Sentencia nº S-140 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 8 de Agosto de 2000
| Fecha | 08 Agosto 2000 |
| Número de expediente | S-140 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Materia | Derecho Público y Administrativo |
| Tipo de documento | Sentencia |
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Consejera ponente: MARÍA ELENA GIRALDO GÓMEZ
Santa fe de Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil (2000)Radicación número: S-140
Actor: JULIO CESAR DÍAZ PERDOMO
Referencia: Recurso Extraordinario de Súplica contra sentencia proferida por la Sección QuintaEl proyecto de fallo presentado por el señor Consejero doctor S.E.C., fue derrotado por cuanto en él se afirmaba que mientras el legislador no dicte una norma especial sobre el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados no existe régimen sobre esa materia; en consecuencia, el proyecto, desestimaba el recurso extraordinario de súplica por no existir violación directa, por interpretación errónea, del artículo 299 constitucional.
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Corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo pronunciarse, para decidir, sobre el recurso extraordinario de súplica interpuesto por el señor J.C.D.P., contra la sentencia proferida, el día 18 de febrero de 1999.
En dicha sentencia se confirmó otra, dictada en primera instancia el día 8 de octubre de 1998 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Primera, Subsección B) en la cual se denegaron las súplicas procesales.
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La demanda
Fue promovida por el señor J.C.D.P. en ejercicio de la acción electoral; presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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Pretensiones:
Se solicitó en forma principal la nulidad:
• de la declaración de la elección como Diputado a la Asamblea del Amazonas, para el período 1998 - 2000, del ciudadano S.M.P., contenida en el acta del día 2 de noviembre de 1997, de escrutinio general departamental realizado en Leticia, suscrita por los Delegados del Consejo Nacional Electoral y el Registrador Nacional del Estado Civil en Amazonas;
• de esa acta de escrutinio, en cuanto estableció que el número total de votos válidos para la Asamblea Departamental del Amazonas fue de 12.873 votos “( ) sumatoria que computó los seiscientos sesenta y tres (663) votos emitidos en favor de la lista electoral para Asamblea Departamental del Amazonas encabezada por el candidato S.M.P., y seguida por los ciudadanos W.R.T. y O.B.A., candidatos que no reúnen las condiciones constitucionales y legales para ser electos”.
Se pidió en forma consecuencial:
• la cancelación de la credencial otorgada,
• la práctica de nuevos escrutinios y
• la expedición de las credenciales de Diputado a la Asamblea Departamental del Amazonas, a los candidatos inscritos a esa Corporación que resulten elegidos conforme a la Constitución y a la ley.
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Con el diligenciamiento del formulario E - 6 de la Organización Electoral y ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, inscribieron algunos ciudadanos la lista de candidatos por el partido liberal a la Asamblea Departamental del Amazonas para el período 1998 - 2000, identificada posteriormente con el No. 154 y conformada por los señores S.M.P., W.R.T. y O.B.A.
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El día 26 de octubre de 1997 se llevaron a cabo las elecciones para proveer entre otros cargos los de diputados a la Asamblea Departamental del Amazonas.
c. Practicados los escrutinios, se establecieron como votos válidos para la Asamblea Departamental del Amazonas, un total de 12.873, sumatoria que consideró los 663 votos depositados por la lista No. 154, compuesta en su totalidad por candidatos que no reunían, ni reúnen, las calidades constitucionales y legales para ser electos; sin embargo, una vez practicadas las operaciones aritméticas de rigor, se declaró la elección de Diputado a ese Cuerpo colegiado, de S.M.P..
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La cabeza de la lista No. 154, S.M.P., no podía ser Diputado a la Asamblea Departamental del Amazonas, por cuanto tuvo y tiene vínculos de parentesco en segundo grado de consanguinidad con dos personas: La primera persona C.H.M.P. quien, además de ser su hermano, es funcionario del Departamento de Amazonas, desde el 23 de abril de 1996, y ejerce autoridad civil y política, como Corregidor Departamental de Tarapacá. La segunda persona con la que tiene parentesco es E.M.P., hermano suyo quien se desempeña como Secretario de Educación Departamental del Amazonas.
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W.R.T., segundo en la lista, tampoco puede ser Diputado pues intervino en la celebración de contratos con el Departamento del Amazonas.
f. O.B.A., tercer inscrito en la lista No. 154, tiene vínculos de parentesco, en tercer grado de consanguinidad con el doctor F.F.A.S., Gobernador del Amazonas (fols. 1 al 13 c.2).
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Fallo recurrido:
La Sección Quinta de esta Corporación dictó sentencia el día 18 de febrero de 1999 mediante la cual confirmó el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Primera, Subsección B).
