Sentencia nº 25000-23-42-000-2012-01779-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 5 de Julio de 2018
| Fecha | 05 Julio 2018 |
| Emisor | SECCIÓN SEGUNDA |
| Materia | Derecho Laboral y Seguridad Social |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D.C., cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 25000-23-42-000-2012-01779-01(3507-17)
Actor: L.C.
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL
Tema: Establecer si es procedente aplicar el régimen prestacional de los Agentes de la Policía Nacional a quienes se han trasladado al N. Ejecutivo, pese a que este último contempló un régimen prestacional diverso.
Ha venido el proceso de la referencia con informe secretarial de la Sección Segunda del 23 de marzo de 2018, después de surtidas a cabalidad las demás etapas procesales y de establecer que no obra en el proceso irregularidades o nulidades procesales que deban ser saneadas, para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 28 de noviembre del 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor L.C. en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.
ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones .
L.C., en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda encaminada a obtener la nulidad del Oficio 222205 ADSAL-JEFAT 6.6.6.-29 del 4 de octubre de 2011, proferido por la Jefe de Administración Salarial de la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y de la Resolución 01601 del 11 de mayo de 2012, suscrita por el Director General de la Policía Nacional; a través de los cuales, le fue negada la liquidación y pago de las primas, bonificaciones y subsidios que se le venían cancelando antes de homologarse al N. Ejecutivo de la Policía Nacional, conforme al Decreto 1213 de 1990.
Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho solicitó: i) Condenar a la entidad demandada a reconocerle y pagarle los factores salariales respecto a los porcentajes de las primas y subsidios que se le venían cancelando de acuerdo con lo establecido en el artículo 100 del Decreto 1213 de 1990 o subsidiariamente con los factores salariales y prestacionales establecidos en el artículo 23, numeral 23.1 del Decreto 4433 de 2004, y que le corresponden por concepto de prima de actividad en un 55%, prima de antigüedad en 25%, recompensa quinquenal en el equivalente a la totalidad de los haberes en actividad, devengados en el último mes en que cumplió el quinquenio, distintivo por buena conducta en un 5%, y auxilio de cesantías retroactivas teniendo como base el grado y salario básico de un Agente de la Policía Nacional a partir del 1° de junio de 1994, con sus respectivos reajustes anuales, aplicándolo en salarios y demás prestaciones que por ley le corresponden; ii) la reliquidación del auxilio de cesantías retroactivas; iii) que se modifique su hoja de servicios, al momento del retiro del servicio activo, teniendo en cuenta el sueldo básico devengado y los factores tanto salariales como prestacionales; iv) indexar las sumas objeto de condena de acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; y, v) que se fije el pago de costas y agencias en derecho.
1.2. Hechos .
La Sala resume los hechos expuestos por la parte demandante de la siguiente manera:
Indicó que el actor, i) ingresó al servicio de la Policía Nacional por disposición de la Resolución 3367 del 30 de mayo de 1983 desempeñándose como Agente Alumno desde dicha fecha y hasta el 30 de noviembre de la referida anualidad; ii) por medio la Resolución 5927 del 7 de noviembre de 1983 inició como Agente Nacional el 1° de diciembre de dicha anualidad y se desempeñó como tal hasta el 31 de mayo de 1994; iii) mediante la Resolución 04090 del 13 de mayo de 1994 se homologó al N. Ejecutivo por voluntad propia, en el cual laboró hasta el 2 de junio de 2009. Actualmente se encuentra retirado del servicio, en el cual acumuló un tiempo de servicios de 26 años, 4 meses y 11 días en la Policía Nacional y que en la última unidad en que laboró fue en la Metropolitana de Bogotá, en la cual devengó como sueldo básico $1 714.372.00 en el grado de Intendente Jefe.
Expresó, que las normas legales que crearon y desarrollaron la carrera profesional del N. Ejecutivo en la Policía Nacional, previeron una protección especial para quienes, como en el presente caso, estando en servicio activo ingresaron a esta carrera, en el sentido de que tal ingreso no podía desmejorar ni discriminar su situación en ningún aspecto, en otras palabras, el hecho de haberse homologado al N. Ejecutivo siendo un agente activo, no implicaba la desmejora de sus prestaciones.
