Auto nº 05001-23-33-000-2016-02264-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 31 de Julio de 2018
| Fecha | 31 Julio 2018 |
| Emisor | SECCIÓN TERCERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: C.A.Z. BARRERA
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número : 05001 - 23 - 33 - 000 - 2016 - 02264 -01 (60726)
Actor : C.D.B.R. Y OTROS
Demandado : NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS.
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA.
Decide el Despacho el recurso de apelación interpuesto por las demandadas contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en audiencia inicial del 30 de noviembre de 2017, mediante el cual se declaró no probada la caducidad de la acción.
ANTECEDENTES:
1. La demanda.
El 7 de octubre de 2016, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, los señores C.D.B.R., M.C.R.A. y L.M.B.R. interpusieron demanda contra la Nación - Presidencia de la República, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y Policía Nacional, con el fin de que se le declare patrimonialmente responsable por los daños y perjuicios causados con ocasión de “la muerte del señor J.D.G. y el desplazamiento forzado subsiguiente que les ha tocado soportar a los demandantes”.
Providencia impugnada.
Mediante auto del 30 de noviembre de 2017, producido en la audiencia inicial, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró no probada la caducidad de la acción. Para llegar a tal conclusión, indicó que, “(…) existen dudas respecto de si el supuesto hecho generador del daño sería objeto de definirlo como una factible conducta de lesa humanidad. Y este Despacho, (…) ha considerado, tal como lo ha manifestado la mayoría del Consejo de Estado, que no debe aplicarse el fenómeno de la caducidad de las acciones tratándose de hechos que podrían calificarse como de lesa humanidad ” (se transcribe literal).
Recurso de apelación.
El Ejército Nacional formuló recurso de apelación, en el que señaló que los demandantes tuvieron conocimiento de la muerte del señor J.D.G. el mismo día de su ocurrencia, es decir, el 29 de junio de 1996, año en que se dio también el desplazamiento forzado de los accionantes, por lo que, al momento de presentar la demanda, la acción se encontraba caducada. La apoderada del Ejército hizo referencia a las providencias del Consejo de Estado, donde se diferencian la imprescriptibilidad de los delitos y la caducidad de las acciones, para concluir que en los casos de desplazamiento forzado sí opera la caducidad de la acción.
Los apoderados de la Presidencia de la República, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior manifestaron adherirse al recurso presentado por el Ejército Nacional.
CONSIDERACIONES:
1. Competencia para decidir la apelación.
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra el auto del 30 de noviembre de 2017, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, comoquiera que la providencia objeto de impugnación es apelable en los términos del numeral 6 del artículo 180 del C.P.A.C.A. y el proceso dentro del cual fue emitida ostenta vocación de doble instancia, de conformidad con el artículo 152 ibídem.
2. Caducidad de la acción de reparación directa: excepciones.
La caducidad es un fenómeno temporal y perentorio, cuyo objetivo es principalmente garantizar los principios de seguridad jurídica y de acceso a la administración de justicia y, en ese sentido, busca evitar que situaciones frente a las cuales existe controversia permanezcan en el tiempo sin que sean definidas por un juez con competencia para ello, es decir, la falta de diligencia en el ejercicio oportuno del derecho de acción genera para su titular la pérdida de la oportunidad de reclamar, por las vías judiciales, los derechos que se consideren vulnerados.
Así, es la propia ley la que asigna una carga a las personas para que, ante la materialización de un determinado hecho, actúen con prontitud en cuanto a la reclamación efectiva y oportuna de los derechos consagrados en las disposiciones jurídicas; así, la caducidad no puede ser objeto de desconocimiento, modificación o alteración por las partes, dada su naturaleza de orden público, derivada del artículo 228 constitucional.
No obstante lo anterior, en los casos en los que se adviertan posibles delitos de lesa humanidad la jurisprudencia de esta Corporación ha fijado algunas excepciones al fenómeno de la caducidad, para lo cual ha sostenido que la aplicación de dicho fenómeno procesal debe ser analizada conjuntamente con los parámetros establecidos en el bloque de constitucionalidad y los principios constitucionales, en la medida en que el juez de lo contencioso administrativo no es un mero ejecutor formal de las normas legales sino que, por razón del rol que desempeña en un Estado Social de Derecho, está llamado a garantizar la correcta y constitucional interpretación y aplicación de las normas legales, ello con fundamento en la fuerza vinculante de los tratados de derechos humanos y su doctrina, elementos pertenecientes al jus cogens o derecho internacional de los derechos humanos.
La anterior conclusión encuentra armonía con la ratio decidendi de la sentencia SU - 254 de 2013, en la cual la Corte Constitucional hizo referencia a “… los (i) instrumentos internacionales, (ii) tribunales internacionales; (ii) el sistema interamericano y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (iii) los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y (iv) el contexto europeo, en el reconocimiento y protección de los derechos de las víctimas a la justicia, a la verdad, a la reparación y a la no repetición”. En esa sentencia, la Corte sostuvo:
“(…) los derechos de las víctimas de delitos, especialmente de graves violaciones a los derechos humanos como el desplazamiento forzado, se encuentran reconocidos por el derecho internacional, lo cual tiene una evidente relevancia constitucional (i) de conformidad con el artículo 93 superior, por tratarse de tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen derechos humanos, prohíben su limitación en los estados de excepción y prevalecen en el orden interno, (ii) por cuanto los derechos constitucionales deben ser interpretados de conformidad con los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, y (iii) esta Corporación ha reconocido el carácter prevalente de las normas de Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y los derechos fundamentales de la población desplazada”.
Ahora, siguiendo el derrotero jurisprudencial del Consejo de Estado, el carácter de lesa humanidad de un acto, en lo que concierne a la responsabilidad extracontractual del Estado, se deduce de la identificación de dos elementos: i) que se ejecute en contra de la población civil y ii) que se lleve a cabo en el marco de un ataque generalizado o sistemático.
Dado que la Constitución de 1991 no brinda un concepto de población civil, se requiere acudir al bloque de constitucionalidad, en este caso, a lo dispuesto en el artículo 50 del protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra que, atendiendo a una descripción por negación, considera como población civil a aquellas personas que no se encuadren en las categorías de miembros de fuerzas armadas o prisioneros de guerra; de otro lado, por generalizado se entiende un ataque que causa gran cantidad de víctimas o que se dirige contra múltiples personas y, por sistemático, la existencia de una planificación previa de las conductas ejecutadas, de conformidad con lo establecido por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas.
La caducidad no puede enervar la acción judicial cuando se trate de violaciones a derechos humanos, toda vez que el carácter de imprescriptible de la investigación, juzgamiento y sanción, así como el...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba