Sentencia nº 44001-23-31-000-2010-00095-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 29 de Julio de 2019 (caso SENTENCIA nº 44001-23-31-000-2010-00095-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 29-07-2019)
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Emisor | SECCIÓN TERCERA |
| Fecha | 29 Julio 2019 |
| Número de expediente | 44001-23-31-000-2010-00095-01 |
| Normativa aplicada | LEY 270 DE 1996 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 136 NUMERAL 8 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 90 / LEY 600 DE 2000 – ARTÍCULO 355 / LEY 600 DE 2000 – ARTÍCULO 356 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 28 |
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA FUNCIONAL
La Sala es competente para conocer el presente caso, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en consideración a la naturaleza del asunto, pues la Ley 270 de 1996 fijó la competencia para conocer de las controversias suscitadas por error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, en primera instancia, en los Tribunales Administrativos y, en segunda, en el Consejo de Estado, sin consideración a la cuantía. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar auto de unificación de 9 de septiembre de 2008; Exp. 2008-00009.
FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / ACREDITACIÓN DEL PARENTESCO / AUSENCIA DE PRUEBA DEL PARENTESCO / COMPAÑERO PERMANENTE / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA - Parcial
En contraste, se observa que (…), quienes se presentaron en el proceso como compañera permanente, hijo, madre y hermanos del afectado directo, respectivamente, no probaron dicha calidad, pues no obran en el plenario los registros civiles necesarios para acreditar la condición en que dicen actuar. De ahí que se declarará la falta de legitimación en la causa respecto de dichas personas. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 29 de febrero de 2012. Exp 20858; C.O.M.V. de De la Hoz.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Término / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CÓMPUTO DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACION DIRECTA / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL
El numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo (CCA) dispone que el término para formular oportunas pretensiones en sede de reparación directa es de dos (2) años, que se cuentan a partir del día siguiente a la fecha del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa que originó el daño reclamado. La jurisprudencia, por su parte, estableció que, en los casos de privación injusta de la libertad, dicho lapso debe contarse desde el día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que precluyó la investigación o absolvió al procesado, ya que a partir de ese momento el afectado tiene conocimiento del carácter injusto de la detención. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencias del 4 de marzo de 1993, Exp. 7407 y 7399, auto del 2 de febrero de 1996, Exp. 11425, auto del 14 de agosto de 1997, Exp. 13258, auto del 24 de septiembre de 1998, Exp. 13.626, sentencia del 18 de octubre de 2000, Exp. 12228, auto del 2 de noviembre de 2000, Exp. 17964 y sentencia del 13 de septiembre de 2001, Exp. 13392, entre otras.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 136 NUMERAL 8
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA -Duda sobre la oportunidad para presentar la demanda / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD
No obstante, esta Sección ha reiterado, atendiendo al principio de acceso a la administración de justicia, que cuando existan dudas sobre el momento oportuno para la presentación de la demanda debe darse trámite a la controversia. Por lo tanto, en el presente proceso no se declarará la caducidad de la acción y se analizará de fondo las controversias surgidas. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar providencia del 12 de mayo de 2010. Exp. 37588; C.M.F.G..
PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESONSABILIDAD ESTATAL / DAÑO ANTIJURÍDICO / ACCIÓN U OMISIÓN / CARGA DE LA PRUEBA / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL
El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Así, para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado, deben concurrir dos (2) presupuestos: (i) un daño antijurídico y (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de quince (15) de agosto de dos mil dieciocho (2018), Exp. 66001-23-31-000-2010-00235-01(46947); C.C.A.Z.B..
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 90
ELEMENTOS DE LA RESONSABILIDAD ESTATAL / DAÑO ANTIJURÍDICO / ACCIÓN U OMISIÓN / CARGA DE LA PRUEBA / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / PROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / LEY 600 DE 2000
En esa perspectiva, la calificación de la antijuridicidad del daño remite, no sólo al análisis de la conducta de la víctima, para efectos de verificar o que el daño haya sido causado o determinado por un error de conducta de la propia víctima, sino también a la constatación de la existencia o no de un justo título legal que lo habilite. Ese título existe, en el caso sub-lite, porque así lo autoriza el artículo 28 de la constitución política en concordancia, para el caso, con los artículos 355 y 356 de la Ley 600 de 2000. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de 1º de octubre de 2018, Exp. 46328, C.J.E.R.N..
FUENTE FORMAL: LEY 600 DE 2000 – ARTÍCULO 355 / LEY 600 DE 2000 – ARTÍCULO 356 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 28
RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / IN DUBIO PRO REO / INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO LEGAL / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Los anteriores documentos solamente dan cuenta de la decisión tomada en la última instancia -absolutoria en aplicación del principio de indubio pro reo- , pero, de ninguna forma, permiten conocer a profundidad los fundamentos de las decisiones anteriores, entre ellas la de imponer medida de aseguramiento; calificar el mérito del sumario con acusación; y declarar la responsabilidad penal del imputado en primera instancia, decisiones que a la postre se constituyen como la base del daño cuya reparación se reclama en la presente acción, razón por la que el estudio de antijuridicidad se torna imposible.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C. veintinueve (29) de julio de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 44001-23-31-000-2010-00095-01 (44646)
Actor: J.E.P.C. Y OTROS
Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: Acción de reparación directa
Tema: Privación injusta de la libertad
Subtema 1: Incumplimiento de la carga probatoria en cabeza del actor
Subtema 2: Ley 600 de 2000
La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por los accionantes contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de la Guajira, el nueve (9) de mayo de dos mil doce (2012), que negó las pretensiones de la demanda.
- SÍNTESIS DEL CASO
J.E.P.C. fue señalado como autor del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y capturado por miembros de la Policía Nacional. La Fiscalía Seccional decretó medida de aseguramiento en su contra, consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, y luego, calificó el mérito del sumario con resolución de acusación. El Juzgado Primero Penal de Descongestión del Circuito de Riohacha dictó sentencia condenatoria al encontrar el acusado responsable del delito imputado. Posteriormente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Rioacha revocó la decisión y profirió sentencia absolutoria, en aplicación al principio de in dubio pro reo.
- ANTECEDENTES
2.1. La demanda
El ocho (8) de junio de dos mil diez (2010)[1], J.E.P.C., T.P.M., J.J.P.P., H.C.H.,...
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