Auto nº 196/16 de Corte Constitucional, 11 de Mayo de 2016
| Número de sentencia | 196/16 |
| Número de expediente | ICC-2391 |
| Fecha | 11 Mayo 2016 |
| Materia | Derecho Constitucional |
Auto 196/16
Referencia: expediente ICC-2391
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado 17 Administrativo Oral de Bogotá y el Juzgado 34 Civil Municipal de Bogotá.
Magistrada Ponente:
GLORIA S.O. DELGADO
Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil dieciséis (2016).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere el siguiente
AUTO
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J.I.G.L., como apoderado judicial de M.V. de G., presentó acción de tutela en contra del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por la presunta vulneración de su derecho fundamental de petición.
El apoderado judicial afirmó que el 1º de diciembre de 2015, radicó una solicitud ante la entidad accionada para que le fuera entregada la copia de la sentencia proferida por el Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Bogotá. No obstante, la entidad demandada le informó que ello no era posible, ya que “(…) dicha sentencia reposa en el expediente administrativo del proceso y [se encuentra] en custodia de la Oficina de archivo de esta Secretaría de Educación del Distrito”[1].
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Por reparto, le correspondió al Juzgado 17 Administrativo Oral de Bogotá, quien mediante auto del 13 de enero de 2016, señaló que a la luz de lo dispuesto en el inciso 3º, numeral 1º, artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, debe ser el juez municipal de Bogotá quien decida la presente acción de tutela.
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Hecho nuevamente el reparto, su conocimiento le correspondió al Juzgado 34 Civil Municipal de Bogotá, quien mediante auto del 9 de marzo de 2016, propuso conflicto negativo de competencias y ordenó enviar el expediente a esta Corporación.
El precitado despacho alegó su falta de competencia en que según los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991, todos los jueces son competentes para conocer las acciones de tutela a prevención, “(…) preceptos éstos que difieren de lo consagrado por el Decreto reglamentario 1382 de 2000 que establece reglas de simple reparto y no de competencia”[2].
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Esta Corporación, como máximo tribunal de la jurisdicción constitucional, es competente para resolver los conflictos de competencia que se susciten dentro de los procesos de tutela cuando las autoridades judiciales involucradas carezcan de un superior jerárquico común[3]. Sin embargo, en virtud de los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, y del derecho al acceso oportuno a la administración de justicia, “la Corte ha llegado a asumir de manera directa el conocimiento de conflictos de competencia teniendo en cuenta el objetivo de garantizar la mejor protección de los derechos fundamentales”[4].
Como en este asunto, el conflicto negativo se trabó entre dos despachos judiciales que no cuentan con un superior jerárquico común, pues el Juzgado 17 Administrativo Oral de Bogotá pertenece a la jurisdicción contencioso-administrativa y el Juzgado 34 Civil Municipal de Bogotá a la jurisdicción ordinaria[5], la Corte Constitucional es competente para asumir su estudio.
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Ahora bien, en diferentes oportunidades[6] esta Corporación ha concluido que los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991, son las disposiciones que expresamente aluden a los factores que precisan la competencia en materia de tutela.
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En este sentido, es necesario recordar que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, establece que: “son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud”.
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Igualmente, se ha aclarado que el Decreto 1382 de 2000 regula solamente las “reglas de reparto de la acción de tutela” y en ningún caso define la competencia de los despachos judiciales. Al respecto, esta Corporación ha precisado que:
“(…) la observancia del mencionado acto administrativo en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto. Una interpretación en sentido contrario, transforma sin justificación válida el término constitucional de diez (10) días, como acaece en este caso, en varios meses, lesionándose de esa manera la garantía de la efectividad (art. 2 C.P.) de los derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia (art. 229 ibídem) y al debido proceso de los accionantes (art. 29 ibídem)”[7].
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Así las cosas, la Sala encuentra que el Juzgado 17 Administrativo Oral de Bogotá, tomó las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000, para declararse incompetente y no realizar un pronunciamiento de fondo, con lo cual, aplica una regla de reparto que no desplaza su competencia y afecta los derechos fundamentales de la accionante.
De esta manera, dicho Juzgado era la autoridad competente para conocer de la acción de tutela presentada por J.I.G.L. en contra del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
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Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto del auto del 13 de enero de 2016, proferido por el Juzgado 17 Administrativo Oral de Bogotá, dentro de la acción de tutela formulada por J.I.G.L., como apoderado judicial de M.V. de G. en contra del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Asimismo, la Sala remitirá el expediente ICC-2391 al Juzgado 17 Administrativo Oral de Bogotá que contiene la acción de tutela presentada por J.I.G.L., para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto del auto del 13 de enero de 2016, proferido por el Juzgado 17 Administrativo Oral de Bogotá, dentro de la acción de tutela formulada por J.I.G.L., como apoderado judicial de M.V. de G. en contra del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Segundo.- REMITIR el expediente ICC-2391 al Juzgado 17 Administrativo Oral de Bogotá que contiene la acción de tutela presentada por J.I.G.L., para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.
Tercero.- Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR al Juzgado 34 Civil Municipal de Bogotá, la decisión adoptada en la presente providencia.
N., comuníquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA S.O. DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Cuaderno 1. Folio 1. Acción de tutela.
[2] Cuaderno 2. Folio 57.
[3] Ver entre otras, las siguientes providencias: A-243 de 2012, M.P.L.G.G.; A-004 de 2014, M.P.N.P.P. y A-015 de 2013, M.P.M.V.C..
[4] Ver entre otras: A-223 de 2003. M.P.M.G.M.C.; A-001 de 2004. M.P.M.G.M.C.; A-001 de 2006. M.P.M.J.C.; A-164A de 2001. M.P.J.C.T..
[5] Artículo 11 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.
[6] Ver entre otras: A-140 de 2015, M.P.G.E.M.: A-079 de 2015, M.P.J.I.P.; A-211 de 2015 M.P.J.I.P.; A-272 de 2015, M.P.G.S.O..
[7] Ver entre otros, Auto 230 de 2006, M.P.J.C.T., Auto 340 de 2006. M.P, J.C.T., Auto 124 de 2009. M.P.H.S.P., Auto 033 de 2014, M.P.M.V.C..
