Auto nº 238/16 de Corte Constitucional, 1 de Junio de 2016

1. El apoderado judicial de la Clínica de la Costa Ltda. solicitó la nulidad de la sentencia T-022 de 2016 mediante escrito radicado en la Secretaría General de la Corte Constitucional el siete (7) de marzo de dos mil dieciséis (2016)[1].

   A continuación se presenta una síntesis (i) del contenido de la acción de tutela, de las respuestas y de las decisiones de instancia; (ii) de la sentencia T-022 de 2016, cuya nulidad se solicita, y (iii) del escrito de nulidad y de los cargos.

   La acción de tutela y las decisiones de instancia

2. S.B.M., en calidad de representante legal de la Clínica de la Costa Ltda.[2], interpuso acción de tutela contra la F.ía 22 de la Unidad de Justicia Transicional y la S. de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, solicitando que se dejara sin efectos la orden de extinción de dominio proferida por el Tribunal referido el veinticuatro (24) de febrero de dos mil quince (2015), en relación con el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 040-121174, ubicado en la carrera 50 No. 80-132 de la ciudad de Barranquilla, denominado “Parqueadero Clínica de la Costa”, dentro del proceso con número de radicación 110016000253200883612, al incurrir en un supuesto defecto fáctico por no haberse valorado unas pruebas legal y oportunamente aportadas al proceso. Lo anterior, según sus palabras, implicó un presunto desconocimiento de los derechos fundamentales a la buena fe, la propiedad, el debido proceso, la defensa, la igualdad y el acceso a la administración de justicia, además de los principios de favorabilidad y proporcionalidad. Adicionalmente, solicitó que se ordenara el levantamiento de las medidas cautelares que obran sobre el inmueble y su entrega material a los socios propietarios de la Clínica de la Costa Ltda.

   La solicitud de amparo fue interpuesta como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre el patrimonio de la Clínica de la Costa Ltda., cuyos socios son G.J.A.M., S.M.B.M. y A.G.C.O..

   En la demanda la representante legal de la empresa accionante expuso los siguientes hechos relevantes[3]:

   “1. Mediante providencia del cinco (5) de noviembre de dos mil nueve (2009), la S. de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá[4], decretó el embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 040-121174[5], ubicado en la carrera 50 No. 80-132 de la ciudad de Barranquilla, denominado “Parqueadero Clínica de la Costa”, el cual fue ofrecido por el postulante M.Á.M.M.M. (conocido con el alias de “P.A.” o “El Mellizo”) con la finalidad de reparación para las víctimas dentro del proceso de justicia y paz[6]. Planteó que el inmueble se encuentra secuestrado desde el nueve (9) de octubre de dos mil catorce (2014) por parte de la F.ía General de la Nación, Subunidad de Persecución de Bienes de la Dirección Nacional de Justicia Transicional.

2. Señaló la peticionaria que el cuatro (4) de octubre de dos mil diez (2010), el entonces apoderado de la Clínica solicitó ante la S. de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el levantamiento de la medida cautelar. A través de auto del dieciséis (16) de agosto de dos mil doce (2012), se negó tal petición al considerar que no estaba demostrada la buena fe exenta de culpa por parte de los actuales socios propietarios. Luego de interpuesto el recurso de apelación contra el anterior proveído, el dieciséis (16) de octubre de dos mil trece (2013), la S. Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión con fundamento en que “no existió ninguno de los presupuestos de la buena fe cualificada […], como son conciencia y certeza de adquirir el derecho de quien es legítimo dueño; conciencia y certeza de que en la negociación se actuó con prudencia y diligencia que hiciera imposible descubrir el verdadero origen del inmueble, y conciencia y certeza de que la adquisición se realizó conforme a las condiciones exigidas por la ley”[7].

3. Sostuvo que los señores G.J.A.M. y A.G.C.O., socios propietarios de la Clínica, son terceros de buena fe exentos de culpa; que la Clínica adquirió el predio descrito por compra que le hiciera a la señora I. delS.Á.I.[8], “sobre la cual no existían cuestionamientos, no se conocían investigaciones sobre ella o su esposo [el arquitecto F.B. y por el contrario se trata de una señora muy conocida en la sociedad barranquillera, sobre quien ni en el pasado, ni ahora, se le han adelantado procesos por narcotráfico, paramilitarismo, testaferrato, enriquecimiento ilícito o cualesquier otro delito”[9]; que se les cuestiona a los médicos A.M. y Cadena Osorio “dueños de la Clínica de la Costa, el no conocer de las relaciones familiares de la vendedora del predio, lo que es exagerado, al tratarse de una carga de supuesta diligencia y cuidado que no se le exige a nadie”[10]; y concluyó “que no logró ni la F.ía y menos aún el Tribunal de Justicia y Paz, […], allegar un solo medio de convicción del cual se pueda inferir siquiera la ilicitud del patrimonio de los propietarios de la Clínica de la Costa, o como a bien tienen en denominar “la Génesis” ilícita del mismo, o siquiera parte de él, no lograron demostrar que se trataba de testaferros de M.M.M. [alias “P.A.” o “el Mellizo”], por lo que en tales condiciones decretar la extinción del derecho de dominio frente al bien de su propiedad afectado en el presente trámite, con las múltiples falencias probatorias citada[s] sería ni más ni menos que soportar una decisión en simples conjeturas o presunciones”[11].

4. Precisó la solicitante que “[e]n materia de extinción de derecho de dominio la carga de la prueba tiene su límite, pues ella no puede desbordarse al punto de obligarnos a extender una “prueba imposible” o “diabólica” como también se le ha llamado, casi que exigiendo al sujeto pasivo de la acción de extinción del derecho de dominio que llegue a demostrar su propia culpa…[12].”

