Sentencia nº 11001-03-15-000-2018-00795-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 31 de Octubre de 2018
| Fecha | 31 Octubre 2018 |
| Emisor | SECCIÓN CUARTA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
C onsejera ponente : STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00795-01 (AC)
Actor: M.N.I.G.
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Reliquidación de la pensión de docentes cuya prestación se reconoció con la Ley 33 de 1985. Defecto sustantivo por indebida aplicación de las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por el apoderado del accionante contra la sentencia dictada el 31 de mayo de 2018, por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, en la que denegó las pretensiones de la acción de tutela.
ANTECEDENTES
Hechos
La accionante nació el 20 de noviembre de 1955 y se desempeñó como docente desde el 2 de julio de 1976 hasta el 20 de noviembre de 2010, y adquirió el estatus jurídico de pensionada para esta última fecha .
Mediante Resolución Nº 072 de 7 de marzo de 2012, la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda le reconoció la pensión de jubilación por cuotas partes, teniendo como base de liquidación el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios anterior al estatus de pensionada, teniendo en cuenta el sueldo, sobresueldo y prima de vacaciones, pero la accionante consideró que su pensión no estaba acorde a lo establecido en la ley y la jurisprudencia.
Pese a lo anterior, al estimar que para la liquidación de su pensión no se incluyó la totalidad de los factores salariales que percibió durante el último año de servicios, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, pretendiendo la nulidad parcial de la Resolución Nº 072 de 7 de marzo de 2012 y, en consecuencia, que se reliquidara su pensión con todos los factores devengados en el año anterior a la adquisición del estatus.
El Juzgado Segundo Administrativo de P. en sentencia de 28 de marzo de 2017, declaró la nulidad del acto administrativo demandado y ordenó reliquidar la pensión de la actora a partir del 21 de noviembre de 2010, en una suma equivalente al 75% de los salarios devengados en el último año anterior a la adquisición del estatus pensional, incluyendo además del sueldo, sobresueldo y prima de vacaciones, también la prima de navidad y la asignación adicional.
Finalmente, contra la anterior decisión la parte demandada interpuso recurso de apelación. El Tribunal Administrativo de Risaralda en fallo de 26 de enero de 2018, la revocó y negó las pretensiones, con sustento en la sentencia SU-395 de 2017 de la Corte Constitucional, es decir, que el IBL se liquida sólo frente a los factores salariales de los cuales se hicieron aportes y que se excluyen aquellos que no se realizaron el respectivo descuento.
2. Fundamentos de la acción
La actora afirmó que en la providencia atacada adolece de un defecto sustantivo y decisión sin motivación, ya que en la sentencia cuestionada se especifica que los docentes nacionales y nacionalizados vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003, como es su caso, se les aplican las normas para los servidores públicos del orden nacional, esto es, la Ley 33 de 1985. Sin embargo, se aplicó el precedente de la Corte Constitucional relativo a la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en lo que se refiere al IBL, el cual no hace parte del régimen de transición.
Refirió que la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha precisado el alcance que se debe dar a los factores salariales que integran el IBL en el marco de las leyes 33 y 62 de 1985, precisando que la autoridad judicial accionada luego de citar la sentencia de 4 de agosto de 2010, concluyó que debía aplicarse el precedente constitucional que ha fijado el alcance del IBL en la Ley 100 de 1993, pasando por alto lo dicho por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
También alegó la configuración de un “defecto por desconocimiento del precedente”, pues considera incongruente que la autoridad judicial accionada sustentara su decisión en el precedente de la Sección Segunda del Consejo de Estado en relación con la liquidación de la pensión con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, pero que luego sostenga que en la liquidación debe tener en cuenta los factores sobre los cuales los beneficiarios hubieren realizado los correspondientes aportes o cotizaciones.
