Sentencia nº 11001-03-06-000-2016-00151-00 de Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, de 9 de Noviembre de 2016
| Fecha | 09 Noviembre 2016 |
| Emisor | Sala de Consulta y Servicio Civil |
| Tipo de documento | Sentencia |
CONFLICTO DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS – Entre la Defensoría de Familia Centro Zonal Zipaquirá y el Juzgado Promiscuo Municipal de La Calera / JUEZ DE FAMILIA – Competencia por vencimiento de términos / PÉRDIDA DE COMPETENCIA DE DEFENSORÍAS Y COMISARÍAS DE FAMILIA – Sanción
Dentro del trámite administrativo del proceso de restablecimiento de derechos, el parágrafo 2 del artículo 100 de la Ley 1098 de 2006 consagra una sanción a la autoridad administrativa por no proferir dentro del término establecido en la norma, el fallo de restablecimiento de derechos, confiriéndole competencia al Juez de Familia para que continúe con la actuación administrativa correspondiente: “Artículo 100: Trámite (…) Parágrafo 2°. En todo caso, la actuación administrativa deberá resolverse dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud o a la apertura oficiosa de la investigación, y el recurso de reposición que contra el fallo se presente deberá ser resuelto dentro de los diez días siguientes al vencimiento del término para interponerlo. Vencido el término para fallar o para resolver el recurso de reposición sin haberse emitido la decisión correspondiente, la autoridad administrativa perderá competencia para seguir conociendo del asunto y remitirá inmediatamente el expediente al Juez de Familia para que, de oficio, adelante la actuación o el proceso respectivo. Cuando el Juez reciba el expediente deberá informarlo a la Procuraduría General de la Nación para que se promueva la investigación disciplinaria a que haya lugar. Excepcionalmente y por solicitud razonada del defensor, el comisario de familia o, en su caso, el inspector de policía, el director regional podrá ampliar el término para fallar la actuación administrativa hasta por dos meses más, contados a partir del vencimiento de los cuatro meses iniciales, sin que exista en ningún caso nueva prórroga”
FUENTE FORMAL: LEY 1098 DE 2006 – ARTÍCULO 100
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL
Consejero ponente: EDGAR GONZALEZ LOPEZ
Bogotá, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-06-000-2016-00151-00(C)
Actor: DEFENSORÍA DE FAMILIA CENTRO ZONAL ZIPAQUIRÁ
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en cumplimiento de la función prevista en el artículo 39, en concordancia con el artículo 112 numeral 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.
1. El 16 de enero de 2014 la señora M.D.S.A., en su calidad de tía del menor de edad M.A.S.A., mediante escrito dirigido a la Comisaria de Familia de la Calera, solicitó la intervención de esa entidad para que le ayudaran con el cuidado y tenencia de su sobrino (fl.1).
2. La Comisaria de Familia de la Calera, el 21 de enero de 2014 asumió el conocimiento del caso y dispuso como medida provisional de restablecimiento, la ubicación del niño M.A.S.A. en un hogar sustituto en Zipaquirá (folio 13).
3. El 21 de julio de 2014, la Comisaría de Familia de la Calera profirió fallo dentro del respectivo procedimiento de restablecimiento de derechos, en el cual consideró que ante la ausencia de familia que pudiera encargarse del niño, debía mantenerse su ubicación en el hogar sustituto del ICBF, por lo que en consecuencia ordenó la remisión del expediente a la Coordinadora del Centro Zonal de Zipaquirá (fl.112 a 117)
4. El 15 de abril de 2016 (dos años más tarde), la Defensoría de Familia de Zipaquirá ordenó devolver el expediente a la Comisaria de Familia de la Calera, porque considera que el fallo proferido por esa entidad “no fue claro frente a la medida favorable que se le debe brindar al adolescente, ni con que fin” y solicita le sean remitidos unos documentos para estudiar una posible declaratoria de adoptabilidad (127).
5. Mediante auto del 2 de mayo de 2016, la Comisaria de Familia ordenó remitir el proceso nuevamente a la Defensoría de Familia de Zipaquirá para que se adelante las actuaciones necesarias para declarar al menor de edad M.A.S.A en estado de adoptablidad (fls.128 y 129).
6. El 27 de mayo de 2016 la Defensoría de Familia de Zipaquirá se abstuvo de declarar la situación de adaptabilidad del niño M.A.S.A y ordenó remitir el expediente al Juzgado Promiscuo Municipal de la Calera por considerar que desde la fecha en la cual la Comisaria había avocado conocimiento (21 de enero de 2014) a la fecha, se encuentran vencidos los términos señalados en el artículo 100 de la Ley 1098 de 2006, en cuyo caso le corresponde al Juez de Familia conocer del tramite administrativo. Igualmente señala que dentro de la audiencia de fallo no se definió la situación jurídica del niño, luego, actualmente no tiene competencia para decidir sobre la adoptabilidad del menor de edad (fls.132 a 136).
7. El Juzgado Promiscuo Municipal de la Calera, mediante auto de 28 de junio de 2016, devolvió el expediente a la Defensoría de Familia de Zipaquirá por considerar que “una vez revisado el paginario (sic) se avizora que corresponde a un trámite para restablecimiento de derechos DE UN MENOR, cuyo conocimiento no es competencia de este estrado judicial” (Mayúsculas originales). (fl.138).
8. La Defensoría de Familia de Zipaquirá, el 29 de julio de 2016, declaró su incompetencia para declarar la adoptabilidad del niño M.A.S.A. y propuso el conflicto negativo de competencias, por considerar que el juzgado es el competente para ese efecto, dada la pérdida de competencia que se ha producido en virtud de lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 100 de la Ley 1098 de 2009 (fls. 140 a 148).
-
ACTUACIÓN PROCESAL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 se fijó edicto en la Secretaría de esta Sala por el término de cinco (5) días, con el fin de que las autoridades involucradas y los terceros interesados presentaran sus alegatos en el trámite del conflicto (folios 151 y 152).
Consta también que se informó sobre el presente conflicto a la Comisaría de Familia de Zipaquirá, al Juzgado Promiscuo Municipal de la Calera, a la Defensoría de Familia Centro Zonal Zipaquirá y a la señora M.D.S.A., con el fin de que presentaran sus argumentos o consideraciones, de estimarlo pertinente (folio 153).
-
ARGUMENTOS DE LAS PARTES
Obra constancia de la Secretaría de la Sala que durante la fijación del edicto no se recibieron alegatos (folio 154).
1. Competencia de la Sala
El artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-CPACA, relacionó entre las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, la siguiente:
“… 10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo.”
Asimismo, dentro del procedimiento general administrativo, el inciso primero del artículo 39 del código en cita también estatuyó:
“Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba