Sentencia nº 11001-03-15-000-2014-02223-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 26 de Marzo de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 638304969

Sentencia nº 11001-03-15-000-2014-02223-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 26 de Marzo de 2015

Fecha26 Marzo 2015
EmisorSECCIÓN CUARTA
Tipo de documentoSentencia

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Improcedente por incumplir requisito de inmediatez

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, uno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales es el relativo al cumplimiento del requisito de inmediatez; es decir, se debe acreditar que la tutela contra una providencia judicial se hubiere interpuesto en un plazo razonable. Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la protección de las garantías constitucionales, el respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros afectados. Es por esto que debe mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión judicial que se aduce como violatoria de los derechos fundamentales del accionante y la presentación de la acción de tutela para buscar su amparo… el requisito de la inmediatez protege los derechos de terceros que pueden ser vulnerados por una tutela ejercida en un plazo irrazonable da vigencia al principio de seguridad jurídica, al impedir que el amparo se convierta en un factor que atente contra ella, y previene el abuso del derecho, al […] evitar el uso de este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia en la agencia de los derechos. Observa la Sala que, por una parte, la providencia que se cuestiona fue proferida el día 15 de noviembre de 2013 y notificada mediante edicto fijado durante los días 5 al 9 de diciembre de 2013. Por otra parte, la acción de tutela se presentó el día 28 de agosto de 2014; es decir, luego de cumplido un término de nueve (9) meses, y trece (13) días, de haberse notificado la sentencia. Al ser esto así, no se acredita el cumplimiento del requisito de inmediatez.

NOTA DE RELATORIA: Sobre el principio de inmediatez, ver sentencias de la Corte Constitucional: T-217 de 2013, T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-692 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-825 de 2007, T-299 de 2009, T-691 de 2009 y T-883 de 2009.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejero ponente: JORGE OCTAVIO RAMIREZ RAMIREZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil quince (2015)

Radicación número: 11001-03-15-000-2014-02223-01(AC)

Actor: MUNICIPIO DE TIBÚ – NORTE DE SANTANDER

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

Decide la Sala la impugnación interpuesta por el municipio accionante contra la sentencia del 24 de octubre de 2014, proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A”, rechazó por improcedente el amparo solicitado

ANTECEDENTES

El municipio de Tibú (Norte de Santander), actuando por medio de apoderada judicial, instauró acción de tutela[1], por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y defensa.

1. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

1.1 La señora L.M.M.P. se desempeñó como docente al servicio del municipio de Tibú. Su vinculación se hizo mediante la celebración de contratos de prestación de servicios por los siguientes periodos:

• Del 01 de febrero al 30 de noviembre de 1988

• Desde el 01 de febrero hasta el 30 de noviembre de 1989

• A partir del 01 de febrero de 1990 al 30 de noviembre del mismo año.

• Del 01 de febrero al 30 de noviembre de 1991

• Desde el 01 de febrero hasta el 30 de noviembre de 1992

• A partir del 01 de febrero de 1993 al 30 de noviembre del mismo año.

• Del 01 de febrero al 30 de noviembre de 1994

1.2 Manifiesta que la docente presentó el 05 de abril de 2011, ante el municipio accionante, solicitud de reconocimiento del vínculo laboral y pago de las prestaciones sociales adeudadas.

1.3 La entidad resolvió de manera desfavorable la solicitud, mediante oficio 0827 del 5 de mayo de 2011.

1.4 La docente interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la respuesta suministrada.

1.5. La demanda le correspondió, por reparto, al Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Cúcuta, que en sentencia del 24 de abril de 2013 negó las pretensiones al declarar probada la excepción de prescripción de las acreencias laborales.

En efecto, afirmó:

“Resulta consecuente considerar que sí se generó el fenómeno de la prescripción, toda vez que la última orden de prestación de servicios se suscribió en el año de 1994, es decir que el fenómeno de la prescripción para cualquier reclamo acaeció el 30 de NOVEMBRE de 1997, por lo que cualquier reclamación hecha en fecha posterior, resulta extemporánea”

1.6 La parte demandante apeló la sentencia. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en providencia del 15 de noviembre de 2013, revocó la providencia de primera instancia, al considerar que entre las partes existió una relación contractual, de la cual se desprendía el pago de las prestaciones sociales a las que hubiere lugar.

En palabras del Tribunal:

“En estas circunstancias, dada la existencia de las pruebas que acreditan la prestación personal y subordinada del servicio del (sic) docente contratista, la Sala encuentra probada la subordinación en aplicación del precitado precedente jurisprudencial, por lo que hay lugar a declarar la existencia de una relación de carácter laboral por dichos períodos y como consecuencia proceder al restablecimiento del derecho” (fl. 31)

  1. Fundamentos de la acción

    2.1. El municipio tutelante manifiesta que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander incurrió en vías de hecho por aplicación indebida de precedentes, puesto que las sentencias en que fundamentó la decisión no tenían similitud fáctica ni jurídica, en especial la sentencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 19 de febrero de 2009, con ponencia de la Consejera Bertha Lucía Ramírez de P., radicado 73001-23-31-000-2000-0349-01.

    Por lo anterior, el Tribunal debió revocar la sentencia de primera instancia y negar las pretensiones, con ocasión de la prescripción de los derechos laborales, puesto que el...

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