Sentencia nº 47000-23-33-000-2017-00032-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 13 de Julio de 2017
| Fecha | 13 Julio 2017 |
| Emisor | SECCIÓN QUINTA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero p onente: ALBERTO YEPES BARREIRO
Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 470001-23-33-000-2017-00032-01 (ACU)
Actor: M.D..C.Á. CUENTAS
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la providencia de 24 de abril de 2017, a través de la cual el Tribunal Administrativo del M. “rechazó por improcedente” la acción presentada por la señora M.d.C.Á.C..
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud
En ejercicio de la acción constitucional, la señora M.d.C.Á.C., a través de apoderado judicial, demandó de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social -en adelante UGPP-el cumplimiento de la Resolución Nº RDP013584 del 29 de marzo de 2016 “por la cual se reconoce una pensión de sobrevivientes (sic)”.
2. Hechos
Dentro de la solicitud, la señora Á.C. presentó la siguiente situación fáctica que la Sala resume así:
2.1. La señora Á.C. manifestó ser la compañera permanente del señor M.A.C.R., quien tenía la calidad de pensionado de la extinta Empresa de Puertos de Colombia.
2.2 El día 19 de julio de 2008 el señor C.R. falleció, razón por la cual la accionante presentó ante la UGPP solicitud de reconocimiento de la pensión de sobreviviente.
2.3 Surtida la actuación administrativa pertinente, la UGPP mediante Resolución Nº RDP013584 del 29 de marzo de 2016 reconoció a la señora Á.C. pensión de sobreviviente y le comunicó que sería incluida en la nómina del mes de agosto de 2016.
2.4 Aseguró, que en el referido mes se acercó a la entidad bancaria con el propósito de reclamar la pensión de sobreviviente reconocida. Sin embargo, adujo que en dicho lugar le informaron que no podían realizar el pago, porque no se encontraba registrada como beneficiaria.
2.5 Afirmó que ante la anterior situación, se comunicó telefónicamente con la entidad demandada y ahí se le informó que la UGPP había suspendido el pago.
2.6 Sostuvo que el día 4 de octubre de 2016, a través de apoderado judicial, presentó ante la UGPP petición en la que solicitaba se explicara el motivo por el cual se había suspendido el pago de la pensión de sobreviviente.
2.7 En escrito del 20 de octubre de 2016, la UGPP dio respuesta a la anterior petición y le comunicó a la señora Á.C. que a través de auto del 13 de octubre de 2016 la entidad demandada solicitó su consentimiento para revocar la Resolución Nº RDP013584 del 29 de marzo de 2016, so pena de iniciar las acciones pertinentes a efectos de obtener la “revocatoria” de dicho acto.
2.8 La accionante manifestó que se rehusó a dar su consentimiento para revocar el acto que le reconoció la pensión de sobreviviente, razón por la que, a su juicio, dicho acto administrativo sigue plenamente vigente.
2.9 Señaló que ante el no pago de la pensión a la cual aduce tener derecho, formuló acción de tutela contra la UGPP. Sin embargo, informó que en las dos instancias que surtió dicha acción constitucional, el amparo deprecado fue negado.
3. Fundamentos de la acción
Para la parte actora, la Resolución Nº RDP013584 del 29 de marzo de 2016 se encuentra incumplida, toda vez que la entidad demandada se ha rehusado a darle aplicación, pese a que aquella se encuentra en firme y su legalidad se presume. En este sentido explicó que la UGPP, sin tener competencia para el efecto, suspendió el pago de la pensión de sobreviviente, pese a que no solo no se brindó el consentimiento para revocar el citado acto, sino además aquel no ha sido demandado ante la jurisdicción de lo contencioso.
4. Pretensiones
En el escrito introductorio se presentó la siguiente:
“que mediante esta acción de cumplimiento se ordene a la (…) UGPP con sede en Bogotá que de cabal cumplimiento al acto administrativo Resolución RDP013584 del 29 de marzo de 2016 con radicado SPO201600047499, mediante la cual reconoció y ordenó el pago de una pensión de sobreviviente con ocasión del fallecimiento de C.R.M.A. (…) a favor de M.D.C.Á.C., en calidad de compañera permanente. Lo mismo que se dé cumplimiento a las demás determinaciones adoptadas en ese acto administrativo” . (M. en original)
5. Trámite de la solicitud
5.1 Mediante auto del siete de febrero de 2017, el Juzgado Quinto Administrativo de S.M. admitió la demanda y ordenó la notificación personal de la misma a la UGPP.
