Auto nº 487/16 de Corte Constitucional, 19 de Octubre de 2016
| Número de sentencia | 487/16 |
| Número de expediente | ICC-2518 |
| Fecha | 19 Octubre 2016 |
| Materia | Derecho Constitucional |
Auto 487/16
Referencia: expediente ICC-2518
Conflicto de competencia entre el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito Con Funciones de Conocimiento de Medellín y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sopetrán.
Magistrado S.:
J.I. PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciséis (2016).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere la presente providencia atendiendo a las siguientes:
-
La Sala Plena de esta Corporación, como máximo Tribunal de la jurisdicción constitucional, es competente para resolver los conflictos de competencia que se susciten dentro de procesos de tutela cuando las autoridades judiciales involucradas carezcan de un superior jerárquico común o, excepcionalmente, cuando teniéndolo la demora en la decisión pueda comprometer la efectividad de los derechos fundamentales cuya protección se solicita[1].
-
La señora Emelda Navales de Guerra presentó acción de tutela contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), con ocasión de la negativa de la entidad a darle respuesta su petición de pagarle el valor correspondiente a la reparación administrativa a la que manifiesta en el escrito de tutela tiene derecho junto con su núcleo familiar, equivalente a $1´470.000 mensuales, toda vez que es madre cabeza de familia, desplazada, desempleada y a cargo de dos nietos menores.
-
El conocimiento de la acción correspondió al Juzgado Diecisiete Penal del Circuito Con Funciones de Conocimiento de Medellín, el cual se declaró incompetente para conocer la acción de tutela[2], bajo el argumento de encontrarse establecido que a la señora Emelda Navales de Guerra se le vienen produciendo los efectos violatorios o la omisión de la entidad accionada en el Municipio de Sopetrán-Antioquia-, por ser este su lugar de domicilio, toda vez que la dirección de notificación que aporta la pate accionante en el escrito de petición allegado al expediente pertenece a dicho sitio (Calle 9 # 13-40 de Sopetrán)[3]. Considera que la norma aplicable es la del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000[4]. Por lo tanto, remitió el expediente al Juzgado Penal del Circuito de Sopetrán –Antioquia-.
-
A través de la empresa de Correos Nacionales 4-72 la acción de tutela fue enviada al Juzgado Promiscuo del Circuito de Sopetrán -Antioquia-, el cual mediante pronunciamiento de fecha 14 de junio de 2016 decidió promover un conflicto negativo de competencia, por cuanto en su parecer los motivos aducidos por el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín para declarar su falta de competencia no determinan la misma.
Sostiene lo siguiente: “Como queda claro, la competencia se asigna es a los jueces o tribunales, no del lugar del domicilio del accionante, como al parecer lo interpreta el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín, sino del lugar donde presuntamente ocurrió la violación o amenaza que dio lugar a que el accionante presentara la solicitud de protección de los derechos fundamentales que considera vulnerados”. “…en el caso en estudio, lo que dio lugar a que la accionante presentara la solicitud de protección de su derecho fundamental, fue el hecho de que la Entidad accionada […] no le diera respuesta de manera oportuna a su petición de [reconocerle su estado actual de vulnerabilidad] en [el] que se encuentra, y en consecuencia proceder a asignarle la [prórroga de las ayudas humanitarias] a las que por [ley] tenga derecho, o en su defecto informarle las razones por las cuales no tiene derecho a la referida ayuda humanitaria”.[5]
-
Por lo que antecede, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sopetrán -Antioquia- ordenó remitir el asunto de la referencia a esta Corporación para resolver el aparente conflicto de competencia.
-
En el Auto 146 de 2009, la Sala Plena de esta Corporación mencionó que a pesar de que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 establezca dos tipos de competencia por el factor territorial[6], “los jueces antes de abstenerse de asumir el conocimiento de una solicitud de amparo constitucional, deben tener en cuenta la elección que haya efectuado el accionante respecto al lugar donde desea se tramite la acción y la jurisdicción que conozca la misma. Lo anterior, a partir de una interpretación sistemática del artículo 86 Superior y del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que garantizan a toda persona reclamar ante los jueces a prevención la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”.
-
La Sala reitera que el demandante puede presentar la acción de tutela ante los jueces a prevención para la protección de sus derechos constitucionales fundamentales, esto implica que el peticionario puede elegir entre el lugar donde ocurrió la vulneración, que no necesariamente coincide con el de su domicilio y el lugar en el cual tiene efecto la vulneración de su derecho.
Por lo anterior, en el sub judice, esta Corte tendrá en cuenta la decisión adoptada por la accionante de que su proceso se tramite por los jueces de Medellín, como se desprende del encabezado de la tutela, la cual se radica en dicho municipio.
-
Por subsiguiente, en virtud de lo anterior, la Sala decidió que la autoridad judicial que debe asumir el conocimiento de la acción de tutela de la referencia, a prevención, es el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito Con Funciones de Conocimiento de Medellín, por lo que ordenará la remisión del asunto a dicho despacho judicial.
Primero.- DEJAR SIN EFECTOS la decisión del siete de junio de 2016 adoptada por Juzgado Diecisiete Penal del Circuito Con Funciones de Conocimiento de Medellín -Antioquia-, mediante la cual resolvió que no era competente para conocer la acción de tutela presentada por la señora Emelda Navales de Guerra.
Segundo.- REMITIR el expediente ICC 2518 al Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín -Antioquia-, para que asuma de manera inmediata y sin dilaciones el conocimiento de la acción de tutela de la referencia.
Tercero.- Por Secretaría General, COMUNICAR al Juzgado Promiscuo del Circuito de Sopetrán y a las partes la decisión adoptada en esta providencia.
N., comuníquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
J.I. PALACIO PALACIO
Magistrado
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (e)
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Ausente con permiso
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Ver, entre otras, las siguientes providencias: A-170A de 2003, A-243 de 2012, A-004 de 2013 y A-015 de 2013.
[2] Providencia del 7 de junio de 2016. Folio 15 del cuaderno principal de tutela.
[3] Folio 3 del cuaderno original de tutela.
[4] Artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 que dispone “Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos”.
[5] Folio 16 vuelto del cuaderno principal de tutela.
[6] Artículo 37. “Primera Instancia. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud”.
