Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50030 de 7 de Junio de 2017
| Sentido del fallo | NIEGA PRUEBAS |
| Tribunal de Origen | Brasil |
| Número de expediente | 50030 |
| Número de sentencia | AP3646-2017 |
| Fecha | 07 Junio 2017 |
| Tipo de proceso | EXTRADICIÓN |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Materia | Derecho Penal |
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
E.F.C.
Magistrado ponente
AP3646-2017
Radicación N° 50030
(Aprobado mediante Acta No. 182)
B.D.C., siete (7) de junio de dos mil diecisiete (2017).
Procede la Corte a resolver acerca de la petición de pruebas formulada por el representante judicial del ciudadano colombiano W.A.V.M. quien es reclamado en extradición por el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
ANTECEDENTES
1. Mediante Nota Verbal No. 20 de 26 de enero de 2017[1], la Embajada de la República Federativa del Brasil solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia la captura provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano W.A.V.M. requerido para responder por los delitos relacionados con robo y violación (acceso carnal violento), ante el Juzgado de la Tercera Vara Criminal de la Comarca de Belo Horizonte/MG/Brasil, dentro de la causa No. 1930974-78.2014.8.13.0024/0024.14.193097.
2. El 22 de diciembre de 2015, se emitió la Notificación Roja de INTERPOL No. A-10745/12-2015, por el Juzgado de la Tercera Vara Criminal de la Comarca de Belo Horizonte/MG/Brasil, notificada al requerido el 19 de enero de 2017, por miembros de la Policía Nacional de Colombia, en el municipio de Popayán (Cauca).
En razón de ello, se dejó al capturado a disposición del Fiscal General de la Nación, quien el 26 de enero del presente año decretó la captura con fines de extradición del implicado.
3. Por medio de las Notas Verbales No. 62, 65 y 67 de 21 y 22 de marzo de 2017[2], respectivamente, la Embajada de la República Federativa del Brasil formalizó la solicitud de extradición de W.A.V.M..
4. A su vez, la Cancillería, mediante oficio No. DIAJI No. 0636 de 22 de marzo de ese año[3], dirigido al Ministerio de Justicia y del Derecho, conceptuó que el tratado vigente aplicable es el «Tratado de Extradición entre la República Federativa de Brasil y la República de Colombia, suscrito en Rio de Janeiro el 28 de diciembre de 1938».
5. Por su parte, la Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, con oficio No. OFI17-0008675-OAI-1100[4], remitió a esta Corporación la solicitud de extradición con la documentación reunida.
6. Una vez la Sala reconoció personería para actuar al defensor de oficio del requerido W.A.V.M., ordenó surtir el respectivo traslado para la solicitud de pruebas, previsto en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004[5].
Al respecto, la defensa solicitó a la Sala oficiar a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que allegue la información que corresponda, en aras de determinar la plena identidad del requerido.
Por su parte, el Ministerio Público señaló que no es necesario solicitar la práctica de pruebas.
CONSIDERACIONES
Tratándose de un concepto sobre la viabilidad de una extradición, conforme al artículo 502 de la Ley 906 de 2004, la Corte debe concentrarse en corroborar los siguientes aspectos: (i) demostración de la plena identidad del solicitado; (ii) validez formal de la documentación presentada como soporte de la solicitud; (iii) principio de doble incriminación; (iv) equivalencia de la providencia extranjera con la resolución de acusación colombiana; (v) cumplimiento de los tratados, si fuere el caso.
En el caso, como lo conceptuó el Ministerio de Relaciones Exteriores, es preciso aplicar el Tratado de Extradición, suscrito entre la República Federativa del Brasil y la República de Colombia de 28 de diciembre de 1938, aprobado mediante la Ley 85 de 1939, instrumento en el que las Altas Partes Contratantes se obligan a la entrega recíproca de «los individuos que, habiendo sido procesados o condenados por las autoridades judiciales de una de ellas, se encontraren en el territorio de la otra» (Cf. artículo I del citado Tratado).
Convenio en el que se requiere que el pedido de extradición debe formularse por vía diplomática o directamente de Gobierno a Gobierno, el cual se soportará de la siguiente manera:
Artículo V. La solicitud debe formularse por el respetivo representante diplomático, y a falta de éste por el Agentes Consulares de carrera, o directamente de Gobierno a Gobierno; y dicha solicitud se documentará del siguiente modo:
a). Cuando se trate de simples acusados: copia o traslado auténtico del mandamiento de prisión o del auto procesal criminal equivalente, emanado de juez competente;
b). Cuando se trate de condenados; copia o traslado auténtico de la sentencia condenatoria.
Estas piezas deberán contener la indicación precisa del hecho incriminado, el lugar y la fecha en que se cometió el mismo, e ir acompañados de copia de los textos de las leyes aplicables al caso y de los referentes a la prescripción de la acción o de la pena, como también de los datos o antecedentes necesarios para comprobar la identidad del individuo reclamado.
Parágrafo 1°. Las piezas justificativas de la petición de extradición se acompañarán, cuando fuere posible, de su traducción a la lengua del Estado requerido.
Parágrafo 2°. La presentación de la solicitud de extradición por vía diplomática constituirá prueba suficiente de la autenticidad de los documentos presentados en apoyo de aquélla, los cuales se tendrán, por tal modo, como legalizados. (Subrayado fuera de texto)
La aducción y práctica de pruebas debe estar orientada a demostrar los puntuales aspectos que exige el tratado aplicable entre las partes, los cuales serán abordados al momento de emitir el respectivo concepto. De esta forma, si los medios de prueba impetrados no guardan relación con esos temas, versan sobre hechos notoriamente impertinentes o carecen de utilidad, deberán ser desestimados.
En el asunto, el defensor de oficio de W.A.V.M. solicita que se oficie la Registraduría Nacional del Estado Civil con la finalidad que aporte información del requerido, de cara a determinar su plena identidad.
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50030 del 30-08-2017
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