3. El F. 25 Delegado ante el Tribunal de Justicia Transicional, Grupo Bienes[13], se opuso tanto a los hechos como a las pretensiones invocadas en la solicitud de amparo. Narró los siguientes hechos[14]:

   “- El señor M.Á.M.M.M. fue comandante del Bloque Vencedores de Arauca y miembro representante de dicho bloque, calidad que le fue concedida mediante la Resolución No. 337 del catorce (14) de diciembre de dos mil cinco (2005) del Ministerio del Interior y de Justicia. Se desmovilizó el veintitrés (23) de diciembre del mismo año en el municipio de Tame, Arauca, y fue postulado por el Gobierno Nacional a los beneficios de la Ley 975 de 2005[15].

   - El desmovilizado postulado fue extraditado a los Estados Unidos en febrero de dos mil nueve (2009), por requerimiento de la Corte Distrital de Columbia y actualmente se encuentra recluido en una cárcel del Estado de Virginia.

   - El desmovilizado postulado, en tal calidad y en cumplimiento de las obligaciones adquiridas y previstas en la Ley 975 de 2005, junto a su hermano en vida V.M.M.M., en escrito presentado a través de apoderado el veinticinco (25) de mayo de dos mil siete (2007), entregó y ofreció para la reparación de las víctimas del Bloque Vencedores de Arauca cincuenta y cinco bienes inmuebles (según el cuadro que se relaciona), entre ellos, el “Parqueadero Clínica de la Costa, ubicado en la carrera 50 No. 80-132”, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 040-121174.

   - A partir del ofrecimiento, la F.ía 25 Delegada ante el Tribunal Superior de Justicia y Paz hoy Justicia Transicional, solicitó la imposición de medidas cautelares sobre dicho bien, de conformidad con la Ley 975 de 2005, la Ley 1592 de 2012, el Decreto 3011 de 2013 y demás normas concordantes, ya que el comandante desmovilizado M.Á.M. junto a su difunto hermano V.M., “aseguraron que dichos bienes eran de su propiedad, que estaban en cabeza de testaferros y habían sido adquiridos con dineros del narcotráfico para financiar el grupo paramilitar Vencedores de Arauca”[16].

   - Mediante providencia del cinco (5) de noviembre de dos mil nueve (2009), la S. de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, impuso las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre el bien en mención, a petición de la F.ía 22 de hechos y bienes de justicia y paz. Con el fin de materializar las medidas anteriores, el nueve (9) de octubre de dos mil catorce (2014) se llevó a cabo la diligencia de secuestro y la correspondiente entrega real y material del bien al Fondo para la Reparación a las Víctimas - Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas.

   - El citado bien fue objeto de alistamiento acorde con la Ley 1592 de 2012 y el artículo 60 y siguientes del Decreto 3011 de 2013, “a tal efecto se adelantó el correspondiente estudio jurídico del bien donde se determinó con base en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria y escrituras públicas correspondientes, que el titular del derecho de dominio […] era I.X.D.P.S.A.I., de quien ha quedado demostrado en varios incidentes tramitados ante los Magistrados con funciones de Control de garantías fungieron como testaferros de los M.M.”[17].

   - Una vez se produjo el embargo y secuestro del referido bien inmueble, el cuatro (4) de octubre de dos mil diez (2010), los representantes legales de la Clínica de la Costa, G.J.A. y A.G.C., promovieron incidente de oposición ante el Magistrado de Justicia y Paz con Funciones de Control de Garantías, con la finalidad de que se levantaran dichas medidas cautelares, invocando ser compradores de “buena fe exenta de culpa”. Adelantado el incidente, el dieciséis (16) de agosto de dos mil doce (2012), el referido Magistrado negó dicha petición.

   - Apelada la anterior decisión, la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia bajo el radicado 38715, el dieciséis (16) de octubre de dos mil trece (2013)[18], confirmó dicha negativa quedando en firme la medida cautelar[19], “lo que dio lugar a que en audiencia concentrada tramitada ante un Magistrado de Conocimiento de Justicia y Paz de Bogotá, por solicitud de la F.ía 25 de Bienes, se solicitara y a su vez se ordenara por [sentencia] del 24 de febrero de 2015, por el Magistrado en mención, la extinción del dominio del referido bien inmueble en favor de las víctimas del Bloque Vencedores de Arauca, quienes lo habían ofertado”[20].

   - En el año dos mil once (2011), fue creada la Subunidad de Bienes de Justicia y Paz, correspondiendo, primero, a la F.ía 38 y, luego, a la F.ía 25 de Justicia y Paz, seguir conociendo de los bienes ofertados, denunciados y que se persiguen del Bloque Vencedores de Arauca.”

   Asimismo, el F. señaló que el Juzgado Once Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla carecía de competencia para el trámite de la acción de tutela, por existir un pronunciamiento de la S. Penal de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la negativa de levantar las medidas cautelares decretadas sobre el bien denominado “Parqueadero Clínica de la Costa”.

4. La S. de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá[21], señaló que el veinticuatro (24) de febrero de dos mil quince (2015), dicha S. de conocimiento emitió sentencia condenatoria en contra del postulado O.V.Z. y otros, por delitos cometidos con ocasión de su pertenencia a grupos armados al margen de la ley en donde se decidió, entre otros asuntos, la extinción del dominio de diversos bienes que fueron objeto de afectación, en atención a la solicitud elevada en ese sentido por la F.ía 22 Delegada para dicha jurisdicción, entre los que se encontraba el Parqueadero Clínica de la Costa, inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 040-121174[22].

   Afirmó que la acción de tutela resultaba improcedente por la existencia de otro medio de defensa judicial activado por el apoderado de la accionante (refiriéndose a un recurso de apelación concedido ante la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia); además, porque no se evidenció un perjuicio irremediable o una situación extrema de afectación de derechos que habilitara al juez constitucional para intervenir en el caso.

