Auto nº 166/21 de Corte Constitucional, 22 de Abril de 2021

1. El 5 de febrero de 2020, ante un magistrado con Funciones de Control de Garantías de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, se llevó a cabo audiencia de formulación de imputación en contra de M.A.C.C., G.M.T. y C.A.L.M., dentro del proceso penal 110016000000201800375. En esta, se imputó a los indiciados haber cometido una serie de irregularidades en el trámite precontractual y contractual del Convenio Marco 001 del 15 de febrero de 2016 y de los convenios 003 y 004 del 25 de febrero de 2016, derivados del Convenio Marco 001, cuando fungieron como gobernadores del departamento de Amazonas[1].

2. Los días 6[2], 17[3], 18[4] y 25[5] de febrero y 10[6] de marzo de 2020, se llevó a cabo la audiencia de imposición de medida de aseguramiento. En esta, el magistrado con Funciones de Control de Garantías de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá decidió imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario a M.A.C.C., G.M.T. y C.A.L.M.[7].

3. El 30 de abril de 2020, la Fiscalía 4ª Delegada ante la Corte Suprema de Justicia radicó el escrito de acusación en contra de M.A.C.C., G.M.T. y C.A.L.M.[8].

4. El 5 de octubre de 2020, se dio inicio a la audiencia de formulación de acusación en contra de M.A.C.C. y G.M.T.[9]. Respecto de C.A.L.M., se dispuso aplazar la diligencia, toda vez que en ese momento el imputado padecía algunos quebrantos de salud[10].

5. En esta audiencia, el apoderado de M.A.C.C. solicitó a la Sala decretar la nulidad de lo actuado desde la formulación de imputación, en lo que corresponde a su defendido. Como fundamento, indicó, entre otras cosas, que: (i) C.C. es miembro de la Parcialidad Indígena “Jussy Monilla Amena km. 9.8”[11] del resguardo Ticuna Uitoto de la etnia Carijona y, como consecuencia, tiene fuero indígena; (ii) la calidad de indígena no ha sido reconocida por la Fiscalía y no fue reconocida en su momento por el magistrado con Funciones de Control de Garantías, pese a que, según el defensor, puso de presente esta circunstancia en audiencia preliminar, y (iii) al señor C.C. se le ha negado la posibilidad de ser juzgado por las leyes de la comunidad a la que pertenece o, al menos, a que en las diligencias asista un representante de esta[12].

6. Así mismo, allegó (i) certificación suscrita por la autoridad administrativa de la Parcialidad, que da cuenta de que M.A.C.C. es miembro de esta[13]; (ii) constancia del Ministerio del Interior[14], en la que consta, entre otras cosas, que la persona que suscribe la referida certificación está registrada en esa Dirección como autoridad administrativa de la comunidad indígena “Jusy Monilla Amena km. 9”[15]; (iii) certificación del Ministerio del Interior[16], en la que consta que C.C. está registrado en el último censo de la comunidad indígena “Jusy Monilla Amena km. 9”[17], y (iv) el Acta de Posesión n.º 029 del Consejo Indígena Comunidad “Jusy Monilla Amena km. 9.800”[18].

7. Adicionalmente, M.A.C. intervino en la audiencia, entre otras cosas, para respaldar los planteamientos de su defensor. Para ello, refirió varias certificaciones que, según él, reconocen su condición de indígena en distintos momentos de su vida[19]. Las certificaciones enunciadas por C.C. no fueron allegadas al expediente, salvo las mismas que fueron mencionadas y aportadas por su defensor[20].

8. El 20 de octubre de 2020, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia decidió, entre otros aspectos, las precitadas solicitudes de nulidad. Al respecto, consideró que[21]: (i) la solicitud de nulidad en realidad es un auténtico conflicto de jurisdicciones; (ii) la Ley 906 de 2004 modificó el diseño de lo que bajo la Ley 600 de 2000 se conoce como colisiones de competencia e implementó un procedimiento, según el cual, cuando “alguna de las partes impugne o controvierta la competencia del funcionario y que éste no esté de acuerdo o que señale que no es competente y que las partes o algunas de ellas no estén conformes, […] corresponderá al superior funcional definirla”[22], y (iii) en este caso, no es necesario trabar el conflicto de jurisdicciones entre dos o más funcionarios[23].

9. Igualmente, (iv) consideró necesario exponer su postura en torno a las razones de falta de competencia invocadas por M.A.C.C. y su defensor. En ese sentido, indicó que a) está acreditada la existencia de la comunidad indígena y la pertenencia de C.C. a ella. No obstante, b) “no se trata de una persona que por su cosmovisión indígena y aislamiento de la comunidad mayoritaria no comprenda la licitud de las conductas punibles”[24]; c) en el caso, no se cumple el factor territorial de la jurisdicción indígena, habida cuenta de que los delitos endilgados afectan al departamento de Amazonas, incluida la comunidad indígena a la que pertenece C.C., pero “no se evidencia influyente el nexo o arraigo cultural con ella”[25] y, d) tampoco se cumple con el factor objetivo porque los bienes jurídicos protegidos a través de los delitos endilgados a C.C. trascienden los intereses de la comunidad indígena.

10. Como consecuencia, la Sala Especial de Primera Instancia dio trámite a un conflicto de jurisdicciones y dispuso remitir la actuación a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura[26].

11. Repartido el asunto[27], el 29 de octubre de 2020, la magistrada a quien le correspondió el conocimiento de este conflicto de jurisdicciones decretó algunas pruebas al considerar que “no exist[ía] claridad respecto del cumplimiento de los elementos que permit[en] reconocer en este evento el fuero indígena”[28]. En ese sentido, solicitó información al Grupo de Investigación y Registro de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior[29] y a la Parcialidad “Jussy Amena Monilla”[30].

12. Mediante oficio del 17 de noviembre de 2020, la autoridad administrativa de la Parcialidad “Jussy Monilla Amena” dio respuesta a las preguntas realizadas por el despacho sustanciador de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura[31].

13. En ese sentido, explicó, entre otras cosas: (i) la manera como se concibe y ejerce la administración de justicia por parte de la Parcialidad[32]; (ii) de qué forma dan tratamiento a los delitos que perjudican el beneficio colectivo[33]; (iii) que, “en actos cometidos fuera de [la] jurisdicción, es [su] deber velar por las garantías del debido proceso”[34]; (iv) existe una institucionalidad indígena que permite dilucidar conflictos relacionados con los denominados delitos contra la administración pública[35]; (v) cuáles son las sanciones por incurrir en actos “relacionados con el desequilibrio social previamente establecido por nuestro creador y son contrarios a los mandatos para el establecimiento de la armonía comunitaria”[36]; (vi) las formas de coerción para garantizar el cumplimiento de las penas y las multas impuestas a los miembros de la Parcialidad[37]; (vii) cuáles son las medidas cautelares para garantizar el pago de multas y el cumplimiento de penas que son impuestas a los miembros de la comunidad[38], y (viii) que, “[e]n caso de reiterada incursión en una conducta, los tres consejos sesionan y ellos valoran la devolución o entrega formalmente a la Jurisdicción ordinaria”[39].

14. Adicionalmente, indicó que ha habido un avance en la coordinación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena para garantizar el debido proceso y “el restablecimiento del orden social establecido por nuestro Creador”[40] en los casos cometidos por fuera de la jurisdicción especial. Así mismo, advirtió que ha sido recurrente la coordinación entre estas dos jurisdicciones “para consensuar mecanismos adicionales para el cumplimiento de las penas impuestas”[41] a los miembros de la comunidad. Por último, señaló:

    Agradecemos a la magistrada tener presente nuestras respuestas para que en su sabia decisión reconozca la legitimidad de nuestra institucionalidad indígena en el manejo de asuntos relativos a la aplicación de justicia y el restablecimiento del orden establecido por nuestro creador para la pervivencia de los pueblos indígenas en Colombia, así como la mejora de los mecanismos de coordinación entre jurisdicciones de justicia y el estado en general[42].

15. Sumado a lo anterior, la Parcialidad allegó (i) los documentos relacionados con el trámite que se dio a una solicitud presentada por M.A.C.C. encaminada a que su sitio de reclusión, en razón a una condena que le fue impuesta en otro proceso, fuese dentro de la jurisdicción del resguardo correspondiente[43] y (ii) el Plan de Vida de la “Parcialidad Jusy Monilla Amena, Resguardo Ticuna Uitoto”.