Señaló que el fundamento de la nulidad de la elección, según la demanda, está en el artículo 299 de la Constitución Política, el cual fue modificado por el acto legislativo No. 1 de 1996 que establece que el régimen de las inhabilidades para los diputados no puede ser menos estricto que el de los Congresistas, por lo cual es aplicable el artículo 179 - 5 que señala que éstos últimos no pueden serlo si tienen vínculos de parentesco en tercer grado de consanguinidad.
Precisó que las normas que establecen las inhabilidades e incompatibilidades son taxativas, por su naturaleza y, conforme a los principios generales de interpretación, no admiten aplicación analógica (art 1 dcto 2.241 1986).
Observó que en materia de inhabilidades el Constituyente, de manera general asume una de estas tres posiciones: a) guarda silencio al respecto; b) las establece de manera directa; o, c) defiere a la ley esa tarea a veces de manera pura y simple y en otras le señala determinadas pautas que debe seguir al efectuar la reglamentación correspondiente, situación esta última en la cual se encuentra el artículo 299 de la Constitución Política.
Anotó que el mencionado artículo prevé, entre otras cosas, que el régimen de inhabilidades de los diputados será fijado por la ley, y no podrá ser menos estricto que el de los congresistas pero “en lo que corresponda”.
Por consiguiente concluyó en ese punto, de una parte, que el legislador debe desarrollar ese mandato constitucional y en consecuencia fijar, expresamente, las inhabilidades de los diputados y, de otra parte, que no es posible la aplicación analógica de disposiciones, que pretende el actor.
Enfatizó que dicha aplicación no tiene cabida porque es el legislador el que debe establecer el régimen y no le es posible al juzgador efectuar tal adecuación.
Por otro lado, anotó que la acción electoral, en casos como el que se estudia, procede únicamente contra los actos por medio de los cuales se declara una elección, porque su finalidad es definir la legalidad del acto impugnado; las decisiones sólo pueden afectar al elegido, no siendo viable entrar a estudiar las posibles inhabilidades e incompatibilidad de otros candidatos, que no fueron elegidos, así conformen la lista del demandado.
Finalmente, indicó que no aparece probada violación del sistema del cuociente electoral (art. 263 C.N.) y por tanto no es válida la afirmación del actor atinente a que los votos depositados por la ciudadanía a favor del demandado son inválidos, puesto que lo que está alegando es una inhabilidad, la cual en nada afecta la validez de los sufragios depositados en la jornada electoral (fols. 1 al 20 c. ppal).
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Recurso extraordinario de súplica:
Lo presentó el señor J.C.D.P.; luego de hacer una síntesis del proceso ordinario que fue definido con la sentencia definitiva en firme que ahora impugna, formuló dos cargos y adujo otras consideraciones:
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Interpretación errónea del artículo 299, inciso segundo, de la Constitución Política.
Dice que la Sección Quinta de esta Corporación afirmó, al referirse a las inhabilidades, entre otros, que:
• el Constituyente, de una parte, otorga a la ley la facultad de fijarlas, de manera pura y simple o, de otra parte, le señala pautas para efectuar la reglamentación correspondiente; que
• al no existir reglamentación legal en relación con las inhabilidades de los diputados no es óbice recurrir a la fuente del ordenamiento jurídico que determina las pautas de dicha reglamentación, que en este caso será el inciso segundo del artículo 299 de la Constitución Política.
Replica esas aseveraciones de la mencionada Sección y expresa que tal posición judicial avalaría la inaplicación de la Constitución siendo que ésta dispone que el régimen de inhabilidades de los diputados no podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponde.
Citó la sentencia de la Corte Constitucional del 1° de marzo de 1995, en la cual se dijo:
“( ) Las normas de la Constitución Política, llevan en sí una característica privativa de ellas: tienen una vocación irrevocable hacia la individualización, tal como lo ha subrayado K. al tratar del ordenamiento jurídico. De ordinario pasan por una fase previa consistente en su desarrollo legal. Pero tal omisión no desvirtúa su carácter normativo, si ya lo tienen. Pueden entonces ser aplicadas a situaciones específicas subsumibles en ellas, que no estén explícitamente contempladas en la Ley.”
Indicó que no es un “condicionamiento de aplicación”, en relación con la “correspondencia” del artículo 299 (inc 2º ), sino sólo un concepto que puede y debe ser desentrañado por el intérprete con los elementos hermenéuticos a su alcance.
Concluyó que no le asiste razón a la Sección Quinta al aseverar que lo que pretende el actor es la aplicación directa de la Constitución, lo que supone aplicación analógica, porque lo que hizo fue remitir, ontológicamente, a las inhabilidades de los congresistas para ser aplicadas a los diputados.
Falta de aplicación del artículo 179, numeral 5, de la Constitución Política.
Señaló que siendo el artículo 299 de la Constitución el que define la composición y...
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