Auto nº 026/16 de Corte Constitucional, 27 de Enero de 2016
| Número de sentencia | 026/16 |
| Fecha | 27 Enero 2016 |
| Número de expediente | ICC-2319 |
| Materia | Derecho Constitucional |
Auto 026/16
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Competencia a prevención
ACCION DE TUTELA-Decreto 1382 de 2000 no establece competencia sino reglas de simple reparto
Referencia: expediente ICC-2319
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Turbaco (Bolívar) y el Juzgado 4º Laboral del Circuito de Cartagena.
Magistrada Ponente:
GLORIA S.O. DELGADO
Bogotá, D.C., V. (27) de enero de dos mil dieciséis (2016).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere el siguiente
AUTO
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E.J.P.C. en nombre y representación de su hijo C.J.P.C., instauró acción de tutela en contra del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), al considerar vulnerados los derechos fundamentales a la educación y a la igualdad de su hijo, como quiera que él no ha podido acceder a “uno de los 11.000 créditos condonables a la educación superior, que serán otorgados por el programa Ser Pilo Paga 2”. [1]
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El conocimiento de la acción de tutela le correspondió al Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Turbaco (Bolívar), quien mediante auto del 12 de noviembre de 2015, ordenó remitirla a los Tribunales Superiores del Distrito Judicial de Cartagena, ya que el ICETEX es una entidad vinculada al Ministerio de Educación y a la luz del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, la tutela debe ser resuelta en primera instancia por los Tribunales Superiores del respectivo Distrito Judicial.
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Hecho nuevamente el reparto, su conocimiento le correspondió al Juzgado 4º Laboral del Circuito de Cartagena, quien mediante auto del 25 de noviembre de 2015, se declaró incompetente para conocer de la acción de tutela, propuso conflicto negativo de competencias y ordenó enviar el expediente a esta Corporación para su revisión.
El precitado despacho alegó su falta de competencia en que el Decreto 1382 de 2000 solo establece reglas de reparto de las acción de tutela, de manera que no delimita la competencia de los jueces constitucionales, ya que es una norma de inferior jerarquía que no puede modificar lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución.
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Esta Corporación, como máximo tribunal de la jurisdicción constitucional, es competente para resolver los conflictos de competencia que se susciten dentro de los procesos de tutela cuando las autoridades judiciales involucradas carezcan de un superior jerárquico común[2]. Sin embargo, en virtud de los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, y del derecho al acceso oportuno a la administración de justicia, “la Corte ha llegado a asumir de manera directa el conocimiento de conflictos de competencia teniendo en cuenta el objetivo de garantizar la mejor protección de los derechos fundamentales”[3].
En este sentido, la Corte Constitucional es competente para asumir el estudio del caso, aunque el superior jerárquico común de los juzgados inmersos en el conflicto negativo de competencias sea el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena[4], en tanto que deben aplicarse las reglas de celeridad e informalidad de la acción de tutela.
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Ahora bien, en diferentes oportunidades[5] esta Corporación ha concluido que los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991, son las disposiciones que expresamente aluden a los factores que precisan la competencia en materia de tutela.
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Al respecto, es necesario recordar que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, expresamente establece que: “son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud”.
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Igualmente, se ha aclarado que el Decreto 1382 de 2000 establece solamente las “reglas de reparto de la acción de tutela” y en ningún caso define la competencia de los despachos judiciales.
Así, esta Corporación ha precisado que: “ la observancia del mencionado acto administrativo en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto. Una interpretación en sentido contrario, transforma sin justificación válida el término constitucional de diez (10) días, como acaece en este caso, en varios meses, lesionándose de esa manera la garantía de la efectividad (art. 2 C.P.) de los derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia (art. 229 ibídem) y al debido proceso de los accionantes (art. 29 ibídem)”[6].
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Así las cosas, la Sala encuentra que el Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Turbaco, tomó las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000, para declararse incompetente y no realizar un pronunciamiento de fondo, con lo cual, aplica una regla de reparto que no desplaza su competencia y afecta los derechos fundamentales del accionante.
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Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto del 12 de noviembre de 2015 proferido por el Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Turbaco, dentro de la acción de tutela formulada por E.J.P.C. como representante de C.J.P.C. contra el ICETEX.
Asimismo, la Sala remitirá el expediente ICC-2319 al Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Turbaco que contiene la acción de tutela presentada por el señor E.J.P.C., para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto del 12 de noviembre de 2015 proferido por el Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Turbaco, dentro de la acción de tutela formulada por E.J.P.C. como representante de C.J.P.C. contra el ICETEX.
Segundo.- REMITIR el expediente ICC-2319 al Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Turbaco que contiene la acción de tutela presentada por el señor E.J.P.C., para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.
Tercero.- Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR al Juzgado 4º Laboral del Circuito de Cartagena, la decisión adoptada en la presente providencia.
N., comuníquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta (e)
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA S.O. DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Folio 2.
[2] Ver entre otras, las siguientes providencias: A-243 de 2012, M.P.L.G.G.; A-004 de 2014, M.P.N.P.P. y A-015 de 2013, M.P.M.V.C..
[3] Ver entre otras: A-223 de 2003. M.P.M.G.M.C.; A-001 de 2004. M.P.M.G.M.C.; A-001 de 2006. M.P.M.J.C.; A-164A de 2001. M.P.J.C.T..
[4] Artículo 11º de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.
[5] Ver entre otras: A-140 de 2015, M.P.G.E.M.: A-079 de 2015, M.P.J.I.P.; A-211 de 2015 M.P.J.I.P.; A-272 de 2015, M.P.G.S.O..
[6] Ver entre otros, Auto 230 de 2006, M.P.J.C.T., Auto 340 de 2006. M.P, J.C.T., Auto 124 de 2009. M.P.H.S.P., Auto 033 de 2014, M.P.M.V.C..
