Sentencia nº 68001-23-33-000-2017-01000-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 8 de Marzo de 2018
| Fecha | 08 Marzo 2018 |
| Emisor | SECCIÓN SEGUNDA |
| Materia | Derecho Laboral y Seguridad Social |
GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA / INCUMPLIMIENTO DE ORDEN IMPARTIDA EN INCIDENTE DE DESACATO - Confirma sanción
[R]evisadas las constancias allegadas por los sancionados, se observa que el 19 de enero de 2018 entregaron al solicitante las cuatro suspensiones orales de (...). No obstante, se advierte que los 30 sobres de (...) hasta la fecha no han sido suministrados. En esa medida, si bien es cierto los encargados de obedecer la orden de tutela han adelantado algunas actuaciones tendientes a acatar la sentencia, también lo es que no han cumplido con la totalidad de la misma, pues en ella se consignó que debía “brindarse a través de la entidad de salud correspondiente la atención integral en salud que requiera el menor J.D.P.R.. Situación que a la fecha no se ha cumplido. Bajo este escenario, para la Subsección la parte accionada no ha cumplido la orden impartida en la sentencia de tutela del 29 de agosto de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del Santander.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 27 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 52
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente : WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá , D.C., ocho (08 ) de marzo de dos mil dieciocho (2018 )
Rad icación n úmero: 68001-23-33-000-2017-01000-01 (AC)A
Actor: M.T.R.A. EN REPRESENTACIÓN DE J.D.P.R.
Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EJÉRCITO NACIONAL, DIRECCIÓN DE SANIDAD MILITAR, HOSPITAL MILITAR DE BUCARAMANGA
ASUNTO
La Subsección procede a revisar, en grado jurisdiccional de consulta, la providencia dictada el 18 de enero de 2018 por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual decidió el incidente de desacato promovido por la parte accionante, de conformidad con lo previsto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
ANTECEDENTES
El 12 de diciembre de 2017 la señora M.T.R..r.A. interpuso incidente de desacato por el incumplimiento de la orden impuesta en el fallo de tutela del 29 de agosto de 2017 proferido por el Tribunal Administrativo de Santander.
Para el efecto, afirmó que hasta la fecha de la presentación del incidente la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional no le había entregado los medicamentos prescritos por su médico tratante, contemplados en las Fó rmulas núm. 97887 del 23 de octubre de 2017, núm . 32018 y núm. 97612 del 21 de noviembre de 2017 consistente en 30 sobres de e someprazol de 10mg, c uatro suspensiones orales de l evetiracetam de 100mg/ml y dos frascos de Peg- politienglicol 3350 de 100gr, respectivamente.
Adicionalmente, señaló que la empresa D.L.. es la encargada de suminist rar los medicamentos, de manera que su retraso en la entrega de los mismos atenta contra la salud del menor J.D.P.R. . E n consecuencia , requirió la vinculación de la mencionada empresa a la presente acción constitucional.
Por lo anterior, solicitó medida cautelar para la protección de su hijo, y a su vez, sancionar por desacato al brigadier general G.L...G., director de Sanidad del Ejército Nacional, a la teniente coronel E.P.G.G., directora del Dispensario Médico del Hospital Militar de Bucaramanga, y al señor D.L.M., representante legal de la empresa D.L.. (ff. 1-3).
DECISIÓN CONSULTADA
El 18 de enero de 2018 el Tribunal Administrativo de Santander sancionó por desacato al brigadier general G.L.G., director de Sanidad del Ejército Nacional y a la coronel E.P.G.G., directora del Dispensario Médico del Hospital Militar de Bucaramanga, con multa de un (01) salario mínimo legal mensual vigente , por incumplirse la orden impart ida en el fallo de tutela del 29 de agosto de 2017 (ff. 22-23 ).
CONSIDERACIONES
Estudio normativo y jurisprudencial del incidente de desacato
La acción de tutela es un procedimiento preferente y sumario cuyo principal objetivo es la protección inmediata de derechos fundamentales, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política.
En esa medida, guarda especial relevancia que las sentencias dictadas en sede de tutela sean acatadas sin demora. De allí que el Decreto 2591 de 1991, mediante el cual se reglamentó la acción de tutela, en primera medida, faculte al juez para lograr dicha finalidad y, en segunda, a la persona que solicitó el amparo.
