Sentencia de Tutela nº 715/11 de Corte Constitucional, 11 de Septiembre de 2011

Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias proferidas dentro de los procesos de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Problema jurídico

   La Sala debe estudiar si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y debido proceso de los accionantes, al negar la pensión de invalidez bien sea por no cumplir con el requisito de fidelidad con el sistema, o por no acreditar 50 semanas de cotización durante los 3 últimos años anteriores a la fecha de estructuración de invalidez.

   En cuanto a la razón para negar la pensión de J.M.C.B. (T-3066779), J.S.R.F. (T-3067299) y C.B.C. (T-3086754), el problema jurídico que se plantea entonces consiste en determinar, si en las condiciones de los accionantes, tiene aplicación la sentencia C- 428 de 2009 ó las exigencias previstas en el texto original del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, teniendo en cuenta que en todos los casos la fecha de estructuración es previa a dicha sentencia.

   Por su parte, debe resolverse si en el caso de la señora P.S.E. (T-3094089), es posible inaplicar el requisito del número de semanas cotizadas en los 3 últimos años anteriores a la fecha de estructuración de invalidez, en virtud del principio de favorabilidad.

   Para resolver el problema jurídico, la Sala reiterará los siguientes aspectos tratados en la jurisprudencia de la Corte: (i) procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de la pensión de invalidez; (ii) la normativa legal en torno a la pensión de invalidez y la aplicación temporal de la sentencia C-428 de 2009; y (iii) luego de ello analizar cada uno de los casos en concreto.

3. Las condiciones constitucionales para la procedencia excepcional de la acción de tutela en el reconocimiento y cobro de acreencias pensionales

   3.1. La Corte ha señalado de manera reiterada que, por regla general, la tutela no procede para ordenar el reconocimiento de pensiones. Generalmente, para estos propósitos, existen medios ordinarios idóneos para resolver dichas pretensiones. Para esta Corporación, dado el carácter excepcional de este mecanismo constitucional de protección de los derechos, la acción de tutela no puede desplazar ni sustituir los mecanismos ordinarios establecidos en nuestro ordenamiento jurídico.

   3.2. Sin embargo, esta Corporación precisó que excepcionalmente la acción de tutela procede para salvaguardar bienes cuya inmediata protección resulta necesaria, siempre y cuando los medios ordinarios de defensa judicial resulten insuficientes para la defensa de los intereses perseguidos[11].

   3.3. La Corte Constitucional ha establecido dos subreglas para el reconocimiento de derechos pensionales a través de la acción de tutela. En primer lugar, si la tutela se presenta como mecanismo principal, para ello es preciso examinar que no exista otro medio judicial. Si no existe otro medio, o aún si existe pero éste no resulta idóneo en el caso concreto, la tutela procede como mecanismo principal de amparo de los derechos fundamentales. Adicionalmente, en relación con la existencia del otro medio de defensa judicial, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que no existe la obligación de iniciar el proceso ordinario antes de acudir a la acción de tutela, basta que dicha posibilidad esté abierta al interponer la demanda de tutela, pues si el accionante ha dejado vencer la oportunidad para iniciar el trámite del proceso ordinario, la tutela no procede como mecanismo transitorio.

   En segundo lugar, cuando la tutela se interpone como mecanismo transitorio, habida cuenta de la existencia de un medio judicial ordinario idóneo, es preciso demostrar que ésta es necesaria para evitar un perjuicio irremediable. Dicho perjuicio se caracteriza, según la jurisprudencia, por lo siguiente: (i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.

   3.4. La Corte Constitucional en sentencia T-112 de 2011 estableció que el operador judicial debe examinar la situación fáctica de cada caso en concreto, además de las situaciones especiales en que se encuentre la persona que reclama el amparo constitucional, ya que si se trata de sujetos de especial protección constitucional o de personas que se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta, el análisis de procedibilidad se flexibiliza haciéndose menos exigente.

