Sentencia Nº 500013105003 2017 00685 01 del Tribunal Superior de Villavicencio Sala Civil - Familia - Laboral, 02-06-2022 - Jurisprudencia - VLEX 924744867

Sentencia Nº 500013105003 2017 00685 01 del Tribunal Superior de Villavicencio Sala Civil - Familia - Laboral, 02-06-2022

Sentido del falloMODIFICA SENTENCIA
EmisorSala Civil - Familia - Laboral (Tribunal Superior de Villavicencio de Colombia)
Número de registro81625232
Fecha02 Junio 2022
Número de expediente500013105003 2017 00685 01
Normativa aplicada1. art.1 Decreto 797 de 1949, ley 80/93, arts.22 ley 100/93 y 25 D.R.692/94, arts.3 Decreto 451/84 y 51 del Decreto 1042/78 en conc.con arts.10 y 14 Decreto 1374/10, D.L.3135/68
MateriaTESIS: Para tal efecto, se emitirá pronunciamiento sobre la naturaleza jurídica de la entidad demandada, la calidad de sus trabajadores y las formas de vinculación de personal a esa institución. - Luego se verificará sí, con el material probatorio recaudado, se logró o no, acreditar la configuración de los elementos esenciales de existencia del contrato de trabajo pretendido. - En caso afirmativo, se decidirá: ¿si existió mala fe de la demandada que lleve a confirmar, en favor de la actora, el reconocimiento de la indemnización moratoria, si ha lugar al reconocimiento de los bonos de recreación y alimentación, así como las primas de navidad y de servicios, en igual forma, si es viable avalar las demás condenas que le fueron impuestas, y se estudiará la excepción de prescripción? (..) 8 Según las previsiones del artículo 83 de la Ley 489 de 1998, las Empresas Sociales del Estado creadas por la Nación o por las entidades territoriales para la prestación de servicios de salud, se sujetan al régimen jurídico previsto en la ley 100 de 1993, la ley 344 de 1996 y demás normas que las complementan, sustituyan o adicionen; se encuentran adscritas al Ministerio de la Protección Social, están dotadas con personería jurídica, tienen autonomía administrativa y patrimonio propio. Los artículos 195 de la ley 100 de 1993 y 26 de la ley 10 de 19901, estatuto que reorganizó el Sistema Nacional de Salud y modificó la naturaleza de la vinculación de las personas al servicio de las entidades que integran ese sistema, precisaron en su artículo 26 parágrafo que “Son trabajadores of iciales, quienes desempeñen cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta f ísica hospitalaria, o de servicios generales, en las mismas instituciones.” De acuerdo con este precepto, los servidores de las Empresas Sociales del Estado, son empleados públicos, salvo aquellos que laboren en el mantenimiento de la planta física y/o en servicios generales que serán trabajadores oficiales. Sobre el mantenimiento de la planta física hospitalaria, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral en sentencia 36668 del 9 de junio de 2011 estableció que: “comprende el conjunto de actividades orientadas a mejorar, conservar, adicionar o restaurar la planta física de los entes hospitalarios destinados al servicio público esencial de salud, tales como electricidad, carpintería, mecánica, jardinería, pintura, albañilería, vigilancia o celaduría”; Respecto de la prestación de servicios generales, ha dicho la mencionada corporación, que ellos comprenden las: “actividades cuyo propósito es el de atender las necesidades que le son comunes a todas las entidades, tales como cocina, ropería, lavandería, costura, transporte, traslado de pacientes, aseo en general y las propias del servicio doméstico” (..) . Así, en atención a la naturaleza de la entidad demandada, es cuestión primordial establecer la calidad que ostentó la demandante dentro del Hospital enjuiciado. Por ello, como se desprende de la constancia expedida por la Unidad Funcional de Talento Humano3, y los demás documentos allegados al informativo, que dicen contener órdenes y contratos de prestación de servicios4, se aprecia que está acreditado que, entre el 30 de abril de 2008 y hasta el 29 de febrero de 2016, desempeñando el cargo de auxiliar de servicios generales - lavandería, VERÓNICA RODRÍGUEZ RÍOS efectivamente prestó sus servicios a la ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO. El cargo que ocupaba la accionante se