Auto nº 032/17 de Corte Constitucional, 1 de Febrero de 2017
| Número de sentencia | 032/17 |
| Fecha | 01 Febrero 2017 |
| Número de expediente | ICC-2753 |
| Materia | Derecho Constitucional |
Auto 032/17
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Competencia a prevención
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Reiteración auto A.124/09
ACCION DE TUTELA-Decreto 1382 de 2000 no establece competencia sino reglas de simple reparto
Referencia: Expediente ICC-2753
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Séptimo Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Medellín y el Juzgado Penal del Circuito de Yarumal, Antioquia.
Magistrado Ponente:
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Bogotá, D.C., primero (1) de febrero de dos mil diecisiete (2017).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, y con base en las siguientes
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El 13 de julio de 2016, la ciudadana M.A.J. interpuso acción de tutela contra la Unidad Especial para la Atención y Reparación Integra a las Víctimas (UARIV) por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la vida y al mínimo vital, como consecuencia de la tardanza injustificada para entregarle las ayudas humanitarias a las que aduce tiene derecho.
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El conocimiento de la acción le correspondió al Juzgado Séptimo Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Medellín, pero dicha autoridad, a través de Auto 14 de julio de 2016, resolvió no asumir conocimiento, por falta de competencia territorial, bajo el argumento que si bien, la entidad demandada tiene su sede administrativa en un lugar diferente a la residencia del actor, debe darse prelación al juez del domicilio del accionante, pues es en esa ciudad donde ocurriere la violación o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud (artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000).
Por lo anterior, dispuso remitir el expediente de tutela al Juez Penal del Circuito de Yarumal, luego de constatar vía telefónica que el domicilio de la accionante se encontraba en ese municipio.
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Realizado el nuevo reparto, el caso fue repartido al Juzgado Penal del Circuito de Yarumal, Antioquia, quien declaró su incompetencia por considerar que (i) la actora decidió voluntariamente presentarla ante ese juzgado, (ii) que al verificar el escrito de la acción de tutela, claramente se observa la dirección para que se allegue respuesta a la actora, en la ciudad de Medellín, por lo tanto es dicha ciudad, el lugar donde se producen los efectos de la presunta vulneración que se busca contrarrestar.[1] En consecuencia, declaró el conflicto negativo de competencia en tutela y dispuso la remisión de estas diligencias a la Corte Constitucional.
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La Sala Plena de esta Corporación ha considerado, como máximo tribunal de la jurisdicción constitucional, que es competente para conocer y resolver los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades judiciales que carezcan de un superior jerárquico común,[2] o que teniéndolo, sea necesario que la Corporación se pronuncie para no continuar dilatando el trámite de una demanda de tutela.[3]
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La Corte Constitucional, en varios de sus pronunciamientos, ha precisado que la jurisdicción constitucional está conformada por todos los jueces de tutela y que el Decreto 1382 de 2000 establece las reglas de reparto de la acción de tutela y no de competencia.[4] De tal modo, que se ha señalado que las disposiciones consagradas en dicho decreto no son presupuesto para que una autoridad se aparte del conocimiento de un asunto.[5] Así las cosas, “en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto”.[6]
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Asimismo, ha indicado que a la luz del artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, solo existen dos reglas que definen la competencia de los jueces en materia de tutela: (i) factor territorial, el cual puede ser determinado por (a) el lugar donde ocurrió la violación o amenaza de los derechos fundamentales que motivaron la solicitud o, (b) el lugar donde se producen los efectos de dicha vulneración; (ii) factor subjetivo, el cual dispone que las acciones de tutela que se interpongan contra los medios de comunicación serán conocidas en primera instancia por los jueces del circuito del lugar donde ocurrieron los hechos.
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En el Auto 146 de 2009, la Sala Plena de la Corte Constitucional señaló que, a pesar de que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 establezca dos tipos de competencia por el factor territorial, “los jueces antes de abstenerse de asumir el conocimiento de una solicitud de amparo constitucional, deben tener en cuenta la elección que haya efectuado el accionante respecto al lugar donde desea se tramite la acción y la jurisdicción que conozca la misma. Lo anterior, a partir de una interpretación sistemática del artículo 86 Superior y del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que garantizan a toda persona reclamar ante los jueces a prevención la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”.
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Teniendo en cuenta, que la accionante optó por la ciudad de Medellín para instaurar la acción de tutela, y por ser dicho domicilio el lugar donde se producen los efectos de la presunta vulneración,[7] se entiende que no se presentó ni siquiera de forma aparente un conflicto negativo de competencias, toda vez que, se reitera, los accionantes pueden presentar la solicitud de amparo ante los jueces a prevención para la protección de sus derechos constitucionales fundamentales, esto implica que el peticionario puede elegir ante qué juez presenta su solicitud, siempre y cuando se encuentre dentro de los parámetros de competencia establecidos.
La Sala advierte que el Juzgado Séptimo Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Medellín, tomó las reglas de competencia contenidas en el Decreto 2591 de 1991 para declararse incompetente y no efectuar un pronunciamiento de fondo, así las cosas, la declaratoria de incompetencia por desatención de una regla de reparto contraría la finalidad de la acción de tutela y la garantía efectiva de los derechos fundamentales, en la que priman los derechos inalienables de las personas y los principios de informalidad, sumariedad y celeridad.