   Finalmente, alegó el vicio de competencia del juez de tutela para el conocimiento del asunto, pues, teniendo en cuenta las autoridades judiciales accionadas, este le correspondería a la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

5. El J. Once Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla[23], mediante sentencia del dieciocho (18) de junio de dos mil quince (2015)[24], tuteló los derechos fundamentales al debido proceso, al buen nombre, a la dignidad y a la propiedad de la Clínica accionante, presuntamente vulnerados por la F.ía 22 de la Unidad de Justicia Transicional y la S. de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Como consecuencia de lo anterior, dejó sin efectos las medidas cautelares y la extinción de dominio que afectaban al bien inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 040-121174, ubicado en la carrera 50 No. 80-132 de Barranquilla; y ordenó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla que dejara “sin efectos las anotaciones números 20 de fecha 11-12-2009, y la No. 21 de fecha 12-02-2010 procedente[s] del TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA…”[25]. Finalmente, determinó comunicar la decisión a la Subunidad de Persecución de Bienes de la Dirección Nacional de Justicia Transicional de la F.ía General de la Nación, para que realizara la entrega material del inmueble a la representante de la sociedad accionante. Fundamentó su decisión, principalmente, en las siguientes consideraciones[26]:

   “[…] el Despacho luego de una valoración de las pruebas aportadas, encuentra efectivamente, que el [Tribunal], conculcó los derechos del actor, pues valoró, sin ningún fundamento probatorio solo lo dicho por el oferente, señor M.A.M.M.M., y que no fue advertido por el superior J. al resolver el recurso, en tanto que el [Tribunal], no hizo apreciación alguna a los argumentos y a las pruebas de los accionante[s], quienes como ha quedado demostrado en la negociación de venta, y readquisición del inmueble objeto de esta tutela, parqueadero Clínica de la Costa, han actuado según lo previsto en las normas legales, y con observancia de la buena fe exenta de culpa, pues la providencia que ordenó las medidas cautelares, y la extinción de dominio, carecen de motivación probatoria, pues solo se fundamentaron en la manifestación del oferente, y no en un medio probatorio fehaciente, como el haber hecho un análisis del Certificado de Libertad y Tradición de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esta ciudad, por lo que no solo se le ha afectado la propiedad del accionante (sic), sino que también se le afectó (sic) la dignidad de los propietarios […] de la CLÍNICA DE LA COSTA, pues ellos en nada han tenido negociación con personas que hayan actuado al margen de la ley, como los paramilitares o narcotraficantes, pues no se logr[ó] demostrar anotación o condena por esos delitos a la señora I.D.S.A.I., ni menos que de los señores G.A.Y.A.C., hayan adquirido el bien inmueble con dineros de dudosa procedencia, ni [se enriquecieron] con la readquisición del bien, por el contrario han sido víctimas de miembros integrantes de grupos al margen de la ley, al haber sido colocados en entredicho su dignidad y en deterioro su patrimonio económico con la extinción de dominio de su propiedad del bien denominado parqueadero CLINICA DE LA COSTA”[27].

6. El primero (1) de julio de dos mil quince (2015), la F. 25 Delegada (E) ante el Tribunal de Justicia Transicional, Grupo Bienes[28], impugnó la sentencia del dieciocho (18) de junio de dos mil quince (2015)[29]. Acerca de la afectación de los derechos fundamentales de la Clínica accionante, señaló: “Como se aprecia, los actores de la protección tutelar, han contado con los medios de defensa judicial para hacer valer sus pretendidos derechos fundamentales al, proponer incidente de levantamiento de medidas cautelares, recurrir en apelación y contar con la oportunidad de impugnar vía apelación el fallo de extinción de dominio[30]; luego la acción de tutela incoada por los médicos CADENA Y AROCA por intermedio de apoderado, no procede en razón a que en ejercicio pleno de sus derechos de defensa, contradicción, debido proceso se han garantizado los mismos en el curso de los procesos adelantados o medios judiciales existentes para tal efecto”[31].

   Asimismo, reiteró el argumento de falta de competencia del J. Once Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla.

   La anterior impugnación fue declarada desierta por el J. Once Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, en razón de su presentación extemporánea, a través del auto del diecisiete (17) de julio de dos mil quince (2015)[32]. Decisión esta frente a la cual el F. 25 Delegado ante el Tribunal de Justicia Transicional - Grupo de Bienes[33], interpuso recurso de reposición solicitando que se revocara la mencionada providencia y, en subsidio, el recurso de queja en atención a lo dispuesto en la Ley 1395 de 2010[34] y demás normas concordantes de los códigos de procedimiento penal y civil, argumentando que solo tuvo conocimiento del fallo de tutela el veintiséis (26) de junio del año en curso, razón por la cual la solicitud fue realizada dentro del término legal[35].

   Mediante auto del once (11) de agosto de dos mil quince (2015), el juez de instancia negó las solicitudes de reposición y queja presentadas por la F.ía 25 Delegada ante el Tribunal de Justicia Transicional - Grupo de Bienes, argumentando, primero, que el recurrente no demostró fehacientemente y con prueba documental, la fecha en la que recibió efectivamente la comunicación del fallo de tutela referido y, segundo, en relación con el recurso de queja, afirmó que “es excesivamente técnico y dispendioso; en modo alguno se compadece con los principios de informalidad y celeridad propios de un trámite de carácter preferente y sumario, tal como es el caso de la acción de tutela”[36].