encuadra en actividades de servicios generales - lavandería, lo que lo ubica dentro de aquellas personas que tienen la calidad de trabajadores oficiales, entendimiento que le da competencia a esta jurisdicción para conocer del asunto. Definido lo anterior, seguidamente, se pasa a resolver el problema jurídico relacionado con la existencia del contrato de trabajo. El artículo 1° del Decreto 2127 de 1945 define el Contrato de Trabajo como la relación jurídica existente entre trabajador y empleador, en virtud de la cual quedan obligados recíprocamente, el primero, a ejecutar una o varias obras o labores, o a prestar personalmente un servicio intelectual o material en beneficio del segundo, actividad realizada bajo continuada subordinación y dependencia, y este último a pagarle una remuneración, técnicamente denominada salario. A su vez, el artículo 2 ibídem, señala sus elementos esenciales, sin los cuales no puede predicarse su existencia: (..) a) La actividad personal del trabajador. b) La continuada subordinación o dependencia. c) Un salario como retribución del servicio. Reunidos estos tres elementos, el contrato de trabajo no deja de serlo, por razón del nombre que se le dé, ni por otras condiciones o modalidades que se le agreguen, primando entonces, cuando se den esos supuestos fácticos, la existencia del denominado contrato realidad, artículo 3º. El artículo 20 del Decreto 2127 de 1945, preceptúa que se presume la existencia de contrato de trabajo entre quien presta un servicio personal y quien lo recibe o aprovecha, correspondiendo a este último, si aspira a que no le sea aplicada, desvirtuar tal presunción. Así, para reconocer la existencia válida de un contrato de trabajo de trabajo, es necesario que concurran los tres elementos al inicio referidos, pues de no ser así, indefectiblemente se estaría en presencia de otra clase de contrato, no sujeto por consiguiente a las leyes de nuestra normatividad laboral. De la misma manera debe recalcarse que, conforme el mencionado artículo 20 ibídem, basta con que se demuestre la prestación personal del servicio para que se presuma, legalmente, que la relación es subordinada y corresponderá al demandado infirmar esa deducción del legislador, con prueba que acredite que el servicio no tuvo esa característica, sino que se ejecutó con independencia jurídica. Por su parte, el artículo 32 de la ley 80 de 1993, define como contrato de prestación de servicios aquellos que celebran las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad y sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. (..) 11 Impone la ley para ellos, por ser una forma de contratación excepcional, que esa clase de vinculación se celebre por el término de duración “estrictamente indispensable”, lo que conlleva a que no se pueden prorrogar indefinidamente, o por un lapso tal que lo haga perder su finalidad, porque de lo contrario se debe acudir a las modalidades de contratación normales: vinculación por medio de acto administrativo que establezca su específica situación legal y reglamentaria o vinculación contractual que contiene como característica, la independencia o autonomía que desde el punto de vista técnico y científico tiene el contratista, modalidad que supone cierta discrecionalidad, pero de todas formas se encuentra sujeto al cumplimiento de las cláusulas pactadas. Siguiendo los presupuestos legales antes referidos, corresponde decidir ¿si los servicios que a la demandada prestó la actora, estuvieron regidos por un contrato de trabajo o si, por el contrario, estos se ejecutaron en la realización de actividades propias de órdenes y contratos de prestación de servicios? como ésta lo sostiene. En el presente caso no se discute que, como se acreditó con la certificación expedida por el Profesional Especializado de la Unidad Funcional de Talento Humano del HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO5, mediante la celebración de órdenes y contratos de prestación de servicios, la demandante cumplió labores y prestó sus servicios personales a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO, se desempeñó como AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES - LAVANDERÍA. La referida documental, además