Auto nº 592/19 de Corte Constitucional, 5 de Noviembre de 2019
| Ponente | :GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO |
| Fecha de Resolución | 5 de Noviembre de 2019 |
| Emisor | Corte Constitucional |
| Expediente | ICC-3764 |
Auto 592/19
Referencia: Expediente ICC-3764
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de T. (Valle del Cauca) y el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali (Valle del Cauca).
Magistrada Ponente:
GLORIA S.O. DELGADO
Bogotá, D.C., cinco (5) de noviembre de dos mil diecinueve (2019).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, así como en cumplimiento de lo dispuesto en el literal e) del artículo 5° del Reglamento Interno de la Corporación, profiere el siguiente
AUTO
-
El señor F.G.M., por medio de apoderado judicial, formuló acción de tutela contra REFINANCIA SAS[1], en procura de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, habeas data, intimidad personal y familiar, “autodeterminación informática” y buen nombre, los cuales considera vulnerados por la accionada debido a su negativa de retirar varios reportes negativos que figuran en sus bases de datos.
Valga aclarar que la dirección de notificaciones suministrada por el actor en el escrito de tutela[2] corresponde a la ciudad de Cali. Por su parte, el apoderado indicó que recibiría notificaciones en una dirección ubicada en T.[3].
-
Repartido el asunto, su conocimiento fue asignado al Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de T.. Dicho fallador, a través de auto de 7 de noviembre de 2018, declaró su falta de competencia para conocer del asunto, en razón del factor territorial, por considerar que los efectos de la presunta vulneración se extienden a la ciudad de Cali, porque en dicha ciudad tiene su domicilio el actor “[f]actor que no se altera por el hecho de tener el apoderado del actor su domicilio en el Municipio de T., habida cuenta no ser titular y menos afectado sustancial de derechos, es decir, parte”[4] Por consiguiente, ordenó remitir el expediente para su reparto entre los jueces municipales de Cali.
-
Efectuado nuevamente el reparto, el expediente correspondió al Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali, el cual, por medio de auto de 14 de noviembre de 2018, ordenó devolver el expediente al Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de T..
Sostuvo que “el factor determinante para asignar competencia es el lugar de residencia del demandante y donde se están viendo afectados sus derechos, que en el presente asunto, es en el Municipio de T., Valle del Cauca”[5] comoquiera que esta localidad corresponde al domicilio del apoderado del actor, quien por voluntad propia decidió interponer la acción de tutela en dicho lugar. Además, resaltó que la dirección de notificaciones indicada por el apoderado del accionante corresponde al municipio de T.. De igual manera, propuso, de antemano, conflicto negativo de competencia en caso de que no se acogieran sus argumentos.
Devuelto el expediente al Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de T., esta autoridad judicial mediante auto de 21 de noviembre de 2018, reiteró los argumentos que propuso cuando se pronunció por primera vez y aceptó el conflicto negativo de competencia propuesto. En consecuencia, remitió el expediente a la Corte Constitucional[6].
-
La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[7] y ha interpretado que su competencia para dirimir esta clase de controversias es de carácter residual[8]. En consecuencia, sólo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevén la autoridad encargada de asumir el trámite, o en los eventos en que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela[9].
-
El presente conflicto negativo de competencia debió ser resuelto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dado que las autoridades judiciales involucradas: (i) forman parte de la jurisdicción ordinaria; (ii) tienen la misma especialidad jurisdiccional; y (iii) pertenecen a distintos distritos judiciales[10]. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.
-
Ahora bien, la Corte Constitucional ha explicado que, de conformidad con los artículos 86 Superior y 8° transitorio del Título Transitorio[11] de la Constitución, los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991[12], existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber:
(i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde: (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos[13];
(ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de: (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial[14]; y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz[15]; y
(iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que tengan la condición de “superior jerárquico correspondiente” en los términos establecidos en la jurisprudencia[16].
