Auto nº 2757/23 de Corte Constitucional, 2 de Noviembre de 2023

1. En los expedientes T-7.867.632, y acumulados, se discute si algunas autoridades judiciales pertenecientes a la jurisdicción de lo ordinario laboral vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes al decidir sobre la nulidad o ineficacia del traslado que, del RPM al RAIS, diversos ciudadanos hicieron. En total, la Corte Constitucional revisa 25 acciones de tutela acumuladas que fueron escogidas en distintos autos de selección, cuyas fechas corresponden al 29 de octubre de 2020,[1] al 29 de enero de 2021,[2] al 19 de julio de 2021,[3] al 30 de julio de 2021,[4] al 17 de septiembre de 2021,[5] al 28 de septiembre de 2021,[6] al 29 de octubre de 2021[7] y al 15 de diciembre de 2021.[8] Todos estos expedientes se acumularon al proceso principal, cuya referencia es T-7.867.632.

2. Inicialmente, por medio de Auto del 29 de octubre de 2020, el asunto se repartió a la Sala Segunda de Revisión. Esa Sala era, en su momento, presidida por la Magistrada D.F.R., quien, de conformidad con lo consignado en el artículo 61 del Acuerdo 02 de 2015,[9] puso el caso en conocimiento de la Sala Plena para que, si ésta lo consideraba pertinente, lo resolviera por medio de una sentencia de unificación.

3. Luego de que, en sesión del 17 de junio de 2021, la Sala Plena asumiera el conocimiento del asunto, la Magistrada D.F.R. presentó -en conjunto con los Magistrados A.L.C. y A.R.R.- impedimento para continuar con el conocimiento del caso. Esos impedimentos fueron aceptados en sesión del 14 de octubre de 2021, momento a partir del cual el asunto fue reasignado al Magistrado J.E.I.N..

4. Acto seguido, el 17 y el 31 de mayo de 2023 -respectivamente-, la Magistrada N.Á.C. y el Magistrado A.J.L.O. formularon impedimentos para conocer del caso. Luego de que dichos impedimentos se aceptaran por parte de la Corte, esta designó como Conjueces, el 2 de agosto de 2023, a la D.R.S.C.P. y a los D.I.D.G.L., J.H.T.O. y J.C.R.S..

5. La D.R.S.C.P. y el D.I.D.G.L. presentaron, el 9 y el 10 de agosto de 2023 -respectivamente-, manifestaciones de impedimento para conocer este asunto. Esos impedimentos se aceptaron en la sesión de Sala Plena del 24 de agosto de 2023 mediante Auto 2012 de 2023, fecha en la que, a su turno, se sortearon, en reemplazo de los anteriores, a las conjueces A.G.A. y D.D.S..

6. La doctora D.D.S., a su turno, expresó su impedimento el 6 de septiembre de 2023. Ese impedimento se aceptó por medio del Auto 2223 del 13 de septiembre de 2023.En consecuencia, luego de un nuevo sorteo, la Sala Plena designó al C.L.G.G.P. para que asumiera el conocimiento del caso.

7. Mediante correo electrónico remitido el 13 de octubre de 2023, el C.L.G.G.P. expresó, también ante la Sala Plena, su impedimento para pronunciarse sobre el asunto. El mismo se resolvió en el Auto 2628 de 2023.

8. Finalmente, mediante oficio remitido el 25 de octubre de 2023, la C.A.M.G.A. expresó ante los demás magistrados de la Sala Plena su impedimento para pronunciarse sobre la tutela de la referencia, pues consideró estar incursa en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Específicamente, señaló lo siguiente:

   “En atención a que mediante comunicación de fecha 11 de octubre de 2023, fui notificada de mi designación como C. para el trámite de los expedientes de la referencia, atentamente y con el debido respeto presento a su consideración el siguiente IMPEDIMENTO:

1. Con la intención de preservar las garantías de transparencia, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función judicial constitucional y en los términos contemplados en los artículos 39 del Decreto ley 2591 de 1991, 27 del Decreto 2067 de 1991 y 99 del Acuerdo 02 de 2015, presento a continuación las razones por la cuales considero que me encuentro incursa en la causal de impedimento prevista en el Artículo 56, numeral 1, del Código de Procedimiento Penal, en concreto por tener “…interés en la actuación procesal” .

