Las revelaciones de la JEP sobre el horror de los ‘falsos positivos’
120 EJECUCIONES EXTRAJUDICIALESEste es el número de ‘falsos positivos’ que se habrían cometido en el Catatumbo entre 2007 y 2008, crímenes de guerra y lesa humanidad por los cuales tendrán que responder un general, 6 oficiales, 3 suboficiales del Ejército y un tercero civil. Tienen menos de 30 días para aceptar o rechazar los cargos ante JEP.REDACCIÓN JUSTICIA @JusticiaET justicia@eltiempo.comLa decisión no tiene precedente. Por primera vez, la justicia colombiana señaló que los ‘falsos positivos’ fueron el resultado de "una política institucional que estableció el cuerpo del enemigo caído en combate como el indicador principal del éxito del esfuerzo militar", lo que llevó a que algunos uniformados y unidades militares asesinaran a civiles inocentes para presentarlos como bajas ‘legítimas’ en combate. En un análisis que usó diversas fuentes de derecho, decisiones judiciales, informes de la sociedad civil, organizaciones internacionales y de los organismos de control, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estableció que las ejecuciones extrajudiciales fueron resultado de la presión a las tropas para presentar bajas "a como diera lugar", usando para ello todos los recursos de la institucionalidad. El pronunciamiento -la segunda gran decisión de la JEP luego de la imputación a ocho exjefes de las Farc por secuestro- se dio al analizar el primero de seis subprocesos priorizados en el caso 003, sobre ‘falsos positivos’. La imputación de la JEP analiza la región del Catatumbo y da cuenta de 120 ejecuciones de civiles solo entre enero de 2007 y agosto de 2008, incluyendo las víctimas del caso de Soacha, en el que jóvenes fueron engañados, llevados a Ocaña, asesinados y desaparecidos. En su decisión, de 284 páginas, la JEP expuso que el modus operandi de esas ejecuciones se repitió bajo dos modalidades: el asesinato de habitantes del área rural del Catatumbo para presentarlos como bajas y, posteriormente, la desaparición forzada y el homicidio de jóvenes de otras ciudades. Como resultado de su investigación, la JEP les imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a un civil y 10 militares, entre ellos, un general- de la Brigada 30, la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería Francisco de Paula Santander (Bisan). En esas unidades militares, señaló el tribunal, se conformaron ‘organizaciones criminales’ para cometer ‘falsos positivos’, y a través de estas se sostuvo un entramado de alteración de escenas del crimen, falsificación de documentos, desvío de dineros, asesinato de testigos, quema de expedientes y...
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