Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 56936 de 25 de Septiembre de 2012
| Sentido del fallo | DECLARA BIEN DENEGADO RECURSO |
| Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Laboral de Cúcuta |
| Fecha | 25 Septiembre 2012 |
| Número de expediente | 56936 |
| Tipo de proceso | RECURSO DE QUEJA |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN LABORAL |
| Materia | Derecho Laboral y Seguridad Social |
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN LABORAL
F.J.R.G.
Magistrado Ponente
Radicación No. 56936
Acta No.034
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil doce (2012).
Decide la Corte el recurso de queja interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandada TERMOTASAJERO S.A. E.S.P., para efectos de lograr la concesión del recurso de casación impetrado contra la sentencia proferida por la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, el 19 de diciembre de 2011, dentro del proceso ordinario que le promovió L.M.L., denegado por dicha Corporación, al estimar insuficiente el interés jurídico.
I. ANTECEDENTES
Mediante sentencia del 15 de abril de 2011, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Judicial de Cúcuta, absolvió a la demandada de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra.
Inconforme con la anterior decisión, el demandante interpuso recurso de apelación y, la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, resolvió en sentencia del 19 de diciembre de 2011, revocar la decisión del a quo, y en su lugar declaró que:
“(…) en virtud del contrato de trabajo que ha existido con el señor L.M.L. desde el 16 de marzo de 1985, TERMOTASAJERO S.A. E.S.P. deberá reconocer y pagar al actor, debidamente indexados a la fecha de su cancelación, las diferencias originadas en los reajustes que le corresponden por concepto de salarios (30 días y día 31) como se ha detallado en la parte motiva de la sentencia, así como los derivados de la prima de vacaciones, prima de servicios legal y convencional, prima de carestía, prima de antigüedad y desgaste físico e intereses a la cesantía causados desde el 29 de enero de 2004 hasta el 31 de mayo 2007; igualmente deberá reliquidarse el auxilio de cesantía causado entre el 1° de marzo de 2002 y el 31 de mayo de 2007,debiendo consignarse la diferencia en el respectivo fondo debidamente indexada, concepto este que no se haya afectado con el fenómeno de la prescripción. Lo anterior, previamente se haya realizado el descuento del porcentaje que por aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión corresponde realizar al trabajador, asumiendo la proporción que resta al empleador, y de conformidad con lo expuesto en las consideraciones precedentes.”.
Contra dicha providencia, la demandada interpuso recurso extraordinario de casación, que por auto del 24 de febrero de 2012, el colegiado negó al considerar que no le asistía interés jurídico para recurrir, de acuerdo con el cálculo matemático realizado. Señaló básicamente que:
“En este sentido, se observa en el sub- examine que el demandante apeló la sentencia de primera instancia solicitando se accediera a las súplicas contenidas en el líbelo, recurso que prosperó ante esta S. pues se condenó a TERMOTASAJERO S.A. E.S.P., al pago debidamente indexado de los reajustes que le corresponden por concepto de salarios (30 días y día 31) como se detallaron en la parte motiva del fallo, así como los derivados de la prima de vacaciones, prima de servicios, legal y convencional, prima de carestía, prima de antigüedad y desgaste físico e intereses a la cesantía causados desde el 29 de enero de 2004 hasta el 31 de mayo de 2007; igualmente deberá reliquidarse el auxilio de cesantía causado entre el 1° de marzo de 2002 y el 31 de mayo de 2007, debiendo consignarse la diferencia en el respectivo fondo debidamente indexada”
Seguidamente, realizó los cálculos aritméticos, para concluir que, “TERMOTASAJERO S.A. E.S.P, debe asumir el pago aproximado de $ 23.318.307, valor que no alcanza el monto exigido por la ley para la viabilidad del recurso extraordinario de casación, pues no se supera los $64.272.000 requeridos. (…)”.
La precedente determinación fue objeto de recurso de reposición, por parte de la apoderada de la parte demandada y, en subsidio, solicitó la expedición de copias para efectos del recurso de queja.
Mediante auto del 22 de mayo de 2012, la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, resolvió no reponer el auto impugnado al estimar que:
“(…) Ahora bien, con el fin de determinar a que (sic) monto ascienden las condenas se procedió a indexar los reajustes salariales especificados en la parte motiva hasta la fecha en que se dictó la sentencia de segunda instancia, 19 de diciembre de 2011, y en(sic) base a dicho resultado se determinó el valor al que corresponde el reajuste teniendo en cuenta para ello lo normado en los artículos 22, 23, 24 y 25 de la Convención Colectiva de Trabajo arrojando la suma aproximada de $23.318.307 valor que no alcanza el monto exigido por la ley para la viabilidad del recurso de casación, pues no supera los $64.272.000.
Por lo anterior, no hay lugar a la reposición solicitada por la señora apoderada de la demandada toda vez que no encuentra la S. nuevos elementos de juicio que permitan modificar la decisión adoptada por tal razón habrá de mantener la decisión tomada en el auto objeto de la impugnación que ahora se decide (…)”.
Cuestiona la parte impugnante la decisión del Tribunal, aduciendo que:
“Tal como lo manifiesta el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, de conformidad con lo previsto por el artículo 43 de la ley 712 de 2001, la cuantía del interés jurídico económico para recurrir en casación se fijo (sic) en suma superior al equivalente a 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes, interés que se determina para la parte demandada de acuerdo a la cuantificación de las condenas impuestas en la sentencia de segunda instancia, cuantía que en el presente proceso, a nuestro juicio es superada por cuanto el eje angular del caso sub judice es el reajuste o incremento salarial de lo devengado por el demandante, condena que necesariamente apareja no solo los conceptos mencionados en la sentencia proferida por el ad quem, sino también la nivelación de los aportes efectuados al sistema general de seguridad social integral, aportes parafiscales y la mora que de ello se derive.
Por lo anterior, y tal como se evidencia en la liquidación que se aporta con este escrito, la cuantía de la condena a mi representada (sic), se reitera, supera la requerida por el artículo 43 de la ley 712 de 2001. Para efectos de determinar la cuantía de la condena impuesta a mi representada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta el 19 de diciembre de 2011 en el proceso de la referencia, solicito a esta corporación que se designe un perito (…)”
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
El artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, en su parte pertinente dispone que: “…sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente”. Esa tasación debe efectuarse con el valor del salario mínimo aplicable al tiempo en que se profiere la sentencia que se pretende acusar.
Ha sido criterio reiterado de la Corte, que el interés económico para recurrir en casación, respecto del demandado se traduce en el agravio o perjuicio que la sentencia impugnada le ocasiona y que equivale al valor de las resoluciones que económicamente lo perjudican.
En este sentido para el caso sub-examine para la parte demandada, quien presenta el recurso objeto de análisis, el agravio lo esboza en los siguientes términos:
“es el reajuste o incremento salarial de lo devengado por el demandante, condena que necesariamente apareja no solo los conceptos mencionados en la sentencia proferida por el ad quem, sino también la nivelación de los aportes efectuados al sistema de seguridad social integral, aportes parafiscales y la mora que de ello se derive.”.
La condena impuesta por el juez de apelaciones a favor del actor, corresponde a los conceptos indicados en los antecedentes, que cuantificados a la fecha de la sentencia de segunda instancia ascienden a la suma de $23.318.307, en la forma antes transcrita, sin que sobre dicho valor la recurrente en queja hubiera expresado claramente el motivo de su disentimiento, simplemente, solicitó la designación de un perito para la estimación de la cuantía, y se limitó a adjuntar liquidación que en su concepto es la adecuada, sin realizar razonamiento alguno.
Cabe anotar, que también ha sido criterio de esta Corporación, que la parte que formula el recurso le corresponde sustentarlo debidamente y, si sus razones se circunscriben a la cuantía del proceso, deberá probar que las condenas en su contra sí alcanzan el valor exigido para que la sentencia sea susceptible del recurso de casación; no es suficiente para controvertir la cuantificación efectuada por el Tribunal, el desacuerdo que a la recurrente en queja le genere el monto obtenido por el ad quem, con lo cual es claro que no cumplió a cabalidad con su obligación.
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