Auto nº 075/21 de Corte Constitucional, 25 de Febrero de 2021
| Ponente | Diana Constanza Fajardo Rivera |
| Fecha de Resolución | 25 de Febrero de 2021 |
| Emisor | Corte Constitucional |
| Expediente | ICC-3939 |
Auto 075/21
Referencia: expediente ICC-3939
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado 81 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá y el Juzgado Segundo Civil Municipal de Rionegro (Antioquia).
Magistrada ponente:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá D. C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno (2021)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente
AUTO
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El señor N.S.B. interpuso acción de tutela contra la Alcaldía de Rionegro (Antioquia), la Subsecretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte del mismo municipio y el Inspector de Tránsito de La Mesa 3. A su parecer, las entidades mencionadas vulneraron sus derechos a la vida, al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia, pues, en resumen, el Inspector de Tránsito no accedió a su solicitud de realizar por medios virtuales una audiencia a la que fue citado, a pesar de que el accionante lo solicitó como resultado del riesgo de contagio de COVID-19 que implica una diligencia presencial[1]. Como parte de sus argumentos, sostuvo que le manifestó a dicha autoridad que vive entre Bogotá y un municipio cercano, lo cual complicaba aun más su desplazamiento al municipio de Rionegro para asistir a la diligencia. La dirección de notificaciones que informó tanto en la acción de tutela como en el trámite administrativo es en Bogotá.
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La acción de tutela fue repartida al Juzgado 81 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá, el cual, mediante Auto del 6 de diciembre de 2020, declaró su falta de competencia territorial para conocer del asunto.[2] Argumentó que la demanda debe ser conocida por los jueces de Rionegro, en la medida que las accionadas tienen su domicilio en dicho municipio, por lo que la supuesta vulneración de los derechos del actor se da en ese lugar.
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El expediente fue entonces asignado al Juzgado Segundo Civil Municipal de Rionegro, autoridad que, por medio de Auto del 10 de diciembre de 2020, propuso conflicto negativo de competencia y ordenó remitirlo a esta Corporación para que lo resuelva. Para justificar esta decisión, recordó que la dirección de notificaciones indicada por el actor está ubicada en Bogotá, por lo que es en esta ciudad donde se producen los efectos de la presunta vulneración alegada por el actor.
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La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996.[3] Asimismo, ha determinado que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual.[4] En consecuencia, ha establecido, según las reglas compiladas en el Auto 550 de 2018,[5] que su competencia solo se activa en aquellos casos en que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevea cuál es la autoridad encargada de asumir el trámite; o cuando, a pesar de encontrarse prevista, deben aplicarse los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales.[6]
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En esta ocasión, la Corte encuentra que, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 270 de 1996,[7] el conflicto de competencia debería ser resuelto por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.
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De conformidad con los Artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio de su título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los Artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se producen sus efectos, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes;[8] (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz;[9] y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente” en los términos establecidos en la jurisprudencia.[10]
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Este Tribunal ha sostenido que cuando se presente una divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante. Esta conclusión se deriva del criterio “a prevención” consagrado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,[11] en virtud del cual se ha interpretado que existe un interés del legislador estatutario en proteger la libertad de la parte accionante en relación con la posibilidad de elegir el juez competente para resolver la acción de tutela que desea promover.[12] Adicionalmente, esta Corporación ha señalado que la competencia por el factor territorial no puede determinarse acudiendo sin más al lugar de residencia de la parte accionante[13] o al lugar donde tenga su sede el ente que presuntamente vulnera los derechos fundamentales, sino que es necesario verificar dónde se produce (i) la supuesta vulneración o amenaza, o (ii) sus efectos.[14]
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De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso se configuró un conflicto negativo de competencia fundado en las diferentes interpretaciones del factor territorial. Como se sintetizó en los antecedentes de esta providencia, las autoridades judiciales involucradas en la controversia presentaron una serie de argumentos relacionados con el lugar donde se originó y tiene sus efectos la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.
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Las dos autoridades judiciales involucradas en el conflicto tienen competencia territorial para conocer de la acción de tutela. Por un lado, el Juzgado 81 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá estaría facultado para decidirla, en la medida que los efectos de la presunta vulneración de los derechos del accionante se dan en esta ciudad, pues al tratarse de su domicilio, percibe allí los efectos de la negativa del Inspector de Tránsito de realizar la audiencia por medios virtuales y, asimismo, el riesgo de contagio de COVID-19, que argumenta se vería aumentado en caso de tenerse que desplazar a Rionegro a una diligencia presencial, se manifestaría en su residencia. Por otro lado, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Rionegro es también competente, pues es en ese municipio donde se ha producido la negativa del servidor público mencionado, que dio lugar a la vulneración que alega el actor.
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Esta Corporación dará prevalencia a la elección que el actor hizo “a prevención” y, de esa manera, remitirá el expediente al Juzgado 81 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá para que adopte una decisión de fondo inmediatamente, ya que este fue el lugar elegido por el accionante para instaurar la solicitud de amparo. Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena dejará sin efectos el auto mediante el que dicho juzgado se abstuvo de conocer de la acción de tutela.
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En mérito de lo expuesto, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 6 de diciembre de 2020 proferido por el Juzgado 81 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá, en el marco del trámite de la acción de tutela formulada por N.S.B. contra la Alcaldía de Rionegro (Antioquia), la Subsecretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte del mismo municipio y el Inspector de Tránsito de La Mesa 3. En consecuencia, remitirá el expediente ICC-3939 a la autoridad judicial mencionada, para que, de manera inmediata, tramite y adopte, en primera instancia, la decisión de fondo a que haya lugar.
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Igualmente, la Corte advertirá al Juzgado Segundo Civil Municipal de Rionegro -autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación- que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional
Primero. DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 6 de diciembre de 2020, proferido por el Juzgado 81 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá, en el marco del trámite de la acción de tutela que formuló N.S.B. contra la Alcaldía de Rionegro (Antioquia), la Subsecretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte del mismo municipio y el Inspector de Tránsito de La Mesa 3.
Segundo. REMITIR el expediente ICC-3939 al Juzgado 81 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.
Tercero. ADVERTIR al Juzgado Segundo Civil Municipal de Rionegro (Antioquia) que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018 de esta Corporación.
Cuarto. Por la Secretaría General de esta Corporación, COMUNICAR la decisión adoptada en esta providencia a la parte accionante y al Juzgado Segundo Civil Municipal de Rionegro (Antioquia).
N., comuníquese y cúmplase.
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Presidente
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] El escrito de tutela está disponible en una carpeta digital que el Juzgado Segundo Civil Municipal de Rionegro envió a la Corte con los documentos del trámite de la referencia.
[2] La Corte Constitucional anota que no conoció la providencia mencionada, pues no fue incluida entre los documentos que recibió. Sin embargo, en la medida que el Auto del 10 de diciembre de 2020 proferido por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Rionegro resume su contenido, esta Corporación resolverá el conflicto de competencia a partir de tal información, que resulta suficiente para dirimir el asunto sometido a su consideración. La Corte toma esta determinación en el presente caso en virtud de los principios de eficacia y celeridad que rigen el trámite de la acción de tutela, con el objetivo de no dilatar el proceso sin justificación razonable.
[3] Ver, entre otros, los autos 014 de 1994. M.J.A.M.; 087 de 2001. M.M.J.C.E.; 122 de 2004. M.M.J.C.E.; 280 de 2006. M.Á.T.G.; 031 de 2008. M.M.G.C.; 244 de 2011. M.M.V.C.C.; 218 de 2014. M.M.V.C.C.; 492 de 2017. M.C.B.P.; 565 de 2017. M.C.B.P.; 178 de 2018. M.A.R.R.; y 325 de 2018. M.D.F.R..
[4] Autos 170A de 2003. M.E.M.L. y 205 de 2014. M.M.V.C.C., entre otros.
[5] M.A.L.C..
[6] Autos 159A de 2003. M.E.M.L.; y 170A de 2003. M.E.M.L..
[7] “Los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicción ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos, serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casación que de acuerdo con la ley tenga el carácter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y en cualquier otro evento por la Sala Plena de la Corporación.”
[8] Ver, por ejemplo, el Auto 493 de 2017. M.L.G.G.P..
[9] El artículo 8º transitorio del título transitorio de la Constitución Política de Colombia de 1991 (introducido por el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017) dispone: “Las peticiones de acción de tutela deberán ser presentadas ante el Tribunal para la Paz, único competente para conocer de ellas.” (Énfasis añadido).
[10] De conformidad con lo dispuesto, entre otros, en el Auto 655 de 2017 (M.D.F.R., debe entenderse que la expresión “superior jerárquico correspondiente” se refiere a “aquel que de acuerdo con la jurisdicción y especialidad de la autoridad judicial ante la cual se surtió la primera instancia, funcionalmente funge como superior jerárquico.” (Énfasis añadido). V. también, por ejemplo, los autos 486 de 2017. M.D.F.R. y 496 de 2017. M.J.F.R.C..
[11] De acuerdo con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que reglamenta la acción de tutela, “son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.” (Énfasis añadido).
[12] V., por ejemplo, los autos 146 de 2009. M.C.P.S.; 286 de 2015. M.L.G.G.P.; 352 de 2016. M.A.R.R.; 536 de 2016. M.L.G.G.P.; 452 de 2017. M.P. (e) I.H.E.M.; 636 de 2017. M.D.F.R.; 719 de 2017. M.A.L.C.; 145 de 2018. M.A.L.C.; 158 de 2018. M.L.G.G.P.; 179 de 2018. M.D.F.R.; y 224 de 2018. M.D.F.R..
[13] Ver, entre otros, los autos 299 de 2013. M.M.V.C.C.; y 074 de 2016. M.A.L.C..
[14] La Corte ha expresado que la competencia por el factor territorial corresponde al juez del lugar donde ocurrió la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de la persona o del lugar donde se producen los efectos de esta, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes. Ver, entre otros, los autos 086 de 2007. M.H.A.S.P. y 048 de 2014. M.L.E.V.S..