-
Al respecto, este Tribunal ha sostenido que cuando se presente una divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del referido factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante, pues en virtud del criterio “a prevención” consagrado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991[17], se ha interpretado que existe un interés del Legislador estatutario en proteger la libertad del actor en relación con la posibilidad de elegir el juez para resolver la acción de tutela que desea promover, dentro de aquellos que sean competentes[18].
-
Por otro lado, esta Corporación también ha insistido en que la competencia por el factor territorial no puede determinarse únicamente a partir del lugar de residencia de la parte accionante[19] o de su apoderado, o al sitio donde tenga su sede el ente que, presuntamente, viola los derechos fundamentales[20]. En contraste, la competencia por dicho factor corresponde al juez del lugar donde se presentó u ocurrió la vulneración que se busca proteger o del lugar donde se producen los efectos de dicha violación, autoridad judicial que no necesariamente debe coincidir con el domicilio de las partes.
-
De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:
i. Se configuró un conflicto negativo de competencia fundado en las diferentes interpretaciones del factor territorial. En efecto, el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de T. declaró su falta de competencia, por considerar que los efectos de la presunta vulneración se proyectan en la ciudad de Cali, dado que en esta ciudad reside el accionante. Por tanto, corresponde a los jueces de ese lugar conocer la acción de tutela de la referencia.
A su turno, el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali estimó que el conocimiento de la solicitud de amparo corresponde a la primera autoridad judicial a la cual se le repartió el expediente. Al respecto, sostuvo que el factor que determina la competencia es la residencia del demandante. No obstante, consideró que los jueces de T. son los competentes para resolver la acción de tutela, por cuanto en dicho municipio está domiciliado el apoderado del actor.
ii. El Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali es la autoridad competente, por el factor territorial, para decidir la acción de tutela de la referencia. En efecto, en Cali se producen los efectos de la presunta vulneración o amenaza a los derechos fundamentales del actor, pues es en dicha ciudad donde aquel afronta las consecuencias desfavorables de la negativa de la entidad accionada respecto del retiro de los reportes solicitados.
En contraste, los jueces de T. carecen de competencia por el factor territorial para tramitar la acción de tutela, toda vez que en dicho municipio no ocurrió la presunta vulneración ni se proyectan allí los efectos de la misma.
iii. Por consiguiente, el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali es la autoridad competente para tramitar y resolver la acción de tutela interpuesta por el apoderado judicial del señor F.G.M. contra REFINANCIA SAS.
-
Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto proferido el 14 de noviembre de 2019 por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali dentro del proceso de tutela promovido por el apoderado judicial del señor F.G.M..
En consecuencia, la Sala remitirá el expediente ICC-3764, que contiene la referida acción de tutela, al Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a la que haya lugar.
-
Finalmente, la Sala advertirá al Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de T. que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018[21].
Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
PRIMERO. DEJAR SIN EFECTOS el auto del 14 de noviembre de 2018, proferido por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali (Valle del Cauca), dentro de la acción de tutela interpuesta por el apoderado judicial del señor F.G.M. contra REFINANCIA SAS.
SEGUNDO. REMITIR el expediente ICC-3764, al Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali (Valle del Cauca) para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a la que haya lugar.
TERCERO. ADVERTIR al Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de T. que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.
CUARTO. Por intermedio de la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR al accionante y al Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de T. la decisión adoptada en esta providencia.
N., comuníquese y cúmplase.
GLORIA S.O. DELGADO
Presidenta
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] En el escrito de tutela se señala una dirección de notificaciones de la ciudad de Bogotá.
[2] Folio 8, Cuaderno Nº 1.
[3] Folios 8 y 17, Cuaderno Nº 1.
[4] Folio 32, Cuaderno Nº 1.
[5] Folio 37, Cuaderno Nº 1.
