El sistema antilavado de activos (ALA) y contra la financiación del terrorismo (CFT) en Colombia
| Autor | Hernando Bayona-Rodríguez - Javier Alberto Gutiérrez |
| Páginas | 289-329 |
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El sistema antilavado de activos
(ala) y contra la financiación
del terrorismo (cft) en Colombia*
Hernando Bayona-Rodríguez
Javier Alberto Gutiérrez
Introducción
El Lavado de Activos (la) se define como todas las posibles acciones que
pretenden dar apariencia legal a recursos provenientes de actividades ile-
gales. Alrededor de este fenómeno se ha desarrollado una gran cantidad
de regulación y normativa que busca criminalizarlo, prevenirlo y detec-
tarlo. Son enormes los esfuerzos que han hecho en esta dirección tanto
las organizaciones multilaterales como los países. Desde 1990 a hoy, son
más de 180 países los que han incorporado algún tipo de regulación en
relación con el lavado de activos, sus delitos fuente o la financiación del
terrorismo (la/ft). El presente capítulo recopila las principales normas
que caracterizan el Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación
del Terrorismo (ala/cft) a nivel mundial. Adicionalmente, presenta de
manera detallada el diseño y funcionamiento del sistema ala/cft de
* Se agradece el importante apoyo técnico de Ana Yudy Vera, economista de la Pontificia
Universidad Javeriana.
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ECONOMÍA Y SEGURIDAD EN EL POSCONFLICTO
Colombia, el cual es referente mundial, y muestra las principales cifras
que el sistema produce.
Las dimensiones del lavado de activos en el mundo son importantes,
de acuerdo con las estimaciones de las Naciones Unidas Contra la Droga
y el Delito (unodc), el monto asociado al la mundial para el 2010 fue
cercano a los dos trillones de dólares (Menon, 2011), esto representa el
5 % del Producto Interno Bruto (pib) mundial. Algunas estimaciones para
Colombia han encontrado que el lavado de activos fluctúa entre el 2 %
y el 3 % del pib (Arango, López y Misas, 2005; Caballero y Amaya, 2011;
Hametner y Schneider, 2007), sin embargo, una investigación más reciente
encontró que esta dimensión es del 1,3 % del pib en el 2013, solo toman-
do cifras de narcotráfico y crimen común (Villa, Misas y Loayza, 2016).
Este delito está relacionado con efectos negativos importantes para
las economías y la sociedad al distorsionar los precios de los mercados,
generar competencia desleal, reducir el crecimiento económico y afectar
el empleo. También, el la está estrechamente relacionado con la consoli-
dación del crimen y, más importante, sirve como mecanismo de financia-
ción del terrorismo (Tanzi, 1996; Unger y Busuioc 2007; Isern, Porteous,
Hernández-Coss y Egwuagu, 2005; Argentiero, Bagella y Busato, 2008;
Maconachie, 2009; Bayona-Rodríguez, 2015).
Con el propósito de reducir la posibilidad de que los sistemas eco-
nómicos se vean afectados o involucrados en crímenes relacionados con
el lavado de activos, los países se han organizado para diseñar políticas
y recomendaciones. Muestra de esto es la creación, en 1990, del Grupo
de Acción Financiera Internacional (gafi), que nace con el objetivo de
desarrollar y promover políticas nacionales e internacionales para com-
batir operaciones financieras, cuyos recursos provengan de actividades
ilícitas. Como principal estrategia, el gafi emplea la firma de acuerdos
internacionales, en los que los países o grupos miembros se comprometen
a crear mecanismos de cooperación y a desarrollar planes de mejoramiento
continuo de las políticas nacionales ala/cft.
Colombia ha adoptado e implementado las recomendaciones del ga-
fi y se ha sometido a diferentes evaluaciones internacionales. Con base
en las recomendaciones, Colombia creo en 1999 mediante la Ley 526 la
Unidad de Información y Análisis Financiero (uiaf), unidad especial que
actualmente está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
cuya tarea es la lucha contra el lavado de activos y la financiación del
terrorismo por medio de su prevención y detección. Para esto, la uiaf
centraliza y analiza información de entidades o compañías de sectores,
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EL SISTEMA ANTILAVADO DE ACTIVOS (ALA) Y CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (CFT)
tales como financiero, notariado, deportes y juegos de azar, transporte
de valores y de carga, salud, vigilancia y seguridad, sector exportador,
sociedades, sector inmobiliario, explotación de minas y canteras, servi-
cios jurídicos, servicios contables, de cobranza y calificación crediticia,
comercio de vehículos, partes y accesorios y entidades del sector público
como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (dian).
Diversos mecanismos se han desarrollado en Colombia para for-
talecer el sistema ala/cft; disposiciones legales como La Ley 526 de
1999, modificada por la Ley 1121 del 2006, y la Ley 1621 del 2013 otorgan
facultades a la uiaf para fortalecer y potencializar su capacidad como
unidad de inteligencia económica. Adicionalmente, el diseño, aprobación
y puesta en marcha del plan de acción de política pública ala/cft, apro-
bada en el documento conpes 3793 del 2013, hace que el sistema logre las
interacciones y los aportes de sus diversos actores, de manera similar a
como funciona un modelo económico y la economía misma (uiaf, 2014a).
Una de las principales herramientas con la que cuenta la uiaf es el
Reporte de Operaciones Sospechosas (ros) por parte de las entidades
obligadas a reportar. El ros se puede entender como una señal para dar
aviso sobre posibles actividades de la/ft. La uiaf analiza los ros y los
contrasta con la información de la que dispone, si su análisis sobre los
ros arroja un posible evento de la o ft, da a conocer estos análisis a las
autoridades competentes para una posible judicialización por medio de
Informes de Inteligencia Financiera (iif).
Este estudio encuentra que el sistema ala/cft de Colombia ha
avanzado de manera importante en la implementación de las políticas y
recomendaciones internacionales. Sin embargo, las cifras muestran que
aún existe mucho por mejorar. Por ejemplo, la Evaluación de Nacional
de Riesgo (enr) del 2013 mostró que Colombia tiene un riesgo general
de la/ft alto, aunque pasa a medio en la enr del 2016, sigue siendo un
nivel de riesgo importante. Además, la evaluación del 2016 indica que
el nivel de vulnerabilidad de financiación del terrorismo es medio/alto.
Por su parte, la proporción de ros que se convierten en iif ha venido ca-
yendo y para el 2015 es del 10 %. Esto indica que tan solo uno de cada diez
ros logra tener información relevante para ser empleada en investigación
de la/ft por parte de los organismos competentes. Esto contrasta con
las cifras de imputación de cargos que ha venido creciendo de manera
sostenida. Es posible que menos iif con mayor nivel de análisis estén
generando mejores resultados en cuanto a judicializaciones. Por último,
el valor reportado en los iif, en el trabajo conjunto con la fgn, representa
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