   En igual sentido, el Tribunal Constitucional en sentencia T-651 de 2009 expresó:

   “En relación con este requisito, de manera reiterada, la Corte ha considerado que la condición de sujeto de especial protección constitucional -especialmente en el caso de las personas de la tercera edad (Art. 46 C.P.), los discapacitados (Art. 47 C.P.) y las mujeres cabeza de familia (Art. 43 C.P.)-, así como la circunstancia de debilidad manifiesta en la que se encuentre el accionante, permiten presumir que los medios ordinarios de defensa judicial no son idóneos[12]. En este sentido, en reciente jurisprudencia, esta Corporación precisó que “en concordancia con el carácter fundamental del derecho a la seguridad social, se debe indicar que la condición de sujeto de especial protección constitucional refuerza la necesidad de conceder la protección invocada de manera definitiva y de ordenar las medidas requeridas para la efectividad del derecho (…)”.

   3.5. Ahora bien, para la prosperidad material de la acción de tutela cuando con ella se intenta proteger un derecho de naturaleza pensional, la Corte Constitucional ha exigido la acreditación de los siguientes elementos: (i) la existencia y titularidad del derecho reclamado, (ii) un grado importante de diligencia al momento de buscar la salvaguarda del derecho invocado[13] y; (iii) la afectación del mínimo vital como consecuencia de la negación del derecho prestacional[14].

4. La normativa legal en torno a la pensión de invalidez y la aplicación temporal de los efectos de las sentencias

   4.1. La regulación de la pensión de invalidez fue diseñada fundamentalmente para garantizar a quienes padezcan de limitaciones significativas de orden físico y/o mental, el acceso a una fuente de ingreso para solventar sus necesidades vitales[15]. La Corte Constitucional la definió como “una prestación destinada a proteger los riesgos o contingencias que provocan estados de incapacidad, con cargo al sistema de seguridad social, de acuerdo con las directrices del Estado y con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad previstas en la Carta Política”[16].

   4.2. A partir de la Carta Política de 1991, el legislador expidió la Ley 100 de 1993, que se erigió en el marco normativo del sistema de seguridad social integral. Para el reconocimiento de una pensión de invalidez, se debía cumplir con lo dispuesto en el artículo 38 de la referida Ley, que señala que una persona se tendrá por inválida cuando por “cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”[17]. Cumplida tal condición el artículo 39 de la Ley 100 señaló que para que la prestación económica derivada de tal condición de invalidez fuese reconocida se debía cumplir con los siguientes requisitos:

   · Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y tenga cotizadas por lo menos veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de invalidez.

   · Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se hubiere producido el estado de invalidez.

   4.3. Esta norma fue modificada por el artículo 11 de la Ley 797 de 2003[18], que previó requisitos sustancialmente más estrictos que los originalmente señalados en la Ley 100 de 1993. No obstante, en sentencia C-1056 de 2003[19], la Corte Constitucional declaró inexequible dicha norma por ser violatoria del principio de consecutividad en el trámite que debió seguir el proyecto de ley en el Congreso (pues al desconocerse el referido principio violó el artículo 157 Superior). Posteriormente, se expidió la Ley 860 de 2003, la cual en su artículo 1°, dispuso nuevos requisitos para el reconocimiento de la pensión de invalidez, los que si bien no eran tan exigentes como los de la Ley 797 de 2003, si aparecían más rigurosos que los originalmente planteados en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993. El artículo 1° de la Ley 860 de 2003, además de la calificación de invalidez, requería el cumplimiento de los siguientes requisitos:

   · Que la persona hubiese cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración del estado de invalidez, y

   · Que su fidelidad en cotizaciones para con el sistema fuere al menos del veinte por ciento (20%) en el lapso transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.

   4.4. La sentencia C- 428 de 2009 analizó la constitucionalidad del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, y determina que era inexequible parcialmente. La disposición era del siguiente tenor:

   “Art. 1.El artículo 39 de la ley 100 quedará así:

   Artículo 39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:

1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.

