Auto nº 029/17 de Corte Constitucional, 1 de Febrero de 2017
| Número de sentencia | 029/17 |
| Fecha | 01 Febrero 2017 |
| Número de expediente | ICC-2714 |
| Materia | Derecho Constitucional |
Auto 029/17
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Competencia a prevención
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Cuarenta y Cuatro Oral del Circuito de Bogotá y la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá, D.C., primero (1º) de febrero de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, y
-
La Sala Plena de esta Corporación, como máximo tribunal de la jurisdicción constitucional, es competente para resolver los conflictos de competencia que se susciten dentro de procesos de tutela cuando las autoridades judiciales involucradas carezcan de un superior jerárquico común[1], a menos que se trate de situaciones en las que se prevea la tardanza en la adopción de una decisión de fondo sobre derechos fundamentales, en tanto lo que se impone es privilegiar la tutela judicial pronta y efectiva (art. 229 de la C.P.)
-
El señor J.R.D., a través de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra la Sociedad de Activos Especiales SAS y la Inspección de Policía de A.G. en procura de obtener el amparo de su derecho fundamental al debido proceso y de defensa, con ocasión de una diligencia de entrega real y material de un bien inmueble, dentro de la cual no pudo participar.
-
El 6 de diciembre de 2016, el Juzgado Cuarenta y Cuatro Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, a quien le fue repartido el asunto, se abstuvo de conocerlo, arguyendo que la empresa demandada era una sociedad por acción simplificada, comercial, de economía mixta del orden nacional y la Inspección de Policía también es una entidad del orden nacional. Por esa razón, consideró que el llamado a resolver era el Tribunal Superior de Bogotá.
-
Efectuado el nuevo reparto, le correspondió el expediente a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá quien, por medio de auto del 9 de diciembre de 2016, se abstuvo de conocer el caso y propuso el conflicto negativo de competencia ante esta Corporación, al estimar que de conformidad con el Artículo 1º del Decreto 1382, el conocimiento de las acciones de tutela contra las entidades descentralizadas por servicios del orden nacional corresponde a los jueves del circuito.
-
Tanto el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,[2] como el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000[3], señalan que la competencia para conocer de una acción de tutela la tiene, a prevención[4], cualquier funcionario judicial del lugar donde ocurra la violación o la amenaza al derecho fundamental, o a elección del demandante, el juez con jurisdicción donde se producen sus efectos (competencia territorial)[5] y que “los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son aquellos que se presentan por la aplicación o interpretación del artículo 37 del Decreto 2591 de1991”[6] .
-
En relación con la definición del régimen de competencias por la naturaleza de la entidad demanda, la Corte Constitucional ha sostenido que sólo existe una regla sobre el particular en materia de tutela y es la referente a las acciones de amparo dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación, cuyo conocimiento le corresponde a los jueces del circuito[7] (Decreto 2591 de 1991, art. 37).También se ha admitido que solo cabría hacer valer las normas de reparto cuando se incurra en una violación grosera o flagrante de las mismas, como cuando la tutela se interpone contra una providencia judicial y no se asigna al superior jerárquico, que no es el caso dilucidado.
-
Así las cosas, no le es dable al Juzgado Cuarenta y Cuatro Administrativo Oral del Circuito de Bogotá declararse sin competencia para resolver el presente asunto, toda vez que esta Corporación ha reiterado que, “ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera un conflicto de competencia, ni siquiera aparente”[8]. Por tanto, en este caso, se debe respetar la elección que haya efectuado el accionante, para ello se remitirá el expediente al despacho que en primer lugar conoció el asunto con el fin de que la acción de amparo sea decidida inmediatamente.
-
Entonces, la Sala procederá a resolver el presente conflicto de competencia, ordenando remitir el expediente al Juzgado Cuarenta y Cuatro Administrativo Oral del Circuito de Bogotá para que de forma inmediata, tramite y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.
PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTOS el auto del 6 de diciembre de 2016 proferido por el Juzgado Cuarenta y Cuatro Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, dentro del expediente ICC-2714.
SEGUNDO.- REMITIR al Juzgado Cuarenta y Cuatro Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, dentro del expediente ICC-2714, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar, dentro de la acción de tutela formulada por el señor J.R.D. contra la Sociedad de Activos Especiales Sas y la Inspección de Policía de A.G..
TERCERO.- ORDENAR que, por Secretaría General, se comunique la decisión adoptada en esta providencia a las partes y a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.
N., comuníquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (E)
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Ver, entre otras, las siguientes providencias: A-243 de 2012 M.P.L.G.G.P., A-004 de 2013 (M.P.N.P.P.) y A-015 de 2013 M.P.M.V.C.C..
[2] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
[3] “Por el cual establecen reglas para el reparto de la acción de tutela”.
[4] El término “competencia a prevención”, según la posición desarrollada por este Tribunal en autos como el 061 de 2011, significa que “cualquiera de los jueces que sea competente, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución y el 37 del Decreto 2591 de 1991, está autorizado para conocer de la acción de tutela, independientemente de la especialidad que haya sido el escogida por el actor. En este orden de ideas, los jueces no deben promover conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela con el argumento de que la oficina judicial no respetó la especialidad seleccionada por el demandante”.
[5] En Sentencia del 18 de julio de 2002, la Sección Primera del Consejo de Estado, estudió la expresión «o donde se produjeren sus efectos», inserta en el inciso primero del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000 y referida a los efectos de la violación de los derechos fundamentales, expresión que había sido demandada en acción de nulidad porque presuntamente introducía un nuevo factor de competencia territorial, no establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. En ese sentido, la Sala Plena de tal Corporación se pronunció en favor de la legalidad de tal disposición, “(…) interpretándola en el sentido de que el lugar donde se produce la violación o amenaza al derecho fundamental no sólo es aquel donde se despliega la acción o se incurre en la omisión, sino también adonde alcanzan los efectos de tales conductas.” Manifestó el Consejo de Estado, que la misma Corte Constitucional en Sentencia T-574 de 1994, había hecho referencia a la cuestión sobre la competencia para conocer solicitudes de tutela, cuando sus motivos se relacionaban con los efectos de actos expedidos por organismos que ejercían su autoridad a nivel nacional. “Aclaró que, pese a que dichos organismos tienen su sede en un determinado lugar desde donde profieren sus actos, éstos producen efectos en diferentes partes del país, de manera que si comprometen derechos fundamentales, la competencia para conocer de la demanda será de los jueces con jurisdicción en el lugar en que se concretaron los perjuicios o en que amenacen producirse”. (Subrayó el Consejo de Estado)// “Así entendida, la disposición reglamentaria ya está implícita en el precepto reglamentado, pues el lugar donde se produzcan los efectos de la conducta lesiva del derecho es así mismo el lugar donde se produce su violación.”
[6] Corte Constitucional, Auto 063 del 19 de marzo de 2014 M.P.M.G.C..
[7] Ver entre otras las siguientes providencias: A-215 de 2015 (M.P.G.S.O.D., A-034 de 2015 (M.P.L.G.G. y A-093 de 2014 (M.P.L.G.G.P..
[8] Corte Constitutional, Auto 063 del 19 de marzo de 2014 M.P.M.G.C..
