Auto nº 11001-03-25-000-2013-01192-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 7 de Junio de 2018
| Fecha | 07 Junio 2018 |
| Emisor | SECCIÓN SEGUNDA |
| Materia | Derecho Laboral y Seguridad Social |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
SUBSECCION B
Consejero ponente: SANDRA LISSET IBARRA VELEZ
Bogotá, D.C., siete (7) de junio de dos mil dieciocho (2018).
Radicación número: 11001 - 03 - 25 - 000 - 2013 - 01192 - 00(2940-13)
Actor: TERESA DEL CARMEN CEBALLOS DE M.
Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
Referencia: EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA - LEY 1437 DE 2011. DECLARA IMPROCEDENTE SOLICITUD DE EXTENSIÓN.
El proceso de la referencia ha venido con informe secretarial de la Sección Segunda, con el fin de estudiar la solicitud de Extensión de Jurisprudencia de que trata el artículo 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011.
ANTECEDENTES
Solicitud ante la autoridad administrativa
Por conducto de apoderado, la señora T.d.C.C. de M. presentó solicitud de extensión de jurisprudencia el 23 de abril de 2013 ante la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), con el fin de que se le extendieran los efectos de la Sentencia de Unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 4 de agosto de 2010, dentro del proceso de radicación 2006-07509-01 (0112-2009), por considerar que cuando le fue reconocida su pensión, se tuvo en cuenta el promedio de lo cotizado en los últimos 10 años de servicio y no el promedio de lo devengado en el último año.
La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), guardó silencio.
Solicitud de extensión de la jurisprudencia ante el Consejo de Estado.
En virtud del silencio de la entidad, la convocante acudió a través de apoderado ante esta Corporación el 9 de julio de 2013, para los fines establecidos en el artículo 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011.
Una vez surtido el trámite, mediante auto de 2 de septiembre de 2013 el Despacho ordenó correr traslado al Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que en el término de 30 días dieran cumplimiento al inciso segundo del artículo 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 616 del Código General del Proceso.
La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) a través del vicepresidente jurídico, rindió concepto en el que manifestó que de conformidad con el precedente trazado por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de justicia, el IBL no había sido objeto de transición y por ello no era posible acceder a la solicitud.
Por su parte, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.
CONSIDERACIONES
2.1 Competencia. De conformidad en lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, los artículos 12, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, el artículo 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011 y artículo 1º del Acuerdo 148 de 2014, la Sala es competente para pronunciarse acerca de la solicitud de extensión de jurisprudencia de la referencia.
2.2 Reglas de orden legal de la extensión de jurisprudencia, contempladas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
El mecanismo jurídico de Solicitud de Extensión de Jurisprudencia del Consejo de Estado está previsto en los artículos 10, 102, 269 y 270 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, en los siguientes términos: El primero, consagró el deber general de las autoridades administrativas de aplicar de manera uniforme las normas jurídicas a situaciones que comportan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. El segundo, estableció los requisitos formales la petición especial y reguló el trámite ante la administración. El tercero, previó el procedimiento que el peticionario puede adelantar ante el Consejo de Estado en caso de que la solicitud sea negada parcial o totalmente, o en el evento en que la autoridad pública guarde silencio. Y el cuarto, definió las Sentencias de Unificación Jurisprudencial para el mecanismo de Extensión de Jurisprudencia.
Desde el punto de vista reglamentario, el Acuerdo 58 de 1999 que regula el Reglamento Interno de la Corporación, en el numeral 1º del parágrafo 1º del artículo 14 dispuso que las Subsecciones de la Sección Segunda sesionarán conjuntamente para: «Unificar, adoptar o modificar la jurisprudencia de la Sección, con el fin de evitar decisiones contradictorias sobre el mismo punto de derecho, a petición de cualquiera de sus miembros».
El citado acuerdo fue adicionado y modificado por el Acuerdo 148 de 2014, Reglamento del Consejo de Estado, mediante el cual se les asignó a las Secciones especializadas de esta Corporación, la competencia para proferir las indicadas sentencias de unificación, cuando las controversias o asuntos provengan de las diferentes subsecciones o de los tribunales administrativos.
2.3. Caso concreto.
En el sub examine, encuentra la Sala que la solicitante laboró en la secretaría de educación de la gobernación de Antioquia entre 1992 y 2002. Manifiesta que fue pensionada en el régimen de transición por cumplir con los requisitos para ello, pero cuando la entidad liquidó su pensión no tuvo en cuenta el promedio de lo devengado durante el último año de servicio ni las prestaciones sociales devengadas y no cotizadas al ISS.
En consecuencia, pretende la extensión de los efectos de la sentencia de la Sección Segunda - Subsección B, proferida por el Consejo de Estado el 4 de agosto de 2010, Consejero Ponente: Doctor V.H.A.A., expediente 2006-07509-01 (0112-2009), por considerar que se encuentra en los mismos supuestos fácticos y jurídicos del demandante en dicha sentencia, al que se le reconoció la pensión de jubilación con la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicios.
Pues bien, la citada providencia proferida por el órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa, unificó el criterio referente a qué factores salariales conforman la base de liquidación de aquellas pensiones amparadas por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en cuanto a establecer que los empleados públicos beneficiarios de los regímenes anteriores a la citada ley, tendrían derecho al pago de «todos los factores que constituyen salario, es decir aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica, dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios, entre otros, solo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del servicio».
El criterio de la Sección Segunda, por regla general, la liquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen de transición no se rige por el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en tanto que la aplicación del régimen anterior incluye lo atinente a la edad, tiempo de servicio y monto de la pensión, elementos que son de la esencia del régimen de transición.
No obstante lo anterior, el 7 de mayo de 2013 la Corte Constitucional profirió la sentencia C-258 que resolvió la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, en la que determinó que «…el propósito original del Legislador al introducir el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tal como se desprende del texto de la disposición y de los antecedentes legislativos, fue crear un régimen de transición que beneficiara a quienes tenían una expectativa legítima de pensionarse conforme a las reglas especiales que serían derogadas. Para estas personas, el beneficio derivado del régimen de transición consistiría en una autorización de aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes a los que se encontraban afiliados, relacionadas con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo. El Ingreso Base de Liquidación no fue un aspecto sometido a transición, como se aprecia claramente en el texto del artículo 36».
Esta misma postura la sostuvo entre otras, en las sentencias SU-230 de 2015 en donde, en sede de revisión de tutela, insistió que a partir de la expedición de la sentencia C-258, el régimen de transición no incluía el IBL; SU-427 de 2016, en la que aplicó el régimen de transición para la demandante funcionaria de la rama judicial, pero solo con respecto a los requisitos de edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo; SU-210 de 2017 en la que aclaró que antes de la expedición de la sentencia C-258, no existía un criterio de interpretación del IBL y por ello se aceptaba las posturas presentadas; y SU-395 de 2017 en donde resalta el carácter vinculante del precedente constitucional.
Las anteriores sentencias crearon una discrepancia entre las dos Corporaciones respecto a la interpretación del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que estableció la forma en la cual se debía liquidar el IBL, tal como se pasa a ilustrar:
En la sentencia C-258, consideró la Corte:
La interpretación de estas expresiones conlleva la concesión de una ventaja a los beneficiarios del régimen especial cobijados por la transición, que no fue prevista originalmente por el Legislador al expedir la Ley 100 y que, por tanto, carece de justificación. En efecto, la Sala recuerda que el propósito original del Legislador al introducir el artículo 36 de la Ley...
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