2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma, y su fidelidad (de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.

   PARÁGRAFO 1o. Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.

   PARÁGRAFO 2o. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años.”.

   4.5. La Corte comparó los requisitos establecidos por la Ley 860, con los previstos con el artículo original 39 de la Ley 100, a efecto de determinar si resultaban regresivos y por tanto violaban los artículos 48 y 53 de la Constitución. Explicó el fallo, que para conceder una pensión de invalidez la disposición de la Ley 100 exigía el cumplimiento de 26 semanas de antigüedad en cualquier tiempo, siempre que el solicitante estuviere cotizando al momento de consolidarse la invalidez; o 26 semanas durante el año inmediatamente anterior, en aquellos casos en que el solicitante no estuviera cotizando al momento de producirse el estado de invalidez. La nueva disposición exigía haber cotizado por lo menos 50 semanas durante los últimos tres años y, adicionalmente, el requisito conocido como ‘fidelidad’ al sistema, que consiste en haber cotizado por lo menos el 20% del tiempo comprendido entre el momento en que se cumple 20 años y aquel en que se califica por vez primera el estado de invalidez.

   4.6. Estimó esta Corporación, que la exigencia de 50 semanas de cotización no era un criterio regresivo, pues no obstante aumentar la exigencia numérica de semanas de cotización, amplió el tiempo a tener en cuenta para el cumplimiento de dichas semanas. Igualmente, eliminó la diferencia entre afiliados cotizantes y no cotizantes al momento de la evaluación de la invalidez, lo que puede interpretarse como un elemento de mayor garantía dentro del sistema. De esta forma, a pesar de la apariencia regresiva de la disposición, en realidad ampliaba las posibilidades para acceder a dicha pensión por parte de la población, por lo que no quebrantaba ni el principio de progresividad, ni la prohibición de la regresión establecidas en los artículos 48 y 53 de la Carta Política y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

   4.7. Sin embargo, fue diferente el análisis constitucional frente el nuevo requisito de la “fidelidad” al sistema de seguridad social en pensiones, en tanto se advirtió que la medida creaba una exigencia que no resultaba legítima desde el punto de vista constitucional, que no existía antes de la promulgación de la Ley 860 y, por tanto, hacía más gravoso el cumplimiento de los requisitos por parte de los afiliados disminuyendo la amplitud de la protección prevista. La Corte no encontró que, desde el punto de vista constitucional, esta disposición tuviera una finalidad legítima y plausible que justificara la nueva exigencia para acceder a la pensión de invalidez, esto es, el haber cotizado el 20% del tiempo transcurrido entre la fecha en que arribó a la edad de 20 años y el momento de la primera calificación de invalidez.

   4.8. Las razones expuestas llevaron a la Corte a concluir en la sentencia C-428 de 2009, que el requisito de “fidelidad” al sistema es inexequible; en este sentido la parte pertinente de la decisión consagra:

   “Primero.- Declarar EXEQUIBLE el numeral 1º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, salvo la expresión “y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez”, la cual se declara INEXEQUIBLE”.

   4.9. De esta forma, fue expulsado del ordenamiento el requisito de la fidelidad, dejando como única exigencia para el reconocimiento de la pensión de invalidez en el régimen de la Ley 860 de 2003, el haber cotizado un mínimo de 50 semanas durante los tres años anteriores a la fecha de la estructuración de la invalidez.

   4.10. Ahora bien, la sentencia C-428 de 2009 no mencionó nada respecto a sus efectos temporales. Por tanto, en aplicación del artículo 45 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, por regla general, cuando las sentencias de constitucionalidad no señalan cuál es el efecto de sus fallos, se entenderá que los mismos rigen hacia el futuro. Por ende, podría pensarse que los efectos de la declaratoria de inexequibilidad de la sentencia C-428 de 2009, sólo cobijan aquellas situaciones en las cuales la fecha de estructuración de la invalidez del afiliado es posterior a la de expedición de la sentencia, 1 de julio de 2009, pues las situaciones en las cuales la fecha de estructuración es anterior, deberán regirse bajo los requisitos exigidos por el artículo 1 de la ley 860 de 2003 en su versión original.