   La sentencia T-022 de 2016 cuya nulidad se solicita

7. De acuerdo con los hechos narrados en la acción de tutela, correspondió a la S. Primera de Revisión resolver el siguiente problema jurídico: ¿vulneraron la F.ía 25 de Justicia y Paz y la S. de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la administración de justicia de la Clínica de la Costa Ltda., al solicitar y declarar, respectivamente, la extinción de dominio del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 040-121174, ubicado en la carrera 50 No. 80-132 de la ciudad de Barranquilla, denominado “Parqueadero Clínica de la Costa”, dentro del proceso con número de radicación 110016000253200883612, al incurrir en un supuesto defecto fáctico por no haber valorado pruebas legal y oportunamente aportadas al proceso; a pesar de la existencia de un mecanismo ordinario de defesa judicial?

8. Para desarrollar el anterior interrogante, la S. procedió (i) a reiterar el asunto atinente a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y (ii) a constatar los requisitos formales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto. Como cuestión previa, y teniendo en cuenta las afirmaciones realizadas por los funcionarios de los organismos judiciales accionados, se pronunció acerca de la competencia en materia de tutela.

9. Luego de referirse a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y su carácter excepcional, la S. Primera concluyó que la solicitud de amparo presentada por la apoderada judicial de la Clínica de la Costa era improcedente debido a que no se agotaron todos los medios de defensa judicial previstos por el legislador en el proceso dentro del cual fue proferida la decisión objeto de controversia por vía de tutela. Al respecto, se sostuvo:

   “5.5. Del caso concreto. Está probado en el presente trámite de tutela que en el proceso con número de radicación 11001600025320088361202, la S. de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante providencia del cinco (5) de noviembre de dos mil nueve (2009), impuso las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre el bien conocido como “Parqueadero Clínica de la Costa”, ubicado en la carrera 50 No. 80-132, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 040-121174, a petición de la F.ía 22 de la Unidad Nacional de Justicia Transicional. Que frente a dicha decisión, fue instaurado un incidente de oposición ante el Magistrado de Justicia y Paz con Funciones de Control de Garantías, argumentando que los socios propietarios de la Clínica eran compradores de “buena fe exenta de culpa”. Que dicho incidente fue negado el dieciséis (16) de agosto de dos mil doce (2012), y que frente a esa negativa se interpuso el recurso de apelación. Que la decisión del Tribunal fue confirmada por la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el dieciséis (16) de octubre de dos mil trece (2013)[37], concluyendo que “ninguno de los planteamientos esbozados por el recurrente está llamado a prosperar, al contrario, se demostró que los médicos AROCA y CADENA no adquirieron el bien ubicado en la carrera 50 No. 80-132 con buena fe exenta de culpa, imponiéndose confirmar la decisión materia de alzada”[38].

   Así mismo está probado, tal como lo manifestó el Profesional Especializado de la S. de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, J.M.O.C.[39], que frente a la sentencia proferida el veinticuatro (24) de febrero de dos mil quince (2015) por la S. de Justicia y Paz del mencionado Tribunal, a través de la cual se declaró la extinción del dominio del bien urbano denominado “Parqueadero Clínica de la Costa”[40], se interpuso el recurso de apelación por parte del apoderado judicial de la Clínica de la Costa, L.E.R.O.[41].

   Sin embargo, al realizar la consulta del proceso con número de radicación 11001600025320088361202 en la página institucional de la Rama Judicial, se encontró una anotación con fecha del veintidós (22) de junio de dos mil quince (2015), en donde se lee: “Al despacho de la honorable Magistrada P.S.C., memorial suscrito por el doctor L.E.R.O., quien manifiesta ser apoderado de la Clínica de la Costa Ltda., por medio del cual realiza algunas consideraciones y manifiesta que [“…] renuncia… al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia proferida 24/02/2015 dentro del proceso de la referencia. Constan (sic) de 01 folio. Bogotá, D.C., 22 de junio de 2015”[42]. Así las cosas, la acción de tutela presentada por la apoderada judicial de la Clínica de la Costa se torna improcedente. Como lo explicó la S., para la procedencia del mecanismo de amparo se exige que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial previstos por el legislador en el proceso dentro del cual fue proferida la decisión que se pretende controvertir mediante tutela. Y, como se indicó, el abogado de la sociedad accionante en el marco del proceso con número de radicación 11001600025320088361202, renunció voluntariamente al medio de defensa judicial que había activado (recurso de apelación) para controvertir la declaración de extinción del dominio del bien inmueble denominado “Parqueadero Clínica de la Costa”.

   Además de lo anterior, no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que justifique acudir al amparo constitucional como mecanismo transitorio”.[43]

10. A partir de los anteriores argumentos, la S. Primera de Revisión revocó la sentencia proferida en primera instancia por el J. Once Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, el dieciocho (18) de junio de dos mil quince (2015), a través de la cual se tutelaron los derechos fundamentales al debido proceso, al buen nombre, a la dignidad y a la propiedad de la Clínica de la Costa, y en su lugar la tutela se declaró improcedente[44].

    La solicitud de nulidad

11. El apoderado judicial de la Clínica de la Costa Ltda.[45], presentó solicitud de nulidad de la sentencia T-022 de 2014, dividiendo su escrito en tres acápites: en el primero, titulado “Del cumplimiento de los requisitos formales y materiales que hacen procedente la solicitud de nulidad y por qué la misma sí puede interponerse como excepción al cumplimiento de la sentencia que se impugna”, se refirió a la oportunidad en la interposición de la solicitud de nulidad y a la legitimación en la causa, toda vez que representa a la parte accionante de la tutela tramitada bajo el radicado T-5203117[46].

