La tutela penal de los derechos de los trabajadores en España: en particular, los delitos contra la libertad sindical y el derecho de huelga
| Autor | Rafael Sastre Ibarreche |
| Páginas | 279-310 |
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E
LA TUTELA PENAL DE LOS DERECHOS DE LOS
TRABAJADORES EN ESPAÑA: EN PARTICULAR,
LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SI NDICAL
Y EL DERECHO DE HUELGA
1*
I:
Indiscutiblemente, los procesos de globalización económica han
obligado a un replanteamiento de los esquemas clásicos en que se desarrollaba
tradicionalmente la lucha contra los delitos socioeconómicos. Un nuevo marco
económico global, pues, también empresarial y, como bien se ha observado,
2. Dando por hecho que la
globalización implica también “una subversión de las escalas axiológicas, que
–como la igualdad o la vida y salud de los trabajadores–, parecen ser relegados
en particular, a los delitos contra los derechos de los trabajadores3. En estas
circunstancias, la necesidad y la oportunidad de la intervención penal pasan
lesividad y ultima ratio, de modo que el recurso al Derecho penal solo se
4.
1
2 “Lección 1”. En:
. pp. 23 y ss.
3 . p. 74.
4
intervención fragmentaria; frente a punitivismo, intervención necesaria; frente a despliegue simbólico,
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cualquier pretensión de exhaustividad5
más gravemente puestos en peligro en el marco de la relación laboral”; en otras
lesividad), la trascendencia de los ataques que sufren (carácter fragmentario del
Derecho penal), las limitaciones de los instrumentos pre-p enales de protección
(el Derecho penal como ultima ratio
comportamientos nacidos en su seno (principio de prevención)”6.
o igualdad, entre otros; no se trata de i njustos meramente formales: los objetos
de la tutela del Derecho penal del trabajo no admiten, pues, dudas en torno
constitucional.
de lo punible cuando, al lado del resultado, aparecen integrados en el tipo de
injusto determinados instrumentos o medios de comisión.
sanción administrativa, no parece erróneo exigir a los poderes públicos una
conducta orientada a la asunción, por parte del Derecho penal y sin pérd ida de
su papel de ultima ratio, de las funciones preventivas indelegables por parte del
Estado de Derecho. Por último, la legitimidad democrática del Derecho penal
se asienta, también, en la tutela preventiva de los derechos de los trabajadores
frente a las agresiones más serias, lo que implica dejar a un lado una caduca
concepción de la intervención penal como instrumento únicamente punitivo
penal democrático”.
5 y .
Derecho penal del trabajo. p. 32 y ss.
6 . , p. 81.
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E
ocurrir en estos casos, nos hallamos ante un elevado número de delincuentes
de cuello blanco.
penal en calidad de mecanismo de tutela de los derechos de los trabajadores
resulta –
7– plenamente adecuado por hallarse aquel vinculado de forma estrecha
legales –o, al menos, cómo entiende las previsiones legales el lector ingenuo
8.
L
Un rápido repaso a algunos ordenamientos europeos muestra cómo
aparece consagrado un modelo de concentración normativa alejado, pues, de
la técnica de las leyes penales especiales. Esta opción exige, no obstante, una
estrecha coordinación entre la sanción penal y los propios mecanismos de tutela
incorporarse a cada uno de los delitos contra los derechos de los trabajadores
heterointegración normativa de los tipos penales oscila entre el recurso a la
pasando por la genérica alusión a disposiciones legales o convencionales e,
incluso, al contrato individual. Al mismo tiempo, el principio de ultima ratio,
7
legislativa laboral, véase y . Derecho penal del trabajo, pp. 34-35.
8 . Op. cit., p. 97.
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