   A pesar de lo anterior, esta corporación en reiterada jurisprudencia[20] se ha apartado de estas consideraciones y ha señalado que la sentencia C-428 de 2009 corrigió una situación que desde siempre fue inconstitucional. Además, con base en el principio pro homine debe preferirse la interpretación más garantista de la norma. Por tanto, en aquellas situaciones en las que la fecha de estructuración de la invalidez de un afiliado se haya establecido durante la vigencia de la Ley 860 de 2003, tampoco es exigible el régimen de fidelidad. Para la Corte, debe pedirse los requisitos que siempre estuvieron conforme a la Constitución, es decir, el afiliado al que es aplicable el régimen de la Ley 860 de 2003, sólo deberá acreditar tener un porcentaje de invalidez superior al 50% y haber cotizado como mínimo 50 semanas en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.

5. - Los casos en concreto

   Para la resolución de los casos en concreto se analizará la procedibilidad de la acción de tutela y, posteriormente se verificará el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 860 de 2003, luego de la declaratoria de inexequibilidad parcial de la sentencia C-428 de 2009.

   5.1. Procedibilidad las acciones de tutela.

   Esta Corporación ha indicado que la acción de tutela resulta excepcionalmente procedente para reconocer y pagar prestaciones pensionales, cuando quiera que no exista otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz, o que existiendo, sea necesario para evitar la consumación de un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales del accionante. Igualmente, la Corte ha señalado que es necesario acreditar la titularidad del derecho pensional reclamado y la calidad de sujeto de especial protección constitucional, al igual que el ejercicio de cierta actividad administrativa o judicial tendiente a obtener la protección demandada, y la afectación del mínimo vital del peticionario. Pasa la Sala a verificar el cumplimiento de estos presupuestos de procedibilidad.

   5.1.1. Expediente T-3066779

   Al entrar al análisis de la acción tutela de la referencia, la Sala encuentra que: (i) el señor J.M.C.B. es un sujeto de especial protección, debido a que padece de la patología de G.B. que le originó una pérdida de la capacidad laboral del 59.95%.; (ii) la pensión de invalidez constituye en el único sustento económico con el que contaría el actor y su familiar para sobrellevar su existencia en condiciones más dignas y justas; (iii) la tardanza o demora en la definición de los conflictos relativos al reconocimiento de la pensión de invalidez a través de los mecanismos ordinarios de defensa judicial, sin duda puede llegar a afectar los derechos del accionante y su núcleo familiar al mínimo vital, a la salud, e incluso a su propia subsistencia, lo que justifica el desplazamiento excepcional del medio ordinario y la intervención plena del juez constitucional.

   Estas razones son suficientes para concluir que la acción de tutela es procedente para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, y la protección de los derechos fundamentales a la vida, mínimo vital y salud.

   5.1.2. Expediente T-3067299

   En el estudio de la acción tutela de la referencia, la Sala encontró que: (i) el señor S.R.F. es un sujeto de especial protección, debido a que padece de maculopatia degenerativa que le ha llevado a la pérdida total de la visión del ojo derecho y la disminución de más del 30% del ojo izquierdo, lo cual ocasionó una pérdida de la capacidad laboral del 58.0%; (ii) la pensión de invalidez constituye en el único sustento económico con el que contaría el actor para sobrellevar su existencia en condiciones más dignas y justas; (iii) la demora en la definición de los conflictos relativos al reconocimiento de la pensión de invalidez a través de los mecanismos ordinarios de defensa judicial, puede vulnerar los derechos del accionante al mínimo vital, la salud, e incluso a su propia subsistencia, lo cual justifica la intervención plena del juez de tutela para la protección de estos intereses.

