Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº T 70321 de 14 de Diciembre de 2016
| Sentido del fallo | CONFIRMA NIEGA TUTELA |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN LABORAL |
| Fecha | 14 Diciembre 2016 |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA |
| Número de sentencia | STL18383-2016 |
| Tribunal de Origen | Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil y Agraria |
| Número de expediente | T 70321 |
| Materia | Derecho Laboral y Seguridad Social |
J.M.B.R.
Magistrado ponente
STL18383-2016
Radicación n.° 70321
Acta 47
Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil dieciséis (2016).
Decide la Corte sobre la impugnación interpuesta por J.I., L.C., J.A., BLANCA AMELIA, M.I. y FABIO DE J.Z.M. contra la decisión proferida por la SALA DE CASACIÓN CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA del 1º de noviembre de 2016, que negó el amparo solicitado dentro de la acción de tutela promovida por los recurrentes contra la SALA DE FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, trámite al cual se vinculó a los JUZGADOS SEXTO DE FAMILIA y QUINTO DE FAMILIA DE DESCONGESTIÓN.
I. ANTECEDENTES:
Los accionantes J.I., L.C., J.A., Blanca Amelia, M.I. y F. de J.Z.M. acudieron al presente mecanismo preferente y sumario con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
Como sustento de la petición de amparo manifestaron que la Sala de Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín revocó la sentencia de primer grado y, en su lugar, negó las pretensiones de los demandantes dentro del proceso de impugnación de paternidad por ellos instaurado, por falta de legitimación activa y pasiva, tras considerar que al allegar en copia simple los registros civiles, estos carecían de valor probatorio para acreditar la calidad alegada en la demanda. Decisión contra la que no se interpuso recurso extraordinario de casación.
En su relato narran que la demandada A.Z.G. con fecha 4 de junio de 1975 fue registrada como hija de E.A.Z.M., quien falleció el 11 de octubre de 2003.
En el año 2012, los accionantes en calidad de hermanos del causante, promovieron demanda de impugnación de paternidad respectiva, ante el Juzgado Promiscuo de Familia de El Santuario (Antioquia), quien la admitió el 16 de marzo de 2012 y ordenó el traslado al extremo pasivo. Notificada la demandada presentó oposición a las pretensiones y formuló como excepciones previas la «falta de competencia» y «prescripción».
Mediante providencia del 19 de junio de 2012, declara probada la excepción previa de falta de competencia y ordena la remisión del asunto a los Juzgados de Familia de Medellín.
Asignado por reparto al Juzgado Sexto de Familia de Medellín, quien en sentencia anticipada del 4 de abril de 2013, declaró prospera la excepción de caducidad y ordenó la terminación del litigio. Contra dicha determinación los accionantes interpusieron recurso de apelación, definido mediante providencia del 8 de agosto de 2013, por el Tribunal Superior de Medellín, que la revocó y en su lugar negó dicho medio exceptivo y dispuso continuar con el trámite respectivo.
Dentro del trámite procesal, se decretó la práctica del examen de ADN, prueba que practicó el Laboratorio de la Universidad de Antioquia. Agotado el trámite de rigor, el Juzgado Quinto de Familia de Descongestión de Medellín, a quien se le reasignó el expediente, el 21 de septiembre de 2015 profirió sentencia en la que acogió las pretensiones de la demanda y en tal virtud, dispuso que la demandada A.Z.G. no es hija de E.A.Z.M. (q.e.p.d.).
Contra dicha decisión la demandada interpuso el recurso de apelación.
Previamente a decidir el recurso formulado, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medellín, requirió a las partes para que aportaran copias auténticas de los registros civiles de defunción del causante y de nacimiento de los integrantes de cada uno de los extremos del litigio, como quiera que los obrantes en el expediente correspondían a las copias simples. Sin que las partes dieran cumplimiento al anterior requerimiento.
En virtud de lo anterior, la Corporación accionada definió la impugnación mediante sentencia del 9 de agosto de 2016, en la que revocó la decisión cuestionada y, en su lugar, negó las pretensiones de los demandantes, por falta de prueba de la legitimación en la causa por activa y pasiva, como quiera que los documentos que se anexaron para tal fin carecían de valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, y pese a que se hizo uso de las facultades oficiosas dispuestas en el artículo 180 del estatuto procesal citado, ninguna de las partes cumplió el requerimiento del juez de segundo grado y no allegaron las reproducciones auténticas de dichos documentos, sin interponer recurso de casación.
Los peticionarios consideran vulnerados los derechos fundamentales invocados, dado que el juez colegiado incurrió en vía hecho al decidir el recurso de apelación contra la sentencia proferida por el juez de primer grado al revocarla, para en su lugar, declarar la falta de legitimación en la causa, por haber aportado los documentos que acreditarían el parentesco entre las partes contendientes en copias simples, pese a que en el proceso se desvirtuó la presunción de paternidad de la demandada con las pruebas practicadas.
Adicionalmente como soporte de su queja expuso que en tales documentos no se tuvo en cuenta la presunción de autenticidad de los documentos públicos implícita en el Código General del Proceso.
Por lo anterior solicitó al Juez de Tutela, conceder el amparo de los derechos invocados por exceso de ritual manifiesto y, como consecuencia de ello, se ordene la revocatoria de la sentencia reprochada y se profiera fallo de fondo.
II. TRÁMITE Y DECISIÓN DE INSTANCIA
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia con auto del 21 de octubre de 2016, admitió a trámite la acción de tutela, y ordenó dar traslado a los involucrados, para que ejercieran su derecho de defensa, término dentro del cual el juzgado accionado hizo un recuento del itinerario procesal de las actuaciones surtidas en el proceso ejecutivo que dio lugar a la acción constitucional bajo estudio y señaló que «este despacho no tomó la decisión cuestionada, motivo por el cual no puede ser señalado como responsable de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales».
Finalmente mediante providencia del 1º de noviembre de 2016, denegó la protección procurada al considerar que los aquí accionantes, a pesar de haber podido interponer recurso de casación, no hicieron uso de dicha herramienta jurídica concebida en el ordenamiento procesal para ejercer su defensa, lo que trajo consigo que cobrara firmeza la decisión que hoy le merece inconformidad.
Para arribar a dicha decisión comenzó por delimitar el objeto de la petición de amparo, el cual circunscribió a la determinación proferida el 9 de agosto de 2016, mediante la cual la corporación accionada revocó la decisión de primer grado y en su lugar, desestimó las pretensiones de los demandantes por falta de prueba de la legitimación en la causa por activa y pasiva, por cuanto los documentos presentados para tal fin carecían de valor probatorio de conformidad con lo preceptuado en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, no obstante haber ejercido las facultades oficiosas dispuestas en el artículo 180 del estatuto procesal citado; ninguno de los extremos procesales colaboró para que se allegaran las reproducciones auténticas de los mismos.
Dilucidado lo anterior razonó que en el presente asunto «…surge claro que la determinación que se señala como vulneradora de sus derechos, es la sentencia que se profirió en segunda instancia por el Tribunal Superior de Medellín, dentro del proceso declarativo de impugnación de paternidad, asunto que versa sobre el estado civil, por lo que los interesados contaba (sic) con el recurso extraordinario de casación, el cual está previsto en la ley como un mecanismo idóneo para examinar la legalidad del fallo dictado por el juez colegiado, mecanismo en el que incluso se puede revisar si se cometieron errores en la apreciación de alguna prueba».
Con base en dicha situación coligió que el amparo constitucional resultaba improcedente, dada su naturaleza subsidiaria y residual.
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