2. En los expedientes en referencia, el problema jurídico a resolver gira entorno a las controversias originadas en la solicitud de traslado de los peticionarios del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad RAIS -administrado hoy día por los Fondos de Pensiones- al Régimen de Prima Media RPM -administrado por COLPENSIONES-.

3. En ese orden, actualmente me desempeño como Presidente de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar -ASOCAJAS-, a la cual se encuentra afiliada Colsubsidio, caja de compensación que en su condición de afiliada forma parte de la Junta Directiva de la Asociación. C., dentro de sus negocios propios -no financiados con el aporte a la compensación familiar-, es titular de una participación del 15% en el Fondo de Pensiones PROTECCIÓN, situación fáctica de la cual deriva la presente manifestación.

4. Por los motivos expuestos someto a consideración y decisión de la Sala Plena esta circunstancia, con la convicción de que una de las garantías de la Administración de Justicia consiste en preservar la imparcialidad de las decisiones judiciales respecto de los asuntos que se sometan a su decisión.”

A. Competencia

9. Los restantes Magistrados de la Sala Plena son competentes para conocer las manifestaciones de impedimento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional -Acuerdo 02 del 2015-, y 27 del Decreto 2067 de 1991.

   B. El impedimento como herramienta procesal necesaria para garantizar la independencia e imparcialidad del juez

10. En materias constitucionales, el trámite que debe darse a los impedimentos se encuentra regulado en el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991.[10] Allí se dispone que los jueces deben declararse impedidos para conocer y resolver sobre un asunto siempre que en ellos “(…) concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal”.[11] Este mandato, a su turno, ha sido reproducido en el artículo 99 del Reglamento Interno de esta Corporación. Allí se dispone que cuando un juez constitucional manifiesta la existencia de un impedimento para pronunciarse sobre determinada materia, el mismo deberá ser resuelto por “el resto de los Magistrados de las Salas de Selección, Revisión o Plena, según el caso”,[12] observando “el trámite contemplado en el artículo 27 del Decreto 2067 de 1991”.[13]

11. Esta Corte ha considerado que el régimen de impedimentos y recusaciones permite la materialización del principio de imparcialidad del juez, que constituye un pilar esencial de la administración de justicia.[14] El hecho de que los ciudadanos puedan acudir ante un funcionario judicial que resuelva las controversias con total imparcialidad,[15] concreta las garantías previstas en el derecho al debido proceso.[16]

12. En efecto, la imparcialidad exige al juez la obligación de impartir justicia y materializar el derecho en la solución de los casos sometidos a su conocimiento. De modo que el funcionario judicial debe apartarse de la decisión de un asunto específico cuando considere que existen motivos fundados que comprometan seriamente la imparcialidad de su juicio. Lo anterior, a fin de garantizar que el fallo se enmarque en el principio de estricta legalidad.[17]

13. No obstante, esta Corporación ha reconocido que el impedimento no es una facultad “omnímoda, arbitraria o caprichosa”,[18] habida cuenta de que esta se funda en causales taxativas, que se interpretan de manera restringida, con la finalidad de evitar limitaciones excesivas y desproporcionadas al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.