[6] La Corte Constitucional radicó el expediente que contiene la acción de tutela de la referencia con el número T-7.168.367 el 18 de enero de 2019, para que fuera estudiada su eventual revisión por la Sala de Selección correspondiente. Mediante auto de 8 de febrero de 2019, el proceso se excluyó de selección y se ordenó su devolución al juzgado de origen. Posteriormente, en oficio del 26 de septiembre de 2019, el secretario del Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de T. dejó constancia que, “encontrándose (…) en labores de archivo de los expedientes regresados del alto tribunal, advierte que las diligencias fueron devueltas bajo la premisa de ser excluidas de revisión, lo cual permite colegir fueron consideradas como una acción de tutela remitida para el trámite de eventual revisión, y no para su verdadero objeto, esto es, definirse sobre el (sic) colisión de competencia”. Por tanto, se remitió nuevamente el expediente a la Corte Constitucional, para que fuera dirimido el conflicto de competencia propuesto.
[7] Las reglas referidas a las autoridades que deben dirimir los conflictos de competencia en materia de tutela fueron compiladas en el Auto 550 de 2018, M.P A.L.C.. Sobre este particular, véanse también: Autos 014 de 1994, M.J.A.M., 087 de 2001, M.M.J.C.E., 122 de 2004, M.M.J.C.E., 280 de 2006, M.Á.T.G., 031 de 2008, M.M.G.C., 244 de 2011, M.M.V.C.C., 218 de 2014, M.M.V.C.C., 492 de 2017, M.C.B.P., 565 de 2017, M.C.B.P., 178 de 2018, M.A.R.R., entre otros.
[8] Autos 170A de 2003, M.P E.M.L. y 205 de 2014, M.P María Victoria Calle Correa entre otros.
[9] Autos 159A M.P E.M.L. y 170A de 2003, M.P Á.T.G..
[10] Dicha regla se encuentra definida en el artículo 16 de la Ley 270 de 1996, inciso segundo, de conformidad con el cual: “Artículo 16. Salas. (…) Las Salas de Casación Civil y Agraria, Laboral y Penal, actuarán según su especialidad como Tribunal de Casación, pudiendo seleccionar las sentencias objeto de su pronunciamiento, para los fines de unificación de la jurisprudencia, protección de los derechos constitucionales y control de legalidad de los fallos. También conocerán de los conflictos de competencia que, en el ámbito de sus especialidades, se susciten entre las Salas de un mismo tribunal, o entre Tribunales, o entre estos y juzgados de otro distrito, o entre juzgados de diferentes distritos”.
[11] Incorporado por el artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2017, “Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones”.
[12] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
[13] Cfr. Auto 493 de 2017, M.L.G.G.P..
[14] Cfr. Sentencia C-940 de 2010, M.G.E.M.M. y Auto 221 de 2018, M.J.F.R.C..
[15] El artículo transitorio 8° del Capítulo III del Título Transitorio de la Constitución Política de Colombia (introducido por el Acto Legislativo 01 de 2017) dispone: “Las peticiones de acción de tutela deberán ser presentadas ante el Tribunal para la Paz, único competente para conocer de ellas” (negrillas fuera del texto original). Cfr. Auto 021 de 2018, M.C.B.P..
[16] De conformidad con lo dispuesto en, entre otros, el Auto 655 de 2017, M.D.F.R., debe entenderse que por la expresión “superior jerárquico correspondiente”: “aquel que de acuerdo con la jurisdicción y especialidad de la autoridad judicial ante la cual se surtió la primera instancia, funcionalmente funge como superior jerárquico” (negrillas fuera del texto original).
[17] “Artículo 37. Primera instancia. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud (…)”. (Subrayado fuera del texto original).
[18] Cfr. Auto 053 de 2018, M.L.G.G.P..
[19] Ver Autos 299 de 2013, M.M.V.C.C. y A-074 de 2016, M.A.L.C., entre otros.
[20] Ver Autos 086 de 2007, M.H.A.S.P. y A-048 de 2014, M.L.E.V.S., entre otros.
[21] M.A.L.C..
