Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 56942 de 18 de Septiembre de 2012
| Sentido del fallo | DECLARA BIEN DENEGADO RECURSO |
| Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Laboral de Cúcuta |
| Número de expediente | 56942 |
| Fecha | 18 Septiembre 2012 |
| Tipo de proceso | RECURSO DE QUEJA |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN LABORAL |
| Materia | Derecho Laboral y Seguridad Social |
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN LABORAL
J.M.B.R.
MAGISTRADO PONENTE
Recurso de Queja
Rad. No. 56942
Acta No. 33
Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil doce (2012).
Decide la Corte el recurso de queja propuesto por la apoderada de la demandada TERMOTASAJERO S.A., contra el auto del 24 de febrero de 2012 dictado por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, mediante el cual decidió no conceder el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del 16 de diciembre de 2011, proferida por el mismo Tribunal, dentro del proceso ordinario que en contra de la recurrente siguió L.A.D.B..
I. ANTECEDENTES:
Mediante sentencia proferida el 15 de Abril de 2011, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta, absolvió a la demandada de todas y cada una de las pretensiones incoadas por el demandante.
Contra dicha decisión el demandante interpuso recurso de apelación, decidido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, mediante sentencia del 16 de diciembre de 2011, revocó la de primer grado y en su lugar, declaró que en virtud del contrato de trabajo que ha existido con el mencionado demandante desde el 1º de abril de 1985, la demandada “….deberá reconocer y pagar al actor, debidamente indexados a la fecha de su cancelación las diferencias originadas en los reajustes que le corresponden por concepto de salarios (30 días y día 31) como se detallaron en la parte motiva de esta sentencia, así como los derivados de la prima de vacaciones, prima de servicios legal y convencional, prima de carestía, prima de antigüedad y desgaste físico e intereses a la cesantía causados desde el 29 de enero 2004 hasta el 31 de mayo de 2007; igualmente deberá reliquidarse el auxilio de cesantía causado entre el 1º de marzo de 2002 y el 31 de mayo de 2007, debiendo consignarse la diferencia en el respectivo fondo debidamente indexada, concepto este que no se haya afectado con el fenómeno de la prescripción. Lo anterior, previamente se haya realizado el descuento del porcentaje que por aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión corresponde realizar al trabajador, asumiendo la proporción que resta al empleador, y de conformidad con lo expuesto en las consideraciones precedentes.”
Inconforme con la anterior providencia el demandado interpuso recurso de casación, negado por el Tribunal, por auto del 24 de febrero de 2012 argumentando la falta de interés para recurrir por la parte accionada efectuando la liquidación respectiva que discriminó en la siguiente forma:
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CONDENAS |
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REAJUSTE SALARIAL INDEXADO a D..16 de 2011 |
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$12’754.030,oo 207.143
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CESANTIAS |
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$ 1’799.569.oo
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INTERESES DE CESANTIAS |
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$ 174.345.oo
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PRIMAS DE SERVICIO LEGAL
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$1’799.569.oo
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PRIMAS DE SERVICIO Y CARESTÍA
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$ 2’798.325,oo |
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PRIMA DE ANTIGÜEDAD |
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$ 1’548.204,oo
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PRIMA DE VACACIONES |
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$ 899.785,oo |
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TOTAL
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$21’773.827,oo
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Contra esa decisión presentó en tiempo el recurso de reposición y solicitó, en subsidio, la expedición de las respectivas copias del expediente para surtir la queja; mediante providencia de 22 de mayo de 2012, el Tribunal resolvió no reponer el auto impugnado al estimar que las condenas impuestas por el juez de apelaciones no alcanzan el monto exigido por la ley para la viabilidad de dicho recurso, para lo cual efectuó la indexación de las sumas detalladas en la parte motiva de la sentencia contra la cual se pretende el recurso extraordinario, cuya liquidación ascendió a la suma de $21’773.827. (folios 86-88 del cuaderno de copias):
Al sustentar el recurso de queja ante esta Sala aduce la recurrente que “de acuerdo a la cuantificación de las condenas impuestas en la sentencia de segunda instancia, cuantía que en el presente proceso, a nuestro juicio es superada por cuanto el eje angular del caso sub judice es el reajuste o incremento salarial de lo devengado por el demandante, condena que necesariamente apareja no solo los conceptos mencionados en la sentencia proferida por el ad quem, sino también la nivelación de los aportes efectuados al sistema de seguridad social integral, aportes parafiscales y la mora que de ello se derive.” Acompaña liquidación para demostrar que la cuantía de la condena impuesta, supera la mínima exigida por la ley, donde la indexación se efectúa hasta junio de 2012. Igualmente, solicita la designación de perito. (fls. 1 y 2)
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
Se comienza por advertir que la Corte ha fijado como derrotero para determinar la viabilidad en la concesión y admisión del recurso extraordinario, tratándose del demandado, el valor de las condenas liquidadas hasta la fecha de la sentencia de segundo grado, habida cuenta que lo que en verdad, se estima para estos efectos, es el costo económico que implique para la parte accionada una pérdida por virtud de las condenas decretadas y que justamente se consolida en la fecha de proferimiento de la sentencia correspondiente.
