Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 14300 de 3 de Octubre de 2000
| Sentido del fallo | NO CASA |
| Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Laboral de Bogotá |
| Número de expediente | 14300 |
| Fecha | 03 Octubre 2000 |
| Tipo de proceso | RECURSO DE CASACIÓN |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN LABORAL |
| Materia | Derecho Laboral y Seguridad Social |
SALA DE CASACION LABORAL
R.icación 14300
Acta 39
Bogotá, Distrito Capital, tres de octubre de dos mil
Magistrado ponente: R.M.A.
Resuelve la Corte el recurso de casación de J.A.P.T. contra la sentencia dictada el 1º de diciembre de 1999 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que le sigue a la CAJA DE CREDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO.
I. ANTECEDENTES
Ante el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de esta ciudad el recurrente promovió el proceso para que se ajustara el valor inicial de su mesada pensional, aplicando al salario promedio que devengaba al momento del retiro "el valor de la devaluación monetaria causada desde esta fecha hasta el día en que empezó a disfrutar la pensión" (folio 3) y "cumplida la indexación de la primera mesada pensional en marzo 28 de 1997, ajustar las siguientes, de acuerdo con los artículos 1º y 2º de la Ley 71 de 1988, tomando como base el valor inicial de la pensión incluyendo las especiales de junio y diciembre" (ibídem), tal cual está dicho en la demanda.
Fundó sus pretensiones J.A.P.T. en que su último salario fue de $232.673,59, el que dijo "equivalía a 4.4987 salarios mínimos mensuales" (folio 3) y en que suscribió una conciliación mediante la cual la demandada se comprometió a pagarle la pensión de jubilación cuando cumpliera 47 años de edad, lo que efectivamente hizo al reconocérsela desde el 28 de marzo de 1997, aun cuando, según él, resultó notoriamente inferior al setenta y cinco por ciento del salario que devengaba; y como el salario mínimo mensual es de $236.460,00 la mesada pensional que le corresponde es de $797.822,00.
La Caja de Crédito Agrario, Industrial y M. se opuso a las pretensiones del demandante, pues aunque aceptó que lo pensionó a los 47 años de edad, alegó en su defensa que "liquidó la pensión de jubilación en beneficio del demandante tomando como base los ingresos fijos y variables devengados por el demandante en su último año de servicios" (folio 24). Propuso las excepciones de extinción de la acción por efecto de la prescripción, pago de los derechos legalmente causados, cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación y buena fe.
Mediante fallo del 19 de octubre de 1999 el juez del conocimiento condenó a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y M. a reajustar el valor del salario devengado al momento del retiro por J.A.P.T. en cuantía de $695.965,81 y a reajustarle la pensión de jubilación "en cuantía de $521.299,36 pesos(sic) mensuales a partir del 28 de marzo de 1997, previo descuento de las sumas ya canceladas por pensión de jubilación" (folio 68).
La alzada se surtió por apelación de la demandada y concluyó con la sentencia acusada en casación, por medio de la cual el Tribunal revocó la del Juzgado y, en su lugar, la absolvió de las pretensiones del demandante, a quien, sin embargo, no le impuso costas.
II. EL RECURSO DE CASACION
Tal como lo declara al fijar el alcance de su impugnación en la demanda con la que sustenta el recurso (folios 7 a 19), que fue replicada (folios 36 a 40), el recurrente pretende que la Corte case la sentencia del Tribunal y, en instancia, confirme la del Juzgado.
A tal efecto le formula dos cargos que la Corte estudiará conjuntamente, por cuanto el recurrente indica como violados los mismos preceptos legales --de los cuales sólo resultarían pertinentes dentro de su planteamiento los artículos 8º de la Ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo-- y aduce similares razones, pues la diferencia esencial radica en que algunos de los preceptos que indica en el primero como erróneamente interpretados los señala como indebidamente aplicados en el segundo.
El dilatado alegato que reitera en los dos cargos se reduce, en esencia, a sostener que "no entendió el sentenciador la verdadera naturaleza y contenido de la indexación laboral al considerar que la revaluación de la deuda sólo es procedente ante el incumplimiento por parte del obligado" (folios 9 y 17).