de especificar las obligaciones a ejecutar en la prestación de los servicios, también determinó la remuneración percibida por la actora, la labor desempeñada en beneficio de la entidad demandada, informando que como remuneración mensual durante la relación laboral se le cancelaron los siguientes valores, para los años 2008 y 2009 $1.000.000; 2010 $1.050.000; 2011 $1.092.000 y los años 2012 a 2016 la suma de $1.146.000 excepto enero de 2016 que lo fue en suma de $1.834.560. En cuanto a la efectiva prestación personal del servicio de la demandante en favor de la ESE demandada, se recibieron los testimonios de las siguientes personas: MARTHA IVED PARRADO persona respecto de quien la demandada propuso tacha de sospecha y los señores HÉCTOR MOGOLLÓN ROJAS y GERMAN DIONISIO SANTIAGO PARDO, sobre quienes la parte demandante propuso tacha sospecha. La primera de ellas expresó que, en el periodo comprendido del año 1999 a 2016 se vinculó al Hospital Departamental de Villavicencio, por lo que su relación es de índole laboral, ya que fueron compañeras como auxiliares de servicios generales, razón por la cual le consta que la demandante ingresó en enero del año 2008 en el área de lavandería, desarrollando sus labores en las áreas de UCI, pediatría, urgencias, consulta externa y psiquiatría. Expresó que los horarios estaban distribuidos por turnos, uno que se desarrollaba de 6:00 a.m., a 12:00 m.; uno segundo de 12:00 m. a 6:00 p.m., y uno tercero de 6:00 p.m. a 6:00 a.m., siendo controlados por el coordinador, quien además elaboraba los cuadros de turno y lo asignaba a cada prestador de servicio, que para el caso quienes actuaban como supervisores eran los señores Andrés, Miguel Linares y Héctor Mogollón. Expuso que al igual que ella la demandante recibía órdenes del Hospital a través de los jefes inmediatos o supervisores, quienes eran las que le daban las instrucciones, tales como controlar los horarios que estaban prestablecidos en el cuadro de turnos, estar pendientes que las labores se desarrollaran en debida forma, informó que había personal de planta que realizaban las mismas actividades que ellas y gozaban de las mismas herramientas de trabajo. Ilustró que las herramientas que les suministraba el Hospital consistían en un carro exprimidor y recolector, la escoba, un trapero, igualmente lo único que les suministraban a título de elementos de protección era el tapabocas, ya que los gorros y las botas era de parte de ellas, comentó que no gozaban de autonomía pues siempre tenían que guiarse por un cuadro de turno y por las directrices que les diera el jefe inmediato, que para el cambio de algún turno debían contar con la autorización del jefe. Manifestó que en el tiempo que estuvo prestando los servicios directamente al Hospital a la demandante le tocaba asumir el pago de la seguridad social, que para recibir su remuneración debía cada mes presentar una cuenta de cobro, anexando un informe de funciones realizadas, firmado por el supervisor de turno, adujo que se hacían reuniones mensuales, pero si había algo extraordinario se realizaban antes y consistían en el mejoramiento que debían realizar en la prestación del servicio. Se recibió el testimonio del señor HÉCTOR MOGOLLÓN, quien declaró que desde el 2 de septiembre de 1992 se encuentra vinculado al Hospital Departamental de Villavicencio y en la actualidad ostenta el cargo de supervisor técnico administrativo, refirió que en el tiempo que la demandante tuvo relación directa con el Hospital, fue vinculada por contrato de prestación de servicios y en virtud de ello la conoció en el área de aseo y desinfección. Expuso que la demandante tenía que hacer el aseo del piso, paredes, ventanas y techo directamente, que las labores las prestaba en cierto número de horas, entonces podía ser rotativo, según el cronograma de actividades, podía ser una mañana, una tarde o una noche hasta completar las horas, es decir, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., de 1:00 p.m. a 7:00 p.m., y de 6:00 p.m. a 6:00 a.m., que el cronograma de actividades venía directamente en la caracterización del contrato y del área administrativa del Hospital, pero había que hacer la distribución de horas durante el flujograma de trabajo que se le colocaba en el cronograma de actividades, las que eran supervisadas por él. Afirmó que la supervisión consistía en verificar que las actividades en las correspondientes áreas quedaran bien elaboradas, ya que en el área de lavandería debía estar la ropa bien esterilizada y si las actividades quedaban mal hechas tenían que volver a hacerlas hasta que quedaran bien, refirió que para pedir un permiso debía llevarlo por escrito para que le cambiara el turno y ella posteriormente lo repusiera, y completar las horas contratadas, acto que debía ser autorizado por la subgerencia administrativa con el visto bueno de Recursos Humanos. Ilustró que la asignación de tareas a la demandante se hacía a través de un cuadro a fin de mes, que debían asistir a reuniones y al cabo de la terminación de sus labores se expedía una certificación para que posteriormente pasara a la cuenta de cobro a fin que el nominador y ordenador de gasto le hicieran el pago, refirió que había personal del planta del Hospital que realizaban las mismas actividades que los prestadores del servicio, ya que ellos están bajo el mismo cuadro de turnos y realizaban lo mismo y utilizaban iguales herramientas y debía ceñirse al cronograma de actividades elaborado por el área administrativa del Hospital. Finalmente, se escuchó el testimonio del señor GERMAN DIONISIO SANTIAGO PARDO, quien declaró que desde el 7 de mayo de 1992 es empleado del Hospital Departamental en el área de talento humano, por lo que en virtud de dicha relación le correspondió en algunos momentos realizar todos los trámites para efectos de la contratación de la demandante, informó que como Coordinador de la Unidad de Talento Humano, recibía las solicitudes del jefe o coordinador de la unidad de aseo y lavandería o directamente de la subgerencia administrativa para vincular el personal, previo visto bueno de la gerencia, haciendo la valoración de los oferentes para suplir la necesidad de los servicios, verificando el cumplimiento de los requisitos e idoneidad que exige el hospital. Manifestó que le consta que la demandante fue contratada por prestación de servicios, para el desarrollo de actividades en el área de apoyo logístico de aseo o lavandería y en contraprestación el hospital pagaba un valor determinado, que esa contratación se realizaba para suplir al personal de planta ya que no era suficiente con ellos, aseveró que para esa forma de contratación se delega un supervisor que casi siempre es el Coordinador de la Unidad de aseo quien tiene la obligación de verificar que el contrato se cumpla y elaborar la correspondiente certificación de si efectuaban o no bien el servicio que se había pactado, si no se prestaba en los términos que se pactaba, tenía la obligación de presentar el correspondiente informe directamente a la gerencia. Expuso que la figura de supervisión solo se da para los contratos de prestación de servicios y suministro, que se limita a la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales, asignando la agenda en que se va a prestar el servicio, concertándola con el prestador y efectúa el suministro de los elementos, informó que la responsabilidad de quien elabora los cuadros o las agendas para que los prestadores cumplan con sus obligaciones es del coordinador de la unidad, que casi siempre es el coordinador de la unidad el mismo designado por la gerencia como supervisor, a él le corresponde una vez se determina que ya está la persona contratada en el área desinfección y aseo entregarle su agenda de trabajo o de turnos o en el espacio de tiempo en que se fueran a cumplir las obligaciones contractuales. Adujo que el personal del planta del Hospital realizaba las mismas actividades que efectuaba la demandante, que en caso que la prestadora necesitara un permiso era una situación que debía manejar el Coordinador de la unidad, si faltaba alguna persona, se hacia un informe a la gerencia en relación al no cumplimiento de esas actividades o se acordaba con el prestador de servicios o dependiendo la justificación de la no prestación del servicio, se convenía una reposición del trabajo, o simplemente informaban a gerencia y con el área jurídica tomaban la decisión