Sentencia nº 11001-03-15-000-2018-01240-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 15 de Agosto de 2018
| Fecha | 15 Agosto 2018 |
| Emisor | SECCIÓN CUARTA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente : MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá, D.C., quince (15) de agosto de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01240-00(AC)
Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER Y OTROS
Decide la Sala la acción de tutela presentada, mediante apoderada judicial, por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pamplona y V.G.G., de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000.
ANTECEDENTES
Pretensiones
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP ejerció acción de tutela contra las citadas autoridades, por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“Primero. Conforme a lo anterior, solicito de manera respetuosa, sean amparados los derechos fundamentales deprecados por la UGPP, en atención al desconocimiento de los principios generales de la Seguridad Social, al incurrir en los defectos material o sustantivo, desconocimiento del precedente constitucional y violación directa de la constitución, así como derivar en un abuso del derecho; al interpretar erróneamente el artículo 36 de Ley 100 de 1993 y desconocer el precedente constitucional preferente y vinculante proferido por la sala plena de la Corte Constitucional en sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017 y SU-631 de 217.
Segundo. Como consecuencia de lo anterior:
S. dejar sin efectos las sentencia(s) proferida(s) por el Juzgado Primero Administrativo Oral Del Circuito Judicial De Pamplona el 25 de octubre de 2016 y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 01 de marzo de 2018, dentro del proceso contencioso administrativo No. 54-518-33-33-001-2014-00631-00.
Consecuentemente sirva Ordenar Al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, dictar nueva sentencia ajustada a derecho disponiendo liquidar la pensión de vejez del señor V.G.G., aplicando el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de respetar del régimen anterior lo que respecta a la edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, pero teniendo en cuenta como IBL el promedio del tiempo que le hiciere falta o de los últimos 10 años conforme lo establece el inciso 3 y el artículo 21 de la referida norma, así como los factores salariales relacionados en el Decreto 1158 de 1994.
Tercero. De manera subsidiaria:
a. En caso de que su despacho determine que procede alguna acción judicial contras las sentencias atacadas, sírvase amparar los derechos invocados de manera TRANSITORIA de conformidad con los establecido en el artículo 8 del Decreto 2591 de 1991.
b. En consecuencia se sirva suspender los efectos de la(s) sentencia(s) proferidas por el Juzgado Primero Administrativo Oral Del Circuito Judicial De Pamplona el 25 de octubre de 2016, y Tribunal Administrativo De Norte De Santander el 01 de marzo de 2018,hasta tanto se resuelva por la autoridad judicial competente la acción que presentara esta Unidad dentro de los 4 meses siguientes a la notificación del fallos de tutela”.
Hechos
Se advierten como hechos relevantes, los siguientes:
2.1. Mediante Resolución nro. 30143 de 30 de septiembre de 2005, la Caja Nacional de Previsión Social - CAJANAL EICE liquidada reconoció la pensión de vejez a favor del señor V.G.G. , quien laboró durante el último año de servicios como técnico de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Pamplona.
2.2 El 22 de febrero de 2013 la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), negó la reliquidación de la pensión del señor G.G., por medio de la Resolución RDP 8279 de 22 de febrero de 2013 y confirmó su decisión por medio de la Resolución RDP 53091 del 18 de noviembre de 2013.
2.3. De conformidad a lo anterior el actor interpuso recurso de reposición contra el acto que negó la reliquidación de su pensión, el cual se resolvió mediante Resolución RDP 53091 del 18 de noviembre de 2013, en el que se confirmó la decisión desfavorable del actor, y posterirmente se confirmó mediante la Resolución RDP 1287 de 16 de enero de 2014.
2.4. Por lo anterior, el señor G.G. promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la UGPP, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos referidos y, en consecuencia, se ordenará la reliquidación de la pensión con todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, teniendo en cuenta la variación del IPC y los intereses de mora.
2.5. El proceso le correspondió por competencia al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pamplona, que en audiencia inicial profirió sentencia el 25 de octubre de 2016, donde declara la nulidad parcial de las resoluciones demandadas y, ordenó reliquidar la pensión teniendo en cuenta el promedio de los factores salariales devengados en el último año de servicios.
2.6. Contra la anterior decisión se interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que en sentencia de 1 de marzo de 2018, confirmó la providencia apelada.
Argumentos de la tutela
En síntesis, sostiene la parte actora que las autoridades judiciales accionadas vulneran los derechos fundamentales cuyo amparo invoca, toda vez que con la orden de reconocer y pagar pensión de jubilación aplicando el 75% del promedio mensual de salarios devengados en el último año de servicios sin tener en cuenta que, en casos como en el del señor V.G.G., el Ingreso Base de Liquidación (IBL) debía liquidarse en los términos del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y teniendo en cuenta solo los factores salariales señalados en el Decreto 1158 de 1994, desconocen sentencias de la Corte Constitucional en las que se ha dicho que el IBL no hace parte del régimen de transición, tales como las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, T-078 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-395 de 2017, que son de imperativo acatamiento.
Que al convalidar la decisión del Juzgado acogiendo el precedente del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010, para ordenar la reliquidación de la pensión del señor V.G.G., se omitió aplicar la regla establecida por la Corte Constitucional sobre el mismo punto de derecho, y por esto el Tribunal desconoció que tiene prevalencia la interpretación que hace la Corte sobre la que realicen los otros órganos jurisdiccionales de cierre además afirmó que con las providencias que se cuestionan, se afecta la sostenibilidad financiera del sistema pensional.
Trámite...
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