Auto nº 619/17 de Corte Constitucional, 15 de Noviembre de 2017

1. Antecedentes del proceso de tutela, que dieron lugar a la expedición de la Sentencia T-305 de 2017, que resolvió el expediente T-5.929.519

   El señor C.A.V.N. interpuso acción de tutela contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta, al considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, por haber desestimado la recusación formulada frente al magistrado encargado de resolver el recurso de apelación en el trámite del juicio penal adelantado en su contra, sin tener en consideración que dicho funcionario participó y tiene interés en el proceso.

   1.1. Relató el accionante que se desempeñó como ingeniero de sistemas en la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, Norte de Santander, desde el año 2004 al año 2008. En el año 2010, la Fiscalía 10 Seccional de Cúcuta lo acusó por los delitos de acceso abusivo a un sistema informático agravado, en concurso con falsedad en documento público agravado, por hechos en los que presuntamente, mientras se desempeñaba como funcionario del sistema de reparto judicial de esa ciudad, junto con otra persona, dirigió el reparto de procesos judiciales a despachos determinados.

   1.2. El proceso penal se adelantó en el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Cúcuta, quien lo condenó a la pena principal de 88 meses de prisión. Contra esta decisión interpuso recurso de apelación, el que le correspondió conocer al magistrado E.M.C.B., frente a quien presentó recusación, pues “fue la primera persona en dirigirse a la Dirección Seccional para quejarse de las presuntas irregularidades (…) razón por la cual al tener una clara participación e interés directo en los hechos demuestra una situación gravosa y de alta complejidad que debía ser conocida a fin de que se me garantizara mi derecho fundamental al debido proceso”.

   1.3. Mediante decisión del 13 de septiembre de 2016, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta declaró infundada la recusación referida, argumentado que las conductas penales por las que estaba siendo procesado tenían origen en la manipulación indebida del sistema de reparto de asuntos judiciales cuyo conocimiento correspondía a los jueces de la jurisdicción laboral más no tenía que ver con el reparto al despacho en el que ejerce funciones el magistrado recusado, ni a ningún otro magistrado de la Sala Penal.

   Por lo anterior, consideró que las afirmaciones del accionante “son descontextualizadas y distorsionadas, pues se están argumentando aspectos que no corresponden a la realidad, como que el doctor CAICEDO BARERA tiene claro interés en las resultas de este proceso, cuando no lo es así, porque las alteraciones al reparto recayeron en despachos judiciales diferentes al que preside el funcionario mencionado”.

   Agregó que, si bien en el año 2010 existían quejas de usuarios referente a la presunta manipulación en el sistema de reparto de los procesos judiciales, y en la Sala Penal se acordó que fuera el Magistrado E.M.C.B. quien informara a la Dirección de Administración Judicial dichas eventualidades para que se adelantaran las actuaciones pertinentes, “con posterioridad y luego de hacer las investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía, se logró establecer que en efecto se habían presentado irregularidades, pero en el reparto de procesos laborales, más no en los asignados al despacho del Magistrado homólogo o de la Sala Penal de este Tribunal”.

   Por otra parte, señaló que no se configura la causal de haber participado en el proceso porque sus decisiones “no han sido de fondo sobre la responsabilidad de los acusados. Hasta este momento está colegiatura no ha hecho valoración probatoria o juicio de valor sobre los hechos y las pruebas practicadas en el juicio oral, que permitan considerar que pudo verse comprometida su imparcialidad o la de la de esta Sala de Decisión”. Además, “no se demostró de qué manera el doctor E.M.C. BARRERA se formó un criterio sobre la responsabilidad de los enjuiciados en este asunto y no explicó c[ó]mo, las manifestaciones anteriores van a incidir en este proceso”.

   1.4. Afirmó el accionante que durante el desarrollo de las diferentes etapas de juzgamiento se supo que el doctor E.M.C.B., actual magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta, fue uno de los principales denunciantes de las presuntas irregularidades de las cuales fue acusado.

