Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº T 77412 de 14 de Enero de 2015
| Sentido del fallo | NIEGA TUTELA |
| Número de sentencia | STP058-2014 |
| Fecha | 14 Enero 2015 |
| Número de expediente | T 77412 |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Materia | Derecho Penal |
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
Magistrado Ponente
Radicación nº 77412
(Aprobado mediante Acta nº 04 )
Bogotá D.C., catorce (14) de enero de dos mil quince (2015).
Se pronuncia la Sala, en primera instancia, sobre la acción de tutela interpuesta por J.C.N. contra la Sala Penal del Tribunal Superior de B., por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de petición.
I. ANTECEDENTES
Asevera el accionante J.C.N., actualmente privado de la libertad en el establecimiento penitenciario de Barrancabermeja, Santander, que el 5 de noviembre de 2014 solicitó por escrito de la Sala Penal del Tribunal Superior de B. «que (le) concediera el desestimiento (sic) de apelación y/o ruptura procesal por el asunto que actualmente resuelve en 2 instancia dentro del radicado 201 – 00048».
De igual modo, aduce que mediante oficio de noviembre 26 del mismo año, la autoridad accionada negó dicha solicitud; determinación que, según se desprende de los anexos de la demanda, estuvo sustentada en que «está pendiente de resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa de A.J.C.G. contra la sentencia condenatoria del 9 de julio de 2014 (sic)».
El libelista agrega que esa actuación comporta la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de petición, en cuya protección reclama entonces que se ordene a la Sala Penal del Tribunal Superior de B. remitir «(su) proceso» de manera inmediata a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad; así mismo, que se le notifique «dicho envío» y se le conceda la «ruptura procesal».
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
Avocado su conocimiento, se ordenó correr traslado de la demanda a la autoridad accionada para que ejerciera el derecho de contradicción y aportara la información que estimara pertinente.
En tal virtud, el Magistrado Ponente de la Sala Penal del Tribunal Superior de B. indicó que mediante decisión de junio 9 de 2014, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado con sede en dicha ciudad aprobó el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y J.C.N., A.J.C.G. y otros procesados, al tiempo que los condenó por la comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de estupefacientes y destinación ilícita de bienes muebles e inmuebles.
De igual modo, que dicha providencia fue recurrida por la defensa de la nombrada C.G.; impugnación de la que correspondió conocer a ese Tribunal, que en sentencia de diciembre 16 del mismo año - de la que aporta copia - confirmó íntegramente la proferida en primera instancia.
Agregó que la petición elevada por el ahora accionante fue contestada «mediante auto del 24 de noviembre de 2014, de forma clara, congruente y de fondo», de modo que «no existe fundamento legal que haga viable la acción de tutela», máxime que «esta persona no fue sujeto recurrente dentro de la actuación» y, entonces, carece de interés para «pregonar el desistimiento de la apelación».
Finalmente, señaló que el 16 de diciembre de 2014 se dio lectura a la sentencia de segundo grado y, en razón de lo expuesto, pidió de la Sala que se declare la improcedencia del amparo deprecado.
III. CONSIDERACIONES
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º, del decreto 1382 de 2000, esta Sala es competente para resolver la demanda de tutela, porque tiene la condición de superior funcional de la autoridad judicial accionada.
2. Ahora bien, la solicitud de amparo impetrada por CAMPO NOGUERA se centra en cuestionar, por considerarla violatoria de sus derechos fundamentales, la decisión adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de B., en el sentido de negar el desistimiento del recurso de apelación interpuesto por aquél en el proceso que se le sigue ante esa Corporación.
3. Para efectos de resolver la queja constitucional formulada, la Sala debe partir por precisar que la realidad de los hechos en los que se soporta la demanda no suscita ninguna controversia.
En efecto, mediante la contestación remitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de B. se conoció que esa Corporación conoció en segunda instancia del proceso radicado 2013 – 00048, seguido contra CAMPO NOGUER y otros, con ocasión del recurso de apelación interpuesto por una de las enjuiciadas contra la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de esa misma ciudad (fs. 16 y ss).
De otro lado, el libelista allegó copia de las peticiones fechadas octubre 27 y noviembre 4 de 2014, mediante las cuales reclamó de la autoridad accionada, de una parte, «la individualización de (su) proceso para que pueda ser trasladado a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad» (f. 7) y, de otra, «que se (le) conceda el desistimiento de la apelación promovida por la señora A.J.C.G. (y) se haga una ruptura procesal, ya que no (está) de acuerdo con la apelación» (f. 5).
Adicionalmente, fue aportada al expediente la copia de la contestación remitida a CAMPO NOGUERA por el Tribunal el 26 de noviembre de la misma anualidad, en la que se le indicó al nombrado que su pedido no era procedente «porque está pendiente de resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa de A.J.C.G. (sic)» (f. 4).
4. Efectuadas las precisiones precedentes, ha de señalarse por la Corporación que las solicitudes del accionante elevadas ante las autoridades judiciales en el curso de un proceso y, concretamente, en cuanto interesa resaltar para los actuales fines, de un proceso penal, no activan el derecho de petición, sino los de debido proceso y acceso a la administración de justicia, uno y otro de carácter fundamental y, por lo tanto, susceptibles de ser amparados en sede de tutela.
Ciertamente, la Corte Constitucional tiene discernido, en criterio acogido por esta Sala[1], que «cuando se formulan solicitudes en el curso de un proceso, relacionadas con éste, y el funcionario judicial competente se abstiene de responderlas, tal omisión no vulnera el derecho de petición, sino que se constituye en una violación de los derechos al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia»[2].
En ese orden, corresponde a esta Sala establecer si la actuación del Tribunal accionado, en tanto negó...
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