Auto nº 11001-03-25-000-2014-00623-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 15 de Noviembre de 2018
| Fecha | 15 Noviembre 2018 |
| Emisor | SECCIÓN SEGUNDA |
| Materia | Derecho Laboral y Seguridad Social |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
Consejero p onente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D. C., quince (15) de noviembre de dos mil dieciocho (2018).
Radica ción número: 11001-03-25-000-2014-00623-00 ( 1954-14 )
Actor: L.A.H.M.
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Solicitud de extensión de jurisprudencia.
Procede la Sala a resolver la solicitud de extensión de jurisprudencia interpuesta por el señor L.A.H.M. contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
ANTECEDENTES
La solicitud
Pretensiones
El señor L.A.H.M., mediante apoderado, solicitó la extensión de los efectos de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda de esta Corporación bajo el radicado núm. 250002325000200607509 01 (0112-2009), con ponencia del doctor V.H.A.A., por considerar que se encuentra en los mismos supuestos fácticos y jurídicos del demandante de la mencionada providencia.
Como consecuencia de la extensión de los efectos de la sentencia invocada, solicitó se le ordene a la entidad reliquidar la pensión de jubilación, así como el reconocimiento del pago retroactivo y la indexación de esta. (Folio 19)
Supuestos fácticos
De conformidad con los hechos y omisiones señalados por el señor L.A.H.M., se destacan los siguientes:
Prestó sus servicios personales al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria desde el 16 de agosto de 1976 hasta el 30 de septiembre de 2006.
Mediante Resolución 00160 de 2 de febrero de 2005 el INCORA le reconoció la pensión de jubilación, omitiéndose la inclusión de todos los factores cancelados al peticionario durante el último año de servicios.
El 24 de mayo de 2013, radicó ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural solicitud de extensión de jurisprudencia, con el fin de que se extendieran los efectos de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010.
La entidad mediante Resolución RDP 0050 del 14 de febrero de 2014, notificada por aviso el 1 de marzo de 2014, negó la solicitud formulada.
Traslado.
Por medio de auto de 1 de octubre de 2014, se ordenó correr traslado de la extensión de jurisprudencia por el término común de treinta (30) días a la UGPP, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Agente del Ministerio Público, quienes intervinieron en el proceso en los siguientes términos:
UGPP.
La entidad se opuso a los hechos y a las pretensiones propuestas por la solicitante, por las siguientes razones: i) el artículo 102 y el 269 del CPACA le permiten a la autoridad a la cual se le hace la solicitud de extensión de la jurisprudencia apartarse de la sentencia de unificación cuando existen argumentos contrarios; ii) de conformidad con la sentencia C 816 de 2011, el recurso de extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado no puede estar por encima de las sentencias de la Corte Constitucional; iii) la Corte Suprema de Justicia tiene una tesis diferente en relación a la manera como se debe aplicar el régimen de transición de la Ley 100 de 1993; iv) El recurrente en vía administrativa solicitó la indexación del ingreso base de liquidación, situación totalmente diferente al caso de la sentencia que se invoca. (Folios 60 a 69).
1.2.2. ANDJE.
La Agencia considera que la jurisprudencia colombiana no ha sido pacífica ni consistente frente a la interpretación del alcance del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que por lo tanto no existe unidad jurisprudencial en las Altas Cortes.
Refiere igualmente que la sentencia del 4 de agosto de 2010 cuyos efectos solicita sean extendidos no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 270 y 271 del CPACA, ni en el artículo 8 del Acuerdo 148 de 2014 y por tanto no puede ser tenida en cuenta como sentencia de unificación.
Así mismo, indicó que la petición no es fiel a los presupuestos y requisitos del artículo 102 del CPACA y que no se enuncian a cabalidad los factores salariales a los que eventualmente tendría derecho, por lo cual no acreditó la similitud fáctica y jurídica con el demandante de la sentencia invocada como de unificación.
