Auto nº 044/07 de Corte Constitucional, 14 de Febrero de 2007
| Ponente | Clara Ines Vargas Hernandez |
| Fecha de Resolución | 14 de Febrero de 2007 |
| Emisor | Corte Constitucional |
| Expediente | ICC-1080 |
Auto 044/07
CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Competencia de la Sala Plena de la Corte Constitucional
DECRETO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA PARA REPARTO DE ACCION DE TUTELA-Inaplicación/CONFLICTO DE COMPETENCIA-Aplicación de la excepción de inconstitucionalidad con efectos inter pares/DECRETO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA PARA REPARTO DE ACCION DE TUTELA-Efectos inter pares a su inaplicación/DECRETO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA PARA REPARTO DE ACCION DE TUTELA-Aplicación
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Superior jerárquico común/CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Asunción por Corte Constitucional cuando no existe superior jerárquico común
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-Naturaleza jurídica según Ley 65 de 1993
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-Institución vinculada al orden central descentralizada por servicios/ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDAD DESCENTRALIZADA POR SERVICIOS DEL ORDEN NACIONAL O AUTORIDAD PUBLICA DEL ORDEN DEPARTAMENTAL-Conocimiento por jueces de circuito o con categoría de tales en primera instancia
ACCION DE TUTELA CONTRA EL INPEC-Conocimiento del Juez Civil del Circuito
Referencia: expediente I.C.C.-1080
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Civil de Circuito de C. y el Tribunal Administrativo de Q.
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá, D.C., catorce (14) de febrero de dos mil siete (2007)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, adopta la decisión que en derecho corresponde, frente al aparente conflicto de competencia suscitado entre las autoridades judiciales de la referencia, con ocasión de la acción de tutela promovida por el señor P.P.M., contra el Instituto Nacional Penitenciario y C.D. General, Director Regional del Viejo Caldas y el Director del Establecimiento Penitenciario y C. de C., Q..
1- El señor P.P.M.P., interpuso acción de tutela contra los directores General y Regional del Viejo Caldas del INPEC y el Director del Establecimiento Penitenciario y C. de C., Quindió, al considerar vulnerados su derecho fundamental, a la dignidad humana, debido a que no se le ha suministrado un prótesis dental, por parte de las entidades accionadas, teniendo en cuenta que carece de dentadura natural en la parte superior.
2- La acción de tutela le correspondió por reparto al Juzgado Civil de Circuito de C., Q., el cual, mediante auto de catorce (14) de noviembre de dos mil seis (2006) declaró su incompetencia para conocer la demanda de tutela, y dispuso el envió de las diligencias al Tribunal Superior de Armenia, Tribunal Administrativo del Q. y Consejo Seccional de la Judicatura, por considerar que la Dirección General del INPEC, es una autoridad pública del orden nacional, por tanto correspondería conocer del asunto a las autoridades reseñadas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 numeral 1, del Decreto 1382 de 2000.
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- Una vez se cumplió con lo ordenado en la providencia citada, correspondió conocer del presente asunto al Tribunal Administrativo de Q., el cual, mediante providencia del dieciséis (16) de noviembre de dos mil seis (2006), resolvió devolver el expediente al Juzgado Civil del Circuito de C., proponiendo conflicto negativo de competencia en caso que dicho despacho judicial no asumiera la misma, por considerar que carecía de competencia para decidir la presente acción, teniendo en cuenta que el INPEC, es un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio del Interior y de Justicia, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.
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- Recibida nuevamente la acción de tutela en el Juzgado Civil de Circuito, a través de providencia del diecisiete (17) de noviembre de dos mil seis (2006), resolvió mantener su posición inicial y dispuso el envió de la acción a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que dirimiera el conflicto negativo de competencia propuesto por el Tribunal Administrativo del Q..
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- Recibido el expediente por parte del Consejo Superior de la Judicatura, mediante auto del trece (13) de diciembre del año anterior, resolvió abstenerse de dirimir el conflicto negativo de competencia suscitado entre los entes judiciales reseñados, por ser la Corte Constitucional, de acuerdo con su jurisprudencia, la competente para dirimir los conflictos de competencia presentados entre los jueces de tutela. En consecuencia, remitió el expediente a esta Corporación con el propósito de dimirlo.
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Debe la Sala Plena en esta oportunidad entrar a resolver el aparente conflicto de competencia que se señala en la presente acción de tutela, conforme a la competencia de que dispone para conocer del mismo Desde el auto 014 de 1994, reiterado en un sinnúmero de providencias como los autos 087 de 2001 y 122 de 2004, la Sala Plena tiene competencia para conocer de los conflictos de competencia en tutela, siempre que esta competencia sea interpretada de manera residual..