    C.N. de que la causal de impedimento sea fundada

14. Los impedimentos, además de tener un carácter taxativo, deben ser interpretados de forma restringida de conformidad con lo señalado por esta Corte.[19] Es por ello que, para evaluar su prosperidad, debe estar debidamente fundado. En concreto, el juez que lo presente debe demostrar que existe una inescindible relación, de correspondencia y pertinencia, entre los hechos que manifieste y las causales de impedimento que invoque. Así, el impedimento solo se entenderá fundado si el juez: “i) [invoca] una causal que se encuentre consagrada en la ley (taxatividad); y ii) [establece] una estructura argumentativa de correspondencia entre el hecho invocado y el supuesto fáctico descrito en la norma que regula la causal de impedimento (pertinencia)”.[20]

15. En desarrollo de esta idea, la Corte ha señalado que la imparcialidad de los jueces se debe evaluar desde una perspectiva i) objetiva, en la que basta acreditar la ocurrencia del hecho contenido en el supuesto fáctico de la norma; y desde una perspectiva ii) subjetiva, respecto de la cual no basta únicamente la demostración de los hechos que la sustentan. En efecto, la manifestación de impedimento debe acompañarse de una valoración subjetiva de los hechos, estructurada en argumentos lógicos, correlativos y demostrativos que la fundamenten.[21]

    D. Causal de impedimento por tener interés en la actuación procesal

16. El reglamento interno de la Corte remite de manera expresa al Código de Procedimiento Penal para determinar las causales de impedimentos aplicables a los procesos que se tramitan en esta Corporación. A su turno, el numeral 1 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal prevé como causal de impedimento: “1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación procesal” (énfasis propio).

17. La Corte Constitucional, en desarrollo del mandato previamente citado, ha definido los elementos característicos del “interés” en virtud del cual es necesario que el funcionario judicial sea apartado del proceso.[22] En tal sentido ha indicado que un impedimento será procedente, por la existencia de un “interés en la actuación procesal”, si aquel es: (i) actual: criterio que se cumple cuando “el vicio que presuntamente puede afectar la imparcialidad del juez, es latente o concomitante al momento de proferir la decisión. En este sentido, no se aceptarán hechos o situaciones pasadas o futuras (…)”;[23] (ii) especial: si se constata que el funcionario judicial, o los miembros de su familia, pueden beneficiarse o perjudicarse “como resultado de la decisión adoptada en el marco del proceso constitucional”.[24] A la luz de este requisito “no serán admisibles intereses generales o que refieran una simple relación con ideas, posiciones políticas o filosóficas de carácter abstracto que no incidan en el juicio interno del funcionario judicial”;[25] y personal: caso en el cual debe acreditarse que la decisión puede afectar positiva o negativamente “(…) al juez, cónyuge o compañero permanente, o pariente en los términos del artículo 56 de la Ley 906 de 2004. Por lo tanto, éste no es procedente en los casos en que el juez exclusivamente alega la afectación de la institución que representa, pero no se demuestra una afectación directa al juzgador como persona natural”.[26]

18. Estos criterios, leídos en su conjunto, coinciden con la definición del vocablo “interés” que ha elaborado la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal- y que ha sido adoptada por esta Corporación en la Sentencia T-266 de 1999, así como en los autos 039 de 2010 y 350 de 2010. Para esa alta Corporación, el interés del que trata el numeral 1 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, se refiere a la “(…) expectativa manifiesta por la posible utilidad o menoscabo, no sólo de índole patrimonial sino también intelectual o moral, que la solución del asunto en una forma determinada acarrearía al funcionario judicial o a sus parientes cercanos, y que, por aparecer respaldada en serios elementos de juicio, compromete la ponderación e imparcialidad del juzgador, tornando imperiosa su separación del proceso”.[27]

19. Ahora, en la anterior cita se advierte que el interés en una decisión determinada puede ser patrimonial o moral. Será patrimonial “cuando con la decisión pueden producirse resultados positivos o negativos en el patrimonio del [juez] o de su núcleo familiar”,[28] y será moral “cuando la afectación del [juez] obedece a los resultados no económicos que se desprenden de la determinación acogida”.[29] El interés moral debe analizarse con cautela, pues un juez solo puede apartarse del conocimiento de un asunto si está claramente establecido que dicho interés nubla su capacidad de deliberación. Esta Corte ha sostenido, sobre el particular, lo siguiente:

    “De lo que debe depender la prosperidad de la recusación [o del impedimento], es de si el interés de quien se acusa de tenerlo es tan fuerte, que despierta en la comunidad una desconfianza objetiva y razonable de que el juez podría no obrar conforme a Derecho por el Derecho mismo, sino por otros intereses personales. Declarar fundada una recusación no significa, entonces, que el juez deba ser apartado de la decisión porque corra el riesgo de prevaricar, sino que hay un valor en que la comunidad confíe en que el Derecho es el factor que conmueve en forma determinante la conciencia del juez o del Procurador, según el caso”.[30]

20. En consecuencia, como se advierte, el interés que tenga el funcionario judicial en el resultado del proceso debe ser de tal entidad que afecte su imparcialidad. Así, para que prospere el impedimento debe demostrarse por qué, razonablemente, la objetividad del juez se afectaría al momento de proferir o participar en una decisión. La Corte ha reconocido, en tal sentido, que “en la medida en que la afectación de la imparcialidad sea más débil, incierta o vaga, las razones constitucionales para la conservación de la competencia en cabeza de los magistrados [cobran] mayor importancia”.[31]

    E. El impedimento presentado por la C.A.M.G.A.

21. El 25 de octubre de 2023, la C.A.M.G.A., en cumplimiento de lo previsto en los artículos 39 del Decreto 2591 de 1991 y 99 del Reglamento Interno de la Corte constitucional, manifestó a los suscritos Magistrados la posible configuración de la causal de impedimento dispuesta en el numeral 1 del Artículo 56 de la Ley 906 de 2004, para conocer y participar en el asunto de la referencia. Lo anterior, debido a que en la actualidad desempeña el cargo de presidenta en la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar, a la cual se encuentra afiliada Colsubsidio. A su turno, recordó que Colsubsidio “es titular de una participación del 15% en el Fondo de Pensiones PROTECCIÓN”. Por ello, señaló que su imparcialidad en el proceso de la referencia podría estar comprometida.

22. De acuerdo con las reglas jurisprudenciales citadas, se advierte que la conjuez A.M.G.A. indicó en debida forma la causal, consagrada en la ley, que desde su perspectiva se configura: “tener interés en la actuación procesal”. De otra parte, identificó el hecho que presuntamente la hacía incurrir en dicha causal de impedimento.

23. Al mismo tiempo, se advierte la existencia de un interés moral en la conjuez, que podría tener incidencia sobre la forma en que se resuelvan las acciones de tutela acumuladas. Y este interés, que es actual, especial y personal, podría contribuir a que la confianza de la comunidad sobre la imparcialidad de la conjuez, en este asunto, disminuya.

24. En efecto, la doctora A.M.G.A. es actualmente la presidenta de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar -ASOCAJAS-. La Caja Colombiana de Subsidio Familiar -Colsubsidio- no solo está afiliada a esa asociación, también hace parte de su junta directiva. Al mismo tiempo, C. tiene participación en Protección S.A.; y esa AFP podría, en términos generales, resultar afectada o beneficiada con la regla de decisión que se adopte en este proceso.

25. Así las cosas, dada la relación que la conjuez tiene con Protección S.A., puede sembrarse un manto de duda sobre su imparcialidad para deliberar y decidir sobre este asunto. En efecto, la doctora A.M.G.A. podría tener un interés moral en la resolución del caso que, además, sería (i) actual, en tanto la conjuez desempeña en este instante el cargo de presidenta de ASOCAJAS; (ii) especial, porque la relación de la conjuez con Colsubsidio podría derivar en un apoyo indirecto hacia Protección S.A.; y (iii) personal, porque, partiendo de las consideraciones que anteceden, se advierte la existencia de motivos que pueden potencialmente minar la objetividad de la conjuez al participar de la decisión.

26. Con fundamento en lo antedicho, para los suscritos Magistrados es claro que, en el marco de la acción de tutela T-7.867.632 AC, el supuesto de hecho que la C.A.M.G.A. expresó se subsume dentro de la hipótesis descrita en la causal contenida en el numeral 1 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Motivo por el cual su impedimento será aceptado.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,