Sentencia nº 11001-03-15-000-2018-01160-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 6 de Septiembre de 2018
| Fecha | 06 Septiembre 2018 |
| Emisor | SECCIÓN QUINTA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: C.E.M. RUBIO
Bogotá, D.C., seis (6) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01160-01(AC)
Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y OTROS
Decide la Sala las impugnaciones presentadas por el Tribunal Administrativo de Boyacá y el apoderado del señor F.F.S., contra el fallo de 18 de julio de 2018 proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante el cual se concedió el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la parte actora.
I. ANTECEDENTES
La petición de amparo
Mediante escrito radicado el 9 de abril de 2018 ante la Oficina de Correspondencia de esta Corporación, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante, UGPP, actuando por conducto de apoderado judicial, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Tunja y el señor F.F.S., con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Consideró vulnerados tales derechos con ocasión de las decisiones proferidas por las aludidas autoridades judiciales en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió el señor F.F.S. en su contra, identificado con radicado 15001-33-33-003-2015-00159-00.
En consecuencia, la parte actora solicitó:
“Primero. Conforme a lo anterior, solicito de manera respetuosa, sean amparados los derechos fundamentales deprecados por la UGPP, en atención al desconocimiento de los principios generales de la Seguridad Social, al incurrir en los defectos material o sustantivo, desconocimiento del precedente constitucional y violación directa de la constitución (sic), así como derivar en un abuso de derecho; al interpretar erróneamente el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y desconocer el precedente constitucional preferente y vinculante proferido por la sala plena de la Corte constitucional (sic) en sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018.
Segundo. Como consecuencia de lo anterior:
a- Sírvase dejar sin efectos las sentencias proferidas por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA , el 07 de septiembre de 2016, y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ el 28 de noviembre de 2017 dentro del proceso contencioso administrativo No. 15001333300320150015900.
b- Consecuentemente sirva ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, dictar nueva sentencia ajustada a derecho disponiendo liquidar la pensión de vejez del señor F.F.S. (sic) aplicando el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de respetar del régimen anterior lo que respecta a la edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, pero teniendo en cuenta como IBL el promedio del tiempo que le hiciere falta o de los últimos 10 años conforme lo establece el inciso 3 y el artículo 21 de la referida norma, así como los factores salariales relacionados en el Decreto 1158 de 1994.
Tercero. De manera subsidiaria:
a. En caso de que su despacho determine que proceda alguna acción judicial contra las sentencias atacadas, sírvase amparar los derechos invocados de manera TRANSITORIA de conformidad con los (sic) establecido en el artículo 8 del Decreto 2591 de 1991.
b. En consecuencia se sirva suspender los efectos de las sentencias proferidas por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA, el 07 de septiembre de 2016, y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ el 28 de noviembre de 2017 hasta tanto se resuelva por la autoridad judicial competente la acción que presentara (sic) esta Unidad dentro de los 4 meses siguientes a la notificación del fallo de tutela.”
La petición de tutela, tuvo como fundamento los siguientes:
Hechos
La parte actora relató que el señor F.F.S. estuvo vinculado al Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, desde el 17 de enero de 1977 hasta el 10 de agosto de 2011, fecha en la que desempeñaba el cargo de Técnico Operativo.
Afirmó que la Caja Nacional de Previsión Social - CAJANAL por medio de la Resolución No. 27098 del 6 de junio de 2006 reconoció y pagó a favor del señor F.S. la pensión de vejez, efectiva a partir del 29 de mayo de 2005, con el 75% del promedio de lo devengado 7 años, 4 meses y 10 días anteriores al acto de reconocimiento y con los factores salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994.
Adujo que el señor F.S. solicitó a la UGPP la reliquidación de su beneficio pensional para que se calculara con la inclusión de todos los factores salariales que percibió en el último año anterior al retiro del servicio; petición que fue desatada de manera negativa mediante Resolución RDP 036666 del 3 de diciembre de 2014.