   Estas razones son suficientes para que la tutela sea el mecanismo idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales a la vida, mínimo vital, salud y el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez al accionante.

   5.1.3. Expediente T-3086754

   En el caso del señor C.B.C., la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. le negó el reconocimiento de la pensión de invalidez por no cumplir el requisito de fidelidad del artículo 1 de la Ley 860 de 2003. Además, los jueces de instancia negaron el amparo constitucional por falta del requisito de inmediatez, ya que transcurrió un año entre el momento en que se negó el derecho a la pensión y la presentación de la acción de tutela.

   Sobre el particular, la Corte ha sostenido que como quiera que el artículo 86 de la Constitución señala que la acción de tutela es el medio judicial de protección inmediata de los derechos fundamentales, la inmediatez constituye uno de los requisito de procedibilidad de la misma, de suerte que la acción debe ser interpuesta dentro de un plazo razonable y oportuno. De igual forma, esta Corporación ha dicho que el plazo razonable para determinar si una acción de tutela cumple el requisito de inmediatez se establece según las circunstancias del caso concreto.

   En el asunto de la referencia, la Sala observa que entre el momento que Porvenir S.A. negó el reconocimiento de la pensión de invalidez (8 de noviembre de 2010) y la fecha de presentación de la acción de tutela (14 de febrero de 2011), tan sólo transcurrieron 4 meses, plazo que no es considerado irrazonable para acceder a este mecanismo de protección de derechos fundamentales.

   Ahora bien, la Sala encuentra que: (i) el accionante tiene unas especiales condiciones de vulnerabilidad, debido a la pérdida de válvulas del corazón, que lo ha llevo a ser calificado con 50.11% de pérdida de capacidad laboral; (ii) la pensión de invalidez constituye en el único sustento económico con el que contaría el actor y su familia para vivir en condiciones dignas y justas; (iii) la tardanza o demora en la definición de los conflictos relativos al reconocimiento de la pensión de invalidez a través de los mecanismos ordinarios de defensa judicial, puede afectar los derechos del accionante y su núcleo familiar al mínimo vital, la salud, e incluso a su propia subsistencia, lo que justifica el desplazamiento excepcional del medio ordinario y la intervención plena del juez de tutela.

   La Sala considera que estas razones son suficientes para entender que no existe falta de inmediatez en la presentación de la acción de tutela. Por tanto, y en consideración a las especiales condiciones del señor C.B.C., se justifica la procedibilidad de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, y la protección de los derechos fundamentales como la vida, el mínimo vital y la salud.

   5.1.4. Expediente T-3094089

   En lo que tiene que ver con la acción tutela de la referencia, la Sala considera que: (i) la señora P.S.E. es un sujeto de especial protección, debido a que padece de paraplejia espástica y aneurisma en otras arterias especificadas, que le originó una pérdida de la capacidad laboral del 88.05%.; (ii) la pensión de invalidez constituye en el único sustento económico con el que contaría la actora y su menor hija para vivir en condiciones más dignas y justas; (iii) la tardanza en la definición de los conflictos relativos al reconocimiento de la pensión de invalidez a través de los mecanismos ordinarios de defensa judicial, puede afectar los derechos del accionante y su núcleo familiar al mínimo vital, a la salud, e incluso a su propia subsistencia, lo que justifica el desplazamiento excepcional del medio ordinario y la intervención plena del juez constitucional.

   Estas razones justifican la procedibilidad de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez y la protección de los derechos fundamentales a la vida, mínimo vital y salud.

   5.2. Análisis del cumplimiento de los requisitos para la pensión de invalidez

   Una vez vista la procedencia de las acciones de tutela, esta Sala abordará el análisis de cada caso, con el fin de verificar si los accionantes cumplen con los requisitos exigidos por la ley para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.