    En el segundo, “De los hechos y de los antecedentes del caso que dieron lugar a la sentencia T-022 de 2016, proferida por la S. Primera de Revisión de Tutelas”, reiteró los hechos que fundamentaron la solicitud de amparo siguiendo la misma línea argumentativa utilizada en la demanda, a saber: (i) de las razones para la afectación del bien y decisiones al respecto; (ii) los doctores Cadena y A. si son terceros de buena fe exenta de culpa; (iii) la Clínica de la Costa demostró las actividades lícitas desplegadas, la génesis lícita de su patrimonio y su capacidad económica para la adquisición del bien; (iv) la protección constitucional y legal a la propiedad privada, y (v) la protección constitucional y legal de los terceros de buena fe exenta de culpa. Luego, transcribió la decisión del juez de tutela de primera instancia con fundamento en lo citado en la sentencia T-022 de 2016[47].

    En el tercero, “De las causales de nulidad invocadas contra la sentencia T-022 de 2016…”, se concentró en exponer el por qué la S. Primera de Revisión “incurrió en una grave, ostensible, probada, significativa y trascendental violación al debido proceso”[48] por: (i) violación directa de la Constitución al desconocer el principio universal, constitucional y legal de la buena fe y los derechos fundamentales a la propiedad, al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, a la libertad, a la tutela judicial efectiva y al acceso a la administración de justicia, además de los principios de favorabilidad y proporcionalidad; (ii) violación al debido proceso al desconocer la competencia de todos los jueces de la República para decidir acciones de tutela, y (iii) violación al debido proceso al no valorar las pruebas que reposan en el expediente y de las que da cuenta la decisión del juez de tutela de primera instancia.

12. Primera causal de nulidad: violación directa de la Constitución al desconocer el principio universal, constitucional y legal de la buena fe y los derechos fundamentales a la propiedad, al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, a libertad, a la tutela judicial efectiva y al acceso a la administración de justicia, además de los principios de favorabilidad y proporcionalidad. En este punto de nuevo el solicitante transcribió los argumentos expuestos en la acción de tutela en lo referente a que los “Doctores Cadena y A. si son terceros de buena fe exenta de culpa”[49], para luego concluir que la S. Primera “ni siquiera observó los fundamentos fácticos, ni jurídicos de la acción de tutela”[50].

13. Segunda causal de nulidad: violación al debido proceso al desconocer la competencia de todos los jueces de la República para decidir acciones de tutela. El solicitante se refirió a la competencia del juez de tutela acudiendo a la transcripción parcial del apartado 3 de la sentencia T-022 de 2016, sobre la competencia en materia de tutela, y citando una serie de autos de la Corporación y una sentencia emanada de una S. de Revisión que considera aplicables al caso[51]. A continuación afirmó que la S. Primera omitió analizar que la acción de tutela impetrada por la Clínica de la Costa fue dirigida contra la F.ía 22 de la Unidad de Justicia Transicional y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, S. de Justicia y Paz, y no contra una alta corte, por lo que no debió hacerse referencia al argumento de la existencia de una manipulación grosera de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 al ser asignada al J. Once Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, para luego concluir la S. que “en el caso concreto el reparto le debió corresponder a la Corte Suprema de Justicia, por ende, el J. Once Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla debió dar aplicación al parágrafo del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, que establece: “Si conforme a los hechos descritos en la solicitud de tutela el juez no es el competente, éste deberá enviarla al juez que lo sea a más tardar al día siguiente de su recibo, previa comunicación a los interesados”[52].

14. Tercera causal de nulidad: violación al debido proceso al no valorar las pruebas que reposan en el expediente y de las que da cuenta la decisión del juez de tutela de primera instancia. Explicó que la debida valoración de las pruebas que son esenciales para la recta administración de justicia y para asegurar el derecho a la igualdad, forma parte del debido proceso; asimismo, refirió la posición de la Corporación en relación con la vulneración del debido proceso cuando se presenta un defecto fáctico por la indebida valoración probatoria. Con apoyo en lo anterior, afirmó que la S. Primera de Revisión incurrió en una indebida valoración del acervo probatorio que obra en el expediente que dio origen a la sentencia T-022 de 2016 y para demostrar tal situación, nuevamente trascribió los apartes de la demanda de tutela que tienen relación con los siguientes temas: (i) la Clínica de la Costa demostró las actividades lícitas desplegadas, la génesis lícita de su patrimonio y su capacidad económica para la adquisición del bien; (ii) la protección constitucional y legal a la propiedad privada; (iii) la protección constitucional y legal de los terceros de buena fe exenta de culpa, y (iv) la vía de hecho por defecto fáctico[53]. En el último punto, insistió en los argumentos incluidos en la acción de tutela bajo el título “Los doctores Cadena y A. si son terceros de buena fe exenta de culpa”. Finalmente, concluyó:

    “[…] en el presente trámite no existió un solo medio de convicción capaz de quebrar el principio universal, constitucional y legal de la buena fe que debe cobijar a los doctores CADENA y AROCA, y mucho menos [a] la empresa CLÍNICA DE LA COSTA como persona jurídica, lo cual procedente es (sic) tutelar los derechos fundamentales violentados y el principio universal, constitucional y legal de la buena fe, como terceros de buena fe exenta de culpa y corolario de ello se disponga dejar sin efecto el decreto de extinción del derecho de dominio frente al bien de su propiedad afectado en el presente trámite, y se ordene el levantamiento de la medida cautelar que lo afecta y se entregue materialmente el mismo a mis poderdantes.

    Para este apoderado judicial, la S. Primera de Revisión de Tutelas omitió considerar los hechos descritos, que le constan, (sic) sin duda implica una nueva violación al derecho al debido proceso por una indebida fundamentación fáctica y por indebida valoración de las propias fuentes jurídicas, todas ellas proferidas, por la S. Plena, que, consecuentemente, determinó también desconocer un evidente hecho lo cual es que mi representada CLINICA DE LA COSTA no contaba con más medios de defensa judicial, debido a que el apoderado renunció al recurso de apelación, sin conocer los motivos de fondo dejando desprotegidos[s] los derechos de mi poderdante y los me obligó (sic) a asesorar y presentar la acción de tutela en estudio constitucional”[54].