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Asimismo, no se observa que la acción de tutela se haya distribuido de forma caprichosa. No hubo una aplicación grosera o arbitraria de las reglas de reparto establecidas en el Decreto 1382 de 2000. Como se dijo, existió una discrepancia entre dos operadores jurídicos competentes acerca de la aplicación de las reglas de reparto contenidas en dicho decreto.[8]
Con base en los anteriores criterios, se dejará sin efectos el Auto del 14 de julio de 2016, proferido por el Juzgado Séptimo Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Medellín, Antioquia, dentro del trámite de acción de tutela formulada por M.A.J.G. contra la Unidad Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y se remitirá el expediente ICC-2753 al Juzgado Séptimo Penal para con Funciones de Conocimiento de Medellín, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.
Se reitera: Un juez de tutela del lugar en donde ocurrió la violación o amenaza de los derechos fundamentales es competente a prevención para conocer de la acción, aunque no coincida con el domicilio principal de los accionados.
Primero.- Dejar sin efectoS el Auto del catorce (14) de julio de dos mil dieciséis (2016), proferido por el Juzgado Séptimo Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Medellín, Antioquia, mediante el cual resolvió que no era competente para conocer de la acción de tutela presentada por M.A.J.G. contra la Unidad Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).
Segundo.- REMITIR el expediente ICC-2753 al Juzgado Séptimo Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Medellín, Antioquia, para que de manera inmediata y sin dilaciones profiera la decisión de fondo a que haya lugar.
Tercero.- ORDENAR que, por Secretaría General, se comunique la decisión adoptada en esta providencia a las partes y al Juzgado Penal del Circuito de Yarumal, Antioquia.
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y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrado Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado Magistrado (e)
ALBERTO ROJAS RÍOS LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] La dirección que se observa en el escrito de la acción de tutela para que se allegue respuesta a la actora es la Carrera 49 No. 107-B-213 Barrio la Francia de la ciudad de Medellín, Antioquia. Visto a folio 11 y 12, cuaderno principal.
[2] Corte Constitucional, Autos A-044 de 1998 (MP J.G.H.G., A-071 de 1999 (MP C.G.D., A-087 de 2001 (MP M.J.C.E., A-199 de 2009 (MP H.A.S.P., A-243 de 2012 (MP L.G.G.P., A-004 de 2013 (MP N.E.P.P.) y A-015 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa), entre otros.
[3] Corte Constitucional, Autos A-167 de 2005 (MP H.A.S.P.; SV J.A.R., A-240 de 2006 (MP H.A.S.P., A-280 de 2007 (MP M.G.C.; SV J.A.R., A-302 de 2010 (MP J.I.P.C., A-278 de 2011 (MP M.G.C., A-243 de 2012 (L.G.G.P., A-004 de 2013 (MP N.E.P.P., A-205 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa) y A-002 de 2015 (MP M.V.S.M., entre otros.
[4] Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 1996 (MP V.N.M., Sentencia C-713 de 2008 (MP Clara I.V.H.; SPV Humberto Sierra Porto y N.P.P. y SV J.A.R., Autos A-166 de 2014 (MP N.P.) y A-205 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa), entre otros.
[5] Corte Constitucional, Auto A-203 de 2006 (MP M.J.C.E., reiterado por el Auto 069 de 2012 (MP J.I.P.C., entre otros.
[6] Corte Constitucional, Auto 124 de 2009 (MP H.A.S.P..
[7] Visto en folios 3,5,9,11 y 12 del cuaderno principal.
[8] La Corte Constitucional ha resuelto numerosos casos reiterando que una discrepancia en la aplicación de las reglas de reparto no representa, ni siquiera de forma aparente, un conflicto de competencias. Al respecto pueden consultarse, entre otros, los Autos A-085 de 2000 (MP Alfredo Beltrán Sierra), A-122 de 2000 (MP J.G.H.G., A-114 de 2001 (MP E.M.L., A-208 de 2001 (MP Marco G.M.C., A-040 de 2002 (MP Clara I.V.H., A-047 de 2002 (MP R.E.G., A-186 de 2003 (MP E.M.L., A-003 de 2004 (MP R.E.G.; SV J.A.R., A-074 de 2005 (MP H.A.S.P.; SV J.A.R., A-275 de 2006 (MP M.G.M.C.; SV J.A.R., A-037 de 2007 (MP Á.T.G.; SV J.A.R., A-211 de 2007 (MP C.B.M.; SV J.A.R., A-100A de 2008 (MP M.G.C.; SV J.A.R., A-092 de 2009 (MP G.E.M.M.; SV J.A.R., A-302 de 2010 (MP J.I.P.C., A-061 de 2011 (MP H.A.S.P., A-181 de 2012 (MP Adriana maría G.A., A-289 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa), A-192 de 2013 (MP L.G.G.P., A-206 de 2014 (MP J.I.P.P.) y A-002 de 2015 (MP M.V.S.M., entre otros.