   5.2.1. Para la Sala la negativa de conceder las pensiones de invalidez en los tres primeros casos (T-3066779, T-3067299 y T-3086754)), se centró en el incumplimiento del requisito de fidelidad con el sistema, mientras que en el expediente T-3094089, la Sala encontró que la entidad accionada negó la pensión de invalidez a la actora, debido a que no acreditó 50 semanas de cotización en los 3 últimos años anteriores a la fecha de estructuración de la perdida de la capacidad laboral.

   5.2.2. A pesar de lo anterior, la Sala recuerda cómo la disposición jurídica contentiva del requisito de fidelidad al sistema (artículo 1º de la Ley 860 de 2003), fue expulsada del ordenamiento jurídico en la sentencia C-428 de 2009, de manera que el requerimiento por ella establecida no puede ser exigida a los afiliados que soliciten pensión de invalidez, ya que se vulneraría el derecho fundamental al debido proceso.

   5.2.3. Además, esta Corporación en reiterada jurisprudencia[21] ha considerado que en ninguna situación en la que la fecha de estructuración de la invalidez de un afiliado se haya establecido durante la vigencia de la Ley 860 de 2003, puede exigirse el requisito de fidelidad. Se deberá entender que la sentencia C-428 de 2009 corrigió una situación que desde siempre fue inconstitucional. Del mismo modo, con base en el principio pro homine debe preferirse la interpretación más garantista de la norma, exigiéndose los requisitos que siempre estuvieron conforme a la Constitución, es decir, el afiliado sólo deberá acreditar tener una pérdida de la capacidad laboral superior al 50% y haber cotizado como mínimo 50 semanas en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.

   5.2.4. En los casos objeto de estudio, las entidades accionadas exigieron el requisito de fidelidad a los actores, cuya invalidez se estructuró en las siguientes fechas:

   Expediente

   Accionante

   Accionado

   Fecha de estructuración

   T-3066779

   J.M.C.B.

   Protección S.A.

   21 de febrero de 2008

   T-3067299

   J.S.R.F.

   Instituto de Seguros Sociales Seccional Cundinamarca

   10 de octubre de 2005

   T- 3086754

   C.B.C.

   Porvenir S.A.

   13 de mayo de 2009

   Por tanto, desconocieron la sentencia C-428 de 2009 y, por tanto, los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital y seguridad social.

   5.2.5. Así entonces, descartados los argumentos de las entidades accionadas, según los cuales la negativa de las pensiones de invalidez obedece a la falta de cumplimiento del requisito de fidelidad con el sistema y a que la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral fue anterior a la sentencia C-428 de 2009, la Sala entrará a analizar cada caso en particular, con el fin de verificar si los accionantes cumplen con el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral y 50 semanas cotizadas en los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, necesarios para el reconocimiento de la pensión de invalidez.

   5.2.4.1. Expediente T-3066779

   Se aprecia en el presente caso que el señor J.M.C.B. tiene una patología de G.B. que le ha originado una pérdida de la capacidad laboral del 58.95%, motivo por el cual cumple con el primer requisito de la pensión de invalidez, es decir tener una disminución superior al 50%[22].

   Sin embargo, al verificar si el accionante cotizó 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración[23], se encontró que el señor J.M.C.B. tan sólo cotizó 43.57 semanas, incumpliendo de esta forma el segundo requisito para el reconocimiento de la pensión de invalidez.

   A pesar de lo anterior, la Sala verificará si el actor cumple el presupuesto contemplado en el parágrafo 2 del artículo 1 de la ley 860 de 2003, que prescribe que “cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años”.

   No obstante, de 1125 semanas que necesita el accionante para acceder a la pensión de vejez en el 2008, año de solicitud de la pensión, el señor J.M.C.B. cuenta con 199,00 de las 881,25 semanas que requiere (75% de las semanas mínimas para la pensión de vejez).