Y no obstante que el recurrente reconoce que en la sentencia de 18 de agosto de 1999 (R.. 11818) la Corte modificó la que él denomina "su tradicional y reiterada jurisprudencia en materia de indexación de la primera mesada" (folio 13), afirma que la recta interpretación de los preceptos con los que integra la proposición jurídica es la fijada en las sentencias de 15 de septiembre de 1992, 8 de febrero y 11 de diciembre de 1996, por lo que dice que si el Tribunal no los hubiera interpretado mal y hubiera hecho la misma exégesis correcta fijada en estos fallos habría confirmado la decisión del Juzgado.
Refiriéndose a la sentencia de 18 de agosto de 1999 asevera que "los presupuestos argumentales de la providencia susodicha que consagra el nuevo criterio jurisprudencial encuentra(sic) fácilmente contradictores de alta consciencia jurídica nada menos que encargados de la guardia de la Constitución" (folio 13).
En la demanda afirma que la seguridad social no es creación doctrinaria, conforme se explica en una sentencia de tutela cuyos apartes transcribe, y también alega que para el reconocimiento de la pensión, en materia de plazo, no se puede acudir a las normas que rigen los contratos porque el plazo es un hecho futuro cierto, que altera el carácter puro y simple de las obligaciones, mientras que el cumplimiento de la edad es una contingencia que crea el derecho de las prestaciones a largo término.
Asimismo dice que no puede alegarse la carencia de normas que amparen la pensión porque la seguridad social es una política de Estado, consagrada como servicio público, y que para modificar el anterior criterio en la sentencia de 18 de agosto de 1999 se acudió a "disposiciones del Derecho Civil en materia obligacional para asimilarlas a la pensión de jubilación, como si ésta obedeciera al juego de las voluntades de un contrato bilateral conmutativo y oneroso y no a la creación legislativa de preceptos de seguridad social en lo cuál(sic) está comprometido el orden público y se encuentra interesada la sociedad" (folio 13).
Por su parte, la opositora para replicar los dos cargos dice que comparte la nueva doctrina que considera "que el sistema legal colombiano está fundado en los requisitos esenciales de edad y tiempo de servicios con los reajustes periódicos de la pensión" (folio 37).
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Como lo reconoce el recurrente, la argumentación del Tribunal para revocar la sentencia del Juzgado corresponde a la actual jurisprudencia plasmada en la sentencia de 18 de agosto de 1999 (R.. 11818), en la que, reestudiado el punto de derecho, la Corte juzgó procedente variar el criterio que admitía la corrección del valor de la primera mesada y adoptó al respecto la siguiente doctrina:
La indexación no tiene alcance general. El legislador la ha reconocido para casos particulares y la jurisprudencia de esta Sala y de la Civil de la Corte, únicamente como el medio correctivo adecuado a las situaciones de pago retardado de algunos créditos.
Siguiendo ese criterio, si las normas que regularon la pensión de jubilación, particular u oficial, establecieron que el empleador debía pagar al trabajador con derecho a la pensión un setenta y cinco por ciento del salario promedio mensual devengado durante el último año de servicios, esa base salarial no puede ser modificada por el juez actualizando su valor monetario, pues la norma no lo autoriza para el caso en que la pensión empieza a disfrutarse después de la fecha de la terminación del contrato ni cuando las dos fechas coinciden y la devaluación igualmente afecta la base salarial. La pérdida del poder adquisitivo de la moneda o su revaluación, que son las contingencias de toda economía monetarista, representan el daño o el beneficio que afecta a cualquier patrimonio (a los derechos y obligaciones que lo conforman), pero el riesgo que corre el acreedor no siempre gravita sobre el deudor a menos que actúe con retardo y sólo en las situaciones específicas que reconocen la ley y la jurisprudencia. Los reajustes pensionales que establece la ley obedecen a consideraciones de equidad y el deudor de la pensión los asume aunque no incurra en mora, pues así lo determina expresamente la misma ley.
Como las disposiciones que han regulado la materia en el sector oficial, al igual que el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, no acogen como regla general la revaluación monetaria de las pensiones, es forzoso concluir que el Tribunal debió aplicar esos preceptos legales y, por tanto, no resultaba pertinente acudir al artículo 8º de la Ley 153 de 1887 ni al 19 del Código Sustantivo del Trabajo, que sólo operan cuando no hay norma exactamente...
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