   1.5. Al respecto, refirió que en entrevista realizada al investigador de la Fiscalía que conoció de su caso, éste indicó que un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta recibió un pago en dinero por el reparto de un proceso a su despacho judicial, situación que llevó a este mismo funcionario a formular una queja contra personas indeterminadas ante la Dirección Administrativa de la Rama Judicial de Cúcuta. Durante el juicio oral se realizó contrainterrogatorio al investigador de la Fiscalía quien bajo la gravedad del juramento informó que el magistrado que interpuso la queja fue el doctor E.M.C.B..

   1.6. De esta manera, argumentó que la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta no tuvo en cuenta las pruebas obrantes en el expediente, mediante las cuales se puede concluir que el magistrado E.M.C.B. “fue denunciante e incluso víctima dentro de las presuntas irregularidades” que dieron lugar al proceso penal que se adelantó en su contra. Por lo que consideró que el magistrado E.M.C.B. incurrió en las causales de impedimento establecidas en el los numerales 1[2] y 6[3] del artículo 56 de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

2. Actuaciones procesales previas a la Sentencia T-305 de 2017

   A continuación se hará un breve resumen de la situación procesal que se generó en el trámite de la acción de tutela resuelta en la sentencia que se reprocha en esta oportunidad.

   2.1. Decisión de primera instancia

   Mediante sentencia del veinticinco (25) de octubre de dos mil dieciséis (2016), la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió negar la acción de tutela. Advirtió que no se observaba ninguna arbitrariedad que vulnerara el derecho al debido proceso del accionante en la decisión que declaró infundada la recusación por él formulada. Además, el peticionario contaba con otros mecanismos judiciales para ejercer su defensa. Sostuvo que las razones esgrimidas para no aceptar la recusación son razonables y no vulneran ninguna garantía del señor C.V.. Finalmente, destacó que se encontraba en curso el proceso penal, razón por la cual cualquier solicitud de protección de garantías fundamentales debía hacerse frente al juez natural y no ante el juez constitucional.

   2.2. Impugnación

   El accionante impugnó el fallo de primera instancia. Afirmó que el juez no tuvo en cuenta que la acción de tutela presentada cumplía todos los requisitos de procedencia cuando la misma se interpone contra una providencia judicial, y además los requisitos específicos de procedibilidad al haberse invocado un defecto fáctico por indebida valoración probatoria y por indebida motivación fáctica y jurídica. Resaltó que no contaba con otro mecanismo de defensa judicial, pues ya interpuso todos los recursos que tenía a su alcance.

   2.3. Decisión de segunda instancia

   Mediante sentencia del primero (1º) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia resolvió confirmar la decisión de primera instancia. Concluyó que la decisión de tutela cuestionada se motivó adecuadamente y se soportó en una interpretación razonada y no arbitraria, lo que descartaba cualquier intervención del juez de tutela.

3. Fundamentos de la decisión de la Sentencia T-305 de 2017

   Para resolver la cuestión planteada, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional estudió los siguientes temas: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) la relación de los impedimentos y las recusaciones con la garantía de imparcialidad judicial, (iii) el defecto fáctico, la ausencia de valoración probatoria o su valoración irrazonable, y finalmente, (iv) resolvió el caso concreto.

