Auto nº 355/16 de Corte Constitucional, 10 de Agosto de 2016
| Ponente | :ALEJANDRO LINARES CANTILLO |
| Fecha de Resolución | 10 de Agosto de 2016 |
| Emisor | Corte Constitucional |
| Expediente | ICC-2443 |
Auto 355/16
Referencia: Expediente ICC-2443
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sopetrán – Antioquia.
Acción de tutela presentada por E.L.H.O. contra la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil dieciséis (2016).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere el siguiente
AUTO
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El 14 de abril de 2016, la señora E.L.H.O. presentó acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al considerar vulnerado su derecho fundamental de petición, dado que la entidad accionada no respondió la solicitud de entrega de ayuda humanitaria, la cual fue elevada por la actora el 7 de marzo del año que transcurre, en razón de su condición de desplazada[1].
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El 15 de abril de 2016, el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín, instancia a la que correspondió en un primer momento el reparto del asunto, se declaró incompetente para resolver la acción de tutela de la referencia, al estimar que en virtud del factor territorial debía darse prelación al domicilio de la accionante, pues en esa ciudad se vulnera, presuntamente, el derecho fundamental invocado. En consecuencia, como la dirección de residencia de la demandante está ubicada en el barrio el Carmelo del municipio de Sabanalarga – Antioquia, que pertenece al circuito judicial del municipio de Sopetrán – Antioquia, remitió el expediente al juez con categoría del circuito de éste último municipio[2].
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El 21 de abril de 2016, luego de haberse efectuado un nuevo reparto, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sopetrán – Antioquia propuso el conflicto negativo de competencia, al no compartir los argumentos expuestos por el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín. En su parecer, tal despacho judicial erró en la interpretación de los artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 de 2000, toda vez que la competencia del juez de tutela radica en cabeza de los jueces del lugar donde se presenta la vulneración o donde se generen sus efectos.
Aunado a lo anterior, precisó que lo que motivó a la accionante a formular el presente amparo, fue la conducta de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas – Unidad Territorial Antioquia, ubicada en la ciudad de Medellín. De ahí que su derecho de petición resulta violado en el lugar en el que no se le dio respuesta oportuna, es decir, en la ciudad donde la actora presentó su solicitud[3].
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La Sala Plena de esta Corporación, como máximo tribunal de la jurisdicción constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia que se susciten dentro de procesos de tutela, cuando las autoridades judiciales involucradas carezcan de un superior jerárquico común o cuando, aun teniéndolo, se pretenda garantizar la protección de los derechos fundamentales y así conservar los principios de informalidad, celeridad, eficacia, prevalencia de lo sustancial sobre las formas y acceso oportuno a la administración de justicia[4].
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Al respecto, cabe resaltar que acorde con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 18 de la Ley 270 de 1996[5], el presente conflicto de competencia, en principio lo debía decidir la Sala Mixta[6] del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia. Sin embargo, esta Corte determinará a cuál de las dos autoridades judiciales corresponde asumir el conocimiento de la acción de tutela, a efectos de evitar una dilación injustificada en el trámite ya iniciado.
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Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, solo existen dos factores de asignación de competencia, según los cuales le corresponde conocer el recurso de amparo (i) al juez del lugar donde se vulneraron o amenazaron los derechos fundamentales invocados –factor territorial- y (ii) en el caso de las acciones de tutela que se interpongan contra los medios de comunicación, en primera instancia, a los jueces del circuito del lugar donde ocurrieron los hechos –factor subjetivo-.
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En el caso concreto, el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín decidió declararse incompetente para conocer la demanda de tutela formulada contra la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas- Unidad Territorial Antioquia, por estimar que de acuerdo con el lugar donde se producen los efectos de la vulneración del derecho fundamental invocado por la accionante, la competencia se hallaba determinada por su domicilio y en ese sentido correspondería el conocimiento del asunto al Juez del Circuito de Sopetrán – Antioquia, esto, en los términos del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. Por su parte, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sopetrán – Antioquia propuso el conflicto negativo de competencia, comoquiera que el lugar en el que se había ocasionado la transgresión del derecho fundamental de petición correspondía a la sede de la entidad accionada en la que fue radicada la solicitud de ayuda humanitaria, es decir, en la ciudad de Medellín.
Así las cosas, en la cuestión objeto del presente análisis se plantea un conflicto negativo de competencia fundado en las diferentes interpretaciones del factor territorial.
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La Corte Constitucional se ha referido a dos criterios que definen el lugar en el que debe ser interpuesta la acción de tutela. De una parte, el sitio en el que se produce la violación o la amenaza del derecho y, de otra, el lugar donde la vulneración extiende sus efectos[7].
Adicionalmente, esta Corporación ha manifestado que cuando exista una divergencia entre los criterios que definen el alcance del factor territorial, se le otorga prevalencia a la elección del accionante. En esa dirección, este Tribunal indicó que “el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 estableció una competencia “a prevención”, que queda fijada por la elección que el demandante haga entre los diversos jueces competentes para conocer del proceso (civiles, penales, laborales etc). Por tanto, como el referido Decreto no distingue “la clase o jurisdicción de los juzgadores que pueden ocuparse de las acciones de tutela,” el actor puede hacer dicha elección, “sin perjuicio, claro está, del factor territorial y la exigencia de que la presentación de las demandas se haga en un despacho que permita el eventual desarrollo de una segunda instancia.”[8]
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Revisada en detalle la solicitud de amparo se advierte, como bien lo precisó el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sopetrán – Antioquia, que pese a que el domicilio de la señora E.L.H.O. se encuentra en el municipio de Sabanalarga - Antioquia[9], el lugar escogido por aquella para interponer la presente tutela, corresponde con la sede de la entidad accionada en la que radicó[10] la petición que no le fue contestada, esto es, en la ciudad de Medellín. El derecho de petición incorpora la garantía no solo de obtener una respuesta oportuna a las solicitudes presentadas, sino también la de que ella sea comunicada en el lugar indicado por el interesado. Esta doble manifestación iusfundamental, adscrita al artículo 23 de la Carta y a los desarrollos contenidos en la legislación estatutaria, implica que el lugar de la presunta violación, según la perspectiva que asuma el peticionario, puede situarse en el lugar en el que ha debido producirse la respuesta o en aquel en que la misma ha debido ser notificada.
Acorde con lo expuesto en precedencia, esta Corte considera que la decisión del Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín desconoció las reglas que definen la competencia territorial. En efecto, es de resaltar que toda persona puede acudir “ante los jueces-a prevención” para que protejan sus derechos constitucionales fundamentales. Por tanto puede elegir en relación con el lugar de presentación de la tutela (i) donde ocurrió la vulneración - el cual puede no coincidir con el domicilio del accionante – o (ii) en el sitio en el que se extienden los efectos de aquella violación[11].
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En consecuencia, el expediente de tutela deberá ser remitido al Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín para que conozca de la acción de tutela interpuesta por la señora E.L.H.O. contra la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – Unidad territorial de Antioquia. En virtud de lo anterior, la Sala Plena dejará sin efectos el auto del 15 de abril de 2016, por medio del cual dicho despacho judicial decidió declararse incompetente para conocer la acción de tutela de la referencia. En su lugar, se ordenará a la mencionada autoridad judicial que asuma de manera inmediata y sin dilaciones el conocimiento de la acción de tutela.
Adicionalmente, la Sala prevendrá a dicho Juzgado para que en lo sucesivo evite proceder como lo hizo, en tanto ello se opone a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el quince (15) de abril de 2016, por el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín, mediante el que se declaró incompetente para conocer la acción de tutela interpuesta por la señora E.L.H.O. contra la Unidad Administrativa Especial de Atención y reparación Integral a las Víctimas.
SEGUNDO.- REMITIR el expediente de la referencia al Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín, para que asuma de manera inmediata y sin dilaciones el conocimiento de la acción de tutela de la referencia.
TERCERO.- PREVENIR Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín, para que en lo sucesivo se abstenga de evitar decisiones que sean contrarias a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.
CUARTO.- Por Secretaría General, COMUNICAR a las partes y al Juzgado Promiscuo del Circuito de Sopetrán – Antioquia, la decisión adoptada en esta providencia.
N., comuníquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Vicepresidente
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Folio 1 – 3 cuaderno No. 1. Cabe destacar que la acción de tutela de la referencia se dirige al “Juez (reparto) Medellín” y en ese sentido, fue radicada en la Oficina Judicial de Reparto de esa ciudad.
[2] Folio 34 cuaderno No. 1.
[3] Folio 35 – 36 cuaderno No. 1.
[4] Ver, entre otras, las siguientes providencias: A-170A de 2003, A-243 de 2012, A-004 de 2013 y A-015 de 2013.
[5] ARTÍCULO 18. CONFLICTOS DE COMPETENCIA. Los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicción ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos, serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casación que de acuerdo con la ley tenga el carácter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y en cualquier otro evento por la Sala Plena de la Corporación. // Los conflictos de la misma naturaleza que se presenten entre autoridades de igual o diferente categoría y pertenecientes al mismo Distrito, serán resueltos por el mismo Tribunal Superior por conducto de las Salas Mixtas integradas del modo que señale el reglamento interno de la Corporación.
[6] Ver en el mismo sentido: A-227 de 2013, M.P.L.G.G.P.; A-038 de 2014, M.P.L.G.G.P.; A-215 de 2015, M.P.G.S.O.D. y el A-093 de 2016 M.P.A.R.R..
[7] En ese sentido se encuentran los autos A-256 de 2012, M.P N.P.P.,; A-143 de 2008, M.P J.C.T. y A117 de 2016, M.P.A.L.C..
[8] A-063 de 2007, M.P Á.T.G..
[9] Tanto en la acción de tutela como en el la solicitud presentada a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la señora H.O. informa que su dirección de notificación es en el “Barrio El Carmelo – Municipio de Sabanalarga – Antioquia”. Ver folios 3 y 4 del cuaderno No. 1.
[10] Folio 4 del cuaderno No. 1. Se observa que
[11] Ver A002 de 2015, M.P.M.V.S.M..
