Auto nº 11001-03-25-000-2016-00152-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 15 de Noviembre de 2018
| Fecha | 15 Noviembre 2018 |
| Emisor | SECCIÓN SEGUNDA |
| Materia | Derecho Laboral y Seguridad Social |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
Consejero p onente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá D. C., quince (15) de noviembre de dos mil dieciocho (2018).
Radica ción número: 11001-03-25-000-2016-00152-00 ( 0687-16 )
Actor: L.D.C.R.C.
Demandado: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
Solicitud de extensión de jurisprudencia
Procede la Sala a resolver la solicitud de extensión de jurisprudencia interpuesta por la señora L.d.C.R.C. contra la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
ANTECEDENTES
La solicitud
Pretensiones
La señora L.d.C.R.C., mediante apoderado, solicitó la extensión de los efectos de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda de esta Corporación bajo el radicado núm. 250002325000200607509 01 (0112-2009), con ponencia del doctor V.H.A.A., por considerar que se encuentra en los mismos supuestos fácticos y jurídicos del demandante de la mencionada providencia.
Como consecuencia de la extensión de los efectos de las sentencias invocadas, solicitó se ordene aplicar en su integridad el régimen de transición, es decir, la Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta el promedio de lo devengado en el último año de servicios, incluyendo todos los factores salariales y cancelando el retroactivo correspondiente. (folio 29)
Supuestos fácticos
De los hechos expuestos y los documentos aportados por la señora L.d.C.R.C., se destaca lo siguiente:
La solicitante se desempeñó como docente nacionalizado desde el 28 de agosto de 1980 hasta el 10 de noviembre del 2005, fecha en la cual se encontraba afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - fomag.
Por medio de la Resolución 448 del 10 de julio de 2006, la Secretaria de Educación Departamental de Risaralda (folio 19-21) le reconoció a la demandante una pensión vitalicia de jubilación por la suma equivalente a $916.527, a partir del 10 de julio de 2006, teniendo en cuenta el 75% de los factores salariales devengados en el último año de servicio.
El 7 de diciembre de 2015, la peticionaria radicó ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - fomag, solicitud de reliquidación de su pensión con fundamento en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, con ponencia del Dr. V.H.A.. La petición fue negada por medio de la Resolución 1636 del 24 de agosto de 2013, aduciendo que se debían observar, con preferencia, los precedentes de la Corte Constitucional (folio, 4-12).
Traslado
Por medio de auto del 28 de julio de 2017, se ordenó correr traslado de la extensión de jurisprudencia por el término común de treinta (30) días a la Secretaria de Educación Departamental de Risaralda, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Agente del Ministerio Público, quienes intervinieron en el proceso en los siguientes términos:
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (folios 67 a 92)
Mediante memorial allegado el 10 de octubre de 2017, el apoderado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se opuso a la solicitud presentada por la señora L.d.C.R.C., argumentando que la solicitante no cumplió con la carga procesal establecida en el artículo 102 del cpaca sin que exista ninguna situación de hecho o de derecho que justifique el incumplimiento de la misma, en tanto incumplió con el término para acudir ante el Consejo de Estado.
Así mismo, señaló que la sentencia del 4 de agosto, cuyos efectos solicitó le fueran extendidos, no cumple con los requisitos del artículo 270 y 271 del cpaca, por lo cual no puede ser catalogada como sentencia de unificación.
1.2.3. La Secretaria Departamental de Educación de Risaralda, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Ministerio Público.
El auto del 28 de julio de 2017 fue notificado electrónicamente el 20 de septiembre 2017 (folios 63 a 66); sin embargo, guardaron silencio.
CONSIDERACIONES
Problema Jurídico
Le corresponde a esta Sala determinar si en el sub lite es procedente extender los efectos de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda de esta Corporación bajo el radicado número 250002325000200607509 01 (0112-2009), relacionada con la interpretación armónica del artículo 3 de la Ley 33 de 29 de enero de 1985, modificado por la Ley 62 de 16 de septiembre de 1985, en tratándose de los factores que deben tenerse en cuenta para la pensión de jubilación en el sector público.