16. Por su parte, el Ministerio del Interior no dio respuesta al requerimiento realizado[44].

17. Ante la posesión de los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la consecuente cesación de funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el 17 de febrero de 2021[45], el expediente fue radicado en la Secretaría General de la Corte Constitucional, para dar continuidad al trámite[46].

18. Competencia de la Corte Constitucional para resolver conflictos de competencia que ocurran entre jurisdicciones. La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015[47]. En su momento, la Corte consideró que asumiría esta competencia a partir de que “la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura haya cesado de manera definitiva en el ejercicio de sus funciones”[48], lo cual ocurrió el pasado 13 de enero con la posesión de los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial[49]. Por lo tanto, a partir de ese momento, corresponde a la Corte Constitucional pronunciarse acerca de los conflictos de jurisdicciones.

19. Presupuestos para la configuración de un conflicto de competencias entre jurisdicciones. La Corte Constitucional, de forma reiterada, ha considerado que, para que se configure un conflicto de jurisdicciones, es necesario que se den los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo[50]. De esta manera, ha explicado que el presupuesto subjetivo consiste en que la controversia se presente, al menos, entre dos autoridades que administren justicia y hagan parte de distintas jurisdicciones; el presupuesto objetivo se refiere a que la disputa recaiga sobre el conocimiento de una causa judicial[51], y el presupuesto normativo es aquél, según el cual, es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, expresamente, las razones de índole constitucional o legal por las cuales consideran que son competentes o no para conocer del asunto concreto.

20. Frente al primero de estos presupuestos, esta Corte ha indicado que “cuando no se está ante esa contradicción, es impropio concluir la presencia de un conflicto de jurisdicción o de competencia”[52]. Por ello, “la Sala considera que el conflicto de jurisdicción no puede provocarse autónomamente por las partes del respectivo proceso, sino que necesariamente debe comprobarse que dos autoridades judiciales de jurisdicciones diferentes reclaman para sí o niegan ser competentes para asumir el conocimiento del asunto correspondiente”[53]. En ese sentido, no habrá un conflicto de competencias entre jurisdicciones si no se advierte una controversia entre dos o más autoridades judiciales.

21. Por otro lado, esta Corte ha afirmado que un conflicto de competencias entre jurisdicciones es distinto a la controversia que se suscita dentro de la misma jurisdicción acerca de cuál es el juez competente. En ese sentido, el trámite que se surte en el marco del proceso penal regido por la Ley 906 de 2004, ante la impugnación de competencia, en el que subyace una disputa dentro de la misma jurisdicción sobre el juez competente (art. 341 de la Ley 906 de 2004), no es aplicable a un conflicto de jurisdicciones[54]. Lo anterior, por cuanto la controversia que se da dentro de una misma jurisdicción es resuelta, por regla general, por el superior jerárquico común, por disposición expresa del legislador[55]. Por su parte, en un conflicto de competencias entre jurisdicciones la disputa se suscita entre autoridades pertenecientes a distintas jurisdicciones, por lo que subyace la valoración de factores particulares para determinar la competencia de la jurisdicción especial o la ordinaria[56], en el caso de la jurisdicción indígena, se requiere de la manifestación autónoma de la voluntad de la autoridad especial[57] y, por último, es decidido por una autoridad judicial externa, determinada por la Constitución Política y la ley[58]. De esta manera, existen diferencias importantes entre el conflicto de jurisdicciones y la controversia sobre la competencia dentro de la misma jurisdicción, que impiden tramitar aquél a través del procedimiento establecido para este último.

22. Similares consideraciones han sido realizadas en torno a la discusión sobre la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, las cuales son aplicables a los conflictos entre la jurisdicción ordinaria y las jurisdicciones especiales como la indígena. Esto por cuanto: (i) es un asunto que versa sobre un conflicto entre jurisdicciones distintas, (ii) la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha considerado que las comunidades indígenas tienen capacidad jurídica para “reclamar directamente a la justicia ordinaria, la remisión por competencia de los procesos promovidos contra los miembros de sus comunidades”[59], y (iii) en un conflicto entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria se define si el sujeto será juzgado por las autoridades de la comunidad a la que pertenece, a la luz de las normas y procedimientos establecidos según las costumbres de esta, o bajo el procedimiento penal ordinario. De allí que sea fundamental conocer si la jurisdicción especial considera que es competente para asumir el asunto y, de ser así, las razones en las que fundamenta su competencia.

23. La manera como esta jurisdicción puede manifestar su interés para conocer del proceso puede ser diversa[60], pero es necesaria, como declaración formal, por las razones expuestas. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, previo a la cesación de sus funciones, tenía similar postura, según la cual, por regla general, es necesario que haya una disputa entre dos autoridades judiciales acerca del conocimiento del asunto para que se configure un conflicto entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria[61]. Así mismo, recientemente, sostuvo que la defensa carecía de legitimidad “para reclamar la competencia para la Jurisdicción Indígena para conocer de la actuación penal en comento y proponer el conflicto de jurisdicciones”[62], pues, consideró “como requisito indispensable para que proceda dicho trámite, el que surja disputa entre el funcionario que conoce del caso y otro u otros acerca de quién considere debe conocerlo, que en el asunto bajo examen, no son otros más que las autoridades indígenas, quienes debieron manifestar su solicitud de competencia de manera directa, pues son los que están legitimados para dicho proceder”[63]. De allí que no sea suficiente la manifestación de la defensa, discutiendo la competencia del juez ordinario, para entender que existe una controversia entre dos autoridades judiciales.

24. En suma, para que se configure un conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena es fundamental que las autoridades judiciales de cada una de estas jurisdicciones indiquen, expresamente, que en ellas recae o no la competencia para conocer el asunto y que haya desacuerdo frente a este aspecto. En ese sentido, es necesario que exista una declaración formal y expresa por parte de cada uno de los funcionarios judiciales para que se pueda entablar un conflicto de jurisdicciones. Por ende, no es posible considerar que este se presenta con la mera manifestación de una de las partes en el proceso penal en el sentido de que una u otra autoridad es o no competente para asumir el caso.

25. En el caso sub examine no se configuró un conflicto de competencia entre jurisdicciones. La Sala Plena advierte que en el caso sub judice no se dan los presupuestos para concluir que se presentó un conflicto de competencias entre jurisdicciones, habida cuenta de que una de las autoridades judiciales posiblemente interesada en adelantar el proceso penal en contra de M.A.C.C., por los hechos investigados dentro del radicado 110016000000201800375, no ha expresado su interés en asumir el juzgamiento de estos, en concreto, la autoridad indígena. Si bien, con ocasión al requerimiento realizado por la S.D., la “Parcialidad Jussy Monilla Amena” indicó lo importante que es para esta el reconocimiento de su institucionalidad para administrar justicia, para la Sala se trata de una manifestación general, más que de un reclamo para conocer del caso sub judice. Adicionalmente, la Sala advierte que la Parcialidad tiene establecido un procedimiento deliberativo y decisorio colectivo para determinar su voluntad, como comunidad, de reclamar a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de determinados asuntos[64]. No obstante, en este caso no está acreditado que se haya surtido el trámite en comento y tampoco un requerimiento para la remisión del proceso. Por ende, aún no existe una contención efectiva entre dos autoridades judiciales que reclamen para sí o nieguen la competencia frente al caso sub examine.

26. Aunque M.A.C. y su defensor alegaron la condición indígena de aquel y, con fundamento en esta, solicitaron la nulidad de la actuación penal desde la audiencia de imputación, entre otras razones, porque aducen el derecho del procesado a ser juzgado por las leyes de la comunidad a la que pertenece, ello no es suficiente para dar inicio al trámite de un conflicto de jurisdicciones. Pues, como se indicó arriba (supra. 21 a 24), es necesario que la etnia correspondiente sea la que alegue tener la competencia para juzgar a C.C. e indique las razones fácticas, jurídicas y probatorias en que soporta dicha competencia.

27. Como consecuencia, la Corte se inhibirá de decidir el asunto habida cuenta de que no existe un conflicto de competencias entre jurisdicciones suscitado por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia y ordenará la remisión del expediente a dicha autoridad para que continúe con el trámite del proceso penal 110016000000201800375.

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,