Manifestó que el señor F.S., en contra de esa respuesta, interpuso recurso de apelación el cual fue decidido desfavorablemente a sus intereses con Resolución No. RDP 006430 del 17 de febrero de 2015.
Sostuvo que en vista de lo anterior, el mencionado ciudadano promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Tunja, que mediante providencia del 7 de septiembre de 2016 accedió parcialmente a las súplicas de la demanda y, en consecuencia, ordenó a la UGPP reliquidar su pensión de vejez teniendo en cuenta el 75% de los salarios devengados en el año anterior al retiro del servicio, esto es, desde el 10 de agosto de 2000 al 9 de agosto de 2001, con la inclusión de todos los factores salariales que recibió.
Señaló que en desacuerdo con dicha decisión, la apoderada de la UGPP interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala de Decisión No. 4 del Tribunal Administrativo de Boyacá con sentencia del 28 de noviembre de 2017, por medio de la cual modificó el numeral tercero del fallo impugnado para efectos de excluir las vacaciones y el auxilio dado que no constituyen salario ni prestación social y confirmó en lo demás el proveído de primera instancia.
Destacó que en aquella oportunidad la aludida autoridad judicial consideró que la conducta desplegada por el actor no era constitutiva de abuso del derecho o fraude a la ley, además porque adquirió su estatus de pensionado antes de la expedición de las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 y por ello era dable aplicar el precedente fijado por la Sección Segunda del Consejo de Estado fijado en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010.
3. Sustento de la petición
A juicio de la entidad actora, las autoridades judiciales cuestionadas incurrieron, en las decisiones objeto de reproche, en defecto sustantivo al realizar una interpretación de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 que en principio resulta formalmente posible, pero que en realidad contraviene postulados de rango constitucional y ocasiona resultados desproporcionados, en especial, porque el alcance dado a las referidas normas echa de menos los criterios de sostenibilidad financiera del sistema pensional, “permitiendo la inyección de más subsidios pensionales por parte del Estado para el pago de pensiones gobernadas por el régimen de transición.”
De otro lado, aseveró que en las providencias objeto de debate se desconoció el precedente fijado por la Corte Constitucional según el cual, las pensiones sujetas al régimen de transición se liquidan conforme a las reglas establecidas en los artículos 21 y 36 ejusdem, pero conserva los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto (entendido como tasa de reemplazo) del régimen anterior.
Expresó que las judicaturas tuteladas incurrieron en violación directa de la Constitución, en tanto que ordenaron la reliquidación de la pensión de vejez del señor F.F.S. por cumplir los requisitos del régimen de transición señalados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pero calcularon el IBL del último año de servicio con la inclusión de todos los factores salariales de acuerdo con lo previsto en la Ley 33 de 1985.
En escrito separado al de tutela (folios 76 y 77), argumentó que el perjuicio irremediable que pretende evitar radica en el monto en que se incrementaría la mesada pensional al dar cumplimiento a la orden judicial, situación que genera “unas diferencias monetarias a favor del pensionado en detrimento al sistema pensional.”
4. Actuación procesal en primera instancia
Mediante auto de 15 de mayo de 2018, la Sección Cuarta de esta Corporación, declaró fundados los impedimentos manifestados por los consejeros J.R.P.R. y S.J.C.B. y, en consecuencia, los separó del conocimiento del presente proceso.
A su turno, admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la UGPP, al Tribunal Administrativo de Boyacá y al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja; por tener interés en el presente trámite vinculó al señor F.F.S. para que manifieste lo que considere pertinente frente al presente trámite procesal.
De igual forma, dispuso notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de acuerdo con lo señalado en el artículo 610 del Código General del Proceso.
Remitidas las respectivas comunicaciones, intervinieron como sigue:
5. Contestaciones e intervenciones
5.1. Tribunal Administrativo de Boyacá
Con escrito de 21 de mayo de 2018, el magistrado ponente de la providencia cuestionada se opuso al amparo solicitado por la entidad actora, tras señalar que la decisión proferida por esa corporación se ajusta a derecho y lo...
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