Sentencia nº 11001-03-15-000-2015-01573-00(AC) de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 17 de Marzo de 2016
| Fecha | 17 Marzo 2016 |
| Emisor | SECCIÓN CUARTA |
| Tipo de documento | Sentencia |
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Legitimidad e interés para ejercer la acción / ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Finalidad / LEGIMITACION E INTERES - Corresponde ejercer la acción de tutela contra providencia judicial a la persona que resulta afectada en sus derechos fundamentales con la decisión judicial que se cuestiona En cuanto a la legitimidad e interés para ejercer la acción de tutela contra providencias judiciales, debe decirse que, en principio, cualquier persona que intervino en el proceso ordinario estaría legitimada para pedirle al juez de tutela que revise la providencia y determine si la decisión es arbitraria y vulnera derechos fundamentales. Sin embargo, no puede olvidarse que la finalidad de la acción de tutela es que se corrijan los errores o vicios de la decisión que resultan perjudiciales para los derechos fundamentales. Si esa es la finalidad, lo propio es que esta acción la ejerza la persona afectada o perjudicada con tales vicios o errores, pues, por elementales razones, la parte que se vio favorecida con la decisión, ora porque se accedió a las pretensiones ora, porque fueron acogidas las oposiciones, no tendría interés en que se revoque o modifique la providencia. Dicho de otra manera: la posibilidad de ejercer la acción de tutela contra providencias judiciales está supeditada a la existencia de un auténtico interés en controvertir la providencia judicial, interés que se deriva de los perjuicios que la decisión pueda causar a derechos fundamentales. Luego, si la decisión judicial no afecta los derechos fundamentales de una persona, carecería de interés para acudir ante el juez de tutela e impugnar las decisiones del proceso ordinario. La acción de tutela, entonces, está creada en favor de la parte a la que le fue desfavorable determinada providencia judicial, esto es, la que tiene real interés en acudir ante el juez de tutela para que se protejan los derechos fundamentales vulnerados por la decisión judicial. NOTA DE RELATORIA: la Sala Plena de esta Corporación admitió la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial cuando la misma vulnera derechos fundamentales, al respecto consultar sentencia del 31 de julio de 2012, exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01(AC), MP. M.E.G.G.. Así mismo, la Sala Plena aceptó que la acción de tutela es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, tal mecanismo puede ser ejercido contra cualquier autoridad pública, sobre el particular ver sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), M.P.J.O.R.R.. Sobre los requisitos generales de procedencia y las causales específicas de procedibilidad, ver sentencia C-590 de 2005, de la Corte Constitucional. REGLA VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NON VALET - Noción / PROHIBICION DE ACTUAR CONTRA EL ACTO PROPIO - Concepto La regla del venire contra factum proprium non valet es una expresión del principio general de la buena fe y está prevista como un mecanismo de protección de los intereses legítimos de determinados sujetos jurídicos que obliga a otro a mantener un comportamiento coherente con los propios actos, habida cuenta de que la conducta de una persona puede ser determinante en el actuar de otra. Surge como una prohibición de actuar contra el acto propio. NOTA DE RELATORIA: sobre la doctrina del estoppel, consultar: Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso N.A. contra Perú, sentencia del 11 de diciembre de 1991. En relación con la doctrina de los actos propios, ver: Corte Constitucional, sentencia T-295 de 1999.