Marco normativo y jurisprudencial
El Consejo de Estado, como tribunal supremo y órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tiene la labor de proferir las sentencias de unificación con el objeto de guiar a los jueces y autoridades en la manera como una determinada consecuencia jurídica debe atribuirse en tratándose del análisis de un caso con supuestos fácticos similares. Lo anterior en aras de garantizar la confianza legítima de la sociedad civil en la administración de justicia, la seguridad jurídica y la economía procesal.
En este sentido y dado que es indispensable que el sistema jurídico de nuestro país sea coherente y consistente pese al denso tráfico jurídico existente, el Consejo de Estado debe propender porque no solo los tribunales y jueces conozcan las pautas o reglas jurisprudenciales que deciden de forma uniforme casos similares, sino que debe garantizar que las autoridades administrativas extiendan a terceros los efectos de una sentencia de unificación, siempre y cuando se acredite o justifique razonadamente que el peticionario está bajo la misma situación fáctica y jurídica en la que se encontraba el demandante cuando se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación invocada.
En el anterior contexto es claro que el legislador del 2011, al redactar los artículos 10, 102 y 369 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pretendió no solo regular el trámite administrativo y judicial en relación con la extensión de los efectos de las sentencias de unificación que profiere esta Corporación, sino que también quiso reiterar el deber que tiene la Administración de resolver y aplicar las normas en forma homogénea, cuando los fundamentos jurídicos y fácticos presentados en el escrito de la solicitud y en la sentencia cuya extensión se persigue son idénticos. Lo anterior en aras de disminuir la judicialización innecesaria de casos.
En virtud de lo expuesto, es importante recordar que el artículo 10 del CPACA, al referirse al deber de aplicar uniformemente las normas y la jurisprudencia, consagra:
Artículo 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas. […]
La norma en cita permite colegir que la Ley 1437 de 2011 reconoce el precedente judicial como una fuente de derecho y, por consiguiente, es deber de las autoridades administrativas acatar las sentencias de unificación proferidas por el Consejo de Estado, no sin antes resaltar que las decisiones de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia deben aplicarse de manera preferente.
Ahora bien, en relación con el procedimiento administrativo especial, advierte esta Sala que el mecanismo de extensión de la jurisprudencia se encuentra regulado en su artículo 102, el cual establece los requisitos que deben contener las solicitudes de extensión que se formulan ante las autoridades administrativas, así:
Artículo 102. Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades. Las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho, a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Para tal efecto el interesado presentará petición ante la autoridad legalmente competente para reconocer el derecho, siempre que la pretensión judicial no haya caducado. Dicha petición contendrá, además de los requisitos generales, los siguientes:
1. Justificación razonada que evidencie que el peticionario se encuentra en la misma situación de hecho y de derecho en la que se encontraba el demandante al cual se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación Invocada.
2. Las pruebas que tenga en su poder, enunciando las que reposen en los archivos de la entidad, así como las que haría valer si hubiere necesidad de ir a un proceso.
3. Copia o al menos la referencia de la sentencia de unificación que invoca a su favor. Si se hubiere formulado una petición anterior con el mismo propósito sin haber solicitado la extensión de la jurisprudencia, el interesado deberá indicarlo así, caso en el cual, al resolverse la solicitud de extensión, se entenderá resuelta la primera solicitud.
La autoridad decidirá con fundamento en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables y teniendo en cuenta la interpretación que de ellas se hizo en la sentencia de unificación invocada, así como los demás elementos jurídicos que regulen el fondo de la petición y el cumplimiento de todos los presupuestos para que ella sea procedente. (N. fuera del texto)
Es pertinente indicar que la Corte Constitucional, al...
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