Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº T 51875 de 23 de Enero de 2014
| Sentido del fallo | CONFIRMA NIEGA TUTELA |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA |
| Número de sentencia | STL929-2014 |
| Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Laboral de Barranquilla |
| Fecha | 23 Enero 2014 |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN LABORAL |
| Número de expediente | T 51875 |
| Materia | Derecho Laboral y Seguridad Social |
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN LABORAL
E.D.P. CUELLO CALDERÓN
Magistrada Ponente
STL 929-2014
Radicación n° 51875
Acta n° 06
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil catorce (2014)
Se resuelve la impugnación interpuesta por T.E.R.M. contra el fallo del 10 de septiembre de 2013 proferido por la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el trámite de tutela que promovió contra la ALCALDÍA y la CONTRALORÍA DISTRITAL y el JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO de esa ciudad.
- ANTECEDENTES
El accionante pidió el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la vida, a la salud y al trabajo.
Relató que la Contraloría Distrital de Barranquilla, por medio de la Resolución N° 0709 del 9 de octubre de 2003 le reconoció varios conceptos laborales; ejecutoriada instauró demanda ejecutiva; el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de la referida ciudad, por auto del 5 de marzo de 2008 ordenó continuar con la ejecución y corrió traslado de la liquidación del crédito, la cual se aprobó el 18 de abril, por lo que está ejecutoriada.
Señaló que tanto la Contraloría Distrital como la Alcaldía sostuvieron no ser responsables del pago de tales obligaciones con fundamento en que para ese fin se creó “el Fondo de Cuentas de Liquidaciones”, y que por ello no ha recibido el pago de los derechos reconocidos judicialmente.
Afirmó que al incumplir las entidades accionadas la orden de pago impartida por el Juzgado al librar el mandamiento constituye un fraude a resolución judicial.
Por lo anterior, solicitó ordenar a las entidades accionadas, en un término perentorio el pago de las acreencias laborales que le fueron reconocidas y que se libren los oficios correspondientes.
TRÁMITE IMPARTIDO
Por auto del 31 de julio de 2013, el Tribunal de Superior de Barranquilla asumió el conocimiento, ordenó notificar a los accionados para que ejercieran sus derechos de defensa y de contradicción (folios 50 y 51).
La Alcaldía de Barraquilla señaló que ese Distrito está cobijado por las garantías y beneficios de la Ley 550 de 1999; que el trámite de la ejecución promovido debe ser anulado, como lo ha hecho el Tribunal con procesos en iguales condiciones, solicitó negar el amparo con fundamento en jurisprudencia constitucional que transcribió en su escrito (folios 58 a 63).
La Contraloría sostuvo que por disposición legal las acreencias laborales del accionante las debe reconocer el Distrito de Barranquilla, que para tal efecto esta entidad radicó en la Alcaldía una relación de los procesos ejecutoriados en vigencia de la Ley 1416 de 2010 para su pago, en los que se encuentra el del actor y solicitó declarar la improcedencia de la acción (folios 89 a 92).
Por sentencia del 10 de septiembre de 2013, la S. Laboral del Tribunal negó el amparo; señaló que “para la resolución y estudio de la litis existen otros medios de defensa judicial, teniendo en cuenta que para exigir el pago de acreencias laborales que no se encuentran en discusión, la Legislación Procesal del Trabajo ha establecido un procedimiento especial
El accionante impugnó (folio 144).
SE CONSIDERA
La acción de tutela, como la define el artículo 86 de la Constitución Política, es un medio de defensa judicial instituida para proteger en forma inmediata los derechos fundamentales cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por los particulares en los casos expresamente señalados por la ley.
Esta S. ha mantenido el criterio de la improcedencia de la tutela contra providencias o sentencias judiciales, salvo que con las actuaciones u omisiones de los jueces, resulten violados, en forma evidente, derechos constitucionales...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba