE LAS CESANTÍAS En cuanto a la sanción establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por no consignación de las cesantías, la Sala advierte su improcedencia, como quiera que, tal como ya tuvo oportunidad de pronunciarse la máxima corporación del trabajo entre otras en sentencia No. 45390 de 8 de febrero de 2017, dicha norma no es aplicable a los trabajadores oficiales, razón suficiente para confirmar la sentencia apelada. ..."
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