Sentencia nº 11001-03-15-000-2018-02458-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 15 de Noviembre de 2018
| Fecha | 15 Noviembre 2018 |
| Emisor | SECCIÓN CUARTA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente : MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá, D.C., quince (15) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02458-00 (AC)
Actor : M.H.G.C.
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN E
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor M.H.G.C. contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000.
ANTECEDENTES
Pretensiones
El señor M.H.G.C., mediante apoderado, ejerció acción de tutela contra la citada autoridad judicial, por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“(…)
En consecuencia, ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, revocar la sentencia proferida el 26 de abril de 2018, para en su lugar, ordenar reliquidar la pensión del tutelante, teniendo en cuenta el equivalente al 75% de los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha de retiro efectivo, indexando la primera mesada pensional en el proceso 11001333502920130048702 de M.H.G.C. contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN, ORDINARIO NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.”
Hechos
Se advierten como hechos relevantes, los siguientes:
El actor interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la UGPP, con el fin de que se declarara la ilegalidad de los actos administrativos que le negaron la reliquidación de la pensión con inclusión de todos los factores devengados en el último año de servicios.
El Juzgado 29 Administrativo de Bogotá, en sentencia del 28 de octubre de 2016, accedió a las pretensiones de la demanda, decisión judicial que fue revocada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en fallo del 26 de abril de 2018.
Argumentos de la tutela
A juicio del demandante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, al aplicar las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, desconoció el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado puntualmente la sentencia de unificación de 4 de septiembre de 2010, la cual es de obligatorio cumplimiento por tratarse de un pronunciamiento del órgano de cierre de la jurisdicción.
Trámite Previo
Mediante auto del 17 de agosto de 2018, se declaró fundado el impedimento manifestado por la doctora S.J.C.B., se admitió la acción de tutela, se ordenó notificar a las partes y, a los terceros con interés en el resultado del proceso, a quienes se les remitió copia de la demanda.
El magistrado J.R.P.R., integrante de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, manifestó impedimento para conocer del asunto, el cual se declaró fundado mediante auto del 27 de septiembre de 2018 y se ordenó el sorteo de un conjuez para integrar el cuórum necesario.
Intervenciones
La magistrada ponente de la decisión judicial atacada solicitó que se negara el amparo invocado. Manifestó que, en relación con el ingreso base de liquidación de la pensión de las personas del régimen de transición, la Corte Constitucional y El Consejo de Estado mantienen una posición divergente, razón por la que no puede alegarse desconocimiento del precedente judicial.
Que ante la expedición de la sentencia SU-395 de 2017 de la Corte Constitucional esa Corporación estimó conveniente rectificar la posición que venía fijando y, en consecuencia, aplicar el precedente fijado en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015.
UGPP
El Subdirector de Defensa Judicial de la UGPP solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela. Dijo que no se cumple ninguno de los requisitos especiales de procedibilidad de este mecanismo contra providencias judiciales que permita efectuar un estudio sobre la providencia judicial cuestionada.
La sentencia proferida por la autoridad judicial demandada acató el precedente de la Corte Constitucional establecido en las sentencias SU-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU 395 de 2017, en las que esa Corporación efectuó un estudio de unificación respecto de la debida interpretación y aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en lo que tiene que ver con el IBL para calcular la pensión.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en casos concretos y excepcionales.
Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela contra providencias judiciales es procedente. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Por esto, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales y especiales que deben cumplirse de forma estricta. Si no se cumplen todos los requisitos generales y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales la acción no será procedente.
En todo caso, como su procedencia es excepcional,la interpretación de los requisitos generales y de los defectos específicos de la providencia debe ser restrictiva, a la luz de los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso de amparo, y exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la providencia judicial objeto de la acción.
3. El caso concreto y su decisión
Corresponde a la Sala determinar si en la sentencia del 26 de abril de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, incurrió en defecto por desconocimiento del precedente judicial contenido en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 de la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al haber aplicado en el caso del actor la sentencia SU-230 de 2015...
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