La Corte recuerda en esta materia que el Gobierno expidió el Decreto 1382 de 2000, estableciendo las reglas para el reparto de la acción de tutela. Esta Corte en auto de Sala Plena de 26 de septiembre de 2000, al resolver sobre un conflicto de competencia en el expediente ICC-118, dispuso la inaplicación de dicho decreto reglamentario por resultar incompatible con los mandatos superiores constitucionales, en especial el artículo 86 de la Carta, aplicando así la figura de la excepción de inconstitucionalidad con efectos interpares. Decisión que vino a ser reiterada en numerosas oportunidades hasta el auto de la Sala Plena de 27 de febrero de 2001, correspondiente al expediente ICC-235, donde se dio efectos interpares a la inaplicación de dicho decreto reglamentario. Con posterioridad, el 14 de marzo de 2001, el Gobierno mediante Decreto 404 de 2001, decidió suspender por 1 año la vigencia del Decreto 1382 de 2000, en espera de que el Consejo de Estado resolviera sobre la legalidad del mismo.
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La Sección Primera del Consejo de Estado, en Sentencia del 18 de julio de 2002, en ejercicio de las competencias atribuidas por el numeral 2 del artículo 237 de la Constitución, atendiendo las acciones de nulidad presentadas contra el decreto reglamentario, dispuso:
''Primero. D. nulo el inciso cuarto del numeral 1° del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, que dice así: ''Las acciones de tutela dirigidas contra la aplicación de un acto administrativo general dictado por una autoridad nacional serán repartidas para su conocimiento al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, siempre que se ejerzan como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable''.
Segundo. D. nulo el inciso segundo del artículo 3° del Decreto 1382 de 2000, que dice así: ´Cuando se presente una o más acciones de tutela con identidad de objeto respecto de un acción ya fallada, el juez podrá resolver aquélla estándose a lo resuelto en la sentencia dictada bien por el mismo juez o por otra autoridad judicial, siempre y cuando se encuentre ejecutoriada´.
Tercero. Deniéguense las demás súplicas de las demandas.''
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Una vez se pronunció el organismo competente, continúa vigente el resto de la normatividad contenida en el citado decreto y éste mantiene su obligatoria aplicación, como lo ha reiterado esta corporación Cfr. entre otros, auto 108 B del 23 de julio de 2002, M.P.Á.T.G., expediente ICC-395..
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Por otra parte, la Sala Plena de esta Corporación, en reiterados pronunciamientos, ha considerado que los conflictos de competencia suscitados en el trámite de las acciones de tutela, deben ser resueltos por el superior jerárquico común de los despachos judiciales involucrados.
Sin embargo, le compete a la Corte Constitucional, como máximo tribunal de ésta jurisdicción, dirimir las controversias planteadas en materia de tutela, siempre y cuando las autoridades judiciales comprendidas en el asunto no tengan un superior común.
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Sentado lo anterior, corresponde a esta Corporación resolver el aparente conflicto de competencia, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1382 de 2000, donde se determina a que autoridad debe ser repartida la actuación y debe asumir sin mayores dilaciones el conocimiento de la acción constitucional impetrada.
Encuentra la Corte, que la acción de tutela se presentó en contra del Instituto Nacional Penitenciario y C., cabe recordar que la naturaleza jurídica de dicho instituto, hace relación a una entidad descentralizada por servicios del orden nacional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 65 de 1993 que establece: ''Sistema Nacional Penitenciario y C.. El Sistema Nacional Penitenciario y C. está integrado por el Instituto Nacional Penitenciario y C., como establecimiento público adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa...''
En este orden de ideas, encuentra la Sala que, la entidad demandada pertenece al orden nacional, pero cuenta con personería jurídica, patrimonio propio y es responsable de prestar el servicio de ejecución de las sentencias penales, la detención preventiva, la aplicación de las medidas de seguridad y la reglamentación y control de las penas accesorias, fijadas en el Código Penal Ley 65 de 1993. Artículo 14 Modificado por el art. 3, Decreto Nacional 2636 de 2004, por lo que se le reconoce, como una institución vinculada al orden central, pero descentralizada por servicios. Ello aunado a lo establecido en el numeral 1 inciso 2 del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, que consagra''a los jueces de circuito o con categoría de tales, le serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental.'' permite concluir, que el juez competente para tramitar la presente acción de tutela es el Juez del Circuito o con categoría de tal.
En consecuencia, atendiendo a que la acción de tutela fue repartida inicialmente al Juzgado Civil de Circuito de C., ese despacho no ha debido declararse incompetente y en su lugar continuar con le trámite respectivo y decidir este asunto sin mayores dilaciones. Por lo anterior, se remitirá el expediente a ese despacho para que continúe con el desarrollo de la acción.
En virtud de lo anterior, esta Corporación ordenará remitir el expediente al Juzgado Civil de Circuito de C., para que asuma el conocimiento de la actuación.
Con base en lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,
REMITIR el expediente al Juzgado Civil de Circuito de C., para que adelante la correspondiente actuación judicial.
N., comuníquese, publíquese en la Gaceta Constitucional y cúmplase.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Presidente
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Salvamento de voto al Auto 044/07
Referencia: expediente ICC-1080
Peticionario: P.P.M.P.
Tal como lo señalé en el salvamento de voto que presenté en el proceso ICC-226, considero que la Corte Constitucional no tiene facultad expresa para pronunciarse sobre los conflictos de competencia que se presenten entre las distintas autoridades judiciales en materia de tutela, por las razones que allí expuse ampliamente, las cuales son igualmente aplicables a este caso y a ellas me remito.
Fecha ut supra,
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