Concluyó que no existen los presupuestos jurídicos que permitan aplicar el mecanismo de la extensión de la jurisprudencia para el caso sub examine y que por ello deben declararse improcedente la solicitud formulada.
1.2.3. El Ministerio Público
El auto de 1 de octubre de 2014 le fue notificado a la Procuraduría Delegada el día 25 de febrero de 2015; sin embargo el agente del Ministerio guardó silencio.
CONSIDERACIONES
Problema Jurídico
Le corresponde a esta Sala determinar si en el sub lite es procedente extender los efectos de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda de esta Corporación bajo el radicado número 250002325000200607509 01 (0112-2009), relacionada con la interpretación armónica del artículo 3 de la Ley 33 de 29 de enero de 1985, modificado por la Ley 62 de 16 de septiembre de 1985, en tratándose de los factores que deben tenerse en cuenta para la pensión de jubilación para los beneficiarios del régimen de transición.
Marco normativo y jurisprudencial
El Consejo de Estado, como tribunal supremo y órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tiene la labor de proferir las sentencias de unificación con el objeto de guiar a los jueces y autoridades en la manera como una determinada consecuencia jurídica debe atribuirse en tratándose del análisis de un caso con supuestos fácticos similares. Lo anterior en aras de garantizar la confianza legítima de la sociedad civil en la administración de justicia, la seguridad jurídica y la economía procesal.
En este sentido y dado que es indispensable que el sistema jurídico de nuestro país sea coherente y consistente pese al denso tráfico jurídico existente, el Consejo de Estado debe propender porque no solo los tribunales y jueces conozcan las pautas o reglas jurisprudenciales que deciden de forma uniforme casos similares; sino que debe garantizar que las autoridades administrativas extiendan a terceros los efectos de una sentencia de unificación, siempre y cuando se acredite o justifique razonadamente que el peticionario está bajo la misma situación fáctica y jurídica en la que se encontraba el demandante cuando se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación invocada.
En el anterior contexto es claro que el legislador del 2011, al redactar los artículos 10, 102 y 369 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pretendió no solo regular el trámite administrativo y judicial en relación con la extensión de los efectos de las sentencias de unificación que profiere esta Corporación, sino que también quiso reiterar el deber que tiene la Administración de resolver y aplicar las normas en forma homogénea, cuando los fundamentos jurídicos y fácticos presentados en el escrito de la solicitud y en la sentencia cuya extensión se persigue son idénticos. Lo anterior en aras de disminuir la judicialización innecesaria de casos.
En virtud de lo expuesto, es importante recordar que el artículo 10 del CPACA, al referirse al deber de aplicar uniformemente las normas y la jurisprudencia, consagra:
Artículo 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas. […]
La norma en cita permite colegir que la Ley 1437 de 2011 reconoce el precedente judicial como una fuente de derecho y, por consiguiente, es deber de las autoridades administrativas acatar las sentencias de unificación proferidas por el Consejo de Estado, no sin antes resaltar que las decisiones de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia deben aplicarse de manera preferente.
Ahora bien, en relación con el procedimiento administrativo especial, advierte esta Sala que el mecanismo de extensión de la jurisprudencia se encuentra regulado en su artículo 102, el cual establece los requisitos que deben contener las solicitudes de extensión que se formulan ante las autoridades administrativas, así:
Artículo 102. Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades. Las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho, a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Para tal efecto el interesado presentará petición ante la autoridad legalmente competente para reconocer el derecho, siempre que la pretensión judicial no haya caducado. Dicha petición contendrá, además de los requisitos generales, los siguientes:
1. Justificación razonada que evidencie que el peticionario se encuentra en la misma situación de hecho y de derecho en la que se encontraba el demandante al cual se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación Invocada.
2. Las pruebas que tenga en su poder, enunciando las que reposen en los archivos de la entidad, así como las que haría valer si hubiere necesidad de ir a un proceso.
3. Copia o al menos la referencia de la sentencia de unificación que invoca a su favor. Si se hubiere formulado una petición anterior con el mismo propósito sin haber...
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