Precisó que a través de escrito presentado el 16 de septiembre del 2011 solicitó la liquidación y pago de los factores salariales respecto a los porcentajes de las primas y subsidios que se le venían cancelando como Agente de la Policía Nacional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 100 del Decreto 1213 de 1990, la cual fue negada mediante el Oficio 222205 ADSAL-JEFAT 6.6.6.-29 del 4 de octubre de 2011, proferido por la Jefe de Administración Salarial de la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y de la Resolución 01601 del 11 de mayo de 2012, suscrita por el Director General de la Policía Nacional, en los cuales se argumentó que mientras laboró como Agente se le aplicaron las disposiciones salariales y prestacionales establecidas en el Decreto 1213 de 1990; y, por su parte, durante el tiempo en que laboró en el N. Ejecutivo, su situación se reguló por el Decreto 1091 de 1995 y que para efectos pensionales y de asignación de retiro, se rige por el artículo 23.2 del Decreto 4433 de 2004.
1.3. Normas vulneradas y concepto de violación .
La parte demandante citó como disposiciones vulneradas las siguientes:
Los artículos 2º, 13, 53, 83, 84 y 220 de la Constitución Política; 30, 33, 43, 103 y 174 del Decreto 1213 de 1990; 2º y 10 de la Ley 4ª de 1992; 7° de la Ley 180 de 1995; y 82 del Decreto Ley 132 de 1995.
Como concepto de violación de las normas invocadas, el demandante consideró que el acto acusado está viciado por falsa motivación y violación de las normas superiores en que debería fundarse, porque:
La entidad demandada ha desestimado sus derechos adquiridos, en la medida en que le dejaron de cancelar las primas, subsidios, bonificaciones y cesantías desde junio de 1994, concretamente, porque no le es permitido a la Administración discriminar ni desmejorar cuando ingresó al N. Ejecutivo de la Policía Nacional.
Afirmó que el ente demandado está brindando un trato desigual y discriminatorio a los Agentes de la Policía Nacional que se homologaron el N. Ejecutivo, al aplicar una disposición que desmejora los factores salariales y prestacionales, pues contraría no sólo las normas constitucionales que ordenan la igualdad ante la ley, sino las Leyes 4ª de 1992 y 180 de 1995, las cuales, entre otras, prohibieron cualquier discriminación respecto del Decreto 1213 de 1990, que es el referente para no desmejorar la situación anterior.
Indicó que se le vulneró el debido proceso al momento en que no se efectúa el procedimiento adecuado para suprimir o extinguir los derechos que venía recibiendo desde que ingresó a la Institución, máxime cuando se tratan de derechos irrenunciables. Sobre el particular citó un aparte de la Sentencia del Consejo de Estado en la que se dispuso que “(…) al ingresar el demandante al recién creado N. Ejecutivo de la Policía…quedó sometido al régimen que para el N. previó la ley; sin embargo, de acuerdo con la salvedad consignada lo relativo a su situación laboral que venía de su vinculación previa con la institución como derechos y prestaciones continuaba inalterable pues no podía ser objeto de desmejora (…)”.
Aseguró que se pasaron por alto, de igual modo, aquellos principios mínimos fundamentales, tales como la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; las facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, así como lo establecido en las Leyes 4ª de 1992, 180 de 1995 y el Decreto 132 de 1995, que prohibieron cualquier discriminación o desmejora para estos servidores, respecto del Decreto 1213 de 1990, el cual es el referente para no desmejorar la situación anterior.
Aseveró que el régimen salarial y prestacional de los miembros de la Policía Nacional se encuentra regulado por diferentes normatividades, las cuales no muestran una adecuada concatenación frente a las Leyes Marco, lo cual ha generado la declaratoria de nulidades que dejan vacíos normativos y dificultan la interpretación; debe tenerse en cuenta que para al momento en que ingresó al N. Ejecutivo, no se habían expedido las nuevas regulaciones y se continuaban rigiendo las disposiciones contenidas en el Decreto 1213 de 1990.
1.4 Contestación de la demanda .
La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, a través de su apoderado, contestó la demanda dentro de la oportunidad legal y solicitó negar las súplicas con fundamento en los siguientes argumentos:
Consideró que los actos demandados fueron expedidos en legal forma, por autoridad competente y de acuerdo con las normas vigentes que regulan el régimen prestacional y de asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo, esto es, en aplicación de los Decretos 1091 de 1995 y 4433 de 2004.
Manifestó que la...
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