La vulneración de derechos y la criminalización como respuesta
| Autor | Guido Leonardo Croxatto |
| Cargo | Universidad Buenos Aires-Argentina |
| Páginas | 6-8 |
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EDITORIAL
La vulneración de derechos y
la criminalización como respuesta
Uno de los dilemas centrales en la jurisprudencia de América Latina es la falta de operatividad de los
derechos sociales. La jurisprudencia de la región suele manejarse con distintos eufemismos a la hora de
reconocer, por un lado, la “validez“ formal y supuesta de tales derechos , negando, sin embargo, su “ope-
ratividad“ práctica y plena, por falta de recursos. Pero derechos que no pueden ser ejercidos en la práctica,
no pueden ser calicados como “derechos“ por la doctrina. Son promesas, ilusiones, privilegios para quie-
nes disponen de los recursos privados para sostener esas necesidades, pero no derechos. Un derecho que
se “tiene“ pero que no puede ser ejercido, no es un derecho.
El desafío de los derechos sociales en América Latina, -la región con la mayor desigualdad de todo el
mundo según la CEPAL-, es ese: llegar, sencillamente, a ser derechos. Derechos que puedan ser ejercidos
en la práctica, además de tener una pretendida validez formal en la teoría. Esta validez formal produce
espejismos, con constituciones “ambiciosas“ que declaran y “reconocen“, proclaman, mucho más que lo
que efectivamente están los Estados latinoamericanos en posición de cumplir y hacer valer. Esta disocia-
ción entre práctica y teoría degrada al Derecho.
Los derechos humanos inherentes a la persona son desde su nacimiento, , derechos “indivisibles“, ade-
más de universales, inalienables e inherentes. Esto quiere decir que se necesitan entre sí. No pueden ser
divididos según su pretendida “prioridad“ o “superioridad“, y esto porque en la pobreza extrema, por
ejemplo, no existen derechos civiles ni políticos, en la desigualdad no puede hablarse ya de democracia
plena: no puede hablarse de libertad. Un primer paso, en consecuencia, es desandar este error precipitado,
reconstituyendo el tejido social: en la practica los derechos humanos están imbrincados entre sí, no pueden
ser divididos en distintos niveles o generaciones, restando importancia a los derechos culturales, sociales,
económicos: de allí que sostener la „operatividad“ plena de los Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les (DESC), es una forma de defender también el valor y la vigencia de las libertades civiles, una forma de
defender, en suma, la democracia, la libertad.
En contextos de pobreza y desigualdad, la criminalización de conictos sociales (la criminalización de
la pobreza) no parece una política pública inteligente o ecaz. Al contrario, la criminalización agrava la
vulneración de derechos y en Latinoameroica hace caer a los Estados en un círculo vicioso que sólo au-
menta la violencia: personas jóvenes encerradas en cárceles degradantes, reprimidas, que luego recuperan
su libertad, sin oportunidades ni derechos que permitan seriamente pensar en una “resocialización“. El
sistema punitivo en la región está sumido en un laberinto de inecacia, degradación y vulneración de
derechos. Agrava y profundiza todos los conictos que aborda. La selectividad estructural del sistema pu-
nitivo no solo vicia y socaba su legitimidad (porque mancilla el elemental principio moderno de que todos
somos iguales ante la ley), sino que muestra, dejando en constante impunidad el crimien de cuello blanco,
que el derecho penal es apenas una mala respuesta para afrontar conictos generados mayormente (en
nuestra región al menos) por la pobreza y la exclusión social. No es un accidente el estado de abandono y
degradación de los sistemas penitenciarios argentinos, brasileros, mexicanos entre otros de Latinoamerica.
No son casuales, son el producto no explicitado de un sistema punitivo orientado a no reconocer derechos
humanos, que “manda a morir“ a la cárcel, no espera que nadie allí se “recupere“ o resocialice. Sobre esto
se monta además un sistema que impugna el “garantismo“. Que impugna las garantías. Lo grave es que
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