5.2 Surtido el trámite legal correspondiente, el Juzgado Quinto Administrativo mediante sentencia del 7 de marzo de 2017 “rechazó por improcedente” la acción de cumplimiento formulada por la señora Á.C..
5.3 Inconforme con la anterior decisión el apoderado de la accionante presentó recurso de apelación. Una vez el expediente fue remitido al Tribunal Administrativo del M., dicha autoridad judicial encontró que la sentencia de primera instancia se había proferido sin competencia funcional, razón por la que mediante auto del 6 de abril de 2017 declaró la nulidad del fallo proferido por el juzgado y avocó conocimiento del presente asunto.
6. Contestación de la UGPP
A través de apoderado judicial y mediante memorial radicado el 14 de febrero de 2017, la UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, por cuanto “en la investigación administrativa se pudo constatar que el reconocimiento pensional no se ajustaba a la ley”.
En este sentido, explicó que se demostró que la demandante había convivido con el causante tan solo de 2 años antes de su muerte, pese a que la Ley 797 de 2003 exige al compañero permanente demostrar convivencia al menos durante 5 años antes del fallecimiento del pensionado para ser acreedor del beneficio. En consecuencia, como la parte actora no demostró ese supuesto, a su juicio, no cabía sino concluir que el acto cuya aplicación se pretende no se ajustaba a la ley y, por el contrario lo que procedía era su revocatoria.
Igualmente, señaló que la acción era improcedente, toda vez que la accionante contaba con otros mecanismos de defensa judicial, ya que lo que buscaba era el reconocimiento de la pensión de sobreviviente; pretensión que debía ser reclamada a través del proceso laboral ordinario.
Explicó que se ordenó la “suspensión” de la Resolución Nº RDP013584 del 29 de marzo de 2016, hasta tanto se lograra su “revocatoria mediante decisión judicial”, puesto que la parte actora no tiene derecho a disfrutar la prestación que reclama. En este orden de ideas, insistió en que la acción era improcedente, porque el acto cuya aplicación se busca es contrario a la ley, habida cuenta que reconoce a la señora Á.C. un derecho sin que aquella “cumpla los requisitos exigidos en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 47 de la Ley 100 de 1993”.
Finalmente, propuso la excepción de “inexistencia del derecho” y de “cobro de lo no debido”, haciendo énfasis en que la accionante no tiene derecho a la prerrogativa cuyo pago busca.
7. Fallo impugnado
El Tribunal Administrativo del M. en sentencia de 24 de abril de 2017 resolvió:
“ RECHAZAR por improcedente la acción de cumplimiento promovida por M.Á. contra la UGPP, por las razones expuestas.” (M. y negritas en original)
Como sustento de su decisión el a quo concluyó que la acción era improcedente, principalmente, por tres razones: i) porque lo pretendido por la accionante, intrínsecamente, generaba gasto; ii) debido a que estaba demostrado que las pretensiones esbozadas en la demanda se discutieron en el marco de una acción de tutela y aquellas fueron negadas y iii) toda vez que la señora Á.C. cuenta con otros mecanismos de defensa judicial como la acción de tutela, los procesos ordinarios o el proceso ejecutivo.
8. Impugnación
Inconforme con la anterior decisión, mediante escrito del 28 de abril de 2017 el apoderado de la señora Á.C. impugnó el fallo de primera instancia. Para el efecto, presentó los siguientes razonamientos:
8.1 Argumentó que una de las principales razones que tuvieron los jueces de tutela para negar el amparo solicitado era que la demandante podía acudir a la jurisdicción de lo contencioso a reclamar sus derechos. En consecuencia, después de transcribir un apartado del fallo de tutela de segunda instancia, señaló que acudió a este medio de control, precisamente, para que las pretensiones sean debatidas en la jurisdicción de lo contencioso.
Para reforzar lo anterior, transcribió un aparte de una sentencia de la Corte Constitucional sobre la...
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