Sentencia nº 05001-23-31-000-1998-02074-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 6 de Febrero de 2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Normativa aplicada | DECRETO 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 415 / DECRETO 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 446 / DECRETO 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 457 / LEY 81 DE 1993 |
| Emisor | SECCIÓN TERCERA |
| Número de expediente | 05001-23-31-000-1998-02074-01 |
| Fecha | 06 Febrero 2020 |
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO
PROCESAL / CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA PRIVACIÓN DE LA
LIBERTAD / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR
PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA RAMA JUDICIAL
[L]a causa del daño sufrido por el demandante fue la orden de detención
proferida por la Fiscalía, la cual se calificó como indebida en la
sentencia de primera instancia. Al adoptarse esa decisión, las autoridades
judiciales que intervinieron en el proceso penal no podían hacer nada
distinto a tramitar el proceso antes de proferir la sentencia en la cual
absolvió al sindicado. El proceso adelantado por la Rama Judicial con ese
propósito no fue tramitado irregularmente, ni se desconocieron los términos
legalmente previstos para ello. En su desarrollo se agotaron las etapas
correspondientes y se atendieron los recursos y peticiones de las partes,
sin que resulte procedente imputarle algún tipo de responsabilidad por la
detención del demandante.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la metodología de análisis de la responsabilidad
patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, ver: Consejo
de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de junio del 2019, rad. 39626,
C.P.A.M.P..
PROCESO PENAL / CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS FIJADOS
[E]l trámite [proceso penal] se ajustó a los términos señalados en los
artículos 446 y 457 del Decreto 2700 de 1991. La decisión del J. Regional
de no otorgarle la libertad al [demandante] mientras se surtía el grado
jurisdiccional de consulta del fallo se fundamentó en el artículo 415 del
Decreto 2700 de 1991, modificado por la Ley 81 de 1993, el cual no incluía
la libertad provisional en los casos de sentencia absolutoria de primera
instancia.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 415 / DECRETO 2700 DE 1991 -
ARTÍCULO 446 / DECRETO 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 457 / LEY 81 DE 1993
MORA JUDICIAL / RESPONSABILIDAD DE LA RAMA JUDICIAL / RESPONSABILIDAD DE LA
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ
En la sentencia de primera instancia se consideró que el 30% del daño
sufrido por los demandantes fue causado por la Rama Judicial. Se llegó a
esta conclusión luego de señalar que, aunque la detención del sindicado fue
una medida dispuesta ilegalmente por la Fiscalía, circunstancia que
expresamente fue advertida por el Juzgado en la sentencia absolutoria, lo
cierto es que el proceso penal duró más de lo razonable. La distribución de
los porcentajes de responsabilidad fue hecha de manera discrecional por el
tribunal de primera instancia, sin que en este caso se hubiese señalado que
determinado período de la detención fuese responsabilidad de una entidad y
otro período de la otra.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia por mora judicial, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 3 de febrero de 2010, rad. 17293, C. P. Ruth Stella Correa
Palacio.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: M.B.M.
Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 05001-23-31-000-1998-02074-01(41605)
Actor: R.A.U. DURANGO Y OTROS
Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)
Tema: Responsabilidad patrimonial del Estado por privación de la
libertad. Revoca la sentencia de primera instancia para, en
su lugar, negar la responsabilidad respecto de la Rama
Judicial debido a que la privación de la libertad del
demandante no le es imputable.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación,
procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
Nación – Rama Judicial contra la sentencia dictada el 23 de agosto de 2010
por el Tribunal Administrativo de Antioquia en la que decidió:
GENERAL DE LA NACIÓN Y A LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL, por los daños
inferidos a R.A.U.D., E.C., G.,
M.Y.U.C. y E.M.U.C., DIGNORI
ELENA URREGO CARVAJAL, F.A.D., O.D.J.D.,
ALBA ROSA DURANGO y R.A.D.U. por la detención de
que fuera objeto el primero de las (sic) nombrados durante los días 22
de marzo de 1995 y 1° de noviembre de 1996.
SEGUNDO: SE CONDENA AL PAGO DE DAÑOS A LA FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN Y A LA NACIÓN RAMA JUDICIAL, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:
2.1. PERJUICIOS INMATERIALES.
2.1.1. Perjuicios morales:
A. A R.A.U.D., el equivalente a OCHENTA SALARIOS
MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (80 S.M.L.M.V.).
B. A E.C., el equivalente a TREINTA Y CINCO SALARIOS
MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (35 S.M.L.M.V.).
C. A E.M.U.C., M.Y.U.C.,
G.U.C.Y.D.E.U.C., la suma de
TREINTA Y CINCO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (35
S.M.L.M.V.) advirtiendo que el reconocimiento es para cada uno de
ellos.
D. A R.A.D.U. el equivalente a TREINTA Y CINCO
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (35 S.M.L.M.V.).
E. A F.A.D., O.D.J.D., ALBA ROSA DURANGO
un total de QUINCE SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (15
S.M.L.M.V.) advirtiendo que el reconocimiento es para cada uno de
ellos.
2.2. PERJUICIOS...
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