En efecto, las condenas impuestas al demandado por la sentencia de segundo grado a favor del actor al revocar la del a quo, corresponden a los conceptos indicados, que cuantificados a la fecha de la sentencia de segunda instancia ascienden a la suma de $21’773.827, en la forma antes transcrita; sin que sobre dicho valor la recurrente en queja hubiera expresado claramente el motivo de su disentimiento; simplemente, solicitó la designación del perito para la estimación de la cuantía.
Conforme lo tiene adoctrinado esta Corporación, a la parte que formula el recurso de queja le corresponde sustentarlo debidamente y, si sus razones se circunscriben a la cuantía del proceso, deberá probar que las condenas en su contra sí alcanzan el valor exigido para que la sentencia sea susceptible del recurso de casación; no resulta, por tanto, suficiente para controvertir la cuantificación efectuada por el Tribunal el disentimiento que a la recurrente en queja le genere el monto obtenido por el ad quem, con lo cual es claro que no cumplió a cabalidad con su obligación.
En especial en el presente asunto, donde la proposición de un dictamen pericial se formuló de manera genérica ante el juez de apelaciones y reiterada dentro del presente trámite, pues en el recurso de reposición no expuso ninguna inconformidad respecto a la liquidación efectuada por el Tribunal, ni sobre ningún otro tópico, al punto que no expresó siquiera, el motivo de desacuerdo con la decisión del Tribunal, al denegar el recurso de casación, se limitó simplemente a afirmar que “contrario a lo que se indica en el auto recurrido, si supera el límite legalmente consagrado para la procedencia del recurso extraordinario de casación”; no obstante, por amplitud dicha corporación revisó las operaciones aritméticas respectivas, conforme se indicó.
Ahora, con relación a la solicitud de designación de perito, conforme lo establecido en el artículo 92 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, esta Corporación ha sostenido que sólo es posible designar perito encaminado a la estimación del interés jurídico para recurrir en casación, cuando “haya verdadero motivo de duda” en dicha cuantificación; por ello cuando el juez o tribunal pueda realizar esa valoración mediante simples operaciones aritméticas, no es procedente la designación del auxiliar de la justicia para justipreciar dicho interés; pues solo de cara a extremas dificultades en su estimación es que se ha de contar con el apoyo del experto, que no es este el caso y, proceder en contrario, quebrantaría los principios de celeridad y eficiencia que informan el procedimiento del trabajo, amén de hacer gravosa la carga de quien acude a la administración de justicia, por lo que no se accederá a dicha petición.
Por tanto, tomando en consideración la orden impartida al demandado en la sentencia gravada que reconoció al demandante el reajuste salarial y prestacional (legal y convencional); decisión que si bien conlleva incidencias económicas, éstas no comportan la inclusión de conceptos diferentes a los indicados en la sentencia, como lo pretende el censor, tales como “(i) ajuste incapacidad, acc.(sic) Trabajo,...
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