   En consecuencia, al señor J.M.C.B. no se le puede reconocer la pensión de invalidez, ya que no cuenta con el mínimo de semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la ley 860 de 2003 y el parágrafo segundo del citado artículo.

   Por tanto, esta Sala confirmará lo decidido por el Juzgado Cuarto Penal Municipal del Distrito Judicial de Tunja y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja, que no ampararon los derechos al mínimo vital, seguridad social y debido proceso del accionante, pero solo por considerar que no se cumple con el mínimo de semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.

   5.2.4.2. Expediente T-3067299

   El señor J.S.R.F. padece de maculopatia degenerativa, la cual le ha llevado a la pérdida total de la visión del ojo derecho y la disminución de más del 30% del ojo izquierdo, originándole una perdida de la capacidad laboral del 58.0%. Esta situación permite establecer que el accionante cumple con el primer requisito de la pensión de invalidez, es decir cuenta con una disminución de la capacidad laboral superior al 50%.

   Ahora bien, al confrontar el segundo requisito se encontró que el ISS mediante resolución 030296 del 12 de octubre de 2010[24], consideró que al revisar la historia laboral del accionante, este tiene 150 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez[25]. Por tal motivo, el actor cumple con el requisito de un mínimo de 50 semanas de cotización durante los 3 últimos años anteriores a la estructuración de la invalidez.

   En consecuencia, el señor J.S.R.F. cumple con los requisitos para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. Por tanto, la Sala revocará el fallo de instancia proferido por el Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Tunja del 1 de abril de 2011 y en su lugar protegerá los derechos fundamentales a la seguridad social y mínimo vital del señor J.S.R.F.; además, ordenará al Instituto de Seguros Sociales Seccional Cundinamarca, el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez del accionante, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia.

   5.2.4.3. Expediente T-3086754

   El señor C.B.C. padece de pérdida de válvulas del corazón, que lo ha llevo a ser calificado con el 50.11% de pérdida de capacidad laboral. Esta situación permite establecer que el accionante cumple con el primer requisito de la pensión de invalidez, es decir contar con una disminución superior al 50%.

   Ahora bien, al verificar si el accionante cotizó 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración[26], se estableció en el reporte de semanas cotizadas del actor[27], que el señor C.B.C. cuenta con 154.29 semanas, de forma tal que el accionante cumple con el requisito y se hace acreedor del reconocimiento de la pensión de invalidez.

   Por lo expuesto, la Sala revocará los fallos de instancia proferidos por el Juzgado Sesenta y Uno Civil Municipal y por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá, y en su lugar protegerá los derechos fundamentales a la seguridad social y mínimo vital del señor C.B.C.; además, ordenará a la Sociedad Administradora de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez al accionante, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia.

   5.2.4.4. Expediente T-3094089

   La señora P.S.E. padece de paraplejia espástica y aneurisma de otras arterias especificadas, que le ocasionaron una pérdida de la capacidad laboral del 88.05%. Esta situación permite establecer que la accionante cumple con el primer requisito de la pensión de invalidez, es decir tiene una disminución superior al 50%.

   A pesar de ello, al verificar si la accionante cotizó cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración[28], se encontró que la señora P.S.E. tan solo cotizó 12 semanas, razón por la cual no cumple con el segundo requisito para el reconocimiento de la pensión de invalidez.

   De la misma forma, la actora no cumple el presupuesto contemplado en el parágrafo 2 del artículo 1 de la ley 860 de 2003, por cuanto de 1175 semanas que se requieren para acceder a la pensión de vejez en el año 2010, año de solicitud de la pensión, la señora P.S.E. cuenta con 113 semanas de las 881.25 requeridas (75% de las semanas mínimas para la pensión de vejez).

   La parte accionante pretende en virtud del principio de favorabilidad y la situación de debilidad manifiesta en que se encuentra la señora P.S.E., que se le reconozca la pensión de invalidez sin tener en cuenta el requisito de las 50 semanas de cotización dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.