La nulidad de las sentencias de la Corte Constitucional es excepcional

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 “por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”, contra las sentencias de la Corporación “no procede recurso alguno”. A su vez, en el inciso 2º del mismo artículo se consagra la posibilidad de solicitar la nulidad de los procesos ante la Corte Constitucional “antes de proferido el fallo”, pero solamente por “irregularidades que impliquen violación del debido proceso”, tanto si se cuestionan actuaciones previas al fallo, como si el incidente se plantea contra una sentencia de revisión[55].

2. Ahora bien, la Corte Constitucional ha admitido en ciertas hipótesis excepcionales la procedencia de la nulidad contra sentencias dictadas por la S. Plena o por las S.s de Revisión, siempre y cuando se plantee dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación[56].

3. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido enfática en aclarar que la nulidad de una sentencia de la Corte Constitucional no es, “un recurso contra las providencias de esta Corporación. Por ende, al tramitar una solicitud de nulidad, la Corte no puede entrar a estudiar la corrección jurídica de la decisión sino que su examen se limita a determinar si en el trámite del proceso o en la sentencia misma ocurrieron violaciones al debido proceso”[57]. Así, a través de la solicitud de nulidad no se puede pretender reabrir un debate que ya ha sido cerrado en las discusiones de la S. de Revisión o la S. Plena.

4. En desarrollo de lo anterior, la S. Plena ha establecido un grupo de presupuestos formales de procedencia de las solicitudes de nulidad, en donde es preciso acreditar[58]: (i) legitimación para actuar, es decir, interés directo como parte o tercero afectado por la decisión cuya nulidad se discute; (ii) presentación oportuna de la solicitud, pues debe proponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del fallo adoptado por la Corte, cuando la nulidad se instaura contra la providencia[59].

5. Asimismo, la Corte determinó los presupuestos materiales de procedencia de las solicitudes de nulidad, en todo caso, conectados con violaciones evidentes e intensas del derecho fundamental al debido proceso. En su jurisprudencia ha explicado algunas de las hipótesis en las que puede producirse una lesión de esta naturaleza. Así, la nulidad de sentencias de revisión de tutela se da en “situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales”[60], y esa excepcionalidad depende, en principio, de que el interesado acredite la existencia de una grave violación al debido proceso, en razón de lo cual debe fundamentar de manera clara, expresa y razonada los preceptos presuntamente transgredidos y su incidencia en la decisión adoptada, demostrando que se está en presencia de una irregularidad, conforme se expone en el auto 031A de 2002[61], “ostensible, probada, significativa y trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos” (subrayas y negrillas originales)[62].

6. Siguiendo la jurisprudencia constitucional, y con apoyo en el auto 155 de 2014[63], esa grave violación al debido proceso se presenta, por ejemplo, en los siguientes casos: (i) cuando una S. de Revisión cambia la jurisprudencia sentada por la S. Plena de la Corte o la jurisprudencia en vigor de las S.s de Revisión de Tutela[64]; (ii) cuando una decisión de la Corte es aprobada por una mayoría no calificada según los criterios que exige la ley[65]; (iii) cuando existe incongruencia entre la parte motiva de una sentencia y la parte resolutiva de la misma[66], la sentencia se contradice abiertamente, o la decisión carece por completo de fundamentación; (iv) cuando la parte resolutiva de una sentencia de tutela da órdenes a particulares que no fueron vinculados o informados del proceso[67]; (v) cuando la sentencia proferida por una S. de Revisión desconoce la cosa juzgada constitucional, pues ello significa extralimitarse en el ejercicio de sus atribuciones[68], y (vi) cuando de manera arbitraria se dejan de analizar asuntos de relevancia constitucional que tienen efectos transcendentales para la decisión.

7. En este orden de ideas, las causales de procedencia de la solicitud de nulidad de las sentencias proferidas por las S.s de Revisión de esta Corte, deben ser entendidas como un trámite de creación jurisprudencial, basado en el respeto de las garantías reguladas en el artículo 29 constitucional[69]. Así, la nulidad tiene naturaleza excepcional y está sometida a estrictos requisitos de procedencia, los cuales versan sobre la acreditación suficiente de circunstancias ostensibles y trascendentales que afecten de manera cierta el derecho fundamental tantas veces aludido[70].

8. Por tanto, cualquier inconformidad con la interpretación realizada por esta Corporación, con la valoración probatoria o con los criterios argumentativos que apoyan la sentencia no constituyen fundamentos suficientes para solicitar su nulidad, pues esta clase de situaciones no implican la vulneración del debido proceso, sino que constituyen meras apreciaciones “connaturales al desacuerdo e inconformismo del solicitante con la decisión”[71].

9. Expresadas las anteriores consideraciones, pasa la S. Plena a estudiar el cumplimiento de los requisitos formales para la procedencia de la solicitud de nulidad y, en caso de encontrarlos satisfechos, a examinar los cargos formulados contra la sentencia T-022 de 2016.