   3.1. Inicialmente determinó que la acción de tutela presentada por el señor C.A.V.N. contra la providencia judicial proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta resultaba procedente, por cuanto cumplía con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, toda vez que: “(i) Tiene una evidente relevancia constitucional, está de por medio la vulneración del derecho fundamental al debido proceso e involucra el derecho a la libertad del accionante. (ii) No existe otro mecanismo judicial idóneo. Las decisiones que se profieran durante el trámite de los impedimentos o recusaciones no son susceptibles de recurso alguno.[4] (iii) Cumplió el requisito de la inmediatez.[5] La acción de tutela fue interpuesta dentro de un término oportuno, justo y razonable (en efecto, la providencia reprochada en esta oportunidad fue proferida el 13 de septiembre de 2016 y la acción de tutela fue instaurada el 30 de septiembre de ese mismo año. Eso significa que la accionante acudió a la jurisdicción constitucional dentro del mes siguiente de haberse proferido la decisión judicial que considera contraria a sus derechos fundamentales). (iv) Se alegan presuntas irregularidades que, de comprobarse, tienen un efecto decisivo en la decisión contenida en el auto que resuelve la recusación. De haberse aceptado la recusación, otro funcionario judicial hubiera conocido el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria proferida contra el accionante. (v) Se identifica el derecho vulnerado (debido proceso) y los hechos generadores de la vulneración (desconocer las pruebas que demuestran que el magistrado sustanciador se encontraba incurso en una causal de impedimento). Por último, (vi) Es evidente que el presente asunto no pretende discutir una sentencia de tutela, sino una decisión judicial mediante la cual se resolvió una recusación.”

   3.2. Destacó cómo la jurisprudencia constitucional ha establecido el régimen de impedimentos y recusaciones como un mecanismo jurídico idóneo para garantizar el principio de imparcialidad de los funcionarios judiciales y para hacer efectivo el principio de igualdad de trato jurídico consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política a favor de todos los ciudadanos.

   3.3. Señaló el trámite de los impedimentos en materia penal, y las causales señaladas en el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal en virtud de las cuales los magistrados y jueces deberán declararse impedidos, o serán recusables.

   3.3. Explicó cómo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha entendido las causales 1º y 6ª del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, referentes a que el funcionario judicial tenga interés en la actuación procesal[6] y que haya participado en el proceso,[7] respectivamente.

   3.4. Finalmente, hizo alusión a la configuración del defecto fáctico, que se presenta cuando el funcionario judicial de conocimiento aplica el derecho sin contar con el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal, de manera que “resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado”.[8]

4. Solución de la situación puesta en conocimiento de la Sala de Revisión en la Sentencia T-305 de 2017

   4.1. La Sala de Revisión consideró que los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta, al momento de decidir sobre la recusación interpuesta por el accionante frente al magistrado E.M.C.B., a quien le correspondía decidir en segunda instancia el proceso penal adelantado en su contra, no analizaron adecuadamente los hechos que rodearon el asunto, restándole valor a aquellos elementos probatorios que dan cuenta de que la noticia criminal que llevó a la Fiscalía a realizar la correspondiente investigación en la que se acusó penalmente al accionante, fue presentada por dicho magistrado, lo cual “implica una duda sobre la imparcialidad del funcionario, pues dicha actuación fue esencial y necesaria para poder dar impulso a la correspondiente investigación penal. De tal manera que, de no haberse interpuesto la queja, no habría iniciado el proceso que determinó la culpabilidad penal del accionante”.

   4.2. En este sentido, precisó la Sala de Revisión, con fundamento en las pruebas obrantes en el expediente, de que el magistrado E.M.C.B., al tener conocimiento del presunto mal manejo en el reparto de los procesos en la ciudad Cúcuta, dio aviso a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta de tal proceder, y que finalmente esto devino en la investigación penal adelantada en contra del accionante, por lo que efectivamente se había configurado la causal de impedimento contenida en el numeral 6º del artículo 56 de la ley 906 de 2004,[9] puesto que la participación del funcionario judicial en el asunto fue claramente sustancial, vinculándolo directamente con la actuación puesta a su consideración en segunda instancia, de manera tal que le impedía actuar con la ecuanimidad, imparcialidad y ponderación que de él se espera.

   4.4. Así las cosas, concluyó que al no aceptarse la recusación formulada se incurrió en un desconocimiento de las garantías constitucionales y legales del accionante y, por ende, en una violación de sus derechos fundamentales, en particular al debido proceso y al principio de imparcialidad que debe imperar en todo tipo de proceso.