2 PRINCIPIO DE BUENA FE - Prohibición de volver sobre los actos propios / PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA - Prohibición de volver sobre los actos propios / ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Juez constitucional debe verificar la posición jurídica del actor en el proceso ordinario a fin de determinar que no incurra en la prohibición de actuar contra los actos propios / DEBER DE COHERENCIA - Corresponde al accionante salvaguardar la coherencia de los argumentos aducidos en el proceso ordinario y la acción de tutela contra providencia judicial En virtud de los principios de la buena fe y de la confianza legítima, el ordenamiento jurídico considera inadmisible contrariar conductas pasadas, al punto que restringe el ejercicio de un derecho subjetivo, cuando el derecho que se pretende hacer valer se encuentra en evidente contradicción con una conducta anterior. En palabras de la Corte Constitucional, así el cambio de criterio sea lícito (de hecho, aun formalmente válido, piensa la Sala) se prohíbe volver sobre actos propios porque eso no solo es un abuso del derecho propio, sino que menoscaba el derecho de la parte que ajustó su conducta a la confianza que le generó la actuación de su contraparte. El juez de tutela debe tener en cuenta esta prohibición para evitar que el mecanismo de amparo se ejerza con el propósito de volver sobre acto propio. Por eso, al momento de verificar el interés para recurrir providencias judiciales, el juez de tutela también debe examinar cuál fue la conducta y la posición jurídica que el demandante de tutela hizo valer en el proceso ordinario, de modo que pueda determinar si se respetó o no el deber de coherencia. CARENCIA DE INTERES JURIDICO - Providencias cuestionadas son favorables a la posición jurídica que asumió la parte en el proceso ordinario La Sala denegará el amparo solicitado porque, después de revisar el proceso de controversias contractuales que dio origen a esta acción de tutela, se encontró que el municipio de Popayán carece de interés jurídico para cuestionar por vía de tutela las providencias del 8 de abril de 2014 y del 19 de marzo de 2015 y, de hecho, está actuando contra acto propio, en los términos antes explicados. En efecto, en el proceso de controversias contractuales, el municipio de Popayán siempre alegó la falta de jurisdicción y competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para dirimir las controversias suscitadas con ocasión del contrato CCOP-01-93, en virtud de la cláusula compromisoria que expresamente pactaron las partes… Según lo entiende la Sala, la autoridad judicial demandada, en la providencia del 8 de abril de 2014, acogió el argumento jurídico propuesto por el municipio de Popayán, pues estimó que, en efecto, las partes pactaron una cláusula compromisoria que impide que esta Corporación pueda conocer del asunto por falta de jurisdicción y de competencia… No cabe duda, entonces, de que las providencias del 8 de abril de 2014 y del 19 de marzo de 2015 favorecieron los intereses procesales del municipio de Popayán, en cuanto acogieron la tesis de que la controversia debía resolverla la justicia arbitral, mas no la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, el municipio de Popayán carece de interés para cuestionar esas providencias vía acción de tutela, pues, se insiste, le resultaron favorables a la posición jurídica que asumió en el proceso ordinario. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES DE LA SECCION TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO - Se configura la carencia de interés jurídico y la prohibición de venir contra los actos propios / PRINCIPIOS DE BUENA FE, LEALTAD PROCESAL Y CONFIANZA LEGITIMA -
3 Desconocimiento. Modificación de la posición jurídica asumida en el proceso ordinario respecto de la acción de tutela contra providencia judicial Fuera de la falta de interés para recurrir las providencias objeto de tutela, la Sala estima que la conducta del municipio de Popayán también demuestra que vino en contra de sus propios actos, esto es, en contra del propio criterio jurídico que expuso ante el Tribunal Administrativo del Cauca y, luego, ante el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A… quedó claro que la conducta ejercida por el municipio de Popayán en el proceso de controversias contractuales hizo pensar tanto a su contraparte (en su momento L.H.S.S.) como al juez de la causa que su interés, que su propósito, era que la justicia arbitral decidiera las controversias suscitadas con ocasión del contrato CCOP-01-93. Pero ocurre que a partir de la demanda de tutela, el municipio cambió de criterio y ahora cree que el proceso de controversias contractuales sí debe ser decidido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo porque, según dice, la cláusula compromisoria es ineficaz y los árbitros carecen de competencia para estudiar la legalidad de actos administrativos contractuales. Considera, además, que la decisión de enviar el proceso a la justicia arbitral desconoce los derechos fundamentales a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, y los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, cuando ninguno de esos derechos halló violados al alegar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo la excepción de falta de jurisdicción y de competencia. Evidentemente, la conducta del municipio de Popayán en la acción de tutela no guarda coherencia con el comportamiento que válidamente siguió en el proceso ordinario. Se trata de un obrar incompatible con la confianza que generó en su contraparte y en el juez de la causa. En efecto, la conducta del municipio de Popayán, en el marco del proceso de controversias contractuales, suscitó la confianza en su contraparte de que el interés era que la controversia la resolviera la justicia arbitral y a partir de esa posición el señor S.S. ejerció los derechos de defensa y contradicción para justamente demostrar lo contrario. Lo mismo ocurrió frente a la propia Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, que decidió conforme con el interés demostrado en el proceso por parte del municipio de Popayán: que la controversia contractual la resolviera la justicia arbitral. Aunque la pretensión del municipio de Popayán no es ilícita y es, en cambio, formalmente válida, objetivamente es...
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