Auto nº 451/16 de Corte Constitucional, 21 de Septiembre de 2016
| Número de sentencia | 451/16 |
| Número de expediente | ICC-2487 |
| Fecha | 21 Septiembre 2016 |
| Materia | Derecho Constitucional |
Auto 451/16
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Vigésimo Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sopetrán
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil dieciséis (2016).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, y
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- Que la Sala Plena de esta Corporación, como máximo tribunal de la jurisdicción constitucional, entre otras, es competente para resolver los conflictos de competencia que se susciten dentro de procesos de tutela cuando las autoridades judiciales involucradas carezcan de un superior jerárquico común[1]. No obstante, excepcionalmente la Sala Plena también ha admitido que puede conocer y resolver directamente las controversias que se presentan entre los jueces que posean una autoridad jerárquica común, siempre que la demora en la decisión pueda comprometer la efectividad de los derechos fundamentales cuya protección se pretende o cuando el supuesto conflicto sea suscitado por la intervención directa de una de tales autoridades[2].
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- Que la señora L.M.C. de Z. interpuso acción de tutela en contra de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante UARIV), para solicitar la protección de sus derechos a la vida, al mínimo vital, a la protección especial de la población desplazada, a una vivienda digna y de petición, los cuales consideró vulnerados ante la falta de respuesta por parte de la entidad accionada, en relación con su solicitud de entrega de ayuda humanitaria.
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- Que, en un primer momento, el conocimiento del recurso de amparo correspondió al Juzgado Vigésimo Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín, el cual, en proveído del 13 de mayo de 2016, se declaró incompetente para resolver la demanda, alegando el factor territorial de competencia dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. Al respecto, señaló que los efectos del fallo se producen en el municipio de Sabanalarga (Antioquia), por ser el lugar de residencia de la actora[3], por lo que resultaba procedente remitir el expediente a los jueces del circuito al que pertenece ese municipio, esto es, a los de Sopetrán (Antioquia).
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- Que efectuado nuevamente el reparto y asignado el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito de Sopetrán, a través de auto del 20 de mayo de 2016, éste decidió no avocar conocimiento del presente proceso y propuso el conflicto negativo de competencia ante esta Corporación. Lo anterior, en atención a que de acuerdo con el precitado artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, el factor territorial no se determina por el lugar de domicilio del accionante, sino que se establece dependiendo del sitio en donde ocurriere la violación o amenaza que motivó la presentación del amparo. Así las cosas, en relación con el asunto objeto de examen, encontró que como la demandante presentó su solicitud de prórroga ante las oficinas de Medellín, es en dicho municipio donde tuvo lugar la afectación del derecho fundamental de petición.
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- Que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 establece los únicos factores que determinan la competencia en materia de amparo constitucional: (i) el territorial, según el cual “son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud” y, (ii) el funcional, por virtud del cual las actuaciones dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación serán repartidas a los jueces del circuito del lugar.
En este orden de ideas, el domicilio por sí mismo no constituye un factor que determine la competencia, más allá de su relevancia en la definición del factor territorial en tanto coincida (i) con el sitio en el que se vulnera o amenaza un derecho, o (ii) con el lugar al que se extienden los efectos de su violación.
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Que, en relación con el asunto bajo examen, la Corte observa que se plantea una situación referente a la aplicación del factor territorial descrito en el numeral anterior, en la medida que el juez competente dependerá del lugar en donde hubieren ocurrido los hechos que originaron el recurso de amparo o donde se extendieran sus efectos.
En efecto, se tiene que la accionante, cuyo domicilio se encuentra en el municipio de Sabanalarga, presentó una petición de prórroga de ayuda humanitaria ante la UARIV en sus oficinas de Medellín[4], respecto de la cual, presuntamente, no se le ha otorgado respuesta. Conforme a lo anterior, al tratarse de un caso vinculado con la afectación del derecho fundamental de petición, la competencia por el factor territorial puede determinarse, por una parte, por el lugar en donde se presentó su supuesta transgresión, el cual corresponde al municipio en donde se radicó la solicitud (Medellín), y por la otra, por el sitio en donde se despliegan sus efectos, esto es, el lugar de residencia de la actora, en tanto es ahí en donde se debió haber comunicado la respuesta a su requerimiento (Sabanalarga).
En este contexto, es preciso advertir que el Juzgado Vigésimo Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín si bien tenía razón en señalar que los jueces de Sopetrán eran competentes para conocer de fondo sobre la cuestión, en tanto que el domicilio de la actora se encontraba en Sabanalarga, no debió haberse declarado incompetente en esta oportunidad, pues se observa que dicha autoridad también estaba habilitada para pronunciarse de fondo sobre este asunto, en la medida en que debía entenderse que la omisión de respuesta de la UARIV tuvo ocurrencia en el lugar en donde se radicó el requerimiento de prórroga, sin importar cuál sea el funcionario o dependencia de la institución que tenga a su cargo la resolución de la petición.
En definitiva, esta Corporación dejará sin efectos el auto del 13 de mayo de 2016 proferido por el Juzgado Vigésimo Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín, y ordenará remitir el expediente a esta misma autoridad judicial para que, de manera inmediata, le otorgue el trámite que corresponda y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena
PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTOS el auto del 13 de mayo de 2016 proferido por el Juzgado Vigésimo Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín, dentro del expediente ICC-2487.
SEGUNDO.- REMITIR el expediente ICC-2487 al Juzgado Vigésimo Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín, para que, de manera inmediata, le otorgue el trámite que corresponda y adopte la decisión de fondo a que haya lugar dentro de la acción de tutela formulada por la señora L.M.C. de Z. en contra de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
TERCERO.- ORDENAR que, por Secretaría General, se comunique la decisión adoptada en esta providencia a las partes y al Juzgado Promiscuo del Circuito de Sopetrán (Antioquia).
N., comuníquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
Ausente con excusa
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (E)
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Ver, entre otros, los siguientes autos: 243 de 2012, M.P.L.G.G.P., 004 de 2013, M.P.N.P.P. y 015 de 2013, M.P.M.V.C.C..
[2] Sobre este tema se puede consultar los siguientes autos: 170A de 2003, M.P.E.M.L., 124 de 2009, M.P.H.S.P., 243 de 2012, M.P.L.G.G.P., 004 de 2013, M.P.N.P.P. y 015 de 2013, M.P.M.V.C.C..
[3] En particular, señaló que realizó llamada telefónica al celular que aparecía en el escrito de tutela y que por información que dio la hija de la accionante se conoció que residían en Sabanalarga (Antioquia)
[4] En el expediente se encuentra copia de la solicitud de la señora C. de Z., en la cual se presenta el sello de radicado de la “Ventanilla GD Antioquia” de la UARIV, con fecha del 6 de abril de 2016. (Cuaderno 1, folio 4)