   Examen sobre el cumplimiento de requisitos formales

10. (i) Legitimación para actuar: el apoderado judicial de la Clínica de la Costa Ltda.[72], quien es parte demandante en el trámite de tutela que culminó con la sentencia T-022 de 2016. En consecuencia, está legitimado para invocar la nulidad de la providencia citada. (ii) Presentación oportuna de la solicitud: la sentencia T-022 fue proferida el dos (2) de febrero de dos mil dieciséis (2016), y se le comunicó a la empresa accionante por medio del oficio No. 357 del siete (7) de marzo de dos mil dieciséis (2016), enviado por medio de la planilla de correos No. 61 del diez (10) de marzo del mismo año, según lo informó a la Secretaria de la Corporación el Juzgado Once Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla[73]. La petición de nulidad se presentó el siete (7) de marzo de dos mil dieciséis (2016); es decir, antes de que le fuera notificada la sentencia T-022 de 2016 a la Clínica de la Costa Ltda., razón por la cual es oportuna[74]. El apoderado judicial M.C.C. aclaró que “formalmente no fuimos notificado[s] hasta la fecha por ninguna autoridad competente, solo tuve conocimiento hoy lunes 07 de Marzo de 2016, al consultar en la página web de la Honorable Corte Constitucional y notar el pronunciamiento del asunto que nos concierne, entendiendo que esta notificación se asimila a [la] de conducta concluyente atendiendo las normas procedimentales”[75].

    Examen sobre los cargos

11. Aclarado el aspecto formal, pasa la S. Plena a examinar los cargos formulados contra la sentencia T-022 de 2016, para procurar la nulidad de la sentencia.

    Por estructura metodológica analizará conjuntamente el punto uno y el tres planteado por el solicitante ya que involucran una misma línea argumentativa, cual es la presunta violación del debido proceso al no valorar las pruebas que reposan en el expediente y, con ello, afectar derechos como la buena fe, la propiedad, la defensa, la igualdad, la libertad, la tutela judicial efectiva y el acceso a la administración de justicia, además de los principios de favorabilidad y proporcionalidad. Luego, abordará el asunto referente a la supuesta violación del debido proceso al desconocer la competencia de todos los jueces de la República para decidir acciones de tutela.

    Violación del debido proceso al no valorar las pruebas que reposan en el expediente

12. En primer lugar, debe reiterarse que la nulidad de una sentencia proferida por una S. de Revisión o por la Corporación en pleno no es un recurso contra la providencia, y en este orden de ideas la Corte no puede entrar a estudiar nuevamente los argumentos de la decisión sino que su examen se limita a determinar si en el trámite del proceso o en la sentencia misma se incurrió en violaciones al debido proceso. Así, a través de la solicitud de nulidad no se puede pretender reabrir un debate que ya ha sido cerrado, ni cuestionar la interpretación realizada, la valoración probatoria o los criterios argumentativos que apoyaron la sentencia, pues esta clase de situaciones no implican la vulneración del debido proceso sino que constituyen apreciaciones “connaturales al desacuerdo e inconformismo del solicitante con la decisión”[76].

13. En segundo lugar, es importante aclarar que la sentencia T-022 de 2016 declaró improcedente la solicitud de amparo de la Clínica de la Costa debido a que se evidenció que había sido interpuesto un recurso de apelación contra la sentencia proferida el veinticuatro (24) de febrero de dos mil quince (2015) por la S. de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de la cual se declaró la extinción del dominio del bien urbano denominado “Parqueadero Clínica de la Costa”[77]; pero el apoderado judicial, antes de sustentar el recurso, renunció voluntariamente a dicho medio de defensa[78].

14. Así las cosas, la S. Primera de Decisión no estudió el fondo del asunto planteado por la empresa accionante debido a que una vez examinada la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, se verificó que no fue cumplido el requisito de subsidiaridad. Por ello, se revocó la decisión de instancia que concedió el derecho y se declaró en su lugar la improcedencia de la acción de tutela.

15. En relación con el requisito de subsidiaridad, la S. Primera precisó que para que la solicitud de amparo sea procedente en sede constitucional debe darse cumplimiento al mandato según el cual esta solo procede en ausencia de un mecanismo alternativo de defensa judicial, es decir, que se exige el agotamiento de todos los recursos judiciales como condición previa para la interposición de la acción, salvo que se busque un amparo transitorio a fin de evitar un perjuicio irremediable, en razón a que el proceso judicial es el escenario en el cual debe buscarse la protección de los derechos constitucionales y legales en primer término, y en consideración a que la competencia del juez de tutela frente a una sentencia judicial se contrae a los aspectos con relevancia constitucional que fueron discutidos al interior del proceso, sin obtener una respuesta constitucionalmente adecuada por parte de los jueces naturales[79].

16. También explicó la S. Primera en la sentencia cuya nulidad se persigue que cuando se pretende controvertir mediante la acción de tutela una decisión judicial, los requisitos generales de procedencia se hacen más exigentes pues (i) la persona que se considera afectada por una actuación judicial tiene, al interior del proceso respectivo, diferentes vías para defender sus derechos (por ejemplo, los recursos), y (ii) no es el propósito de la acción de tutela el que se produzca una invasión de competencias por parte del juez constitucional, frente a las demás autoridades judiciales. Así, mientras que al juez natural le corresponde el estudio detallado de todos los elementos normativos y fácticos discutidos mediante un proceso judicial, a través de un amplio debate probatorio, al juez constitucional, en cambio, solo le corresponde conocer de violaciones o amenazas a los derechos fundamentales derivadas de las actuaciones judiciales, sin involucrarse en las controversias propias del litigio y, además, solo en caso de que hayan sido alegadas al interior del proceso sin éxito.

17. Esta restricción en la actuación del juez de tutela es una consecuencia de la obligación del peticionario de actuar diligentemente y agotar todos los recursos judiciales existentes al interior del proceso para la defensa de sus derechos como requisito previo a la interposición de la acción de tutela.