5. Solicitud de nulidad de la Sentencia T-305 de 2017

   Mediante escrito del once (11) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), recibido en la Secretaría General de esta Corporación el doce (12) de septiembre, los magistrados J.C.C.S. y L.G.S.C., integrantes de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta, presentaron solicitud de nulidad de la Sentencia T-305 de 2017, con fundamento en las siguientes razones:

   5.1. En primer lugar, señalaron que el fallo de tutela cuestionado fue producto de una serie de informaciones falsas aportadas por el accionante, que engañaron a la Sala Séptima de Revisión de Tutelas al momento de adoptar la decisión.

   5.2. Realizaron un recuento de los hechos que dieron origen a la acción de tutela y las decisiones de instancia, advirtiendo que a la Corte Constitucional se le hizo creer que debido a la información suministrada por el magistrado C.B. se había dado inicio al proceso penal adelantado contra el accionante, motivo por el cual se configuraba la causal de impedimento que daba lugar a que la recusación formulada fuera declarada fundada.

   Al respecto, relatan que la solicitud de auditoria que en su momento realizó el magistrado C.B. hacía referencia al reparto de tutelas hecho a los magistrados y no a las irregularidades en el reparto de demandas laborales a los diferentes juzgados, siendo este último hecho el que dio origen al proceso adelantado en contra del señor C.V.N.. Por tal motivo, sostienen que el magistrado C. no tenía ningún interés en el resultado del proceso penal referido y por tanto, no estaba incurso en ninguna causal de impedimento para conocer la apelación interpuesta contra la sentencia condenatoria impuesta la accionante.

   Para sustentar lo anterior, adjuntan la solicitud de auditoria presentada por el dr. C.B. el 16 de marzo de 2010, y la repuesta otorgada por el Coordinador de Grupo de Soporte Tecnológico de la Dirección Seccional de Administración Judicial, relacionada con el trámite de reparto de las tutelas a los magistrados.

   5.3. Advirtieron que a raíz de lo ordenado en la Sentencia T-305 de 2017, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta deberá pronunciarse nuevamente, apartando del proceso penal adelantado contra el accionante al magistrado C.B.. No obstante, destacan que después de haberse declarado infundada la recusación se produjo la sentencia de segunda instancia, por lo que se va a producir un retroceso en el proceso, afectando así un grave caso de corrupción en el sistema de reparto de procesos laborales de la ciudad de Cúcuta.

La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para conocer de la solicitud de nulidad formulada en el presente caso, según lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991.

1. Jurisprudencia constitucional sobre la procedencia de la nulidad de las sentencias proferidas por esta Corporación.

   1.1. En principio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, no procede ningún recurso contra las sentencias de la Corte Constitucional. Sin embargo, la jurisprudencia ha aceptado que en situaciones excepcionales que supongan una grave afectación al debido proceso y previo el cumplimiento de una exigente carga argumentativa por parte de quien alega la existencia de una nulidad, explicando de manera clara y expresa los preceptos constitucionales transgredidos y su incidencia en la decisión adoptada,[10] se pueda solicitar la nulidad de una sentencia proferida por las Salas de Revisión de esta Corporación.

   1.2. Esta conclusión de la Corte se sustenta en cuatro argumentos principales: (i) el principio de seguridad jurídica y el carácter de órgano de cierre de la jurisdicción constitucional que exigen la defensa de la cosa juzgada constitucional contenida en las sentencias proferidas por esta Corporación;[11] (ii) la solicitud de nulidad de una sentencia de tutela no es un recurso contra ella, pues esta posibilidad está expresamente prohibida por la ley; se trata de una petición que genera un incidente especial y particular porque no se rige por las reglas del procedimiento ordinario, ni contencioso administrativo, en tanto es una figura propia del procedimiento constitucional dirigida a subsanar irregularidades contenidas en la sentencia proferida por una sala de revisión de la Corte Constitucional y no a reabrir el debate resuelto en la providencia;[12] (iii) la nulidad resulta procedente cuando en la sentencia proferida por las salas de revisión de la Corte se presentan irregularidades de tal magnitud que desconocen el derecho fundamental al debido proceso;[13] y (iv) la Corte solo puede examinar la solicitud de nulidad cuando se da cumplimiento a una exigente carga argumentativa, en el sentido de explicar clara y expresamente los preceptos constitucionales transgredidos y su incidencia en la decisión tomada.[14]