   Esta Corte, se ha pronunciado reiteradamente sobre la procedencia de la aplicación del principio de favorabilidad en materia pensional. Al respecto, en la sentencia T-406 de 2010 se expuso: “La Corte Constitucional ha señalado en su jurisprudencia que por regla general debe aplicarse la normatividad vigente al momento de la estructuración de la invalidez. Pero, si la otra normatividad, que también ha estado en vigor en un momento relevante para la pensión de invalidez (por ejemplo, en el momento de la calificación y la reclamación) es más favorable, entonces debe aplicarse esta última. En otras palabras, se trata de aplicar entre más de un régimen concurrente en la solución de un caso, el que resulte más favorable”.

   Ahora bien, de acuerdo con la Ley y el precedente jurisprudencial[29], la Corte Constitucional ha reconocido que, por regla general, el régimen jurídico aplicable, es el que se encuentre vigente al momento de estructurarse la invalidez. Esta regla sin embargo, no resulta siempre beneficiosa en los casos concretos, motivo por el cual es pertinente referirse al principio hermenéutico de la favorabilidad, consagrado en el Artículo 53 de la Constitución, esencial para resolver las dudas que con la aplicación de la Ley laboral puedan generarse. En conclusión, el juez constitucional debe incluir dentro de los elementos de juicio de que se sirve para establecer el régimen aplicable para reconocer el derecho a la pensión de invalidez, no sólo la fecha de estructuración de la misma, sino también la situación más favorable para la persona que solicita el reconocimiento del derecho pensional, en los casos de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho.

   En el caso concreto al verificar el momento de la estructuración de la invalidez (11 de marzo de 2007), la calificación de Seguros Alfa (1 de marzo de 2010) y la Junta Regional de Calificación de Invalidez (26 de julio de 2010), además de la solicitud de la pensión de invalidez (julio de 2010), se observa que la norma aplicable, sin ninguna duda, es el artículo 1 de la ley 860 de 2003, ya que todas la fechas antes relacionadas se desarrollan en la vigencia de la mencionada ley.

   Asimismo, el artículo 1 de la ley 860 de 2003 no admite otra interpretación diferente para la pensión de invalidez, que acreditar tener una pérdida de la capacidad laboral superior al 50% y haber cotizado como mínimo 50 semanas en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.

   Una interpretación como la que sugiere el accionante, es decir el reconocimiento de la pensión de invalidez sin tener en cuenta un mínimo 50 semanas en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, generaría la creación de una situación que no contempló el legislador, lo cual implicaría desconocer la potestad configurativa del Congreso de la República en materia pensional, así como consentir que cualquier persona con una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%, no tendría que cotizar al sistema general de pensiones para el reconocimiento de dicha prestación. La consecuencia de esta interpretación es afectar la sostenibilidad financiera del sistema general de seguridad social en pensiones, debido a que cada día la cantidad de recursos disponibles del sistema serán menores. Además, debe tenerse en cuenta que en total la accionante tan solo ha cotizado 113 semanas al sistema general de pensiones.

   Por lo tanto, no se le puede aplicar a la señora P.S.E. el principio de favorabilidad para concederle la pensión de invalidez de forma definitiva.

   A pesar de lo anterior, la Sala ordenará a la Sociedad Administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, inicie, si no lo ha hecho ya, todos los trámites tendientes a la devolución de saldos, de que trata el artículo 72 de la ley 100 de 1993, a favor de la señora P.S.E..

   Por consiguiente, a la señora P.S.E. no se le puede reconocer la pensión de invalidez y por tanto, la Sala confirmará la sentencia proferida del 28 de marzo de 2011 por el Juzgado Primero Civil Circuito de Santiago de Cali, que revocó el fallo del 4 de febrero de 2011 del Juzgado Séptimo Civil Municipal de Santiago de Cali, pero solo en el sentido que la actora no cumple con el mínimo de semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.

En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,