18. Como se mencionó, el apoderado judicial de la Clínica de la Costa interpuso el recurso de apelación contra la sentencia proferida el veinticuatro (24) de febrero de dos mil quince (2015) por la S. de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de la cual se declaró la extinción del dominio del bien urbano denominado “Parqueadero Clínica de la Costa”[80], es decir, estaba controvirtiendo la decisión a través del mecanismo idóneo. No obstante ello, el veintitrés (23) de mayo de dos mil quince (2015) la representante legal de la Clínica de la Costa Ltda., interpuso acción de tutela contra la F.ía 22 de la Unidad de Justicia Transicional y la S. de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, solicitando dejar sin efectos la orden de extinción de dominio proferida por el Tribunal en la sentencia ya referida, alegando un supuesto defecto fáctico por no haberse valorado las pruebas legal y oportunamente aportadas al proceso. O. que se sometió ante dos jueces diferentes, el juez ordinario y el juez constitucional, la misma controversia, con desconocimiento del carácter preferente que tiene el juez natural, pues, en todo caso, no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que justificara un amparo transitorio.

19. Luego de lo anterior, el abogado de la sociedad accionante[81] en el marco del proceso con número de radicación 11001600025320088361202, renunció voluntariamente al medio de defensa judicial que había activado ante la S. de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (recurso de apelación) para controvertir la declaración de extinción del dominio del bien inmueble denominado “Parqueadero Clínica de la Costa”[82], actuación esta que implicó en términos concretos la aceptación de la decisión tomada por el Tribunal. Razón por la cual se tornaba improcedente la acción de tutela.

    Violación del debido proceso al desconocer la competencia de todos los jueces de la República para decidir acciones de tutela

20. Con fundamento en el artículo 86 de la Constitución el solicitante planteó que todos los jueces de la República son competentes para decidir acciones de tutela; que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 definió dos reglas de competencia en materia territorial, y que el Decreto 1382 de 2000 fijó pautas de reparto y no de competencia. En este orden de ideas, sostuvo que el J. Once Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla era competente para conocer de la acción de tutela presentada por la Clínica de la Costa Ltda. contra la F.ía 22 de la Unidad de Justicia Transicional y la S. de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y que por lo tanto, no debió revocarse esa decisión.

21. Sin embargo, cabe precisar que no fue este el argumento que sirvió de fundamento a la revocatoria de la sentencia de amparo. Al respecto, se explicó en la sentencia T-022 de 2016[83], que la jurisprudencia constitucional ha precisado que el Decreto 1382 de 2000[84] establece únicamente las reglas para el reparto de la acción de tutela y no las que definen la competencia de los despachos judiciales[85], pues estas últimas se encuentran contenidas en los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991. Esto, en tanto el Decreto 1382 de 2000 por su inferioridad jerárquica, no puede modificar la Constitución[86].

22. Las disposiciones contenidas en el Decreto 1382 de 2000, tal como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación[87], se limitan a concretar las reglas de reparto de las tutelas y no a regular la competencia.

23. No obstante, como también lo explicó la S. Primera, la anterior distinción entre reglas de reparto y reglas de competencia no puede conducir a desconocer la importancia que revisten las primeras como un criterio que imprime objetividad, ordena y racionaliza la distribución del trabajo judicial, excluyendo la arbitrariedad y el capricho en la asignación de los procesos. Así lo precisó el pleno de la Corte Constitucional en el auto 124 de 2009[88].

24. Posición esta que fue precisada en el auto 198 de 2009[89], en los siguientes términos: “Del mismo modo y con relación a la regla previamente citada, tales excepciones, se presentarían en los casos en los que se advierta una manipulación grosera de las reglas de reparto, como cuando se asigna el conocimiento de una demanda de tutela contra una Alta Corte, a un funcionario judicial diferente a sus miembros; o, necesariamente, siguiendo esa misma directriz, en los casos en que se reparta caprichosamente una acción de tutela contra una providencia judicial, a un despacho diferente del superior funcional del que dictó el proveído”[90].

25. O. que la Corporación ha planteado que en asuntos en los que se identifique una manipulación grosera de las reglas de reparto, esto es, (i) cuando el conocimiento de una acción de tutela interpuesta contra una alta Corte, es asignado a un funcionario judicial diferente al que corresponda, siguiendo la misma lógica, (ii) cuando se reparte una solicitud de amparo presentada contra un funcionario judicial a un despacho diferente del superior funcional del que dictó la decisión controvertida; en esos casos, el funcionario a quien le fue asignado el asunto, puede devolverlo de conformidad a las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000, por presentarse una distribución caprichosa de la acción de tutela. Lo anterior fue precisado en el auto 198 de 2009[91] y retomado en los autos 033 de 2014[92] y 071 de 2014[93].[94]

26. No es acertado entonces, afirmar como lo plantea el solicitante, que la S. solo se haya referido a la situación de manipulación grosera de las reglas de reparto en los casos en que se controvierte por vía de tutela sentencias emanadas de altas Cortes, porque en la providencia se hizo referencia a otras situaciones. Incluso se precisó, que también se presenta esta situación cuando se asigna una tutela interpuesta contra un funcionario judicial a un despacho diferente del superior funcional del que dictó la decisión controvertida.

27. Tal como se sostuvo en la sentencia objeto de la solicitud de nulidad, aunque en el caso concreto el reparto le debió corresponder a la Corte Suprema de Justicia y, por ende, el J. Once Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla debió dar aplicación al parágrafo del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000[95], teniendo en cuenta que la disposición establece reglas de reparto y no de competencia, la revocatoria de dicha decisión no se produjo por esta razón, sino por resultar improcedente la acción.

    Conclusión

28. Por las razones expuestas, la S. Plena de la Corte Constitucional negará la solicitud de nulidad de la sentencia T-022 de 2016, porque los accionantes lo que pretenden es reabrir la discusión sobre la valoración de las pruebas aportadas al proceso ordinario, como si se tratara de una tercera instancia y además discutir el tema relativo a la interpretación del Decreto 1382 de 2000, asunto que ha sido debidamente dilucidado por esta Corporación, en múltiples autos.

En mérito de lo expuesto, la S. Plena de la Corte Constitucional