3. Pretensiones
La demandante formuló las siguientes:
“ 1. Se declare que el Tribunal Administrativo de Risaralda - Sala Primera de Decisión, integrada por (…), transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, MÍNIMO VITAL, IGUALDAD Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de la accionante con la decisión contenida en la sentencia de lunes, febrero (sic) 26, 2018 proferida dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho incoada por la docente M.C.O.Z. contra la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, radicado No. 66001-33-33-002-2016-00206-01 (D-0572-2017).
2. Como consecuencia de la declaración anterior, ordenar al TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA - SALA TERCERA, integrada por los Magistrados (…), dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo al precedente judicial que sobre el tema edificó el Consejo de Estado mediante Sentencia de Unificación de 4 de agosto de 2010, proferida dentro del expediente radicado (…), de esa Alta Corporación con ponencia del Consejero Dr. V.H.A.A...”..
Pruebas relevantes
La accionante aportó copia de la sentencia de 26 de enero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda en segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento que inició contra el Fomag.
Oposición
5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Risaralda
En memorial de 9 de mayo de 2018, la magistrada ponente solicitó que se rechace por improcedente la acción de tutela o, en su defecto, se deniegue el amparo de los derechos fundamentales invocados por la demandante, toda vez que la sentencia motivo de reparo no adolece de vicio alguno.
Afirmó que la decisión adoptada en el caso de la demandante obedeció a la interpretación de la normatividad aplicable y a la posición establecida por la Corte Constitucional en la SU-395 de 2017, sentencia que constituye el precedente jurisprudencial a seguir en el asunto.
Indicó que la sentencia atacada no ha incurrido en vulneración de derecho alguno, pues realizó un análisis juicioso del acervo probatorio arrimado al proceso y las normas en que se sustentó no son inexistentes o inconstitucionales.
Por último, aseguró que en el asunto objeto de debate no se discutió lo relacionado con el IBL, pues la pretensión principal iba encaminada a la reliquidación de la pensión con la inclusión de todos los factores salariales que no fueron tenidos en cuenta para el cálculo del monto pensional.
5.2. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional
En memorial de 9 de mayo de 2018, la asesora jurídica de la entidad solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que no se configuraron los requisitos de procedibilidad y que se desvinculara a la cartera ministerial, toda vez que no ostenta legitimación en la causa por pasiva.
5.3. Respuesta de Fiduprevisora
En escrito de 9 de mayo de 2018, el coordinador de tutelas pidió que se declarara la improcedencia y se desvincule, por no estar legitimado en la causa por pasiva.
6. Sentencia de tutela impugnada
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en sentencia de 31 de mayo de 2018, denegó las pretensiones de la solicitud de tutela, al considerar que no se evidenció amenaza o violación de los derechos fundamentales invocados.
Afirmó que en el caso bajo estudio la autoridad judicial accionada adoptó su decisión con fundamento en la interpretación que consideró era la correcta, respecto de incluir en la reliquidación pensional solamente aquellos factores debidamente percibidos durante el último año de servicios del trabajador, y que de ellos, se hubieren realizado los respectivos aportes de acuerdo a los criterios fijados por la Corte Constitucional.
Agregó que el análisis y valoración normativa que se encuentra ajustada a los parámetros del artículo 230 de la Carta Política, que alude a la autonomía funcional que les asiste a los jueces de la república.
Finalmente, resaltó que no es dable sostener que el tribunal incurrió en vulneración de derechos fundamentales al acoger el criterio de interpretación sostenido por la Corte Constitucional, más aún, cuando la interpretación que se aplicó fue razonable, pues sostuvo que no acogía la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, dictada por el Consejo de Estado en razón a que no existe una línea pacífica.
7. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el apoderado de la accionante impugnó la anterior decisión y solicitó que se concedieran las pretensiones de la acción de tutela, pues consideró que la decisión demandada es lesiva de sus derechos fundamentales.
Afirmó que el Tribunal Administrativo de Risaralda incurrió en defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente judicial y vulneró su derecho a la igualdad respecto de otros docentes que en las mismas condiciones se les ordenó la reliquidación de la pensión, con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio
Sostuvo que la Ley 33 de 1985 le es...
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