En efecto, el artículo 27 del citado Decreto dispone un procedimiento de cumplimiento que es iniciado de oficio por el juez, pero puede ser impulsado por el interesado o el Ministerio Público.
La mencionada norma establece que en el evento en el cual la autoridad responsable del daño causado no cumpla dentro de las 48 horas siguientes la orden efectuada en el fallo, el juez se dirigirá ante el superior del responsable y lo requerirá para que lo haga cumplir e inicie un procedimiento disciplinario en su contra.
Igualmente, determina que si la autoridad se abstiene de cumplir después de transcurridas otras 48 horas, el juez ordenará abrir un proceso contra el superior y adoptara las medidas necesarias para lograr el cumplimiento del fallo.
Adicionalmente, señala que el juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan la sentencia. Al respecto, el artículo 52 ibídem faculta al accionante para solicitar el cumplimiento del fallo mediante el incidente de desacato, en los siguientes términos:
“La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción”.
En ese orden de ideas, una vez el accionante ha presentado el incidente de desacato, el juez debe analizar si la orden impuesta en sede de tutela fue cumplida o, si por el contrario, no ha sido acatada. En caso de que establezca que existe un incumplimiento, deberá imponer la sanción a que haya lugar.
Sobre el particular, es importante tener presente que la imposición de una sanción es una manifestación de las facultades del juez para hacer cumplir el amparo ordenado y verificar el acatamiento de las decisiones de tutela.
Igualmente, es relevante resaltar que en el incidente, a diferencia del procedimiento de cumplimiento, debe acreditarse la responsabilidad de carácter subjetivo, esto es, la existencia de un nexo causal entre la desobediencia del fallo y la culpa o dolo del funcionario responsable.
Así las cosas, el juez de tutela debe determinar quién es la persona que debe cumplir la orden de tutela y sobre ella será en quien recaiga la sanción. Además, el juez deberá determinar si el incumplimiento es imputable al funcionario o no, pues sólo en caso de serlo podrá imponerle una sanción en el trámite del incidente de desacato. Al respecto, la Corte ha sostenido:
“[…] en el trámite del desacato siempre será necesario demostrar la responsabilidad subjetiva en el incumplimiento del fallo de tutela. Así las cosas, el solo incumplimiento del fallo no da lugar a la imposición de la sanción, ya que es necesario que se pruebe la negligencia o el dolo de la persona que debe cumplir la sentencia de tutela […]” .
Por último, es necesario recordar que el objetivo del incidente de desacato es lograr el cumplimiento de la orden impuesta en la providencia de amparo y no propiamente la imposición de una sanción.
En consecuencia, para decidir un incidente de desacato, el juez debe analizar el caso concreto y determinar si: 1. Existió una orden dada un fallo de tutela, 2. La sentencia se notificó a la autoridad encargada de hacer cumplir la orden impuesta, 3. Se venció el plazo sin que se cumpliera la orden y 4. Existe contumacia en el incumplimiento de la decisión.
Análisis del grado jurisdiccional de consulta
En relación con el grado jurisdiccional de consulta, se precisa que aquel se surte únicamente cuando el juez de primera instancia decide declarar el desacato y, como consecuencia, impone una sanción a la persona encargada de cumplir la orden judicial.
Sobre el particular, el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 señala que la sanción será consultada ante el superior jerárquico, quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe mantener o revocar la decisión.
La finalidad de la consulta es garantizar que la sanción impuesta se haya realizado de acuerdo con el ordenamiento jurídico y los hechos demostrados en el trámite incidental.
En consecuencia, el expediente deberá ser remitido automáticamente por el juez que impuso la sanción a la persona que se abstuvo de cumplir la orden, para que el superior jerárquico verifique el acatamiento de la orden tutelar y decida sobre la procedibilidad de la sanción.
Caso concreto
El estudio del incidente de desacato en sede de consulta, se contrae a verificar el incumplimiento total o parcial de la orden de tutela y analizar si la sanción impuesta es proporcional. Veamos:
La orden del fallo de tutela.
El Tribunal Administrativo de Santander mediante providencia d el 29 de agosto de 2017 , dispuso lo siguiente :
“…Segundo ORDENESE que la DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL, brinde a través de la...
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