frente al no cumplimiento de esas actividades. Con los medios de convicción referidos precedentemente se encuentra probado que los servicios que la demandante prestó a la demandada, los realizó de manera personal, continua y subordinada; no en forma autónoma, independiente y de simple coordinación con la entidad contratante, como esta lo adujo; pues en criterio de esta corporación, se encuentra acreditado que la relación que sostuvieron las partes, en realidad, estuvo regida por un contrato de trabajo Es pertinente señalar que las labores de auxiliar de servicios generales - lavandería ejecutados por la demandante, no son actividades que demanden trabajo en equipo, ni es labor que deba coordinarse en su preparación y ejecución para obtener determinado resultado, sino que corresponden a tareas específicas asignadas por la entidad contratante al trabajador demandante, por intermedio de los Jefes de Supervisión de dicha ESE, que para el caso correspondía a los señores Andrés Alberto González, Miguel Antonio Linares y Héctor Mogollón Rojas para que las realizara de manera personal en los horarios y turnos establecidos por el HOSPITAL, a través de los cronogramas e instructivos de turno, y con los elementos suministrados por ésta y bajo su supervisión directa, labores para las que, no fueron contratadas en razón a la experiencia, capacitación y formación técnico-científica o profesional en determinada materia, tampoco hacen relación a actividades que el Hospital requiriera de manera temporal, sino que, por el contrario, son quehaceres diarios y permanentes que deben desarrollarse en la ESE, como lo expusieron los testigos, labores que no permiten el ejercicio de la labor autónoma e independiente que caracteriza los contratos de prestación de servicios profesionales. La parte demandada funda su inconformidad en el hecho que, conforme lo faculta el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1990, cuando las actividades de funcionamiento no pudiesen realizarse con personal de planta, como ocurrió con la demandante, es posible válidamente suscribir contratos de prestación de servicios. A ese argumento no puede dársele prosperidad, habida consideración que esa forma de contratación de personal solo es viable en la medida que la prestación del servicio se requiera en forma temporal y no con ánimo de permanencia, como sucede en el caso ahora objeto de estudio, en que el vínculo se extendió por más de un año.“Paralelamente, ha de enseñar la Sala que la compensación judicial en dinero de las vacaciones no revive periodos vacacionales prescritos, como lo entendió el Tribunal, al ordenar la compensación de todas las vacaciones exigibles en vigencia del contrato de trabajo, sin tener en cuenta el fenómeno extintivo de las obligaciones. En rigor, las únicas exigibles a la terminación del contrato de trabajo son las vacaciones proporcionales (art. 1° L. 995/2005), pues las causadas y exigibles durante su vigencia prescriben paulatinamente conforme a lo explicado en el párrafo anterior.” “De acuerdo con lo expuesto, precisa la Corte que la compensación en dinero de las vacaciones no impide aplicar el fenómeno de la prescripción frente a las vacaciones exigibles en desarrollo del contrato de trabajo, pues según las reglas generales de los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, los derechos laborales «prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible» …” Conforme el criterio jurisprudencial citado en sentencia de la Corte Suprema de Justicia, 71281 de 6 de febrero de 2019, reiterada en la sentencia de la Sala de Descongestión Laboral No. 1 de la CSJ, SL3812-2021 del 24 de agosto de 2021, radicación No. 80178 se infiere que la causación de las vacaciones es anual, razón por la cual al terminar el contrato de trabajo, es viable exigir la compensación de las correspondientes a los últimos 4 años, toda vez que las causadas por lapsos anteriores se encuentran afectadas por el fenómeno extintivo, entonces como el a quo declaró respecto de las precedentes al 5 de julio de 2013, acertó en la forma como las determinó, por lo que se confirmará en tal aspecto la sentencia apelada.
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