Sentencia nº 50001-23-31-000-1998-00129-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 18 de Julio de 2012

- La demanda.

En escrito que se presentó el 4 de mayo de 1998 (fl. 19 c 1), los ciudadanos E.P. y Diva Cadena de P.; N.C., E. y G.P.C.; C.A.P.C. y S.T.G., quienes actúan en nombre propio y en representación de los menores L.C.P.T. y C.A.P.V., por intermedio de apoderado judicial, formularon demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable por los perjuicios materiales e inmateriales ocasionados a los actores por las lesiones físicas padecidas por el señor C.A.P.C., en hechos sucedidos el 24 de marzo de 1997, en la población de Puerto Lleras (Meta), relacionados con un enfrentamiento entre miembros del ente demandado y grupos subversivos (fls. 7 a 19 c 1).

A título de indemnización, la parte actora solicitó: (i) por lucro cesante, la suma de $ 300’000.000 a favor de la víctima directa del daño; (ii) por daño emergente, el valor de $ 30’000.000, también a favor del señor C.A.P.C.; (iii) por perjuicios morales, el valor equivalente a 1.000 gramos de oro para cada uno de los demandantes y iv) la suma de $70’000.000, a favor de la víctima directa a título de perjuicios fisiológicos (fls. 9 y 10 c 1).

- Los hechos.

El señor C.A.P.C. era banderillero adscrito a la Unión de Toreros de Colombia y el día 24 de marzo de 1997, encontrándose en la plaza de toros de Puerto Lleras (Meta), se produjo un enfrentamiento armado entre agentes del Estado y miembros de la subversión con ocasión del cual resultó herido el actor y ante la gravedad de sus lesiones debió remitirse al Hospital Departamental de Villavicencio y luego a la clínica Bogotá, sin que se le hubiere podido extraer un proyectil de arma de fuego que se alojó en su cráneo y que, por consiguiente, le produjo una disminución de su capacidad laboral del 100% e igual porcentaje de reducción en su <>.

A juicio de la parte demandante,

<> (fl. 12 c 1).

Contestación de la demanda.

Notificada del auto admisorio, la entidad pública demandada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones elevadas por la parte demandante, pues adujo que el daño lo causó un tercero (fls. 39 a 41 c 1).

- Alegatos de conclusión en primera instancia.

4.1.- La parte demandada reiteró que no le asiste responsabilidad patrimonial alguna, dado que el daño fue causado por un tercero (fls. 234 a 236 c 1).

4.2.- El Ministerio Público solicitó desestimar las pretensiones de la demanda, porque consideró que no existe prueba alguna que determine que la lesión provino de un arma de fuego de dotación oficial de los agentes del Estado y, por lo tanto, el daño que alegan los actores devino del ataque insurgente, es decir que lo causó un tercero (fls. 237 a 240 c 1).

4.3.- La parte actora no intervino dentro de esta etapa del proceso.

- La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia de 19 de marzo de 2002, denegó las súplicas de la demanda, de acuerdo con lo siguiente:

“(…) si se analiza el hecho para estudio, bajo los supuestos de la falla en el servicio, es indispensable que se conozca en el plenario la acción u omisión en la que fue partícipe la fuerza policial, para recibir por este medio, si hubo en su actividad desacato en el deber de vigilancia y protección que le correspondía realizar, además concluir que el daño producido, es el resultado de ese comportamiento.

Al estudiar el caso bajo el supuesto de la falla presunta, por la actividad peligrosa que desencadena la manipulación de armas de fuego, sería necesario en principio, al menos acreditar, que la fuerza policial realizó operativos disparando sus armas.

Para situar el análisis bajo el régimen del riesgo excepcional, correspondía acreditarse, que el cuerpo de policía puso en peligro, con su actividad dirigida a proteger a la comunidad, a un grupo de personas, o persona en particular, ocasionándose el daño por esa razón.

Ninguno de los supuestos fácticos, que las diferentes tesis exigen para su aplicación, se encuentran demostrados en la instructiva, la ausencia de elementos probatorios no le permite al Tribunal encontrar medios de juicio que lo conduzcan a una valoración del comportamiento del organismo armado, acá, en el haz probatorio, no obra ningún elemento que permita conocer de manera concreta y objetiva cuál fue la actividad de la policía en ese acontecimiento, que conlleve a una declaración de responsabilidad de la Nación – Policía Nacional, por las heridas y secuelas sufridas por el banderillero C.A.P.C., en los desafortunados hechos”. (fls. 253 y 254 c ppal).

- El recurso de apelación.

La parte actora interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia, con el propósito de obtener su revocatoria y, por ende, el acceso a las pretensiones de la demanda, pues consideró que sí le asiste responsabilidad patrimonial al Estado, ora por falla en el servicio, ora por régimen objetivo de responsabilidad, mediante la aplicación de la teoría del riesgo excepcional, habida cuenta que el ataque subversivo se dirigió contra la Fuerza Pública, tal como lo ha reiterado la Jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de...