2. Presupuestos que deben acreditarse para la procedencia de la solicitud de nulidad de las sentencias proferidas por las Salas de Revisión de ésta Corporación.

   2.1. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, hay tres requisitos formales que toda solicitud de nulidad debe contener, a saber: oportunidad, legitimación y carga argumentativa.

   (i) Oportunidad: implica, por un lado, que cuando el vicio se configura antes de la expedición de la decisión, debe ser alegado antes de que ésta sea comunicada.[15] En ese sentido, resultan inadmisibles los argumentos que buscan probar vicios procesales o sustanciales en el trámite procesal de la acción de tutela anterior a la sentencia, en tanto que todos ellos debieron alegarse antes de que fuera proferida la providencia que resuelve en forma definitiva el asunto.

   En caso contrario, cuando la anomalía se materializa en la providencia, debe ser propuesta dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación;[16]

   (ii) legitimación: el incidente de nulidad debe ser incoado por quien haya sido parte en el trámite de amparo constitucional o por un tercero que resulte afectado por las órdenes proferidas en sede de revisión y, [17]

   (iii) carga argumentativa: quien alega la nulidad de una sentencia de revisión debe explicar de forma clara y expresa los preceptos constitucionales transgredidos y la incidencia en la decisión proferida, tendientes a demostrar que la propia sentencia contiene irregularidades que vulneran el debido proceso.[18] Por tanto, no es suficiente el expresar razones o interpretaciones diferentes a las de la Sala que obedezcan al disgusto o inconformismo del solicitante con la decisión adoptada.[19]

   2.2. Ahora bien, materialmente se ha resaltado la excepcionalidad de la nulidad: la jurisprudencia constitucional ha señalado que la nulidad de una sentencia de revisión es excepcional, por lo tanto, adicionalmente a los requisitos formales de admisibilidad,[20] también se han dispuesto determinadas condiciones y limitaciones a los argumentos utilizados para sustentar los cargos en contra de la sentencia respectiva, los cuales adquieren una índole cualificada, pues con los mismos debe demostrarse la afectación a un derecho constitucional fundamental por parte de la Sala de Revisión, la cual "debe ser ostensible, probada, significativa y trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos”.[21] (Subraya la Corte).

   2.3. Con base en estas circunstancias, en Auto 031 A de 2012, la Corte identificó algunos casos en que la vulneración reúne esas características,[22] así por ejemplo señaló:

   “Cuando una Sala de Revisión cambia la jurisprudencia de la Corte. El artículo 34 del decreto 2591 de 1991 establece que todo cambio de jurisprudencia debe ser decidido por la Sala Plena; en consecuencia, si una de las salas de revisión se apropia de esa función, se extralimita en el ejercicio de sus competencias con una grave violación al debido proceso.[23] Sin embargo, no toda discrepancia implica cambio de jurisprudencia, puesto que ella debe guardar relación directa con la ratio decidendi de la sentencia de la cual se predica la modificación;[24] en caso contrario, ‘[L]as situaciones fácticas y jurídicas analizadas en una sentencia de una Sala de Revisión y que sirven de fundamento para proferir un fallo son intangibles, porque son connaturales a la libertad, autonomía e independencia que posee el juez para evaluarlas y juzgarlas.’[25]

   - Cuando una decisión de la Corte es aprobada por una mayoría no calificada según los criterios que exige la ley.[26]

   - Cuando existe incongruencia entre la parte motiva de una sentencia y la parte resolutiva de la misma, que hace anfibológica o ininteligible la decisión adoptada;[27] igualmente, en aquellos eventos donde la sentencia se contradice abiertamente, o cuando la decisión carece por completo de fundamentación.

   - Cuando la parte resolutiva de una sentencia de tutela da órdenes a particulares que no fueron vinculados o informados del proceso.[28]

   - Cuando la sentencia proferida por una Sala de Revisión desconoce la cosa juzgada constitucional, pues ello significa la extralimitación en el ejercicio de sus atribuciones.[29]” [30]

   2.4. En este contexto, las causales de procedencia de la solicitud de nulidad de las sentencias proferidas con ocasión de un trámite de revisión de esta Corte deben ser entendidas como un trámite basado en el respeto de las garantías reguladas en el artículo 29 Constitucional.[31] Lo anterior, por cuanto la nulidad tiene naturaleza excepcional y está sometida a estrictos requisitos de procedencia, los cuales versan sobre la acreditación suficiente de circunstancias ostensibles y trascendentales que afecten de manera cierta el derecho fundamental aludido.[32] De manera que cualquier inconformidad relacionada con la interpretación realizada por esta Corporación, con la valoración probatoria o con los criterios argumentativos que apoyan la sentencia, no son fundamentos suficientes para solicitar su nulidad, en la medida en que no implican la vulneración del debido proceso, sino que constituyen meras apreciaciones “connaturales al desacuerdo e inconformismo del solicitante con la decisión”.[33]

3. Estudio de la solicitud de nulidad presentada contra la Sentencia T-305 de 2017

   3.1. Análisis del cumplimiento de los presupuestos de procedencia.

   Inicialmente, es pertinente verificar el cumplimiento de los requisitos formales de procedencia de las solicitudes de la nulidad presentada por los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta, los cuales son: (i) demostrar legitimación para formular la solicitud de nulidad, (ii) presentarla oportunamente y (iii) asumir una carga de argumentación suficiente.

   3.1.1. Legitimación para presentarla. Como se estableció con anterioridad, el incidente de nulidad debe ser propuesto por una persona que cuente con legitimación activa, por haber sido parte en el trámite del amparo constitucional, o por ser un tercero que resulte afectado por las órdenes proferidas en sede de revisión.

   En el presente caso, este requisito se cumple, pues la acción de tutela fue interpuesta contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta, integrada por los magistrados solicitantes.

   3.1.2. Presentar la solicitud oportunamente. La jurisprudencia constitucional ha determinado que el incidente de nulidad debe interponerse dentro de los tres (3) días siguientes contados a partir de la notificación de la sentencia, pues vencido en silencio el término de ejecutoria cualquier eventual nulidad queda automáticamente saneada.[34]

   En este caso, la solicitud de nulidad presentada no cumple con tal exigencia, pues tal como se advierte en el expediente, el incidente de nulidad no fue propuesto dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la Sentencia T-305 de 2017.

   Según lo indica el oficio No. 33935 del cinco (05) de octubre de dos mil diecisiete (2017), emitido por la Secretaria de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados J.C.C.S. y L.G.S.C. fueron notificados personalmente de la Sentencia T-305 de 2017 el treinta y uno (31) de agosto de dos mil diecisiete (2017),[35] fecha que además, tal como lo informa la Sala de Casación Penal, fue manualmente colocada por ellos debajo de su firma. En efecto, a la anterior comunicación se anexó el acta de notificación personal firmada por los solicitantes.[36]

   A partir de lo expuesto, la Sala advierte que la solicitud de nulidad fue presentada de forma extemporánea, pues el cinco (05) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) venció en silencio la oportunidad para solicitar la nulidad de la providencia cuestionada.

   Por tanto, no es posible continuar con el estudio de esta solicitud y por el contario deberá rechazarse, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento sobre los demás presupuestos formales y materiales de procedencia de la misma.[37]

Por lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,